Laura Fernández propicia el mayor ecocidio en la historia de Puerto Morelos

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PUERTO MORELOS.- Propiciado por la alcaldesa Laura Lynn Fernández Piña, las reservas territoriales de Puerto Morelos se ven amenazada por el peor ecocidio que se haya visto en la historia de la demarcación.

Y es que resulta que mientras la sociedad de Puerto Morelos se encontraba en el confinamiento domiciliario a raíz de la pandemia del coronavirus, el comisario ejidal Braulio Nuñez López y la presidente Fernández Piña cerraron tratos para convertir vastas de tierra ejidal en bancos de materiales para abastecer las obras del Tren Maya.

Para cerrar la pinza, serán las empresas de Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, las que servirán para encubrir el saqueo de materiales pétreos que dejaran millonarias ganancias a la familia que por segundo trienio encabezan el gobierno municipal.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, integrantes del Ejido de Puerto Morelos confirmaron a Sol Quintana Roo que ambos personajes, incluido el cuestionado secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina; el secretario del comisariado ejidal Gustavo Izcabalzeta; avalados por Elidé García, visitadora de la Procuraduria Agraria, sostuvieron sendas reuniones para analizar los procedimientos para delimitar las áreas que serán explotadas y vendidas a las empresas del marido de la alcaldesa.

Los denunciantes aseguran que autoridades municipales y ejidales realizan tratos en lo “obscurito” para modificar los planos de la zona urbana y ubicar los predios más lucrativos cercanos a donde estará la estación del Tren Maya.

Explican que ante la opacidad de actuar de los presidentes municipal y ejidal, los dueños de las tierras preparan darle un nuevo revés a la alcaldesa Fernández Piña.

Esto porque los nuevos planos de la zona urbana todavía no han pasado por la asamblea ejidal pues los ejidatarios planean dar marcha atrás aunque se corre el riesgo que se se realice un encuentro amañado para ceder a las caprichosas intensiones de la alcaldesa.

Ejidatarios preocupados por el futuro de las tierras que conforman las reservas territoriales del municipio y que son el patrimonio de las nuevas generaciones explicaron que la visitadora de la Procuraduría Agraria debe ser investigada al igual que al comisario ejidal Braulio Nuñez López pues en plena contingencia se reunieron para actuar a espaldas de la ciudadanía y las autoridades municipales, estales y federales se encontraban en el encierro a causa de la pandemia.

Una de las acciones que deben poner en marcha el gobierno federal para combatir la corrupción es romper el modus operandi de funcionarios, empresarios y algunos representantes del Ejido, especialmente la mancuerna que conforman Laura Lynn Fernández Piña y Braulio Nuñez López.

Según los ejidatarios preocupados por el futuro de las reservas territoriales de Puerto Morelos harán todo lo posible por impedir que manos ajenas a los verdaderos dueños de la tierra se apoderen o se beneficien grupos de saqueadores que operan en alianza.

Una muestra de ello es el resguardo del secreto sobre la ubicación de la estación del tren en Puerto Morelos que solo lo conocen muy pocos, entre ellos el círculo cerrado entre la alcaldesa y el comisario ejidal.

Para los ejidatarios honestos que buscan proteger el patrimonio territorial de Puerto Morelos, la empresa empresa Mexiled, propiedad de Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, se ha convertido en el principal proveedora de la comuna, pero ahora quiere meter la manos en la explotación de los bancos de materiales.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, la empresa del esposa de la alcaldesa ha obtenido varías obras de parte de la comuna. La primera fue la obra de “Rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en las Supermanzanas 01 y 02 de Puerto Morelos” se invierten 6.2 millones de pesos, que incluyen el suministro de luminarias Led, postes, zanjeado, cableado, encofrado y transformador.

En la segunda se realizaron obras de modernización del alumbrado público en las supermanzanas del primer cuadro, en las que se llevó a cabo el cambio de luminarias en las colonias Zetina Gasca y 23 de enero, con una inversión total de 14 millones de pesos.

A decir de funcionarios de Servicios Públicos Municipales de Puerto Morelos, la empresa Mexiled de Carlos Alberto Moyano Menchaca no tuvo una participación directa es las obras recientes, sin embargo, sí fungió como intermediario en el suministro de los insumos y mano de obra con otras empresas.

Incluso, muchas de las luminarias y otros insumos son suministrados por la empresa del jalisciense, a quien consideran el consentido de la presidente municipal, pues es su flamante esposo y paisano.

Cabe señalar que, en la actualidad, la empresa Mexiled de Carlos Alberto Moyano Menchaca, tienen concesiones con 14 municipios del Estado de Jalisco, su tierra natal y la de su esposa Laura Fernández, para la instalación de este sistema de iluminación.

Sin embargo, la empresa del jalisquillo ya está bien instalada en Puerto Morelos, pero quiere más.

La versatilidad del empresario de 63 años, Carlos Alberto Moyano Menchaca, abarca la industria inmobiliaria, del calzado, de outsourcing y por su puesto de la iluminación. El jalisciense cuenta con siete empresas ante el registro público del comercio estas son: Moymen Mdo SA de CV; Tecnosandalias SA de CV; CMM Controladora SA de CV; Plantas y Accesorios para el Calzado SA de CV; Zapatos Primos SA de CV; Calzado Ema SA de CV y Rendimiento y Asesorías Inmobiliarias SA de CV.

Ahora, el marido de la alcaldesa pretende llevar más millones a casa con la explotación del material pétreo de zonas que hoy son el pulmón de Puerto Morelos.

Lo peor del caso es que la explotación indiscriminada del subsuelo impacta directamente en la llamada Ruta de Los Cenotes en el municipio de Puerto Morelos, lo que representa un riesgo ambiental y de salud.

Hay que recordar que la zona que atraviesa la carretera que va de Puerto Morelos a Leona Vicario es sumamente frágil, ya que contiene el principal reservorio de agua de la región.

Explotar la zona traerá consigo devastar amplias zonas de selva baja, construir pozos y fosas sépticas, cuyos desechos caen al manto freático, de donde sacan agua para el consumo humano.

Pero no sólo se queda ahí, sino que corre por los ríos subterráneos hasta desembocar en el mar y finalmente termina sobre los corales de la barrera arrecifal, propiciando un ecocidio con daños irreversibles.

REPRIME AL PUEBLO

Como serecordará, a dos meses de que la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña, ordenara reprimir a un grupo de manifestantes que se oponían a la demolición del parque del “Casco Antiguo”, los trabajos de mantenimiento de la plaza permanecen abandonados lo que representa un retraso de más de siete meses.

La urgencia de la alcaldesa de aparentar que se trabaja en el parque ícono del municipio representa un acto de aberrante corrupción pues según el contrato, la obra tuvo que haber concluido en enero pasado según el contrato resultado de la licitación que se realizó en octubre de 2019.

Sin embargo, fue hasta el 5 de junio de 2020 cuando a la fuerza y pese a la resistencia civil, Fernández Piña ordenó que la policía respaldará a la cuestionada empresa poblana “Constructora HouseJK, S.A DE C.V. para que emprendiera la demolición del quiosco del Parque del Casco Antiguo.

La orden fue reprimir a los ciudadanos que se opusieran a la entrada de la maquinaria para destruir los últimos vestigios que le daban historia al municipio, y así paso: una decena de ciudadanos nacionales y extranjeros fueron golpeados por la policía estatal y municipal, y encarcelados por varias horas por instrucciones de la alcaldesa.

Obstinada en poner en marcha una obra innecesaria, sobre todo ante la presencia de la pandemia del coronavirus que hoy acosa a la sociedad de Puerto Morelos y que tiene una gran necesidad de ayuda debido a la pérdida de empleos, la escases de alimentos y medicinas.

Pero a la alcaldesa no le interesa siquiera la remodelación del parque sino ocultar que ya se gastó el dinero que tendría que ser para la obra, es decir, qué pese a que no hay avances en los trabajos, ya pagó a la empresa el 70 por ciento de los 19 millones de pesos, revelaron fuentes del ayuntamiento.

Ante las evidentes irregularidades, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo que encabeza Rafael del Pozo Dergal, ni se inmuta. Por su parte, los diputados están más preocupados por perfilarse rumbo a las elecciones del próximo año, que en crear una comisión para revisar los trabajos de remodelación del parque de Casco Antiguo. Qué decir de los regidores, que solo han servido para aprobar las acciones innecesarias de la presidente.

Como se recordará, en los primeros minutos del viernes 5 de junio, habitantes del municipio de Puerto Morelos fueron reprimidos por la policía antimotines cuando se oponían a la destrucción del emblemático parque de Puerto Morelos.

Alguno de los detenidos fueron Daniela Zambrano Castello, Elena Monserrat Lastra Pérez, Carlos Hernández Saldaña, María Valentina François Guichoux y Diego Martin Arlia, entre otros. Pese al aparatoso operativo de las acciones de la alcaldesa que milita en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Laura Fernández Piña, la obra de 19 millones de pesos sigue estancada.

Como se recordará Sol Quintana Roo dio a conocer que la presidente municipal de Puerto Morelos incurrió una serie de irregularidades que iniciaron desde la licitación, la contratación, y el pago de anticipos a la empresa “Constructora HouseJK, S.A DE C.V.”, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CHO180815SE8.

Documentos en poder de este reportero revelan la serie de anomalías y omisiones en las que incurre tanto la presidente municipal como la empresa presuntamente poblana. Lo cierto es que en los evidentes actos de corrupción estarían involucrados personajes de la vida política de Puebla que estaría colaborando con la alcaldesa bajo la promesa de llevarla a la diputación federal y más tarde a la gubernatura de Quintana Roo.

Aquí se dijo oportunamente que la licitación estuvo amañada. Además la empresa declaró como su domicilio fiscal el ubicado en Zeta del Cochero, 403/oficina 1 local 57, Centro Comercial Palmas Plaza, C.P. 72453, en el estado de Puebla, el cual si existe, pero no es de la empresa.

En el local mencionado hay un negocio ajeno a constructora, incluso, los propietarios pidieron que los deslinden de las irregularidades que pudiera haber cometido la empresa conformada por José Mario Alberto Morales y José Francisco Solis Olazagasti.

Además, entre los escasos antecedentes de la empresa creada hace apenas un año, se tiene el registro de invitación a la obra “Servicio de dignificación de espacios de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, en Puebla, por un monto de $2,085,570.87 (Dos millones ochenta y cinco mil quinientos setenta pesos 87/100 MN), supuestamente realizada en mayo de 2019.

Otra obra fue la “Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre calle Juan de la Barrera y calle Malinche, Jolalpán, Puebla” por un monto de $222,820.97 (Doscientos veintidós mil ochocientos veinte 97/100 MN).

No obstante, ambas obras son investigadas en aquel estado, debido a que no fueron concluidas, son de mala calidad y tampoco cumplen con las exigencias técnicas.

Este hecho hace presumir que la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández, contrató esta empresa irregular como una empresa “facturera”, la cual podría estar vendiendo comprobantes de cobros a cambio de recursos económicos.

Las obras de remodelación del parque conocido como “Casco Antiguo” presentan un retraso, por lo que Laura Fernández estaría incurriendo en los delitos de ejercicio indebido de la función pública y malversación de recursos, provocando un millonario daño patrimonial a la comuna.

Lo peor del caso es que la alcaldesa dejará en los próximos meses su desastrosa administración para lanzarse a la búsqueda de una candidatura a diputada federal por Quintana Roo en una coalición entre el partido Morena y el PVEM, cargo que de ganarlo le serviría de catapulta para buscar la candidatura a gobernadora del Estado.

¡REPARTE MISERIA!

Como se recordará, el desprecio de la presidenta municipal, Laura Lynn Fernández Piña, por los pobladores portomorelenses es evidente y se refleja en la miseria de recursos que invirtió para los apoyos alimentarios, que por cierto sólo llegaron a las familias de sus más cercanos colaboradores.

Para la alcaldesa que se desvive en discursos y promesas, $578,062.96 (Quinientos setenta y ocho mil sesenta y dos pesos 96/100 MN) fueron suficientes para conformar supuestamente 2,000 despensas que fueron repartidas en un solo día para compensar tres meses de confinamiento de las personas para impedir contagios.

Con información obtenida en el micrositio Covid-19 Quintana Roo se observa el reporte presentado por el gobierno municipal de Puerto Morelos. Según el reporte, entre marzo y abril de 2020 la alcaldesa autorizó comprar productos considerados como básicos para la elaboración de paquetes alimentarios que supuestamente serían distribuidos entre la población con más necesidades.

Sin proporcionar información el sobre número de contrato, montos totales de las compras, la empresa a la que se le adjudicó la compra mediante la figura de la adjudicación directa, etc., sólo se concretaron a señalar la cantidad y marcas de productos adquiridos.

En el micrositio Covid-19 Quintana Roo, la mayoría de los municipios de la zona norte gastaron 300 pesos en promedio por cada despensa entregada. Según estimaciones conservadoras, en Puerto Morelos hay más de 50 mil habitantes, es decir unas 10 mil familias aproximadamente.

Ante ese panorama apenas el 20 por ciento pudieron haber obtenido el miserable apoyo de la alcaldesa represora del pueblo. Sin embargo, esto no sucedió pues de los verdaderos beneficiarios fueron los más de 2000 trabajadores al servicio de Ayuntamiento de Puerto Morelos, la mayoría de ellos con residencia en Cancún, según información proporcionada por los habitantes del municipio quienes condenan la discriminación de la autoridad municipal.

El desprecio de la alcaldesa se refleja en la represión desatada contra las personas que trataban de impedir la remodelación del emblemático Parque del Casco Antiguo en el que se pretende justificar un gasto de unos 20 millones de pesos por una obra que a todas luces es una obra de relumbrón.

La indolencia y falta de tacto político de la alcaldesa que pretende ser la candidata de la alianza Partido Verde de México (PVM), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) para contender en las próximas elecciones intermedias para elegir diputados federales, locales y las presidencias municipales de Quintana Roo.

Sin embargo, habrá que recordarle a la alcaldesa que continua atrapada en el repudio ciudadano, pues es señalada como una mala gobernante que opta por gastar el dinero público en obras de relumbrón para beneficiar a sus amigos.

Hay que recordarle a la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, que a principios de año contrajo una nueva de 33 millones de pesos que, sumados a los 29 millones que pidió el año pasado y no ha pagado, alcanza la cifra de 62 millones de pesos con la que tendrán que cargar los portomoreleses.

A Puerto Morelos no le hace falta deuda, lo que quiere una administración razonable y honesta de los recursos que se generan y los que recibe vía Ley de Ingresos, pero sobre todo requiere de un gobernante que no se lleve el dinero o lo utilice en beneficios personales o de grupo.

Como todos saben, el próximo año México tendrá su elección más grande de la historia donde se disputarán tres mil 200 cargos con la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en la mayor parte del país. Y es en estas fechas en donde está enfocada la presidenta Laura Fernández para convertirse en diputada federal primero y para el 2022 buscar la gubernatura de Quintana Roo.

Es por ello que está sedienta de recursos para invertir en su campaña que comenzará prácticamente a finales de 2020. Ante ese escenario, Fernández Piña organizó la Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que sometió a la mayoría de los regidores con un miserable moche.

Miseria para el pueblo y riqueza para el gobierno. El documento de sesión de Cabildo señala que “El Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos autoriza al municipio de Puerto Morelos para que contrate un crédito a corto plazo hasta por la cantidad de $23,000,000 (Veintitrés millones de pesos 0/100 MN), más accesorios y gastos financieros, con vigencia no mayor a 12 meses”.

Además, el Cabildo de Puerto Morelos autorizó la contratación de una línea de factoraje por un monto de hasta $10,000,000 (Diez millones de pesos 0/100 MN) para cubrir pagos de proveedores. El truco del empréstito es que será vigente durante 2020, pero se podrá ocupar hasta 2021, es decir, en pleno proceso electoral.

El acuerdo de Cabildo señala que el “Plazo durante el cual sus representantes legalmente facultados, deberán realizar todas las gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y celebración de documentos que sean conducentes y necesarios para dar cumplimiento a las mismas”.

En la medida en la que pasan los días, las intenciones de la alcaldesa por saltar a la diputación y más tarde a la gubernatura de Quintana Roo son cada vez más evidentes.

La tradición de los políticos en Quintana Roo es endeudar al estado. Laura Fernández es discípula del exgobernador Félix González Canto, y protegida de Roberto Borge Angulo, ambos responsables de que Quintana Roo tener una deuda de 19 mil millones de pesos.

Ahora la alcaldesa ya endeudo con 62 millones de pesos por lo que cada habitante de Puerto Morelos le debe a los bancos más de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 0/100 MN) sin obtener obras de bienestar social.

Más claro ni el agua. En plena contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, en la que la sociedad tiene que permanecer en el confinamiento residencial para cuidar sus vidas, y en la que la mayor parte de personas se quedaron sin empleo, a ellos la alcaldesa Laura Fernández Piña le da miserias.

Sin embargo, a los inversionistas que realizan obras de relumbrón les entrega en charola de plata millonarias cantidades de dinero.
EM.MX/fm