Ciudad de México.- En la actualidad la industria minera en México enfrenta diversos problemas y retos debido a la situación global, pero esto se podría agravar todavía más ante las modificaciones propuestas el 24 de marzo de 2023 por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley que regula el sector, la cual fue matizada la víspera por la Cámara de Diputados.
Parte de las modificaciones contempladas por el Ejecutivo incluyen reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, entre otras, para reducir de 50 a 15 años el término de las concesiones y establecer que podrá ser programable por una sola ocasión hasta por un lapso igual.
La iniciativa propone el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público se otorguen éstas, pero bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas.
Además, se elimina el carácter preferente de la actividad minera; es decir, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares, incluso, sobre propiedad social, ya que, dice la propuesta, generan un beneficio exclusivo privado.
Dichos cambios no han sido bien recibidos por el sector minero del país, pese a que López Obrador negó durante su conferencia matutina del 12 de abril que existan riesgos para la inversión por la reforma que propone para restringir los permisos para la minería, que representa el 2.5 % de la economía mexicana.
“No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada”, expuso.
Este 20 de abril, con 290 votos a favor de Morena, PT, PVEM, y MC, así como 186 sufragios en contra del PRI, PAN, y PRD, así como una abstención, fue aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, para endurecer la obtención de concesiones mineras y de agua.
Sin embargo, las modificaciones a las citadas leyes fueron matizadas a comparación de las propuestas por el Ejecutivo federal.
La iniciativa del presidente López Obrador planteaba reducir el tiempo de las concesiones mineras de 50 a 15 años, y la avalada las reduce a 30.
La reforma también elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante; el carácter preferente de la actividad minera; así como el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación minera.
Asimismo, se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera; la consulta previa al otorgamiento del título de concesión, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
De acuerdo con la iniciativa sobre las concesiones mineras la duración de 30 años, de los cuales 5 años son para actividades preoperativas y 25 años de explotación efectiva; se plantea que la concesión pueda prorrogarse por un periodo de 25 años, permitiendo que el concesionario pueda ampliar su titularidad hasta por 55 años.
Ahora será el Senado el que analice el documento para su aprobación o en dado caso regresarla a la Cámara Baja.
Grandes afectaciones
La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que de aprobarse las reformas a la Ley Minera propuestas por el presidente se perderían inversiones de hasta 9 mil millones de dólares y terminará por afectar al menos a 70 sectores industriales del país.
En específico, la Camimex argumentó que la reforma afectaría al sector minero, el cual invierte más de cuatro mil millones de dólares al año con 406 mil empleos directos.
“Nosotros estaríamos hablando fácilmente de unos 4 mil millones de dólares de reducción (en la inversión) anuales (por una aprobación de la iniciativa)”, comentó José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la organización.
Precisó que otros sectores afectados con esto serán la generación de energía eléctrica, siderurgia, acero, automotriz, farmacéutico, químico y construcción.
A nivel internacional, la postura del Gobierno mexicano traería consecuencias poco favorables, pues la aprobación de la propuesta sería negativa para la industria e, incluso, podría desalentar las inversiones del sector minero en el país, alertó Moody´s.
En un comunicado, la calificadora explicó que las propuestas aumentarían la carga regulatoria de los productores e, incluso, hacen que el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en México sea más incierto de lo que ya ha sido a lo largo de esta administración.
“Las condiciones propuestas pueden desalentar a las empresas mineras a invertir más en México y probablemente buscarán en otros lugares, Esperamos que los productores mineros, cuyas operaciones contribuyen sustancialmente a la economía de México, sean involucrados por el gobierno para discutir las propuestas”, destacó Moody´s.
Sobre esto, el presidente de Camimex adelantó que la iniciativa otorga un trato “discriminatorio” a los agentes económicos frente a las empresas paraestatales, lo que derivaría en arbitrajes internacionales, principalmente bajo el esquema del acuerdo comercial sostenido entre los países de América del Norte, el T-MEC.
“Ya nos han comentado las empresa que ellos llegaron a México a invertir bajo ciertas condiciones que existían en ese momento y no es posible, que a mitad de camino, les cambien las condiciones, tanto en la materia impositiva como de regulación, en donde muchos puntos no tienen ningún sentido, entonces sí habría su implicación de demandas internacionales en paneles del T-MEC”, argumentó en conferencia.
En lo que va de la actual administración, no se han entregado ni una nueva concesión minera. En 2018, estaba concesionado para esta actividad, 10.64% del territorio nacional, índice que para el cierre del año pasado descendió a 8.5%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
AM.MX/CV
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