Pablo Cabañas Díaz
La principal medida por la que vamos a poder medir el avance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su término, más allá del cumplimiento de las 100 promesas de su discurso en el Zócalo el día 1 de diciembre de 2018, es si logrará reducir la pobreza y la desigualdad.
La última experiencia del ciclo progresista latinoamericano que terminó en Bolivia, nos deja como enseñanza que un liderazgo fuerte sin un partido y movimiento que lo arrope, termina siendo presa de la restauración conservadora. La salida de Evo Morales nos enseñó que un liderazgo movido por un profundo sentimiento de justicia social, si se queda en un simple recambio de élites al final termina derrotado.
Esta es la disputa de fondo que se viene dando al interior del gobierno, y de la llamada “cuarta transformación”. Solo una sociedad organizada, con movimientos sociales independientes, y críticos, puede empujar hacia la izquierda al gobierno. La disputa con las élites, económicas y mediáticas, irá in crescendo en cuanto se recuperen del tsunami que les pasó el 1 de julio del 2018.
El horizonte político-ideológico se define con el primer lema de campaña de la elección del 2006: “Por el bien de todos, primero los pobres”, al igual que Benito Juárez que separó el poder político del religioso, el presidente ha declarado en numerosas ocasiones que tiene intención de separar el poder político del económico, y de dejar atrás el modelo neoliberal. Una tarea que requiere de cambios que se traduzcan en acciones concretas que den un giro a favor de un proyecto de país sustentado en el apoyo popular.
Dejarle toda la responsabilidad de esa batalla al presidente es un error para quienes quieren un cambio para México, estén dentro o fuera del gobierno. México, según datos de la CEPAL de Naciones Unidas, tiene un 41,2 % de la población en situación de pobreza, y un 16,3 % en situación de indigencia, o extrema pobreza. Eso hace un total de 57,5 % de la población, más de 60 millones de personas, en situación de pobreza o extrema pobreza.
La disminución de la pobreza y la desigualdad solo se podrán dar de la mano de una reforma fiscal que implique progresividad, una fiscalidad en la que paguen más los que ganan más. E incluso antes de esa reforma fiscal, se pueden hacer varias cosas. México solo recauda el 17 % de su PIB, la mitad del promedio de 34 % que recaudan los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Solo con una mayor capacidad recaudatoria, se podrá invertir en salud, educación, y en una mayor redistribución de la riqueza, que logre completar el círculo virtuoso de aumento del consumo y del PIB. Si, en la segunda mitad del sexenio, se introducen reformas constitucionales que consagren la igualdad frente a la desigualdad imperante en la 13ª economía mundial, el escenario podrá ser de consolidación, para el México popular, y la consolidación de una hegemonía que transforme radicalmente el país y consolide un proyecto nacional-popular frente a la restauración conservadora.
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