CIUDAD DE MÉXICO.- Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas son los estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene mayor fuerza, pero también cuentan con los niveles más bajos de permanencia escolar del país.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria sólo 14 concluyen una licenciatura en Oaxaca, 16 en Chiapas, 17 en Guerrero, 23 en Michoacán y 30 en Zacatecas, muy por debajo de los 67 que lo logran en la Ciudad de México.
De acuerdo con María Cabadas para el El Universal, pese a ello, la Coordinadora decidió mantener los bloqueos en muchas de estas entidades y continuar con su jornada de movilizaciones, al considerar insuficientes las respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), así como mejoras en pensiones y condiciones laborales.
Hace unos días, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la instalación de una nueva mesa de negociación con la CNTE en la Secretaría de Gobernación (Segob), y sostuvo que las propuestas del gobierno federal ya fueron presentadas al magisterio, por lo que corresponde ahora a los docentes decidir si las aceptan o mantienen sus movilizaciones.
“Por lo pronto, lo que está planteado son reuniones para la problemática de los estados (…), ya ahora pues nada más las mesas, que se llaman tripartitas”, dijo.
Especialistas en educación advierten que el conflicto magisterial vuelve a colocar en segundo plano el derecho de niñas, niños y adolescentes a aprender.
Para Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de Educación con Rumbo (ECR), la presencia de la CNTE en diversas regiones del país coincide con algunos de los indicadores más preocupantes de rezago educativo, permanencia escolar y analfabetismo, una situación que se profundiza cuando las escuelas permanecen cerradas por periodos prolongados. La activista señala que la ausencia de docentes en las aulas no sólo afecta los procesos de aprendizaje, sino que deja a miles de estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Dice que en comunidades con alta marginación, la escuela funge también como una red de protección para niñas, niños y adolescentes, por lo que cada día sin clases representa un deterioro en sus oportunidades educativas y en sus condiciones de seguridad.
Amozurrutia considera, además, que el conflicto ha evidenciado la falta de mecanismos institucionales de diálogo entre las autoridades educativas y el magisterio. A su juicio, mientras el gobierno mantenga una estrategia centrada en la negociación política y no fortalezca espacios formales de participación, como el Consejo Nacional de Participación Escolar, el resultado seguirá siendo un mayor rezago en las entidades más vulnerables del país.
En el mismo sentido, Patricia Vázquez del Mercado, directora ejecutiva de Mexicanos Primero, dice que el debate público se ha concentrado de nuevo en los bloqueos, marchas y negociaciones, mientras millones de alumnos quedan fuera de la conversación.
Señala que aunque muchas de las demandas de la CNTE tienen sustento y merecen ser escuchadas, el derecho a aprender no puede convertirse en una moneda de cambio dentro de una negociación política. Comenta que las y los estudiantes tienen derecho a estar en la escuela, a contar con sus maestras y maestros, y a recibir educación todos los días.
Agrega que reconocer la legitimidad de las exigencias del magisterio no implica justificar acciones que terminan afectando a quienes tienen menos capacidad de defender sus derechos, por lo que llamó a que cualquier acuerdo entre el gobierno y la CNTE coloque en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Para Diana Castellanos, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, resulta significativo que los estados donde la CNTE mantiene su mayor presencia política y capacidad de movilización coincidan con algunas de las entidades que registran los niveles más bajos de permanencia escolar y conclusión de estudios superiores en el país.
Considera que esta coincidencia no implica una relación automática de causa y efecto, pero sí obliga a analizar el impacto que tienen décadas de interrupciones escolares en contextos marcados por pobreza, desigualdad y debilidad institucional. A su juicio, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán enfrentan rezagos históricos que se ven agravados cuando el calendario escolar es intermitente.
Advierte que en estas entidades el acceso a la educación superior ya es limitado por factores económicos y sociales, por lo que la pérdida recurrente de clases puede profundizar las brechas educativas existentes. “Cuando un estudiante se encuentra en una trayectoria educativa frágil, cualquier interrupción aumenta el riesgo de abandono escolar y reduce sus posibilidades de concluir estudios de nivel superior”, explica.
La especialista añade que el contraste con la Ciudad de México evidencia la magnitud de las desigualdades educativas.
Por ello, sostiene que cualquier discusión sobre las demandas del magisterio debe incorporar también el impacto de los paros.
AM.MX/FM
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