En un comunicado emitido en conjunto, organismos empresariales se pronunciaron respecto a la iniciativa del presidente López Obrador con la que se busca desaparecer la subcontratación en el país. En el documento se plantea la disposición de estos organismos a analizar esta propuesta del Ejecutivo para erradicar malas prácticas laborales por parte de quienes usan la figura de la subcontratación de manera indebida.

Según datos del Censo Económico 2019, hay 4.6 millones de personas ocupadas en el país bajo esta modalidad, siendo las industrias manufactureras (automotriz o aeroespacial) las que concentran la mayor cantidad con 1.2 millones de empleos altamente especializados. Eliminar la subcontratación legal significaría un duro golpe para la economía nacional, ya que millones de empleados dependen de dicho modelo de contratación.

CAMARA DE DIPUTADOS

PARLAMENTO ABIERTO SOBRE SUBCONTRATACIÓN

23 Nov 2020

POSICIÓN ORGANISMOS EMPRESARIALES

Organismos empresariales como el CCE, Coparmex, Concanaco y Concamin, estuvieron de acuerdo en analizar la iniciativa del presidente y en regular la subcontratación que viola derechos laborales. Hay que prohibir lo ilegal, pero no eliminar, es la tendencia mundial del empleo dijeron hoy en el Parlamento Abierto sobre Subcontratación organizado por la Cámara de Diputados.

Necesitamos reglamentarla, regularla, crear un marco legal que proteja a los trabajadores, impulse la competitividad, atraiga inversiones y genere certidumbre jurídica. Uno de los grandes problemas que enfrenta el país es la informalidad y esta reforma es lo que puede provocar. Todo el Just-In-Time que existe se hace a través de estas figuras a nivel mundial, comentó Tomás Natividad Sánchez, asesor laboral del CCE.

En tanto, Armando Guajardo Torres, presidente de la Comisión Laboral de COMPARMEX Nacional, expuso que COPARMEX coinciden en que es imperativo a quienes usan indebidamente la figura de la subcontratación para otorgar menos prestaciones a los trabajadores, pero esto no presupone un problema de la Ley si no el cumplimiento de la misma. Y por parte de las autoridades hacerla efectiva.

Ésta es una práctica común en todo el mundo que permite incrementar la competitividad de las empresas y ofrecer mayores oportunidades de empleo y su uso está restringido, es decir, ya ha estado regulada desde el año 2012.

Por lo que de conservar la redacción actual de los artículos 12 y 13 que regulan la intermediación, prohíben la subcontratación que es una actividad lícita es inconstitucional ya que contradice lo que ya se establece en el art 5to de la Constitución.

Para atacar las prácticas ilegales solo se necesita aplicar la Ley no modificarla, sin embargo, se apoya que se incluyan algunas precisiones como la del servicio especializada

Se debe hacer un registro de empresas de subcontratación evitando que se dé ese registro de manera discrecional, incluir la afirmativa ficta en caso de la autoridad no se pronuncie al respecto, fortalecer la inspección del trabajo como un medio de verificación del respeto a los derechos de los trabajadores. Las multas deben ser adecuadas a la capacidad económica del sancionado. También propuso un tope respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades.

La iniciativa resta competitividad a México. La Ley tiene un efecto de control del Estado a las actividades económicas de los particulares. Es probable que quien redactó la ley no visualizó ese efecto. Debemos entender que toda la economía mexicana presta servicios especializados y ahora resulta que toda esa actividad se va a someter a la Secretaría del Trabajo para poder operar. Es una reforma en materia de subcontratación, no una reforma de control de servicios de actividades económicas. No hay una definición de especialización y se requiere un periodo de implementación de la ley, señaló por su parte Juan Carlos De La Vega, vicepresidente de la comisión laboral de la Coparmex.

La terciarización en México nace con la idea de eficientar la nómica, así como para tomar la responsabilidad con los clientes en el ámbito de los ordenamientos constitucionales, externó.

César Mayab Canudas, presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la CONCAMIN. Y esta es un aliado estratégico, por ejemplo, en empresas manufactureras automotrices quienes son provistas de muchos productos realizados por terceros, de no ser así habría un gran problema de suministro y, por ende, de producción.

Enrique Octavio García Méndez, presidente de la Comisión Laboral de la Concanaco, indicó por su parte que es necesario resaltar que se maneja una autorización de la Secretaría del Trabajo, “nosotros sugerimos un registro, para no limitar a las empresas. Nos preocupa el inicio de la vigencia en materia fiscal, por el poco tiempo que tendrán las empresas, por eso, plantemos que sea hasta enero 2022”. La competitividad y productividad no se debe llevar a costa de los trabajadores, por eso la importancia de regular la actividad. Lo ideal no es eliminar sino regular la actividad, para promover la competitividad en las empresas.

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AMX/kmj