Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
3,422 candidatos registrados, tienen 60 días
para promocionarse en busca del voto de
un electorado muy distante del tema de la
elección, que no entiende lo qué es el Poder
Judicial ni cuál es la función de la SCJN.
Como planeada por una perversa intención, justo cuando se conmemora el 200 aniversario de la instauración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otrora, una de las instituciones más antiguas e importantes del Estado mexicano, ésta será borrada de nuestra historia, junto con el Poder Judicial de la Federación actual.
En septiembre del año pasado, la bancada morenista en el Congreso de la Unión aprobó, al vapor y en tiempo récord, la reforma judicial propuesta por el entonces presidente López Obrador, que demolió al Poder Judicial en su totalidad, para sustituirlo por una nueva estructura elegida, ahora, por el voto del “pueblo bueno y sabio”. El argumento oficial, refiere que, con esta reforma, la justicia en nuestro país será más democrática y acabará con la corrupción que, según Morena, caracterizaba a ese Poder. Una grave imputación que nunca se preocupó en probar.
Recordamos que, antes de la reforma judicial de la 4T, el Pleno de la Corte lo integraban 11 ministros, con una permanencia en el cargo de 15 años, elegidos a propuesta de una terna del Ejecutivo, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. Como requisitos, se establecía una edad mínima de 35 años; poseer el día de la designación, con antigüedad de al menos 10 años, el título profesional de licenciado en derecho. Se mencionaba, además, que los nombramientos de los Ministros deberían recaer preferentemente entre aquellas personas que “hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”
Ahora el Pleno de la Corte lo integrarán 9 ministros elegidos por voto popular para un período de 12 años. Algunos requisitos se modificaron. La nueva Constitución no establece una edad mínima para ser ministro ni contar con una antigüedad de diez años de expedido el título profesional. Establece, en cambio, el requisito de haber obtenido “un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y una práctica profesional de cuando menos cinco años de ejercicio de la actividad jurídica.” El requisito de contar con experiencia en el campo de impartición de justicia, se suprimió.
Después de una accidentada y precipitada etapa para determinar las condiciones de un inédito proceso de elección popular de ministros, magistrados y jueces de distrito, entre otros, el pasado 30 de marzo, arrancó el período de campaña de los aspirantes a ocupar uno de los 881 cargos de los órganos del Poder Judicial. 3,422 candidatos registrados, tienen 60 días para promocionarse en busca del voto de un electorado muy distante del tema de la elección, que no entiende lo qué es el Poder Judicial ni cuál es la función de la SCJN. La jornada electoral será el primero de junio, con un pronóstico reservado en cuanto a la participación ciudadana, por lo complejo de una elección con tantos puestos en juego y un gran número de candidatos que los electores no conocen ni podrán identificar.
Para salvar la improvisación que representaba una ocurrencia elevada a reforma constitucional, se encomendó a la institución especializada en procesos electorales, el INE, a aplicar su experiencia y echar andar un proceso para elegir candidatos que lo único que pueden ofrecer es un compromiso con la justicia, el respeto del derecho y la aplicación de la ley sin colores partidistas ni consignas políticas. El principio de que la ley es la ley, sobre cualquier otro interés particular, debería ser la motivación de su encargo, algo que, en los tiempos de la 4T, se considera incómodo, molesto e inaceptable.
Las campañas proselitistas de los aspirantes difícilmente alcanzarán sus objetivos. Las limitaciones impuestas, complican la comunicación con los electores y plantean inequidad entre los participantes. No podrán realizar mítines o eventos masivos. Tiene prohibido comprar espectaculares, mantas, pintar bardas o contratar spots de radio o TV. Podrán realizar encuentros en plazas públicas, pero sin utilizar templetes, vallas, equipos musicales y bocinas. Podrán hacer difusión en redes personales y repartir volantes en papel reciclable. Todo con dinero propio, porque no se les autoriza aportaciones externas.
Mal comenzó el proceso legislativo de la reforma judicial y, por lo que se ve, mal terminará su aplicación con una elección en la que la popularidad o la simpatía que no la capacidad, experiencia y conocimiento, determinará a los ganadores. Si eso convierte al país en el más democrático a nivel mundial, no creo que nadie nos envidie.
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