Por: Lilia Arellano
“Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido,
desemboca en las dos formas predilectas de la
esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo”: Octavio Paz
- Militarización y narcogobiernos
- Corrompen a uniformados; priva la opacidad
- Hoy, hoy: más homicidios; menos decomisos
- Brinda la Sansores otro campechano fatal show
El peligro del establecimiento de narcogobiernos lo vemos todos los días en la persistente ola de violencia, a pesar de la intensa militarización del país emprendida por AMLO y respaldada por su gabinete de seguridad, integrados a la autodenominada Cuarta Transformación. La ausencia de acuerdos concluyen a balazos entre autoridades y organizaciones criminales. El último ejemplo es el de Salvador Llamas Urbina, morenista y jefe de gabinete del ayuntamiento de Puerto Vallarta –acusado también de narco-, quien fue ejecutado a balazos en un restaurante de Guadalajara, crimen supuestamente planeado con participación por el crimen organizado. También murieron su jefe de escoltas, Luis Fernando Muñoz Ortega, quien fue jefe de la policía municipal de Puerto Vallarta, y un presunto sicario.
El funcionario tenía varias responsabilidades al fungir también como director del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, se le nombró recientemente consejero nacional de Morena y su aspiración pasó de ser presidente municipal a gobernador de Jalisco. De acuerdo con el Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, mediante las cámaras de video del establecimiento se pudo identificar a cuatro de ocho participantes en la balacera del pasado viernes en la colonia Providencia. En conferencia de prensa, explicó: “En estas imágenes observamos al agresor de Salvador (Llamas Urbina) cómo después de detonar (su arma) en contra (del funcionario) corre por la parte trasera del área de la cocina; en ese pasillo se observa al sujeto corriendo hacia el otro extremo del restaurante, regresa y se posiciona en una isla que hay en el interior”. Por la forma de operar de los pistoleros se confirma la presencia de la delincuencia organizada detrás de esta agresión al morenista.
En el análisis de los videos mostrado confirma la versión de los testigos presentes en las mesas del restaurant Sonora Grill, confirmando estaba Llamas Urbina reunido, comiendo en la misma mesa con los asesinos. Se dio a conocer el momento en el cual los agresores arribaron al lugar, se presentaron en el lugar donde se encontraba el funcionario, lo acompañaron, y después de unos minutos uno de ellos accionó el arma de fuego contra Salvador y el excomisario Luis Fernando Muñoz.
Joaquín Méndez señaló: “Estamos requiriendo el número de escoltas que traía este funcionario, de cuántos vehículos, se refiere que uno está blindado, el que está asegurado, y necesitamos incluir toda esta información, la que está en la carpeta; como podemos observar, los agresores estuvieron con él, ya tenían la dinámica bien establecida y lo atacaron”. Tras la agresión, añadió el funcionario: “se aseguraron varios vehículos, incluyendo la camioneta con logotipos de una empresa de seguridad privada, que hasta el momento se desconoce si está registrada ante la Secretaría de Seguridad. Además, las armas serán comparadas mediante peritajes para identificar si tienen relación con la balacera registrada el pasado 2 de octubre en Plaza LandMark, en la zona de Andares de Zapopan, luego de que Llamas Urbina publicó en redes sociales que se encontraba presente al momento del tiroteo”.
El Fiscal jalisciense sostuvo: “Fue una agresión diseñada, orquestada, alguien me preguntaba en aquella ocasión (el día de los hechos) si una de las líneas de investigación era la participación del crimen organizado; yo retomando mi respuesta, les dije que era evidente la participación (…) Ahora con los avances que tenemos, se confirma esa línea que se está trabajando, que es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de Salvador por la manera en cómo se llevaron a cabo los hechos”. En la conferencia, también resaltó quedan varios cuestionamientos en el aire, por ejemplo, dónde quedó la mochila del funcionario asesinado, ya no apareció en la zona, y por qué el titular de la dependencia gestionadora y operadora del agua potable de ese municipio contaba con el excesivo número de escoltas, entre ellos policías de Vallarta, además de los vehículos blindados.
Curiosamente le pasaron una tarjeta y la exposición cambió de rumbo al rechazar las afirmaciones sobre la actuación de la delincuencia organizada en estos crímenes.“Si fuera un tema de crimen organizado, la investigación la tendrían autoridades federales”, y tal vez sea ese el siguiente paso en virtud de ir aumentando los casos en los cuales se relaciona a los morenistas directamente con el crimen organizado, con las mafias y con eso de darles el visto bueno a candidatos, costear sus campañas o llevarlos a ocupar una plaza por ellos otorgada como son claramente vistos los casos en Tamaulipas, Sonora, Guerrero, San Luis Potosí, tal vez no les gustaron las ambiciones de Llamas Urbina y ¿no cumplió? Por lo pronto el fiscal está contra la pared, ya se verán las instrucciones del gobernador o habremos de esperar la siguiente investigación de Guacamaya.
MILITAR A LA VISTA
Por otra parte, el enorme poder brindado por el presidente López Obrador a los militares será difícil de revertir en el corto plazo. Además del incremento de soldados en todo el territorio nacional, las funciones de control de aduanas y puertos, o la construcción de obras monumentales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o al Tren Maya, los recursos económicos designados para las Fuerzas Armadas son extraordinarios y manejados con total opacidad. Las filtraciones del colectivo Guacamaya así como los análisis de organizaciones no gubernamentales en donde dan seguimiento a este tema, revelan el gobierno federal y las Fuerzas Armadas tienen bajo su control una bolsa discrecional de 113 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero.
La Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Sarahí Salvatierra, precisó: al cierre de 2021, aún existían poco más de 350 fideicomisos con una bolsa de 509 mil 855 millones de pesos, los más importantes relacionados con la Ley Aduanera y para gastos de equipamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con documentos de la Sedena, obtenidos por el grupo de hackers, el Gobierno federal planea gastar los 113 mil millones de pesos existentes en el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). Precisan: de ese monto, 53 mil 615 millones son para “Obras Prioritarias”, incluidos 28 mil 289 para obras en el corredor del Istmo de Tehuantepec, controlado por la Secretaría de Marina (Semar); 21 mil 299 millones para obras de la Sedena en la frontera norte, y 3 mil 927 millones para el denominado Proyecto Guaymas, el cual contempla una carretera y puerto. Otro grupo, denominado “Compra de Equipo”, absorberá 9 mil 267 millones de pesos, de los cuales 7 mil 822 millones son para la Semar; mil 20 millones, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y 425 millones para el Tren Maya.
La Sedena tendrá además otros 17 mil 154 millones adicionales para modernizar aduanas en ocho estados.
Estos datos, publicados hoy en Reforma, precisan la recepción en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) de 10 mil 911 millones de pesos para su gasto operativo, mientras al SAT le dejaron 34 mil millones, pues el FACLA ha sido, desde hace años, la fuente de financiamiento de contratos tecnológicos del órgano tributario. Todos estos recursos son adicionales a aquellos aprobados en el futuro próximo en la Cámara de Diputados, en los Presupuestos de Egresos para 2023.
Respecto al despliegue militar en las calles del país, datos de Defensa Nacional obtenidos vía transparencia, confirman es el despliegue militar para tareas de seguridad durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de casi el doble de los autorizados en los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón Hinojos y Enrique Peña Nieto. Los datos indican: en 2021 había 90 mil efectivos desplegados en tareas de seguridad pública en todo el país, mientras al cierre del gobierno del priísta en 2018 eran 54 mil, y en 2012, cuando terminó el gobierno calderonista, estaban en las calles 49 mil elementos castrenses.
López Obrador ha ido incrementado la cantidad de efectivos: durante todo el 2019 había 52 mil 70 soldados en las calles; para el 2020, la cifra se incrementó a 76 mil 198; en 2021 escaló a un total de 90 mil 23 uniformados, y para el año en curso, hasta julio, disminuyeron a 85 mil 806, de acuerdo con datos de la Sedena. El mandatario insiste en la permanencia del Ejército para realizar tareas de seguridad y contra el crimen organizado hasta el 2028, algo ya aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y sólo se espera la aprobación de los congresos estatales para su promulgación. Estas autorizaciones sin contar el Ejército o su brazo ejecutor, la Guardia Nacional, con una estrategia han propiciado el aumento en la cifra de homicidios dolosos, de ejecuciones, de masacres.
A nivel nacional, el crecimiento del narcomenudeo es de alrededor de 80 por ciento, pero algunas entidades muestran casos en los cuales se triplicaron o cuadruplicaron: Guanajuato, Coahuila, Baja California, Chihuahua y Ciudad de México son los estados con más casos abiertos. En Guanajuato, en el sexenio pasado, se registraron 21 mil carpetas de investigación, frente a 64 mil en el actual gobierno. Coahuila, en segundo lugar, pasó de 14 mil registros en venta de drogas a 36 mil 400 en los periodos mencionados. En Baja California, pasaron de 14 mil 700 a 35 mil 400. Chihuahua, se ubica en cuarto lugar, contabilizando de 22 mil 800 carpetas de investigación a 23 mil 500. Y en la Ciudad de México, este delito pasó de 11 mil 100 a 19 mil 900 casos en los últimos cuatro años.
Esta información obtenida del hackeo de Guacamaya y producto de investigaciones periodísticas basadas en datos proporcionados por organizaciones civiles, autónomas, sin dependencia gubernamental, es minimizada por el presidente quien, rebasando a Narcizo, se burla del “bombazo” anunciado: “tal bombazo era sobre mi salud”.
DE LOS PASILLOS
En la sede del Congreso de Veracruz, el “inteligente” Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y “corcholata” presidencial, aseguró que los municipios y estados fallaron en su tarea de ganarle la batalla a la inseguridad y le dejaron toda la carga a la Federación, por lo cual justificó la necesidad de la participación de las fuerzas armadas… El funcionario recibió quejas de legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano por la falta de resultados en materia de seguridad. La bancada panista decidió no participar en las exposiciones del titular de Segob, quien los criticó porque –señaló- “tiran la piedra y esconden la mano, lamentable que no hayan querido intervenir”…
La pelirroja campechana, quien finge ser la gobernadora, entra y sale del tema sobre la una supuesta exhibición en contra de Ricardo Monreal, con singular desfachatez. El presidente, dicen, defiende al zacatecano, sin embargo la mentira está a la vista. ¿Por qué la operada ex delegada no actúa guardando silencio como lo hizo cuando recibió instrucciones de no seguir molestando al compa “Alito”? Seguirle el juego es hacer feliz a don Andrés de quien el legislador ha recibido desdenes y poco agradecimiento a la labor hecha en su favor, porque hasta los puntos de vista con los cuales no hay coincidencia debieran hacer razonar positivamente al tabasqueño. Aunque lo que natura no da…
Te recomendamos:
Yucatán, el estado más seguro del país: SESNSP
