ESTADO DE LOS ESTADOS: Seguridad, sin solución a la vista

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Lilia Arellano

“Hay hombres cuya conducta es una
mentira continúa”: Paul Henry Thiry

⦁ Seguridad, sin solución a la vista
⦁ Durazo: “Superdelegados” figuras necesarias
⦁ Falla coordinación de Federación con Estados
⦁ Habrá sorpresas con la visita del fiscal de EU
⦁ Advierten: en 2020 sólo 0.9% de crecimiento

Ciudad de México, 15 de enero de 2020.- Reuniones van, reuniones vienen. Una tras otra cada que se presenta un reporte negativo sobre la seguridad, otros de masacres, los de violencia generalizada, los reveladores de la penetración de los narcos tanto en las esferas policiacas como en las gubernamentales apoderándose de territorios completos. Y, ¿los resultados? Simples llamados repetitivos a la coordinación, la satisfacción del efecto mediático pero, de los relacionados con el cumplimiento de vigilar por patrimonios y personas, nada de nada.

Se presentaron dos reuniones sobre seguridad los primeros días de la semana. En la primera, llevada a cabo en un centro de negocios de la capital de la República, sirvió, suponemos, para tomar apuntes sobre la opinión y necesidades de los gobernadores, lo acontecido en las últimas semanas en sus respectivas entidades. La segunda, realizada en céntrico hotel ya llevó algunas ideas cuya creación y exposición estuvo a cargo de un trio de mandatarios estatales.

Luego de la tensión generada por el “balconeo” del gobierno federal a los mandatarios ausentes en las reuniones de seguridad, se determinó, a petición de los gobernadores, que algunos de los superdelegados pierdan su lugar en las mesas de coordinación supuestamente realizadas todos los días en los estados. Los mandatarios Silvano Aureoles, de Michoacán; Omar Fayad, de Hidalgo, y Héctor Astudillo, de Guerrero, elaboraron lineamientos para el funcionamiento de Mesas Estatales para la Construcción de la Paz.

Por ridículo que pareciera, fueron los superdelegados las figuras centrales de las sesudas reuniones y, por supuesto, constituyeron el marco ideal para don Alfonso Durazo, quien pudo así evadir la exigencia de una estrategia real y con la garantía de un mínimo éxito. De acuerdo a la propuesta, los ejecutivos estatales tendrán el derecho de admisión de los superdelegados federales en dichas reuniones. Los representantes federales podrán asistir a todas las mesas en aquellas entidades donde tengan buena relación con el gobernador, explicó Aureoles. Cuando esta condición no se cumpla, el delegado sólo podrá asistir a invitación expresa del Ejecutivo estatal, o si el tema a tratarse en la mesa demanda su presencia. El mandatario michoacano consideró es momento de que los gobernadores se hagan cargo de su responsabilidad en materia de seguridad.

Para Alfonso Durazo, titular de la SSPC, los superdelegados sí cumplen una función importante en materia de seguridad, acorde con la política federal de enfrentar el problema de la violencia mediante programas sociales. “Hay cuestiones menores que venían obstaculizando el funcionamiento de las mesas para el gobierno federal”, admitió el funcionario quien destacó “la política social avanza en paralelo a la política de seguridad, generando oportunidades particularmente para los jóvenes, de tal manera que por esa vía podamos rescatarlos de las garras de la criminalidad, así que, desde el ámbito social, vendrán complementando los esfuerzos en materia de seguridad”.

Durazo advirtió a los gobernadores que se deben conjuntar esfuerzos entre todos los órdenes de gobierno para combatir la violencia o, de lo contrario, fracasarán por separado, como hasta el momento ha venido sucediendo aunque el fiasco, habría de subrayarlo, es de los dos órdenes de gobierno o mejor dicho de los tres o ¿olvidan la responsabilidad de los presidentes municipales y la incompetencia de sus policías preventivas? También les ofreció un acuerdo para que las corporaciones policíacas estatales puedan contratar a elementos de la Policía Federal que no quieran incorporarse a la Guardia Nacional.

El titular de la SSPC advirtió los esfuerzos aislados no servirán para obtener resultados esperados, por lo cual instó a que la toma de decisiones sea por consenso.

Diversos funcionarios quienes participaron en esa reunión coincidieron en que algunos delegados no tienen el perfil requerido para participar en reuniones de seguridad, además de que otros están dedicados a hacer política. “Es que hay delegados que nada más andan viendo por sus intereses políticos y esos sí quieren sacar raja política, y hay otros que incluso están señalados de atender a grupos de la delincuencia, ¿cómo van a estar en las mesas de seguridad?”, cuestionaron.

FRIALDAD NUMERICA

El primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se constituyó como el quinto consecutivo en el cual el número de víctimas de asesinatos creció en México y alcanzó un nuevo máximo histórico. De acuerdo a los registros de víctimas de homicidios contabilizados por la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República, en 2019 se registraron un total de 34 mil 132 homicidios dolosos, con 389 víctimas más, un aumento de 1.15 por ciento, con respecto a 2018.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirman el alza en las víctimas de asesinato es una constante en el último lustro. En 2014, se contabilizaron 17,342; en 2015 fueron 17,886; en el 2016 se registraron 22,545; en el 2017 subió a 28,871; y el 2018 cerró con 33,743. Pero AMLO se niega a cambiar la estrategia seguida tras asumir la Presidencia de la República y sostiene para resolver el problema de la violencia se requiere atender las causas, “ir al fondo” e incluso determinar el efecto de la desintegración familiar en los menores de edad.

Para Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo, mientras no se avance en la regulación de drogas, los resultados en seguridad serán los mismos. “Si no regulan las drogas, la violencia no va a bajar; eso es lo que puede hacer el gobierno, eso es lo que puede hacer el presidente López Obrador, eso es lo que prometió hacer y eso es lo que no han hecho”, señaló. El activista precisó del total de homicidios dolosos “80 por ciento son ejecuciones del mercado de drogas (…) la única manera de lograr su reducción es a través de la regulación de drogas que es la manera más inteligente de quitar el mercado a las mafias”, la “Guardia Nacional y programas sociales no funcionan, no tienen impacto, la GN es más de lo mismo, Policía Federal disfrazada de Guardia Nacional”.

DE LOS PASILLOS

Para este jueves se espera la visita del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a fin de dar seguimiento a los acuerdos de su última visita de hace un mes. Como se recordara, su presencia el pasado 5 de diciembre, coincidió con la salida del país del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y cinco días después se dio a conocer la detención en EU de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Así que no descartaríamos más sorpresas esta semana en torno a la política de colaboración de AMLO con la administración de Donald Trump, en materia de tráfico de armas, lavado de dinero y trasiego internacional de drogas. Las reuniones de Barr serán con el fiscal general Alejandro Gertz Manero y con el canciller Marcelo Ebrard. En su pasada visita, el funcionario estadounidense y las autoridades mexicanas acordaron promover el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada y al crimen que opera en forma transfronteriza. Cabe recordar también la visita del fiscal general de EU se agendó tras el ataque a la familia mexicoamericana LeBarón en Sonora y luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Luego del encuentro entre Barr y AMLO, Trump anunció la suspensión de esa designación de los cárteles de la droga mexicanos…

Mantener el avión presidencial TP-01 durante un año en Estados Unidos para su venta costó 30 millones de pesos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. El general de la Fuerza Aérea Manuel de Jesús Fernández González indicó la aeronave será guardada en el Hangar del Sexto Grupo Aéreo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el titular de Banobras, Jorge Mendoza, refirió el avión presidencial fue comprado en 2012, con un costo de 218 millones de dólares y se arrendó a Sedena y Hacienda. Al cierre de 2019, se han gastado en el pago de deuda, más intereses, mil 833 millones de pesos y existe un remanente de pago al 2027 de 2 mil 727 millones…

El titular del Ejecutivo federal anunció la subasta de 28 aeronaves del gobierno a través de una convocatoria que estará abierta desde hoy y hasta el 31 de enero. Son 19 aviones y 9 helicópteros de 7 dependencias federales. Jorge Mendoza precisó se contempla en total la venta de 72 aeronaves de 8 instituciones, entre ellos el avión presidencial, de los cuales 38 serán comercializadas directamente por la FGR, una por Pemex y 28 a través de convocatoria. Con esta venta se busca recuperar 2 mil 500 millones de pesos…

Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities, advirtió: la economía mexicana tendrá un crecimiento no mayor a 0.9 por ciento a lo largo de este 2020 y con una tendencia a la baja. Tras el estancamiento en 2019, las finanzas públicas “ajustadas”, los bajos niveles de inversión, un posible recorte a la calificación del país e incertidumbre por decisiones de la administración, las posibilidades de que la aceleración sea mayor a uno por ciento prevalecen en terreno negativo. Pese a todo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene una previsión de crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento para este año, según los Criterios Generales de Política Económica…

Ayer, pensionados del gobierno de la Ciudad de México bloquearon la calzada San Antonio Abad, a la altura de la colonia Obrera, y reclamaron no haber recibido el pago de sus pensiones desde hace un mes, por lo cual impidieron el tránsito vehicular en el cruce con Manuel José Othón. Los manifestantes exigieron les sea depositado el dinero que les corresponde por los años trabajados en el gobierno capitalino.

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