CIUDAD DE MÉXICO.- Magistrados de circuito acusaron este lunes que el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena -que se discutirá el 13 de febrero en el Pleno de la Suprema Corte- va por dictar la “orden encubierta” a los jueces federales de revocar las suspensiones definitivas contra la reforma judicial, que significa dar “el camino libre” al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el proceso para la próxima elección judicial del 1 de junio.

Desde la llamada conferencia matutina de los jueces, los magistrados Juan José Olvera López y José Rogelio Alanís García cuestionaron que el proyecto determine que “los jueces también violaron las reglas de amparo al otorgar suspensiones en materia electoral” y les dé un plazo de 24 horas para revisar con ese criterio las medidas cautelares que emitieron contra la reforma judicial, lo que las dejaría sin efectos.

“Lo que es relevante para la decisión (que propone el ministro) es que está realmente ordenando, de una manera indirecta, que se revoquen las suspensiones de amparo y entonces le da el camino libre a las autoridades electorales para que continúen con lo que hasta hoy son claras violaciones a estas suspensiones de amparo”, dijo el magistrado Olvera.

El mismo magistrado criticó que la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena se base en la jurisprudencia de la Corte que se emitió el 5 de noviembre del 2024, que determinó que la elección judicial está en el terreno electoral, lo que significa que un juez de amparo no puede ordenar que se frene.

Sin embargo, los magistrados sostienen que el debate en los juicios de amparo versa en “si esta reforma le pega a otros derechos fundamentales”, pues inicia por la destitución de miles de jueces y magistrados para someter sus cargos a elección popular.

Con ello, Olvera criticó que el proyecto descalifique directamente las suspensiones de los jueces de Michoacán y Jalisco que ordenaron a los tres Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión frenar su tarea de selección de candidatos y las autoridades electorales detener el proceso de la elección judicial, pues recordó que estas se emitieron antes de dicha jurisprudencia por lo que no les aplica la retroactividad.

“La Corte ha dicho muchas veces que la jurisprudencia no aplica retroactivamente, obliga a las decisiones que se emiten después de que surge la jurisprudencia. La pretensión del proyecto de que surgió un pronunciamiento de la Corte después y que los jueces tienen que ahora volver a pronunciarse para ajustarse a ese proyecto es cuando menos opinable”, dijo.

Para el magistrado José Rogelio Alanís García en el debate de la legalidad de la reforma constitucional en materia judicial lo “principal son los derechos que se están haciendo valer en el amparo y lo accidental es la materia electoral”.

“El mecanismo que accidentalmente eligió el órgano reformador de la Constitución para sustituir a estos juzgadores fue el electoral. Pero los juzgadores no van a ser representantes del pueblo. La función de los jueces es que se cumpla y se ha de cumplir la Constitución y las leyes”, dijo.

El proyecto del ministro Ortiz Mena también declara que las tres sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre dicho tema “son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo”. Sin embargo, el magistrado Olvera minimizó su impacto.

“Lo que diga sobre el Tribunal Electoral, lo que diga sobre las autoridades responsables, que lo dice al inicio de esta propuesta, pues queda como una simple llama de atención, como una llamada a misa, ‘que lo atiendan si quieren si no no’, porque al final también lo reduce a una cuestión de opinión”, comentó.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias penales contra más de 160 despachos de abogados, aseveró el director Octavio Romero Oropeza.

Señaló que en contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y otros actores, despojaron de su vivienda a más de 207 mil derechohabientes por medio de juicios masivos ilegales.

Actuaron como verdaderos delincuentes, porque además de quitarles de manera fraudulenta sus casas, el instituto les pagó cerca de 30 mil millones de pesos por ese trabajo sucio que hicieron.

En entrevista con La Jornada, el funcionario puntualizó que el organismo trabaja conjuntamente con la Consejería Jurídica de la Presidencia –a cargo de Ernestina Godoy– en la elaboración muy cuidadosa de las denuncias penales para que estén blindadas.

Explicó que el instituto no puede escriturar ni recuperar esos 207 mil inmuebles –de un total de 249 mil–, ya que están en una situación irregular. Hoy las viviendas no son de los trabajadores ni del Infonavit y éste tendrá que destinar recursos adicionales de su presupuesto para resarcir a los derechohabientes.

En lo inmediato, destacó, a 2 millones de personas afectadas, además de congelar sus mensualidades y créditos, se les ha proporcionado beneficios adicionales, como descuentos de hasta 95 por ciento de sus saldos.

El daño que cometieron estos despachos no sólo fue haberse robado el dinero, porque no hicieron el trabajo que se les encargó, sino que lo hicieron mal y hoy el Infonavit todavía tiene que gastar dinero para regularizar esas casas y resarcir el daño a todos los derechohabientes a los que ilegalmente se les quitó su casa.

Recibieron pagos millonarios

Hace dos semanas, Romero Oropeza exhibió en la conferencia matutina este tipo de fraudes. Uno de los despachos responsables, de acuerdo con el funcionario, es Desnor, que tiene un representante legal que es integrante de la comisión de vigilancia del Infonavit propuesto por la Coparmex, la cual participa en la dirección sectorial empresarial que es parte del organismo tripartita y que se ha opuesto a la reforma de la ley del instituto, que será discutida esta semana en el Senado.

Otras firmas involucradas en los esquemas de fraudes son Gabssa, Beamber, ECD, Aguilar e ILS, que recibieron pagos millonarios.

Durante la entrevista, Romero Oropeza también se refirió a los casos de corrupción que involucran a representantes de las direcciones sectoriales empresarial y de los trabajadores ante el organismo tripartita que autorizaron proyectos de vivienda inconclusos, pese a recibir pagos millonarios.

Confirmó que se han documentado más y que en próximas semanas se irán presentando a la opinión pública; no obstante, rechazó dar detalles de quiénes están involucrados para cuidar el debido proceso.

Cuando “decimos algo es porque ya lo podemos probar. Tenemos varios casos de corrupción que los estamos documentando, blindando bien… Hasta el día de hoy de todo lo que hemos denunciado, nadie nos ha dicho que es mentira. Todo ha sido verdad y en esos términos vamos a seguir conduciendo”.

Romero mencionó que por cada uno de los casos de fraude que ya han sido revelados se ha acompañado la respectiva denuncia penal ante la FGR.

Anticipó que éstas alcanzan a jueces, notarios, peritos valuadores, personal de registros públicos de la propiedad de algunos estados e incluso funcionarios del propio Infonavit. Los que hayan participado en el fraude van a ir sus respectivos nombres, es contra quien resulte responsable.

Destacó que la reforma a la Ley del Infonavit ayudará a tener una gobernanza más transparente, ya que los recursos podrán ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, lo que no ocurría por la oposición de los sectores patronales y obrero del organismo tripartita.

En tanto que los máximos órganos del Infonavit, la asamblea general, el consejo de administración, el comité de auditoría y el de Transparencia mantendrán en esencia el espíritu tripartito a fin de que dentro del organismo se tomen decisiones de manera paritaria.
AM.MX/fm

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