Un juez del Tribunal Unitario instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) facilitar copias del expediente de la investigación contra el Hotel El Cid por ecocidio a los activistas de Guardianes del Manglar, quienes aseguran que continuarán con su lucha hasta detener las obras, pues la afectación es del doble de tamaño que Tajamar, cerca de 200 hectáreas.
“Desde el 2017 nosotros ingresamos una denuncia formal por los hechos que se han venido documentando de daño a ecosistemas de Puerto Morelos (…) hemos presentado inconformidades porque el fiscal a cargo de la carpeta nos negaba el derecho legítimo de calidad de víctima”, señaló en entrevista Katerine Ender Córdova, apoderada legal de la asociación.
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Esta calidad de víctima que la autoridad les había negado, pero que ayer en audiencia obtuvieron por órdenes del juez, da muchos mecanismos de defensa, asegura.
“Sabemos que tenemos esta calidad desde que hicimos las denuncias, pero ese fiscal seguía en la negativa de hacernos acceder al expediente; (…) tuvimos acceso por otro fiscal a la carpeta; nos llevamos la sorpresa que no estábamos reconocidos como víctima” lamentó.
El no tener reconocida esta calidad de víctima era el argumento que les daban para negarle el acceso a la carpeta. Tras ello la activista acudió e interpuso una queja.
“El juez nos dio a una audiencia el 25; fue muy claro y le ordenó al fiscal que nos reconozca la calidad de víctimas y que se nos concedan las copias solicitadas; tenemos un juicio de amparo en donde ponemos integrar estas investigaciones que nos estaban negando; eso ayuda a los infractores y no a las víctimas”, detalló.
Irregular el 90 por ciento de los proyectos
Expuso que en el caso Infinity, de Malecón Tajamar, hay una situación similar. No descarta que pueda haber corrupción en todos estos casos. Asegura que el 90% de los proyectos con aval de Semarnat presentan alguna irregularidad y deben ser evaluados.
“Nosotros ya dimos parte nuevamente al órgano interno, visitaduría, y ellos ya canalizaron el tema porque no descartamos que exista corrupción, complicidad; suma las malas prácticas de Profepa y la Fiscalía en materia ambiental; está claro que así trabajan; lo vivimos nosotros”, subrayó.
Dice que incluso piensan acudir ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque la juez tercero de Distrito les niega la suspensión de todo lo que está pasando en Puerto Morelos.
Sobre el caso de El Cid, asegura que el hotel no tiene los permisos para la ampliación de la obra que ya se lleva a cabo, pero nuevamente la corrupción de las instituciones permite que esto ocurra.
“Algunos jueces con la Fiscalía y Profepa se coluden con los empresarios; les pagan para hacerse tontos, ganar tiempo para que les autoricen y nos niegan la suspensión”, comentó.
“Lo que busca la juez es; que no se sepa que no existe manifestación de Impacto Ambiental, que siga avanzando la obra y luego decir que es delito consumado, pero, aunque sea así, no se debe permitir que el infractor construya”. La afectación del ecocidio es de casi el doble que Tajamar, unas 200 hectáreas, finalizó Ender Córdova.
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EM.MX/fm
