CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del día mundial de la alimentación, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agrícolas, UMFFAAC, así como productores agrícolas representados por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa, CAADES, expresaron su profunda preocupación por las políticas contradictoria que ha tomado el gobierno y que vulneran la seguridad alimentaria del país.

El presidente de la UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo “el gobierno está atrapado en un círculo vicioso en el que se buscan objetivos como controlar el aumento de los precios de los alimentos, aumentar la productividad agrícola y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, pero al mismo tiempo aplica políticas que impiden lograr cada uno de esos objetivos, que vulneran la seguridad alimentaria del país.”

González Cepeda dio como ejemplo el anuncio de la Licencia Universal para importar alimentos, en la que el gobierno delega en las empresas la inspección y vigilancia sanitaria, “se corre el grave riesgo de importar también plagas y enfermedades que terminarán afectando a la producción nacional, y por lo tanto, encarecería los alimentos producidos en el país, lo cual obligaría a aumentar las importaciones, entrando así en un círculo del que es preciso salir para que no se vulnere la seguridad alimentaria, ni profundizar la crítica situación en que se encuentra el campo mexicano.”

Por su parte, el presidente de CAADES, Marte Nicolás Vega Román, también expresó la preocupación de los productores agrícolas de Sinaloa, el mayor productor de maíz y de hortalizas, porque “todas las regulaciones que buscan limitar el uso de plaguicidas y que están en discusión en el Congreso, en caso de aprobarse equivaldrían a quitar los instrumentos de trabajo que necesitan los productores para garantizar la productividad de sus cultivos que requiere satisfacer la demanda de alimentos del país.”

Vega Román explicó también que el glifosato se aplica antes de la siembra de varios cultivos, en particular en el sistema de labranza de conservación y que su eventual eliminación solo ocasionaría que se pierda competitividad en los mercados y con ello bajas en la producción, pues se trata del herbicida más eficaz y económico (por patente ya caduca) en el mundo y si el gobierno quiere eliminarlo, lo único que causará es tener menor producción y con ello tener que recurrir a más importaciones de los Estados Unidos, país donde sí se utiliza este producto.

Ambos directivos coincidieron también en que, si queremos lograr la autosuficiencia alimentaria, es indispensable aplicar políticas que fomenten la producción en el campo, con medidas que apoyen al productor agrícola con insumos técnicos, fertilizantes, créditos y mecanización y no privilegiar programas de asistencia que privilegian el autoconsumo y técnicas tradicionales de producción.

González Cepeda precisó que solo el año pasado las compras agrícolas a Estados Unidos fueron de 26 mil 500 millones de dólares (alrededor de 530 mil millones de pesos, más del doble de la pensión para adultos mayores de este año), y que, si bien en 2021 tuvimos un superávit en la balanza comercial agroalimentaria de 7 mil millones de dólares, en 2020 el superávit era de 15 mil millones de dólares. Además, seguimos teniendo dependencias preocupantes porque importamos 38% del maíz que consumimos, más del 80% de arroz, 96% de soya, 65% de trigo, 22% de leche y 40% de carne de cerdo.

Finalmente, los directivos de la UMFFAAC y de CAADES hicieron un llamado a legisladores y funcionarios vinculados al sector agropecuario del país, a escuchar la voz de los productores agrícolas y a considerar que el reto de alimentar diariamente a un país tan grande como México, requiere aplicar políticas eficaces para aumentar la producción en el campo, porque solo así se podrá garantizar la autosuficiencia alimentaria del país.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de responder por presuntos delitos de índole sexual, deberá hacerlo por corrupción, delincuencia organizada y violación a los derechos humanos, así lo afirmó el colectivo Justicia Transversal Mexicano (JTM).

A través del abogado Mauricio Santiago Eder, el centro de derechos humanos aplaudió que las autoridades del circuito judicial ordenaran el arresto inmediato de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, para que responda por acusaciones de índole sexual en contra de una de las integrantes de la comunidad politécnica.

“Aplaudimos que un juez haya ordenado que el funcionario federal sea presentado de manera inmediata en el reclusorio norte, como parte de la carpeta judicial 005/221/2021, sin embargo, es necesario que la autoridad federal haga lo mismo por la presunción de delitos de orden federal y en contra de los derechos humanos.

“La orden de aprehensión sólo es por el presunto delito en contra de la intimidad sexual agravado, donde la víctima es una persona que integra la comunidad politécnica; sin embargo, hemos solicitado que avance un amparo para que Ruiz Víquez Cuevas responda por las otras acusaciones”, dijo.

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que según constan en diferentes carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) Carlos Ruiz Víquez Cuevas lidera un grupo al interior del centro de estudios con los que se ha beneficiado de manera económica con la aprobación de diversos contratos.

Prueba de ello, es la acusación -de la que ya tiene vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)- sobre la violación a los derechos de alumnos, académicos, investigadores, al quedar vulnerados con la posibilidad de acceder a servicios como el internet y conexión digital.

El centro de JTM ha solicitado la intervención inmediata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del ministro que preside el pleno, Arturo Zaldívar Lelo Larrea, para que a la brevedad proceda un juicio de amparo en contra de él (Víquez Cuevas) y otros funcionarios por delitos de corrupción, asociación delictuosa y violación a derechos humanos.

El litigante Santiago Eder subrayó que las carpetas ministeriales señalan una compra simulada, donde autoridades de esta institución, entre ellas, Ruiz Víquez Cuevas, han desviado 9 millones de pesos del erario en contra de empresas del sector tecnológico que realizan estas operaciones de conexión digital en México y en el mundo.

Santiago Eder solicitó al titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, “hacerse responsable por los delitos de sus subalternos y manifestarse a favor de la comunidad politécnica, de lo contrario, ante su persistente silencio, hace pensar que él está inmiscuido -por acción u omisión- por los atropellos en contra de la comunidad.

El juicio de amparo en mención es el que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el pasado 4 de abril de 2022 sin emitir sentencia.
AM.MX/fm

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