CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004, reveló este viernes La Jornada.
De acuerdo con SinEmbargo, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial en contra de María Amparo Casar Pérez y dos personas más para que sean imputados “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la Ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el Artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de cometido los hechos”.
La investigación contra casar se da luego de que esta recibió la pensión de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, quien murió el 7 de octubre de 2004 al caer desde una ventana del piso 12 del edificio principal de Pemex, y fue calificada como unsuicidio.
Pemex informó en mayo de 2024 que Márquez Padilla ingresó a la empresa como coordinador ejecutivo el 1 de junio de 2004, durante el Gobierno de Vicente Fox, y que permaneció en el cargo 129 días hasta su muerte.
Las autoridades detallaron que el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos inmediatos un día después del deceso del funcionario.
El entonces director de Pemex, Octavio Oropeza Romero, afirmó en 2024 que Casar habría generado un perjuicio económico a la empresa por 31 millones de pesos al recibir pagos mensuales por 125 mil pesos.
Para atender el problema, se solicitaron copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa del asunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. “Al estudiarlas, se encuentra el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, en donde se concluye que ninguna persona privó de la vida al C. Carlos Fernando Marquez Padilla García, ya que él se quitó la vida voluntariamente”, detalló el funcionario.
Oropeza Romero recordó que el exresidente Andrés Manuel López Obrador ya había revelado el caso en su último libro, ¡Gracias!, donde además mostró el caso como uno de influyentismo político.
En el capítulo 4, “La guerra sucia y el desafuero”, cuenta un episodio que catalogó como “un asunto muy penoso” ocurrido en 2004, cuando él era Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital.
“Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que ‘el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida’”, escribió el Presidente.
Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudió con el entonces Procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta “modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.
López Obrador menciona que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder, sin embargo asegura que “el influyentismo se impuso”, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de dos años; el esposo de Casar sólo había trabajado cuatro meses en Pemex.
Debido a estas irregularidades, Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024 y, ante ello, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, en el cual un Juez federal ordenó a la empresa reintegrar los recursos.
A raíz de estos hechos, la FGE judicializó una carpeta de investigación contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, cuya audiencia está programada, según registros del Poder Judicial de la Federación a los que La Jornada tuvo acceso, para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se le darán a conocer los resultados de la investigación realizada y las conductas que se les imputarán a los tres señalados como responsables de la comisión del ilícito.
El Código Penal Federal establece que este delito puede atribuirse tanto a servidores públicos como a particulares que gestionen u obtengan autorizaciones, contratos o adjudicaciones económicas de manera indebida. Asimismo, la legislación determina que quienes cometan este ilícito pueden recibir penas de seis meses a 12 años de prisión, además de una sanción que va de 30 a 150 días multa.
AM.MX/fm
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