CIUDAD DE MÉXICO.— Greenpeace México promovió una ofensiva jurídica ante autoridades federales para exigir una investigación a fondo en torno al derrame de hidrocarburos ocurrido a principios de febrero en el Golfo de México, el cual ha impactado más de mil 100 kilómetros de litoral y cuyo origen presuntamente fue ocultado por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras una primera denuncia popular interpuesta el pasado 4 de mayo ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la organización ecologista radicó un segundo recurso por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex).
⇒ La última acción busca deslindar las omisiones cometidas por servidores públicos en el manejo de la contingencia y el flujo de información, incluyendo al entonces director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla.
A través de los recursos presentados, Greenpeace México solicitó formalmente que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) transparenten y entreguen las bitácoras completas del siniestro registrado entre febrero y abril de 2026.
Además, los escritos jurídicos exigen que se finquen las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se obligue a la reparación integral del daño a la biodiversidad marina y se diseñen protocolos obligatorios de alerta temprana para evitar que la opacidad institucional vuelva a poner en riesgo a las poblaciones del Golfo de México.
De acuerdo con los monitoreos y análisis satelitales validados por comunidades locales y organizaciones civiles, el arribo de chapopote comenzó a registrarse de forma crítica el 1 de marzo en la línea costera comprendida entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.
Durante las semanas posteriores, la contaminación se extendió hacia el resto de los litorales de Veracruz y Tamaulipas, provocando afectaciones severas en ecosistemas vulnerables como zonas de manglares y el ecosistema del Corredor Arrecifal del Golfo de México.
Las acciones legales de Greenpeace toman como precedente la propia conferencia de prensa de Pemex efectuada el 16 de abril, donde la directiva de la empresa admitió públicamente una serie de irregularidades operativas:
• La pérdida de integridad mecánica y la reparación no reportada de un oleoducto.
• El ocultamiento de datos sobre el volumen de agua oleosa recuperada.
• Una demora de ocho días para cerrar por completo la válvula principal tras haberse detectado la fuga a inicios de febrero.
“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”, argumentó Greenpeace México a través de un comunicado.
Greenpeace México externó su preocupación ante los testimonios recabados en los municipios costeros, los cuales señalan una ausencia generalizada de alertas tempranas y de información sobre los riesgos a la salud por exposición directa a hidrocarburos, así como una falta de entrega de equipo de protección personal para los pobladores que colaboraron en las faenas de recolección.
Asimismo, la organización alertó sobre un sesgo de desigualdad institucional en las labores de remediación. Según las denuncias de los habitantes, las tareas de limpieza profunda se concentraron prioritariamente en playas con alta visibilidad turística o de fácil acceso económico, postergando o dejando en el abandono la atención a comunidades rurales e indígenas del litoral.
“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”, fustigó la organización.
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EM/dsc
