Francisco Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy se cumplen 52 años de aquel trágico jueves de Corpus Christi, el 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar conocido como “Halcones” reprimió violentamente una manifestación pacífica de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional en apoyo de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la cual había sufrido un revés antidemocrático por parte de las autoridades de su estado.

Y es que el 30 de mayo de ese año, el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto.

Los estudiantes capitalinos, pese a ello, decidieron manifestarse, aun cuando las demandas no eran claras (el Comité coordinador de comités de lucha -CoCo- estaba dividido; había quienes pensaban que la marcha era inútil y sólo provocaría al gobierno, sin embargo, la mayoría la apoyó arguyendo que había muchos problemas más sin resolver).

Se pedían desde 500 millas de mar territorial hasta efectividad en la apertura democrática prometida por Echeverría. Era, además, una oportunidad para que el gobierno mostrara que no sería represor como el anterior. En los días previos a la manifestación, muchos agentes policiacos comenzaron a patrullar los alrededores del Casco de Santo Tomás

El 10 de junio de 1971 alrededor de las 17 horas salió la marcha estudiantil a la altura de la estación Normal, de la Línea 2 del Metro. La marcha comenzaría en el Casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros para salir a la Calzada México-Tacuba para finalmente dirigirse al Zócalo capitalino.

Las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Asimismo, también había tanques antimotines a lo largo de Av. Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del Colegio Militar y transportes de granaderos en un enorme contingente policíaco en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme.

Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la C.I.A., conocido como “Los Halcones”, los cuales vinieron en camiones y camionetas grises y transportes de granaderos atacó brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros después de que los granaderos abrieran sus filas.

Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, por lo que en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los Halcones agredieron a los manifestantes una vez más, esta vez, no sólo con sus garrotes, sino con armas de fuego de alto calibre.

Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino porque no tenía órdenes de hacerlo y permaneció como espectadora permitiendo la masacre.

El tiroteo se prolongó por varios minutos, durante los cuales algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde.

Los heridos fueron llevados al Hospital Rubén Leñero, pero fue inútil, pues los Halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en el quirófano, además de intimidar a los internos y al personal médico. El número de muertos fue cercano a 120, entre ellos un muchacho de catorce años: Jorge Callejas Contreras.

Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente, Luis Echeverría, anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables.

Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera Halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros.

Pasó una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar aceptara que los había, pero no los involucró en la masacre.

El alto número de periodistas agredidos y de evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él.

Así y todo, durante años, Martínez Domínguez recibió el apodo popular de “don Halconazo” (ya que formalmente se le conocía como don Alfonso), en alusión a la Matanza del Jueves de Corpus.

El terrible saldo de la manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también propició que se radicalizaran otros más, quienes más tarde formarían parte de las organizaciones guerrilleras urbanas.

Los estudiantes en 1971 demandaban especialmente: la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara un 12% del PIB, así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social; Educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana; estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno.

Estas y otras expresiones de la oposición empezarían a canalizarse años después a través de la Reforma Política de 1977, impulsada por José López-Portillo desde las entrañas del régimen y que terminaría con la razón de ser de las guerrillas y la clandestinidad política.

¿Quiénes eran los Halcones?

En 1966 el entonces secretario de gobernación Luis Echeverría manda al Departamento del Distrito Federal al coronel Manuel Díaz Escobar. Éste crea al grupo paramilitar con el objetivo de “reprimir cualquier manifestación de todo movimiento que criticara al gobierno”. Estos eran pagados por el gobierno y encabezados por el regente capitalino

El grupo estaba formado por militares, pandilleros, jóvenes provenientes de clubes deportivos, y “porros” universitarios. Estos últimos vieron crecer sus filas tras el “halconazo”. La primera vez que entraron en acción fue el 2 de octubre de 1969, a un año de la matanza de Tlatelolco.

“Algunos de los principales mandos de Los Halcones surgieron de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, entre ellos, Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz, los cuales entrenaban sus hombres en los llanos de las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, en la delegación Gustavo A. Madero”.

Los “halcones” fueron un grupo de más de ochocientos golpeadores y karatekas al mando del militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, “El Maestro”, entonces Subdirector de Servicios Generales del DDF, que durante los dos años anteriores a la tragedia, recibió instrucción de box, judo, karate y bojun-su.

Antes del 10 de junio, los “halcones” habían reventado mítines en el IPN y la Preparatoria Popular, y tras la represión del jueves de Corpus Cristi, desmantelaron su campo de entrenamiento de San Juan de Aragón, se concentraron en el Palacio de los Deportes y fueron pagados y disueltos con la consigna de realizar acciones terroristas y asaltos para distraer a la opinión pública.

Díaz Escobar, su jefe, renunció a su cargo de subdirector en el DDF después de la matanza, fue comisionado a la embajada mexicana en Santiago de Chile y el 1º de junio de 1979, fue ascendido por el presidente José López Portillo a general de brigada diplomado del estado mayor.

Creación

Jack B. Kubisch, jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló en un cable diplomático el 17 de junio de 1971 que los Halcones “son un grupo represivo oficialmente financiado, organizado, entrenado y armado, cuyo propósito principal desde su fundación en septiembre de 1968 ha sido el control de los estudiantes de izquierda y antigobierno.” Kubisch también aclara que la existencia y funciones de los Halcones era bien conocida entre los principales oficiales políticos y de justicia en el gobierno mexicano.

El 18 de junio de 1971, 11 días después de la Masacre de Corpus Christi, Díaz Escobar negó la existencia del grupo durante una declaración ministerial con personal de la Procuraduría General de la República. En dicha comparecencia, Díaz Escobar mencionó que, en julio de 1970, se creó “un personal de vigilancia para el cuidado y mantenimiento de instalaciones especiales, como el Metro que se iba a inaugurar, numerosas bombas de agua [y] plantas de tratamiento de aguas negras”, pero que con el cambio de administración (ocurrido el 1 de diciembre de 1970), ese grupo fue dado de baja. Sin embargo, la existencia de los Halcones fue confirmada en años posteriores por confesión de sus antiguos integrantes; muchos de ellos, aprehendidos por delinquir.

Reclutamiento

De acuerdo con un informe del Buró de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos, los Halcones era reclutados entre estudiantes en edad universitaria por personas relacionadas con oficiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes gozaban de la confianza personal del presidente Luis Echeverría. A los reclutas se les otorgaba educación universitaria, pago en dinero y la promesa de un futuro brillante en el PRI. Eran entrenados por personal del Ejército y se les proporcionaban armas y equipamiento por un valor cercano a los 200 mil dólares, incluyendo carabinas 100 M-1. Se seleccionaban jóvenes de escasos recursos, “gente resentida, sujetos que pudieran realizar acciones violentas, incurriendo en el asesinato sin remordimientos, ni cuestionamientos de ninguna especie”:

Ser lumpen era otro elemento común entre ellos y, probablemente, considerado para su reclutamiento ya que el sueldo ofrecido resultaba una excelente opción laboral para jóvenes desarraigados, sin instrucción, pobres y resentidos, cuya preparación militar era la única forma de insertarse dentro de la economía formal, por lo que las ‘gratificaciones’ eran bien recibidas entre ellos y una manera de ‘comprar’ el silencio de estos sujetos respecto de los actos.

Haber formado parte de la Brigada de Fusileros Paracaidistas era visto como un buen antecedente para pertenecer a los Halcones. Según la declaración de Rafael Delgado a la DFS, ex integrante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y miembro de los Halcones, la convocatoria para ingresar al grupo se hacía de boca a boca. El grupo se nutría de personas que había formado parte del Ejército, pero habían solicitado su baja o habían sido expulsados por mala conducta. A nivel de tropa, no se aceptaban miembros en activo.

Entre los criterios de selección, se valoraba “el entrenamiento físico que tuvieran, la disciplina castrense, el manejo de artes marciales, la edad, la obediencia ciega, la carencia de principios éticos.” Se pedía que los integrantes del grupo gozaran de buena salud; aptitudes para el entrenamiento intensivo en técnicas marciales como karate, judo, kendo y boxeo; debían ser capaces de realizar acrobacias y carreras de resistencia, así como ser aptos en tiro con armas automáticas, manejo de armas blancas y prácticas de sabotaje.

En algunos casos, sus integrantes eran contratados como parte de oficinas ajenas a las actividades que desempeñaban. Tal fue el caso de Mario Romero Ramirez, alias El Fish, quien fue empleado del secretario particular del coronel Corona del Rosa a principios de 1967. Romero Ramírez ayudó al gobierno mexicano durante las movilizaciones de estudiantes de 1968 con labores de infiltración y como golpeador. Durante su existencia, los Halcones formaron parte de la nómina del Departamento del Distrito Federal a través del Departamento de Limpia.

Entrenamiento en el extranjero

A inicios de la administración de Echeverría, el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Óscar Rabasa, se reunión con el embajador de Estados Unidos, Robert McBride, para hacerle llegar una petición del mandatario mexicano. Echeverría solicitaba a Washington si estaría dispuesto a preparar un programa de entrenamiento policial para un grupo de fuerzas de seguridad mexicano. De acuerdo con un cable diplomático fechado al 6 de enero de 1971, el subsecretario de Relaciones Exteriores, José S. Gallastegui, y el coronel Manuel Díaz Escobar dijeron que los integrantes de este grupo estaban particularmente interesados en aprender “control de multitudes, lidiar con manifestaciones estudiantiles y disturbios, [así como] entrenar en tácticas de defensa física y combate cuerpo a cuerpo.”

Díaz Escobar describió al grupo que asistiría al entrenamiento como “cuatro o cinco” jóvenes oficiales del Ejército, de veintitantos años; tres serían estudiantes universitarios entre 18-19 años (posibles fuentes del gobierno mexicano en las organizaciones estudiantiles, según apuntes de la Embajada); y 8-10 serían jóvenes de veinte años entrenados para “puestos importantes (posibles reclutas para la policía o futuros subjefes de los Halcones). De acuerdo a la Embajada, el grupo operaría completamente fuera del departamento de Policía del Distrito Federal y, por sus edades, estos individuos serían usados para liderar y entrenar a los Halcones.

La conexión entre Díaz Escobar y los Halcones preocupó a la Embajada, que creía que los oficiales entrenados podrían regresar a México para “desempeñar algún rol en los Halcones, lidiando duramente y quizá incluso fuera de la ley con líderes estudiantiles y protestas.” En un telegrama fechado al 8 de enero de 1971, el Departamento de Estado de EE.UU., expresó sus dudas por las tácticas “políticamente impopulares” que los entrenados podrían usar en México.3

Pese a los señalamientos de la embajada, se acordó el entrenamiento. El 8 de marzo de 1971, un grupo de cinco hombres –incluido el hijo del coronel Díaz Escobar, Manuel Díaz Escobar Celorio– partieron rumbo a Washington, con una fecha de regreso programada al 9 de julio.

El 14 de enero de 1972, un integrante de la organización declaró a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que Díaz Escobar había seleccionado a 40 mandos para ser capacitados en Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Las personas elegidas eran exmilitares, especialmente antiguos integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas como Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz.1 Leopoldo Muñiz, ex integrante de los Halcones, confirmó que fue enviado, junto con otros 40 elementos, a ser capacitado en el extranjero. El 5 de febrero de 1971, salieron grupos de 10 elementos a recibir entrenamiento en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón.

Actividades: Infiltración de grupos estudiantiles

Los miembros de los Halcones eran seleccionados por su edad. Debían tener entre 18 y 25 años, de modo que pudieran mezclarse con los estudiantes universitarios:4

En los pasillos universitarios, en las agrupaciones, en las movilizaciones, en los comités de huelga, su presencia debía pasar inadvertida. Debían poder informarse e informar de las actividades y formas de lucha de las diferentes escuelas y poder identificar a los estudiantes.

Sus técnicas de infiltración les permitían contar con credenciales de alumnos regulares para poder circular libremente en los planteles, marchas y reuniones de los estudiantes. Durante finales de los años 1960 y principios de los 1970, los Halcones se hicieron pasar por estudiantes de educación media, media superior y superior.

Los Halcones se infiltraban en el movimiento estudiantil, presentándose como activistas que incitaban a la violencia y los actos vandálicos, con lo que hacían parecer a todos los estudiantes como delincuentes potenciales. Nutrían el clima de incertidumbre y miedo al interior de las instituciones educativas y provocaban la fractura entre las escuelas. Al promover el vandalismo, se buscaba la aprobación social para la represión por parte de la fuerza policial y el Ejército.

Tras la balacera…

Muchas versiones concuerdan en que durante la noche llegaron hasta el hospital Rubén Leñero para ejecutar a los universitarios y politécnicos heridos. No se tienen cifras exactas del número de muertos que provocaron los Halcones en la Masacre del Jueves de Corpus, pero las estimaciones dicen que son de más de 120 estudiantes.

Cobijado por la protección del ejército que hacia guardia a los alrededores de Palacio Nacional, Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Cosa que nunca pasó. No hubo un solo consignado ante las autoridades por los asesinatos.

Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad y que renunciaría más tarde, y Julio Sánchez Vargas, Procurador General, negaron la existencia de los Halcones y aseguraron que el ataque fue producido por “grupos extremistas de estudiantes” que atacaron a sus compañeros.

AMN.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y su antecesor, el ministro Arturo Zaldívar, protagonizaron una confrontación en la sesión de este jueves, cuando discutían la controversia constitucional contra la Ley de Publicidad. En un intercambio de palabras, el expresidente de la Corte dijo que ellos no son electos democráticamente, lo que no gustó a Piña Hernández.

De acuerdo con Milenio, durante el debate de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, el ministro se pronunció en contra de invalidarla, debido al principio de autonomía del Congreso y el trabajo de un legislador electo democráticamente.

“Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento me parece que no es dable invalidar un procedimiento legislativo, de lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes”, señaló el ministro de la Corte.

No obstante, la presidenta Norma Lucía Piña reviró, dijo que no compartía el punto de vista de Zaldívar pues los ministros son designados a través de un sistema que se establece en la Constitución, además rechazó que su labor implique la división de poderes.

“Respetuosamente, no comparto los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución, y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto”, señaló la ministra Piña.

Zaldívar volvió a intervenir al afirmar que es una realidad que los ministros no son electos democráticamente: “Eso es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no, tenemos una legitimidad constitucional”, señaló y además ofreció una disculpa a la ministra si malinterpretó su comentario.

Norma Piña volvió a tomar la palabra y sostuvo que al ser propuestos por el presidente de la república y designados por el Senado de la República, su origen sí es democrático, y terminó con la discusión.

“Sí somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que él es electo democráticamente, y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático, partiendo de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto, pero no es motivo de discusión”, indicó la ministra presidenta.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- México necesita contrapesos y ahí los organismos autónomos juegan un papel fundamental, afirmó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“Debemos proceder con apego a derecho, al marco legal y priorizar el carácter técnico, no político, de este Instituto”, añadió al participar en la Mesa de Diálogo con el INAI, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

A su vez, el director de esa entidad académica, Miguel Armando López Leyva, quien fungió como moderador, refirió: “en la democracia es fundamental la separación y el equilibrio de poderes, así como el control y vigilancia de los poderes públicos”.

Organismos como el INAI tienen una labor importante, pues están llamados a garantizar la transparencia de las acciones públicas y de gobierno, lo cual debería conducir a que todo acto esté justificado y permita a la ciudadanía entender las razones por las cuales se procede de cierto modo; eso no es un asunto menor en un régimen democrático, detalló.

Al retomar su mensaje, la comisionada presidenta manifestó que en el debate público no se ha posicionado la centralidad de la transparencia para la democracia; debemos trabajar en ello.

Se piensa como un elemento que robustece a la democracia y no como dos conceptos “simbióticos e indisociables”. En diferentes espacios se ha planteado que ni la democracia procedimental, ni la sustantiva, son posibles sin transparencia, recalcó.

El debate en torno a estos y otros temas, prosiguió, permite desarrollar una agenda compartida, socializar el papel de la transparencia para la democracia, y la construcción de herramientas metodológicas para que la ciudadanía pueda utilizar y operar los derechos que tutela el Instituto.

Hay organizaciones que trabajan para lograr que la sociedad se apropie del derecho a saber y lo utilice, y que al mismo tiempo los servidores públicos no lo vean como una amenaza, sino como oportunidad, externó.

Ibarra Cadena definió uno de los retos que debe superar el organismo a su cargo: aunque tiene relevancia internacional, reconocimiento al modelo institucional y al marco legal, tenemos que seguir profesionalizando al INAI y a las Unidades de Transparencia, y que al implementar el servicio profesional de carrera el capital humano permita ejercer nuestras funciones y tareas de manera óptima.

Y acotó: En ocasiones se dice que “el INAI no quiso dar la información”; pero no es una “bodega” que la contenga. El organismo actúa cuando hay una negativa de las autoridades o sujetos obligados (más de ocho mil a nivel nacional, de los tres niveles del gobierno) y determina si debió haberse entregado. Quien de origen la niega es la autoridad. En eso se ha confundido a la población, en lo que el Instituto no hace ni tiene.

Como comisionada soy la primera en hacer un análisis autocrítico y encontrar qué hay que fortalecer, atender mejor las tareas operativas internas y de conexión directa con los sujetos obligados, entre otros aspectos.

En la sesión, Jacqueline Peschard Mariscal, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, alertó que la reglamentación en materia de transparencia tiene 20 años, y en ese lapso se ha visto que el gran público está alejado de los beneficios de tener información.

“Los grupos que la utilizan son los mismos de entonces: periodistas, académicos, investigadores, empresarios, quienes tienen necesidad de tener los datos a la mano”. Pero falta que el acceso a esta sea reconocido por el público en general como un derecho que es útil para la población.

“Quienes sabemos el valor del acceso a la información no hemos sido suficientemente enfáticos en difundir que ese derecho de las personas debe ser defendido, y de qué manera contrarrestar el acoso y el asedio de la coalición gobernante”, aclaró.

Además, la invasión de la privacidad o el robo de la identidad pueden causar daños irreparables; sin embargo, no hay conciencia de esto. No puede ser sólo una tarea del INAI, otros tienen responsabilidad en el tema, y no sólo los usuarios del acceso a la información, sino los partidos políticos y las organizaciones, finalizó.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha detectado como conducta recurrente de patrones o sujetos obligados la entrega a personas trabajadoras de cantidades de dinero en efectivo o mediante depósitos en sus cuentas, registrándolas en la contabilidad y en los recibos de nómina
como pago por concepto de planes de pensiones, pensión de subsistencia, pensión de sobrevivencia, jubilaciones, renta vitalicia o fondo de pensión.

Independientemente de la denominación del concepto, se incurre en tales prácticas indebidas con el objeto de excluir estas cantidades de la integración del salario base de cotización y evadir así el pago de las aportaciones de seguridad social, al simular fraudulentamente que dichos conceptos no corresponden a ingresos por salario.

Asimismo, se han identificado personas físicas y morales que ofrecen a patrones o sujetos obligados esquemas para simular planes de pensiones, incumpliendo condicionantes mínimas para que estos resulten conforme a derecho; como el mínimo de años de aportaciones y la edad necesaria para gozar de una pensión.

Estas prácticas afectan directamente los derechos de las personas trabajadoras y ponen en riesgo su estabilidad económica y la de sus familias, pues la pensión, dada su naturaleza, debe otorgarse al momento del retiro de la vida laboral, garantizando así la percepción de un ingreso que permite mantener un nivel de vida digno.

Derivado de ello, el Consejo Técnico del IMSS, en sesión ordinaria del pasado 30 de mayo, aprobó el criterio número 01/2023/NV/SBC-LSS-27-VIII (DOF; 08/06/2023), a efecto de orientar a patrones o
sujetos obligados respecto de la exclusión del concepto de aportaciones a fondos de planes de pensiones en la integración del salario base de cotización, regulado en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley del Seguro Social.

Mediante dicho criterio, se determina que realiza una práctica fiscal indebida en materia de seguridad social:

• Quien entregue a sus trabajadores cantidades, en efectivo, vía nómina o por cualquier medio, simulando que se trata para fines sociales, como concepto de planes de pensiones, pensión de subsistencia, pensión de sobrevivencia, jubilaciones, renta vitalicia, fondo de pensión o previsión social, con independencia de la denominación que se determine, con la finalidad de
excluirlos como parte del salario base de cotización para evitar el pago de las aportaciones de seguridad social.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
• Quien excluya del salario base de cotización las aportaciones que se realicen para constituir fondos de planes de pensiones, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

• Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de las prácticas anteriores.

• Todo contador público autorizado que emita una opinión de cumplimiento “limpia y sin salvedades” en el dictaminen en materia de seguridad social de patrones que incurran en cualquiera de las conductas antes señaladas.

En aras de la transparencia y del debido cumplimiento de obligaciones patronales para proteger los derechos de personas trabajadoras y de sus familias, el IMSS exhorta a patrones o sujetos obligados a no incurrir en estas prácticas indebidas en materia de seguridad social; lo que además les evita ponerse en riesgo o incurrir en responsabilidad.

Por último, se invita a las personas trabajadoras a que, gracias al Reporte Personalizado de Cotización en el IMSS (RPCI), disponible en la App IMSS Digital, consulten, mes con mes, su información afiliatoria registrada ante el Instituto.

Asimismo, a que denuncien cualquier irregularidad detectada, llamando al 800 623 23 23, opción 5, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas; o bien, enviando un correo a denuncia.enlinea@imss.gob.mx (consultar información y documentación a anexar en http://www.imss.gob.mx/denuncia).
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, aseguró que la sostenibilidad, planeación y mantenimiento son conceptos que tienen una estrecha relación con una buena planeación de las obras de infraestructura, a fin de optimizar el uso de los recursos materiales y financieros, además minimiza y mitiga los impactos socioambientales que logra un desarrollo sostenible de las carreteras de nuestro país.

Al inaugurar la Primera Reunión Regional del 32 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el titular de la SICT afirmó que este evento no es sólo un ejercicio útil de intercambio de experiencias sino un foro de reflexión necesario sobre tres de los pilares relevantes en la ejecución de proyectos de infraestructura, que son: la sostenibilidad, planeación y mantenimiento.

En compañía del presidente del CICM, Jorge Serra Moreno, y del secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible de Hidalgo, Alejandro Sánchez García, indicó que una vez creado el patrimonio vial éste debe ser sostenible a través de un mantenimiento eficiente, eficaz y regular, de otra manera los beneficios que brinda la infraestructura vial disminuyen con el tiempo.

El funcionario federal señaló que las carreteras son el principal activo de la nación, pues potencian el bienestar y son medulares para el crecimiento y el desarrollo económico, por lo que mantenerlas en buen estado es una condición necesaria para salvaguardar el bienestar.

Durante su presentación magistral resaltó que promover el mantenimiento y contar con una infraestructura más resiliente que soporte los efectos del cambio climático debe ser un objetivo de política pública.

El titular de la SICT destacó que este encuentro ha logrado reunir a funcionarios y expertos de diferentes lugares de México y otros países, con el objetivo de intercambiar las experiencias más relevantes en la sostenibilidad y resiliencia en la infraestructura.

En el encuentro, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Nuño Lara añadió que estos foros permiten identificar las prácticas que han sido útiles en otras latitudes, sistematizarlas, extraer de ellas lo más provechoso y verificar si pueden ser implementadas exitosamente en los proyectos de sus regiones.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC) y director general de Carreteras de la SICT, Salvador Fernández Ayala; el director general del Centro SICT Hidalgo, Ernesto Jáuregui Asomoza; el director general del 32 Congreso, Juan José Orozco y Orozco; la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo, Iliana López Mariano, entre otros funcionarios.
AM.MX/fm

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