CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Reconstruir la imagen social de la vejez es la propuesta de la académica Guadalupe Cañongo León, al señalar que es incorrecto llamar “abuelos” a quienes conforman este grupo etario, y por lo tanto es equivocado referirse al “Dia Nacional de las Personas Mayores” como el “Día del Abuelo” pues se trata de una generalización sin perspectiva de género y conlleva a celebrar a quienes tienen nietas o nietos.

Bajo esta lógica, señala que equivocadamente terminamos celebrando a mujeres y hombres de 40 años o menos que ya tienen nietas o nietos, lo que desorienta y quita el foco real del análisis y de la reflexión en torno a la deuda que como sociedad tenemos con la población mayor de edad.

También es de destacarse que este año se celebra el Día del Adulto Mayor con la firma y ratificación por parte de México de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de enero de 2023.

A más de una década de una labor intensiva por organizaciones de derechos humanos, activistas como Adriana Luna Parra, ya fallecida, y Angelita Fuentes Vera, académicas como Verónica Montes de Oca y Graciela Casas, junto con el impulso de Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hasta el 2019, y el director fundador del Instituto Nacional de Gerontología, Luis Miguel Robledo, actualmente Consultor de la OPS y OMS y miembro del Comité Directivo del Consorcio Clínico sobre envejecimiento de la OMS-IAGG.

Que reafirma que las personas mayores son sujetas de derechos y esto fortalece para que el gobierno mexicano lleve a cabo acciones contundentes y permanentes para que sea erradicada la cultura de desprecio hacia la vejez, el maltrato y la violencia contra las mujeres de más de 70 años, que hablan de una violencia feminicida al interior de los hogares, de las cuales se carece de datos precisos, de acuerdo a lo señalado por el Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C,

En la entrevista que publica la Gaceta de la UNAM, este 28 de agosto, con la académica del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología (CIETSGe) de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que la deuda con la población mayor de 60 años, que en México se estima en casi 18 millones de personas, más de la mitad mujeres, se les ha invisibilizado, subestimado y discriminado.

Las generaciones se enfrentan a un contexto en el que se sobrestima la juventud y se resiste a la idea de envejecer. Existe gran desinformación que fomenta estigmas sobre la vejez, como la etiqueta de asexual al pensar que ya no se tienen deseos o emociones asociadas al erotismo, lo cual no es real. En general, se debe dejar de fragmentar a la sociedad por grupos y fomentar acciones de solidaridad intergeneracional, asevera.

En opinión de Verónica Montes de Oca del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM “no es lo mismo envejecer para una mujer que para un hombre. No es lo mismo envejecer, por ejemplo, para una persona de la comunidad LGBT+ que, para una persona de origen indígena o afrodescendiente”.

No hay una sola manera de envejecer y, de hecho, hay muchos factores alejados del cronológico, que hacen que las poblaciones envejezcan. Un ejemplo es “las relaciones de poder que, de alguna manera, impactan o dejan huella en las formas en las que envejecemos”, señalo en una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

También señaló que las personas mayores están participando políticamente, están presidiendo los gobiernos, están educándonos, y están siendo, sobre todo, muy activos desde su propia condición, con toda esa experiencia acumulada que han tenido”. Las distintas generaciones van acumulando esas ventajas, pero también desventajas.

El envejecimiento no se puede detener, pero sí podemos vivir mejor en nuestro envejecimiento. Depende de la calidad de vida y de muchos aspectos que tienen que ver con la igualdad de los derechos e igualdad de oportunidades”.

Estadísticamente, México es un país envejecido y la propuesta es trabajar en colectivo para no relegarlas ni ridiculizarlas y reconocer que son sujetas de derecho a la salud, educación, a vivir libres de violencia y a disfrutar espacios recreativos, señalo Guadalupe Cañondo León.

Acerca de la población adulta mayor señalo que la esperanza de vida aumento para las mujeres de 76 a 77 años de edad, mientras para los hombres es de 72 a 74 años de edad, lo que depende de diversos factores. Llamo a rechazar la idea equivocada que la población envejecida es un problema social cuando lo que hay que planear es que se tenga las condiciones necesarias para atender el impacto en los sistemas económicos, sanitarios y educativos del país.

Nos tenemos que preparar para tener una vejez saludable y no pensar en el envejecimiento como sinónimo de dependencia, enfermedades físicas y mentales.

De acuerdo a datos del 2022, las tres principales causas de muerte en las personas mayores en el país fueron enfermedades cardiacas, diabetes mellitus y tumores malignos; afectaciones que son resultado de estilos de vida inadecuados como el sedentarismo y mal manejo del estrés, por ejemplo, lo cual es prevenible y se cuenta con estrategias para su atención.

Sin embargo, se mostró optimista en cuanto que se puede hacer algo para mejorar en general las condiciones de vida de este grupo etario, “recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer que, en 2016, 42.5 por ciento de la población mayor estaba en condición de pobreza, pero para 2020 esa cifra disminuyó a 37.9 por ciento.

Por parte de la UNAM existe el proyecto Apptivate que da cursos de inclusión digital a las personas mayores, el Diplomado de Envejecimiento Exitoso que ya tiene más de diez años de ofertarse.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- “Las mujeres no están para callarse, aguantar vara y ser revictimizadas por ningún gobierno” precisa la Red Nacional de Refugios RNR e hizo un enérgico llamado para la entrega de su presupuesto a tiempo, y no 8 meses después como sucedió este año.

En una amplia declaración hizo un llamado a las y los legisladores para que en el Presupuesto de Egresos 2024 para él de los refugios se calcule de acuerdo a la inflación, se entregue en los primeros tres meses del año y no hasta el octavo mes, y considere la creación de un área jurídica que apoye a las mujeres sus hijas e hijos sobrevivientes de la violencia.

Informa que van dos años donde el 89 por ciento de los refugios recibe el mismo presupuesto, sin considerar la inflación, ello limita las acciones de prevención, atención y protección única forma de prevenir los feminicidios, además de restituir derechos.

Por ello reitera, “Las mujeres no están para callarse, aguantar vara y ser revictimizadas por ningún gobierno” y mentira que haya disminución de la violencia contra las mujeres y con datos oficiales, del gobierno, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se verifica que en siete meses se han asesinado a más de 2 mil mujeres, con 70 feminicidios en promedio por mes, y 170 mil 488 delitos de violencia familiar, ¿cómo que bajaron 30 por ciento?

Demandan la construcción de los Lineamientos del Programa para 2024, donde se tome en cuenta a la Red Nacional de Refugios y las organizaciones que atienden refugios y centros externos. Urgen a realizar de diálogo para la elaboración del presupuesto con organizaciones de la Sociedad Civil.

Hacen énfasis que en una democracia es requisito el ejercicio de los derechos humanos con un diálogo horizontal y la participación ciudadana, gobiernos y representantes de la sociedad civil.

Opinan que las mujeres deben ser tomadas en cuenta en las decisiones y acciones públicas, no como una «cuota partidista” a cubrir o como una estadística, sino como ciudadanas sujetas de derechos, a quienes los tres órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de garantizarles una vida digna y libre de violencias.

La RNR ha dado atención a 11 mil mujeres víctimas de violencia

A pesar del atraso del recurso que, de que éste se entregó a cuentagotas, incluso a unos días de terminar el mes de agosto, la RNR informó que aún siguen existiendo Refugios sin firma de convenio ni presupuesto de la primera ministración.

De esta manera, a las dificultades que los Refugios por falta de presupuesto narraron las dificultades, sin embargo, siguen brindando atención, lo que se suma el trabajo que tendrán cuando reciban finalmente el presupuesto: administrar y ejercer en corto tiempo un recurso al que no tuvieron acceso de manera oportuna.

En los primeros siete meses del año los refugios integrantes de la RNR han dado acompañamiento a 10 mil 888 mujeres, entre las que se encuentran 5 por ciento mujeres embarazadas, mujeres extranjeras, migrantes y pertenecientes a alguna etnia. De éstas 31 por ciento acudieron primero por ayuda a instituciones de procuración de justicia sin ser atendidas y revictimizadas. Por ejemplo 29 mujeres solicitaron apoyo a la Fiscalía.

El 22 por ciento de los agresores usan armas de fuego y el 39 por ciento tienen vínculos militares o políticos, y el 15 por ciento tiene vínculos con organizaciones criminales.

De las infancias atendidas 8 de cada 10 niñas y niños fueron víctimas de violencia física, 9 de cada 10 psicológica 8 de cada 10 vivieron violencia económica y 5 de cada 10 patrimonial.

En la mayoría de los casos las niñas y niños fueron víctimas de más de un tipo de violencia. En el 90 por ciento de los casos, el agresor es el mismo que el de la madre; en el 1 por ciento la persona agresora es algún familiar, en todos los casos la persona es conocida. El 49 por ciento de las niñas y niños residentes en refugio tienen menos de cinco años.

La atención a través de redes sociales y líneas telefónicas se atendió a 1 mil 56 mujeres, 3 de cada 10 reportaron tener entre 21 y 35 años de edad. Los agresores e de cada 10 eran pareja.

De las mujeres que se comunicaron el 28 por ciento tienen hijas e hijos, por lo que se atendieron un total de 323 niñas y niños, también victimas de violencia por parte del mismo agresor que la madre.

Los cinco estados en sumar mayor número de atenciones fueron Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, datos que coinciden con los del gobierno federal, pues en delitos de feminicidios los estados con un mayor índice son: Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México.

Por su parte, de los 170 mil 488 delitos de violencia familiar reportados de enero a julio de 2023 en el SESNSP, 22 mil 921 han ocurrido en CDMX, 16 mil 732 en el Estado de México, 12 mil 215 en Nuevo León, 10 mil 365 en Jalisco y 8 mil 817 en Guanajuato.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Mía Morena y mujeres de todo el país vía Change org. exigen a Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la CDMX, y a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República mecanismos efectivos y herramientas digitales acordé a las necesidades para la identificación y localización de agresores que utilizan perfiles falsos.

Es hora de que las autoridades mexicanas y las plataformas en línea tomen medidas concretas y efectivas contra la violencia digital de género.

Exige igualmente a las fiscalías pongan en marcha métodos de investigación más sólidos y efectivos en las fiscalías, incluida la formación de personal especializado y el acceso a recursos adecuados.

Explica la petición, que circula por redes sociales, que La Ley Olimpia se creó con la intención de protegernos de la difusión no consentida de contenido íntimo en línea.

Lamenta que, en la práctica, la falta de mecanismos efectivos ha generado un ambiente en el que la impunidad prevalece y las víctimas no obtienen la justicia que merecen. Esta ley no está funcionando como como debería.

Uno de los principales problemas radica en la dificultad para identificar a los responsables que utilizan perfiles falsos o se esconden detrás de la relativa anonimidad que brindan las redes sociales. Es como estar luchando contra un enemigo invisible que usa las sombras de la web.

Actualmente, la ley no establece claros procedimientos para localizar a estos agresores y las fiscalías dependen en gran medida de la cooperación de las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram para identificar a los culpables. Sin embargo, estas empresas a menudo no responden o no colaboran plenamente debido a que el delito no se comete en su jurisdicción.

La peticionaria señala que “en mi propia experiencia, he enfrentado obstáculos significativos en mi búsqueda de justicia. Casi dos años han pasado desde que comencé mi lucha, y aún espero respuestas de Facebook, mientras mis agresores siguen libres, creando más perfiles falsos y divulgando contenido. Las respuestas lentas o inexistentes de las redes sociales y la falta de recursos en las fiscalías han dejado las investigaciones estancadas”.

Además, la revictimización se agrava por la falta de enfoque de género en estos casos. A menudo, se minimiza el impacto que tiene la violencia digital en la vida de las mujeres, a pesar de que este delito tiene graves consecuencias emocionales y psicológicas. Es fundamental que las fiscalías reconozcan la naturaleza de género de esta violencia y brinden el apoyo necesario a las víctimas.

Por todo esto, exijo a Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la CDMX, y a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México:

Mecanismos efectivos y herramientas digitales acordé a las necesidades para la identificación y localización de agresores que utilizan perfiles falsos.

Implementación de métodos de investigación más sólidos y efectivos por parte de las fiscalías, incluida la formación de personal especializado y el acceso a recursos adecuados.

Además, hago un llamado al CEO de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) Mark Zuckerberg y al CEO de Twitter (ahora X) Elon Musk para una colaboración activa de las plataformas para proporcionar información relevante a las autoridades y asegurar que estos delitos no queden impunes.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- En un esfuerzo por fomentar la colaboración entre las autoridades y la sociedad en general, con el objetivo de mejorar las condiciones y la percepción de la seguridad en todo México, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Gabriel Bernal Gómez, destacó ‘la importancia de la responsabilidad compartida en la lucha contra la inseguridad’.

Esto se pronunció durante el evento ‘Hablemos bien de la seguridad’, celebrado en Tijuana, Baja California, como parte de la asamblea nacional de la AMESP que se celebró durante 4 días, que incluyó un conversatorio sobre el tema, en el ciclo de pláticas “sábados del capitán”, donde se reafirmó el compromiso constante de esta asociación de seguridad privada mexicana para impulsar la generación de empleos de calidad y promover una cultura integral de seguridad en todo el territorio nacional.

La AMESP, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, es la asociación más grande y relevante en el sector de la seguridad privada en México. Actualmente, cuenta con 246 socios distribuidos en 27 estados del país. Bajo el liderazgo de Gabriel Bernal Gómez, su nuevo secretario general Luis Miguel Dena Escalera y la dirección ejecutiva de Verónica Torres Landa, la AMESP está comprometida en promover la excelencia, proporcionar capacitación y profesionalizar tanto a las empresas asociadas como a su personal.

Todo esto con el propósito de impulsar un sector de la seguridad privada moderno, confiable y altamente profesional, tan necesario para los miles de usuarios de esta industria en México. Además, a través de diversas acciones, la AMESP contribuye a promover una cultura de seguridad en diferentes grupos, con el objetivo de prevenir situaciones lamentables.

En el evento ‘Hablemos bien de la seguridad’ Bernal Gómez agradeció a las autoridades locales y destacó el notorio crecimiento económico y los cambios demográficos en Tijuana. Subrayó el firme compromiso de la asociación en la promoción de empleos de calidad y la cultura integral de seguridad en México.

Destacó que Tijuana se ha convertido en un importante centro de inversión, manufactura y comercio, especialmente en el ámbito del nearshoring, atrayendo inversiones significativas, incluyendo la construcción de naves industriales. Bernal Gómez, subrayó que los proyectos de inversión van a generar entre 15 y 20 mil empleos en próximas fechas en sectores como la construcción, manufactura y comercio internacional, lo que aumentará la demanda de servicios de seguridad privada.

AMESP a través de su presidente reafirmó su compromiso de respaldar la protección de inversiones y el desarrollo del Nearshoring en Tijuana y la región fronteriza.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, en representación de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, elogió el trabajo de la AMESP y su enfoque al asegurar que los servicios de seguridad privada sean eficientes, éticos y cumplan con los más altos estándares de calidad, garantizando una protección confiable y adecuada para las necesidades actuales.

Bernal Gómez subrayó la labor de las empresas de seguridad privada, y mencionó que su responsabilidad va más allá de brindar servicios, ya que son “guardianes del bienestar de nuestra comunidad”. En tiempos de desafíos cambiantes y crecientes demandas en seguridad, la unidad y colaboración se vuelven aún más cruciales.

Gabriel Bernal Gómez, presidente de la AMESP, insistió en la urgente necesidad de una nueva Ley de Seguridad Privada que refuerce la seguridad en México, garantice la integridad de los ciudadanos y fomente un entorno seguro para el crecimiento y la inversión. Señaló que la carencia de una ley actualizada y eficaz ha generado inquietudes y obstáculos en el desarrollo del sector de seguridad privada, teniendo un impacto negativo en la sociedad mexicana.

Enfatizó que una nueva legislación es esencial para regular y profesionalizar los servicios de seguridad privada en México, ya que la actual, con 18 años de antigüedad, se considera obsoleta y no se adapta a las necesidades y avances tecnológicos actuales.

Subrayó que es responsabilidad del Congreso de la Unión y los legisladores comprometerse con el bienestar del país al ofrecer esta nueva ley, que proporcionará una mayor certeza a los usuarios y un marco más adecuado para la actuación de las empresas de seguridad privada, contribuyendo así a mejorar los estándares de seguridad de las familias, las empresas e infraestructuras donde se brindan estos servicios.

A pesar de su importancia, dijo, el Congreso de la Unión aún no ha resuelto la situación de la nueva Ley de Seguridad Privada, lo que pone en riesgo tanto la seguridad de las familias mexicanas como el desarrollo económico y el bienestar del país que ha ofrecido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La AMESP está diversificando sus esfuerzos y abrió su primera oficina regional en Tijuana, con planes de expandirse a Querétaro, Guadalajara, Veracruz y Cancún, como parte de su compromiso continuo para promover la seguridad y profesionalismo en el sector de la seguridad privada en México.

La coordinación del evento estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales y Enlace Gubernamental en Tijuana, Octavio Vizcaino y el director regional Noroeste de AMESP, Francisco Nieves.
AM.MX/fm

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