Mouris Salloum George
En el desquiciado sistema de Comunicación Social y Comunicación Política mexicano parece que, lo que no se ve en la Internet, no existe. No obstante estar a título gratuito servicios profesionales de investigación e información bastante solventes, por las redes sociales circula lo que un serio editor de libros identifica coloquialmente como literatura clínex; esto es: Úsalo y deséchalo.
Para otros efectos, inducidos por la insidia, en el terreno de la política de cabotaje opera la clásica, calumnia, que algo queda, sobre todo cuando hay imputaciones e incriminaciones contra las cuales el presunto implicado no puede ejercer su derecho de réplica.
Entremos al tema de hoy con esta síntesis: El trabajo de recopilación de información estadística incluye agricultura, ganadería, actividad forestal, comercio, comercio exterior, construcción, educación, empleo, ocupación, empresas, establecimientos, manufacturas, minería, precios, servicios no financieros, tecnologías de la información y comunicaciones y transporte, etcétera.
En esa nomenclatura aparecen todos los sectores y actividades tributarios del Producto Interno Bruto (PIB); esto es, volumen y valor del total de la producción de bienes y servicios en el país.
Cada diez años se realiza el Censo Nacional de Población y Vivienda; cada cinco, los Censos Económicos Nacionales.
Ambos ejercicios, casa por casa; empresa por empresa. Periódicamente, se aplican encuestas sobre rubros específicos y se publican sus resultados.
¿Conspira Forbes en contra de los potentados mexicanos?
Nos parece que ese acopio de información da soporte a la medición nacional, así sea aproximada, del patrimonio público y privado, su renta y su distribución, de donde vienen las evaluaciones sobre la desigualdad socioeconómica en México.
En cuanto a la posesión de riqueza en manos de particulares, basta con leer la revista Forbes, que año con año nos da la lista de las más abultadas fortunas de selectos mexicanos; incluso, de algunos varones de la droga. ¿Hay conspiración en la tarea de esa publicación, en la que se rompe la delgada frontera entre lo público y lo privado?
Del registro y procesamiento de la información de sectores y actividades listados en el tercero y quinto párrafo, es responsable el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Información Estadística, es mandato constitucional
El Inegi no es obra de la cuarta transformación. Es un órgano de Estado instituido en enero de 1983, con base en el artículo 26 de la Constitución.
De factura neoliberal, el dato lo confirma el hecho de que su primer presidente fue el itamita Pedro Aspe Armella, en el sexenio siguiente secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari.
Del artículo 26, derivó la facultad del Estado para crear el Sistema Nacional de Información Estadística Geografía e Informática. No es casual que en el mismo capítulo de la Carta fundamental aparezca también la disposición de crear el Sistema de Planeación del Desarrollo Nacional a cargo del Estado. Para efectos prácticos se puede decir que el Inegi aporta los insumos al segundo propósito.
Ambos organismos son la fuente de referencia del Plan Nacional de Desarrollo (PDN).
A partir del domingo pasado, en la atmósfera del Valle de México se observó un nuevo puntaje de contaminación. Lo provocaron las cenizas con las que se bañaron algunos grillos que se desgarraron las vestiduras porque el dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar propuso reforzar las facultades del Inegi.
Los chillidos y alaridos más estridentes parecieron decir que aquella proposición pretende convertir al Inegi en una policía inconstitucional represora de los ciudadanos al invadir la privacidad de sus hogares. Tiene razón nuestro amigo Carlos Fernández-Vega: México Sociedad Anónima. Que nadie la toque.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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