CIUDAD DE MÉXICO.— El Cártel de Sinaloa presuntamente aportó dos millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la de 2006, de acuerdo con una investigación del periodista Tim Golden y publicado en el portal ProPublica. A cambio del dinero, los criminales buscaban que el eventual gobierno facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo.
Según el reportaje, elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que los principales traficantes de cocaína habían canalizado unos dos millones de dólares hacia la primera campaña presidencial del tabasqueño.
“Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadunidenses y mexicanos y documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero se entregó a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que la administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”, señaló el texto.
“La investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes, pero los funcionarios dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un ex agente de campaña y un informante clave sobre drogas, sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado”.
En el reportaje, Tim Golden señaló que la fuente inicial de los agentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México, en 2008, pidiendo hablar con alguien de la Agencia Antidrogas. Allí, contó que había sido una especie de abogado de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie y figura clave del cártel de los Beltrán Leyva.
Primero, López Nájera reveló a la DEA que el Cártel de los Beltrán Leyva tenía un topo en la Embajada que resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos con amplio acceso a información de inteligencia sobre los delincuentes mexicanos buscados por Estados Unidos. El hombre fue detenido, acusado de delitos federales de narcotráfico y terminó por cooperar con las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, según Golden, no fue sino hasta la primavera de 2010 cuando la DEA puso atención en una de las declaraciones más explosivas de López Nájera: La Barbie lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta, la cual fue organizada Francisco León García, quien entonces estaba lanzando su candidatura al Senado mexicano.
López Nájera contó que tanto León García como otro empresario no identificado dijeron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador. En resumen, el planteamiento era el siguiente: a cambio de una inyección de dinero en efectivo, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.
Según los relatos de la negociación, en el encuentro se planteó a los traficantes que podrían ayudar a elegir a los mandos policiales en algunas ciudades clave de la frontera. Más importante aún, el mensaje era que, de ganar la elección, López Obrador no nombraría a un fiscal general que ellos consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaba un derecho de veto sobre el nombramiento.
La Barbie, indicó Tim Golden, aceptó el trato y encargó a López Nájera reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador en Ciudad de México y organizar los pagos, los cuales se hicieron en tres entregas. En total, se habría entregado a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador, y a otros participantes, incluido Nicolás Mollinedo, en la campaña unos 2 millones de dólares en efectivo.
Sin embargo, López Obrador perdió la elección. Según López Nájera, La Barbie enfureció tanto por la derrota que ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal electoral y obligarle a revocar la decisión que le otorgó el triunfo a Felipe Calderón. Se envió un convoy de pistoleros para irrumpir en el tribunal, y sólo dieron marcha atrás cuando descubrieron que había tropas del ejército vigilando la zona.
Algunos funcionarios consideraron que las pruebas obtenidas no eran lo suficientemente sólidas como para justificar los riesgos de una extensa operación encubierta dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a operativos que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador.
Finalmente, en medio del escándalo por la operación “Rápido y Furioso”, y el temor a que algo saliera mal en la operación en México, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, preocupados también por cómo se tomaría algo así en suelo mexicano, incluso si todo salía bien.
“Nadie estaba tratando de influir en las elecciones”, dijo a ProPublica un funcionario familiarizado con la investigación. “Pero siempre existió el temor de que López Obrador pudiera retroceder en la lucha contra las drogas: que si este tipo se convierte en presidente, podría cerrarnos”.
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AM.MX/dsc
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