Juez anula permiso ambiental del complejo Alux 33 en Puerto Morelos

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PUERTO MORELOS.— La justicia federal asestó un nuevo golpe al desarrollo inmobiliario Alux 33, proyectado en el municipio costero de Puerto Morelos. El Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo dejó sin efectos la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) otorgó a la empresa promovente, al determinar que la dependencia estatal carecía por completo de facultades legales para emitirla e invadió atribuciones exclusivas de la Federación.

⇒ La resolución, derivada del juicio de amparo 959/2025-G-1 promovido por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), ratificó que el predio involucrado está vinculado a un ecosistema de humedal costero con presencia histórica de manglar.

La abogada de DMAS, Irma Morales Cruz, explicó que el fallo se fundamenta en el artículo 28, fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicho marco normativo reserva de manera estricta a las autoridades federales la evaluación de obras que impacten manglares, humedales y áreas conectadas con el mar. Incluso la legislación de Quintana Roo limita el actuar de la SEMA a proyectos que no caigan en el ámbito federal.

El juzgado federal desestimó el argumento de la autoridad estatal, la cual pretendió justificar su competencia alegando que no había vegetación de manglar en pie dentro del predio al momento de expedir el aval. Resulta contradictorio que la propia SEMA había advertido con anterioridad, en una opinión técnica, que el proyecto no cumplía con la NOM-022-SEMARNAT-2003 e identificó indicios de desmonte de mangle.

⇒ Diversas instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la propia Semarnat ya habían señalado la inviabilidad ambiental del desarrollo, razón por la cual la Federación negó previamente su Manifestación de Impacto Ambiental.

Sin sanciones para los responsables

Pese al freno legal, la resolución deja un vacío para las organizaciones defensoras. Morales Cruz puntualizó que, si bien la sentencia sienta un precedente clave para evitar que gobiernos locales y dependencias estatales asuman funciones federales, el juez no impuso sanciones a la desarrolladora ni dictó enmiendas directas o amonestaciones contra los funcionarios de la SEMA.

Con esta determinación, Alux 33 —un complejo de departamentos planeado a escasos metros del litoral— acumula dos derrotas jurídicas consecutivas: a mediados de año la justicia anuló su licencia de construcción municipal por carecer de aval federal, y ahora cae el permiso estatal que sirvió de base para dicha obra. Ante ello, DMAS adelantó que continuará promoviendo acciones legales para blindar los ecosistemas costeros frente a autorizaciones al margen de la ley.

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EM/dsc

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