Por Sara Lovera
(saraloveralopez@gmail.com)
CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- Víctima de acoso laboral, despido y amenazas por pedir protección, Alejandra Soriano Ruíz, ex jefa de la Unidad de Género del Instituto Mexicano del Seguro Social, logró un amparo para que los tribunales laborales emitan una nueva sentencia contra ese instituto, tras cuatro años de batalla en juzgados y muchas audiencias para que se cumpla con la perspectiva de género.
La sentencia del Tribunal Laboral se resolvió en su contra. Así que fue por el amparo y lo ganó.
Alejandra sostiene que la protección a las trabajadoras contra el acoso laboral, el abuso sexual y la discriminación no son atendidas; ni siquiera se salvan las responsables de las Unidades de Género, porque en el gobierno federal nadie las protege. Por ello “llamó a la presidenta de la Republica y a la Secretaria de la Mujer a transformar de fondo esta situación” que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), afecta a ocho millones de trabajadoras en México.
“Lo que me pasó fue terrible, por eso acudí -en 2022- al órgano interno y al comité de ética del IMSS, para denunciar a mi jefe, y no pasó nada: una y otra vez el agresor fue absuelto, protegido por las autoridades, liberado de toda responsabilidad. He vivido cuatro años de desgate físico, emocional y psicológico”.
El acuerdo para rehacer la sentencia, con un amparo para la víctima, fue concedido por la magistrada Lluvia Jasmín Ávila Villegas, del 2º. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, que para Alejandra es una “esperanza” para todas las mujeres.
“Yo me sostuve porque soy feminista, porque he tenido recursos económicos para sostener la denuncia, he contado con una red familiar y de amistades. Ahora pienso que esta tozudez mía puede servir a todas las mujeres acosadas que deben denunciar y continuar”.
Similar, con el agravante de abuso sexual por su jefe, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNdH, es el caso de Gabriela Ramírez Hernández, quien sufrió el desaire institucional, ya pasaron 12 años y el responsable sigue impune.
En el caso de Alejandra, la resolución del 2º. Tribunal no incluye el fondo del asunto, el acoso mismo y sus consecuencias individuales y colectivas; solamente obliga a emitir una nueva sentencia conforme a los parámetros constitucionales y convencionales, considerando que no se aplicó la perspectiva de género en el proceso, ni en la investigación, denuncia que fue desairada por el IMSS, en los tribunales laborales, tampoco se consideraron las pruebas, por ser mujer.
La denuncia por acoso laboral que hizo como funcionaria, en 2022, a los órganos creados para protegerla, no tuvo consecuencias a su favor, pero sí en su contra. “Fui la despedida, rechazada, acosada y revictimizada. Al acosador no sólo lo protegieron, sino que voltearon en mi contra incluso a mis colaboradoras en la Unidad”.
Desde entonces, se quedó sin empleo y empezó su batalla por la justicia. Hoy declara que continuará trabajando por la justicia por muchas compañeras. A raíz de que habló de su caso en Redes Sociales, le han llamado trabajadoras del IMSS que viven las mismas circunstancias, una de ellas en el IMSS de Chiapas, donde ahora vive.
“Me tomé mucho tiempo porque no estaba preparada, tuve que acudir a terapia, me sostuve por mi red familiar, el apoyo de mi abogada y muchas amigas y amigos que me dieron ánimo; pero muchas mujeres no cuentan con ello”.
De acuerdo con el INEGI, apenas unas 600 denuncias se hacen cada año por acoso laboral que, según la Red de Mujeres Sindicalistas, afecta a ocho millones de trabajadoras. Estos acosos suceden en todas las instituciones públicas, es la causa principal por la que, anualmente, más de 66.000 mujeres renuncian a sus empleos. Se estima que una de cada cuatro mujeres que trabajan ha sido víctima de violencia o acoso laboral, a menudo de tipo sexual, señala la Red.
Alejandra se sostuvo. “Creí que quedarían impunes el IMSS y el acosador; pensé en algún momento que no valía la pena seguir, si no nos creen, si no nos escuchan”. Y esto, afirma, sucede incluso a las responsables de las Unidades de Género del gobierno, con quienes -contó– se reunía periódicamente cuando fue asignada a esa responsabilidad en 2021. Narra que vivió un año terrible, su jefe administrativo no dejó de presionarla durante meses, de descalificar su trabajo e intimidarla.
“En las reuniones, mis colegas contaban cosas similares, terribles, que les sucedían a ellas, que les siguen sucediendo, sin que la secretaría o la institución donde trabajamos nos proteja”.
Alejandra se fue de la ciudad de México, luego que la había nombrado y llamado a laborar en el IMSS su director general y paisano, Zoe Robledo Aburto, quien ante los hechos no le creyó, ni la apoyó. Incluso la cambió de dependencia. Ella no se calló, en aquel entonces contó cómo se sintió decepcionada, por lo que se regresó Chiapas, su estado natal.
Cuatro años después, se inicia la segunda batalla: ir al fondo del asunto, que es el acoso laboral que vivió. La revisión de la sentencia que emitió el Tribunal Laboral, que exculpó a su ex jefe JorgeX, en 2019 titular de la Unidad de Asuntos Consultivos y Atención a Órganos Fiscalizadores de la Dirección Jurídica del IMSS y posteriormente coordinador normativo de esa Unidad, como si nada, sigue siendo funcionario directivo del Instituto. Hoy en la judicatura, como si nada.
Todo el juicio ha sido sostenido económicamente por Alejandra Soriano Ruíz, quien ahora estará en el proceso de una nueva sentencia, pero afirma que lo hace mucho más fortalecida, porque piensa en todas las demás mujeres en su circunstancia.
Explicó que no se respeta la NOM-035-STPS-2018, creada para prevenir riesgos psicosociales y violencia en los centros de trabajo. Y dará la batalla para que los órganos de control interno funcionen. Lo hará desde varias organizaciones feminista de las que forma parte, como la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), 50 más uno y Pacto de Sororidad, entre otros.
¿Por qué internamente no se actúa?
Según Gabriela Ramírez Hernández, quien hizo una denuncia por acoso y abuso sexual hace casi 13 años y ha hecho una investigación sobre denunciar en el servicio público, afirma que, en México, denunciar acoso u hostigamiento laboral y sexual dentro del servicio público no es un mecanismo de justicia. Es, en muchos casos, una exposición innecesaria al daño.
Las cifras oficiales dicen que en la Administración Pública Federal se registraban entre 300 y 600 denuncias al año, en 2021, pero esos números no hablan de la realidad. Hablan de lo que logra sobrevivir al miedo; denunciar, dentro del Estado, sigue siendo una apuesta riesgosa.
La simulación institucional
Las instancias encargadas de atender estos casos -oficialías mayores, órganos internos de control, comités de ética- operan bajo una lógica de simulación. Simulan investigar. Simulan proteger.
¿Qué pasa cuando comparas con el sistema penal?
El registro más sólido y público sobre delitos sexuales en México no está en los órganos internos de control, sino en el sistema penal nacional, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ahí se reportan denuncias formales por delitos, no por faltas administrativas. En la administración pública federal se registran entre 300 y 600 denuncias administrativas al año por hostigamiento o acoso sexual o laboral.
El reconocimiento administrativo no alimenta automáticamente el proceso penal. La denuncia penal no necesariamente activa mecanismos internos de protección. Hasta ahora, los órganos internos procesan casos como faltas administrativas, mientras el sistema penal los procesa como delitos. Pero no existe una articulación efectiva entre ambos.
Entonces ocurre esto: una institución puede sancionar administrativamente. Pero eso no se traduce en justicia penal y tampoco garantiza reparación para la víctima. Por ello, ante un asunto de acoso, se recurre a tribunales de justicia, como hizo Gabriela y también Alejandra.
“Que la propia institución acepte que hubo este tipo de conductas no determina el camino de la vía penal”.
Cuando cruzas los datos, queda claro que:
. La violencia es mucho más extendida de lo que muestran las cifras administrativas.
. El Estado no está capturando ni procesando adecuadamente estos casos.
. Las víctimas quedan atrapadas entre sistemas que no dialogan.
Una lectura más incómoda (pero honesta). Si hay decenas de miles de denuncias penales por violencia sexual al año, pero solo unos cientos de denuncias internas en la administración pública, eso no habla de menos violencia en el gobierno. Habla de miedo, silencio y desconfianza institucional.
Respuestas institucionales en este gobierno:
En 2026, la respuesta al acoso laboral generó algunas reformas, incluidos cambios en la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicados el 15 de enero de 2026, enfocados en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Se han endurecido las obligaciones patronales para prevenir y sancionar el hostigamiento y la violencia laboral.
. Reformas legales (2026): se reformaron diversas leyes, incluyendo la LFT y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso, especialmente hacia mujeres.
. Responsabilidad patronal: los empleadores deben implementar protocolos, capacitar al personal y realizar diagnósticos de riesgos psicosociales según la NOM-035 para prevenir el acoso.
. Violencia laboral como falta grave: los proyectos de reforma buscan reconocer nuevas formas de acoso, incluido el ciberacoso, y establecer la responsabilidad patronal de reparar el daño. Además, se dictaminó el hostigamiento sexual laboral como una falta administrativa grave.
. Contexto de género: el acoso laboral y sexual persiste como una forma de violencia de género, lo que afecta el desarrollo profesional de las mujeres. En 2026, el Senado aprobó reformas para erradicar el acoso laboral contra mujeres.
. Dónde denunciar: las víctimas pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
AM.MX/fm
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