Expropiarán predio ligado a ‘Alito‘ Moreno en Campeche; será para construir universidad

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CAMPECHE.— La gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación de cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, para la construcción de la Universidad “Rosario Castellanos” en Campeche; uno de los predios pertenece a Yolanda Cárdenas, madre de Alejandro Alito Moreno, y dos más son de Juan José Salazar, empresario constructor estrechamente vinculado al dirigente nacional del PRI.

La Secretaría de Gobierno de Campeche emitió el dictamen técnico jurídico el pasado 26 de septiembre, en el cual concluyó que se encuentra plenamente justificada la “causa de utilidad pública” para la construcción de la Universidad de la Salud, de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.

• Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado de la Declaratoria, para manifestar ante la Secretaría de Gobierno de Campeche, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.

Uno de los terrenos a expropiar pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas, aunque originalmente era propiedad de su hijo, Alito Moreno, así como dos predios de Juan José Salazar Ferrer, a quien de acuerdo con versiones de la propia gobernadora Layda Sansores, se considera como prestanombre del dirigente nacional del PRI.

Tanto las propiedades del arquitecto y de Yolanda Cárdenas se encuentran en una de las esquinas del fraccionamiento de lujo Lomas del Castillo, en el que Alito Moreno habitaba una mansión valuada en más de 300 millones de pesos, misma que fue cateada el 14 de junio de 2022 por agentes de la Fiscalía de Campeche.

• Un cuarto predio, corresponde a Gabriela Castilla Azar y Rafael Arturo Castilla Azar, este último actual titular de la Coordinación General de la Oficina de la gobernadora Layda Sansores.

La Ley de Expropiación de Campeche fue reformada apenas el pasado 3 de septiembre pese a la oposición de diputados de Movimiento Ciudadano y el PRI, quienes consideraron como arbitraria esta medida, pues deja en la indefensión al ciudadano al concederle sólo cinco días para presentar sus alegatos, prolongar por 10 años el plazo para la indemnización que corresponda y dejar en manos del gobierno la valuación del predio.

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EM/dsc

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