CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- Preocupa a la organización Equis Justicia que el acceso a la justicia para la mayoría de la población no esté entre las prioridades de las propuestas presidenciales del llamado Plan C, que busca restar poder y autonomía al poder judicial, y que los problemas estructurales y de funcionamiento judicial nuevamente queden opacados, como la misoginia judicial, la corrupción y falta de participación ciudadana.
A lo largo de 12 años de experiencia, Equis Justicia ha detectado que los tribunales del país son una fábrica institucionalizada de injusticias. El 70,5 por ciento de las mujeres creen que el acceso a la justicia es uno de los derechos menos respetados. Ellas se enfrentan a un sistema judicial que valida, justifica y reproduce la discriminación y las violencias racistas, clasistas y, por supuesto, las de género.
El Plan C incluye reformas relacionadas con la votación popular de jueces, magistrados y ministros, reducción de salarios, controles anticorrupción, entre otras, por lo que Equis Justicia considera que la reforma es necesaria, pero debe repensar todos los elementos del sistema judicial desde una perspectiva de Justicia Abierta Feminista.
Cuestiona principalmente el voto popular, por el grado de desinformación que existe en la ciudadanía; menciona que en 2015, en un sondeo en las calles de México, se advirtió que 76 por ciento de las personas entrevistadas no sabían qué era el Poder Judicial, ni quién era la autoridad encargada de impartir justicia.
Preocupa que los perfiles de quienes se proponen para la votación no cuenten con una evaluación (basada en la evidencia) de su trayectoria en la defensa técnica y garantía de los derechos humanos. Hablamos de evidencia analizada y calificada por el poder político y por organismos u observatorios ciudadanos.
Señalan que han advertido en sus informes que juezas y jueces en México reproducen, en ocasiones, los sistemas de discriminación, juzgan sin perspectivas interseccionales de derechos humanos y no cuentan con los conocimientos necesarios para sentenciar aplicando estas herramientas de derecho. Esta situación es central en los debates sobre acceso a la justicia.
Propuestas como la reducción de salarios para altos cargos en la SCJN son necesarias, pues no hay razón válida que justifique una brecha salarial tan desigual y más privilegios escondidos bajo la autonomía judicial. Empero, eso está lejos de ser suficiente.
Por último, en relación con las propuestas de reforma, señalan la necesidad de poner el foco en las instituciones de justicia local.
De acuerdo con los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Federal y Estatal de 2021, por cada 10 asuntos que acceden al sistema judicial de justicia, aproximadamente siete ingresan y serán resueltos en la justicia local, sólo tres en la justicia federal y dos de cada 1.000 llegarán a la SCJN.
Hallazgos
A lo largo de 12 años de experiencia, Equis ha detectado que los tribunales del país son una fábrica institucionalizada de injusticias, entre los principales hallazgos están:
La misoginia judicial, esto es juezas y jueces invisibilizan las violencias contra las mujeres en un 47 por ciento, no las protegen el 69 `por ciento, y en un 80 por ciento lo ven como un hecho aislado y no estructural al no analizar los contextos donde se producen y reproducen las violencias contra ellas.
Además, no utilizan la normativa de derechos humanos especializada en violencias de género, sino que se limitan únicamente a referir sus códigos en un 79 por ciento, lo que implica que no se recaban pruebas con perspectiva de género en un 70 por ciento, no se reparan de manera integral los daños, en un 86, y no se dictan medidas para dar seguimiento al cumplimiento real de sus sentencias, en un 71.
Las personas indígenas y las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) son las más propensas a ser víctimas de discriminación y a quienes sistemáticamente se le niegan sus derechos y el acceso a la justicia. Se carece de datos que permitan medir el acceso a justicia de estos grupos sociales frente a los tribunales.
El encarcelamiento de mujeres ha aumentado un 29 por ciento en los últimos seis años y la justicia penal no se hace cargo de los contextos de desigualdad, y termina castigándola y criminalizándola.
Las mujeres son las que más tienen la percepción de que juezas y jueces son la segunda autoridad percibida por la ciudadanía como más corrupta, sólo por debajo de las policías de tránsito.
Justicia Abierta Feminista
Para que la justicia sea un derecho y deje de ser un privilegio, Equis Justicia propone la Justicia Abierta Feminista como un modelo nuevo y colectivo que ponga al centro el acceso de las mujeres a la justicia, en un país donde siete de cada 10 han vivido al menos un incidente de violencia.
Para que la justicia proteja a las mujeres proponen procesos de justicia claros, ágiles y sencillos. Urge simplificar y agilizar los procesos para que sean comprensibles y accesibles para todas las personas, garantizando justicia de calidad que ponga los derechos de las personas al centro y que incluya un lenguaje jurídico sencillo y claro.
Les preocupa la propuesta de reforma judicial de un lapso máximo de seis meses para que se resuelvan los procesos judiciales federales, porque existe el riesgo de una resolución rápida y de mala calidad, una “justicia express”, por lo que proponen una revisión de los procesos y plazos establecidos en las leyes para simplificarlos.
El voto no es suficiente, las designaciones o elecciones con participación ciudadana deben asegurar que la selección se haga a través de una convocatoria pública y abierta a la ciudadanía, para que no quede únicamente en manos de los poderes públicos a modo o conveniencia partidista. Una propuesta es la creación de consejos consultivos plurales y diversos.
Territorializar la justicia, es crucial que los poderes judiciales lleven la justicia directamente a las comunidades. Más de 20 poderes judiciales locales están implementando diversas acciones para generar cercanía, tales como los servicios de justicia itinerante. Ponen como ejemplo el caso del Poder Judicial de Campeche que, a través de vínculos con las autoridades comunitarias, inicia procesos legales que se resuelven y entregan las sentencias en el propio territorio maya.
Proponen que estos procesos no sean simplemente vistos como buenas prácticas y queden a la voluntad política de la presidencia en turno, sino que se transformen en políticas institucionalizadas y reguladas en la ley, como garantía de acceso a los derechos.
Fortalecer el sistema de justicia, porque además de las personas juzgadoras existen jueces cívicos, municipales, de paz e indígenas, entre otros. Voltear a verlos y fortalecer sus facultades.
Evaluar para transformar, realizar evaluaciones periódicas a su labor, poniendo énfasis en la calidad de sus resoluciones. Esto implica revisión de criterios y apego a los derechos humanos de las personas, colectivos y pueblos.
Históricamente, y bajo el pretexto de la autonomía judicial, se ha eximido a los jueces de escrutinio interno y externo sobre la calidad de sus resoluciones. Esto ha generado pactos de poder y negación de justicia a las personas más desprotegidas.
Nos consta que 14 poderes judiciales reportaron evaluaciones de desempeño de sus jueces; sin embargo, esta “evaluación” es básicamente cuantitativa (estadística judicial, número de resoluciones emitidas y tiempo en resolver).
De nueva cuenta, no se revisa la calidad de la justicia y es precisamente aquí donde urge generar mecanismos de supervisión, evidenciar donde hay una sentencia misógina y un juez que juzga sistemáticamente con sesgos de género o racismo. Dentro de los pactos de poder también hay corrupción, entendida como la desviación de una obligación para obtener un beneficio, en cuyo caso es un pacto patriarcal y un status quo de jerarquía y poder social.
Generar información estadística útil y accesible. Recabar información sobre las características de identidad de las personas es una de las grandes deficiencias en la gestión de datos y desarrollo de estrategias judiciales para garantizar la justicia sin discriminación.
Hoy por hoy, no se percibe como una obligación judicial y ha quedado al arbitrio e interpretación de cada Poder Judicial. Por eso existen poderes judiciales sin datos desagregados por sexo, identidad indígena u orientación sexual; incluso algunos poderes judiciales consideran que dicha información podría ser discriminatoria por tratarse de un dato “sensible”.
Impulso de políticas proactivas de promoción de derechos y servicios, máxima transparencia y rendición de cuentas
La responsabilidad de que la población mexicana no conozca ni valore la existencia y función de los poderes judiciales es de los propios poderes judiciales. Por ello, es importante que, junto a la ciudadanía, se detecten las necesidades de información social y se diseñen políticas de transparencia proactiva que combatan los mitos jurídicos, la desinformación legal o en derechos; y que acerquen información sencilla sobre la labor social y democrática del Poder Judicial.
De igual manera, es urgente que se monitoree y acompañe la obligación de publicación de todas sus sentencias, obligación que, por el momento, no se puede descifrar con exactitud si se está cumpliendo o no.
Proponemos diseñar políticas para generar espacios laborales de cuidado colectivo, igualdad, libres de violencias y sin discriminaciones. Por coherencia, si de impartir justicia se trata, debemos arreglar la fábrica por dentro, para construir un sistema judicial que funcione de manera justa también para las personas que allí trabajan.
Poca justicia podemos esperar de una institución en la que se mantienen y reproducen estructuras y prácticas laborales que discriminan a las mujeres embarazadas, personas con VIH, personal administrativo o de asistencia, personas con enfermedades crónicas o con cargas de cuidado. El sistema debe ser capaz de atender las violencias que sufren sus propias trabajadoras, como el acoso laboral o el hostigamiento sexual.
En EQUIS hemos realizado diversos procesos de investigación y diagnóstico que dan cuenta de culturas laborales sumamente verticales y violentas, y de que los protocolos y mecanismos para atender estas problemáticas aún son incipientes. Debe ser una prioridad involucrar al personal de todos los rangos en sede judicial para construir espacios justos de prevención de las violencias y las discriminaciones que se reproducen.
Presupuesto autónomo y progresivo
Es urgente que se definan garantías para blindar la operación eficiente de los poderes judiciales y que esta no se vea mermada por la buena o mala relación a conveniencia con el Ejecutivo federal o local. Tenemos que analizar y proponer criterios que atiendan las características territoriales y necesidades particulares de cada Poder Judicial, de tal manera que lo presupuestado sea suficiente, bien ejecutado y cuente con mecanismos y controles de rendición de cuentas que sean ampliamente difundidos entre la ciudadanía.
Fortalecer la formación, evaluar su impacto. Una de las herramientas principales con que cuentan los poderes judiciales son las capacitaciones regulares para desempeñar la garantía de derechos. Proponemos fortalecer y ampliar estos procesos formativos, ya que, en 2019, realizamos un diagnóstico sobre capacitación judicial en derechos de las personas con discapacidad y advertimos que faltan herramientas, pues, particularmente, las formaciones relacionadas con este tema no llegan a todo el personal judicial. Aunque nos interesa señalar de manera particular las limitaciones del impacto, ningún proceso de formación medía su impacto en el desempeño real de los jueces y juezas.
AM.MX/fm
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