PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, 13 de marzo (ElMaya.MX).- Con el apoyo de su pareja sentimental y socio del Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas (GIISESA), S.A. de C.V., la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña, pretende a toda costa arrebatarle a los ejidatarios un cotizado predio de 10 hectáreas para instalar un parque eólico que le generaría una fortuna con la venta de energía eléctrica.

Sin embargo, la mayoría de las 150 personas que cuentan con derechos en el ejido advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias para impedir que les sea arrebatado lo que por derecho les pertenece y acusaron de traidores a sus compañeros que siempre se han vendido a las autoridades para sacar beneficios personales.

Y es que para alcanzar su ambicioso plan personal y empresarial, la alcaldesa que vive en Cancún pero que gobierna Puerto Morelos, ha desplegado a un grupo de funcionarios al servicio del Ayuntamiento para presionar a los ejidatarios con el fin de que cedan ante sus caprichosos planes.

Los emisarios de Fernández Piña, los cuales son señalados de traidores, son funcionarios y ejidatarios: Miguel Ángel Cetina Cuevas (actual secretario general del Ayuntamiento); los hermanos Alejandro, José Luis, Manuela de Jesús (Seguridad Pública); Pilar y Roque Rubén Montoya Mex, Lucio González y Hernández (primo del ex gobernador Félix González Canto), Gerardo Lorenzo Yauffmann Barroso (asesor del Ayuntamiento).

La reelecta alcaldesa ha lanzado diversas estrategias para seducir o doblegar (según sea el caso), a los ejidatarios que se resisten a entregarle en donación 10 hectáreas en una zona de alta plusvalía del municipio de Puerto Morelos, en donde bajo el pretexto de construir una planta de tratamiento de aguas residuales, en realidad lo que pretende es la creación de un parque eólico que construiría Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas (GIISESA), S.A. de C.V., del cual es socio su actual pareja sentimental.

De hecho, la empresa Grupo Internacional Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas (GIISESA), S.A. de C.V., representada por Francisco Javier Juárez Tec, es la consentida de Laura Fernández, pues en su corto período de gobierno le ha otorgado dos concesiones: Una por un monto de cuatro millones 284 mil 935.44 pesos por los trabajos de rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en la delegación Leona Vicario.

Y la segunda, se adjudicó la rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en las colonias 23 de enero y Joaquín Zetina Gasca por un monto de ocho millones 229 mil 963.50 pesos. La empresa que se encuentra en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, está representada por los señores Gudelia Tec y Tamayo, y los hermanos Alejandro y Francisco Javier, ambos de apellidos Juárez Tec.

Fuentes cercanas a la alcaldesa, afirman que se pretende generar energía eléctrica por medio de torres eólicas para revenderla a la Comisión Federal de Electricidad y a particulares, en especial al Centro Logístico del Sureste. El primero de cinco en todo el país, creado para distribuir mercancías hacia diversas partes del continente americano.

Cerca del codiciado predio que quiere Laura Fernández Piña está justo enfrente a la propiedad de Moisés-El Mann, presidente de E-Group, primordial inversor del desarrollo, propietario de Fibra Uno y de los principales parques industriales en México.

La idea de la alcaldesa es vender la energía eléctrica al Centro Logístico que se construye sobre 34 hectáreas de lo que hace tiempo fue el Parque Industrial de Puerto Morelos y que consistirá en un punto concentrador de la oferta de productos locales, regionales y nacionales que pretende abastecer la industria hotelera de Cancún y la Riviera Maya.

El lugar se ubicará en Puerto Morelos, a 15 minutos del aeropuerto internacional de Cancún; contará con naves de almacenamiento, red en frío o zona de frigoríficos para almacenar una alta variedad de perecederos, un hotel de no menos de 250 habitaciones, departamento de ensamble de mercancías, zona de bancos, oficinas, salones de negocios, restaurantes y tiendas de conveniencia.

La segunda etapa es mucho más ambiciosa, consiste en un centro de exportaciones marítimas que aproveche el muelle de Puerto Morelos para exportar hacia diversas partes del Continente. Éste contará con 234 hectáreas de terreno, desde donde se podrá exhibir de manera permanente una oferta comercial internacional con capacidad de movilidad marítima y aérea, aprovechando la conectividad mundial con que cuenta el aeropuerto internacional de Cancún.

La habilitación del muelle de Puerto Morelos se realizará respetando todas las condicionantes ambientales que existen, pero haciendo viable el puerto para la carga y descarga de contenedores, así como para el atraque de buques cargueros.

En primera instancia se buscará atacar las oportunidades de proveeduría de insumos hoteleros para toda la industria del Caribe.

Ante tal banquete para la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, ha lanzado a sus subordinados, los emisarios de Fernández Piña, los cuales son señalados de traidores son funcionarios y ejidatarios Miguel Ángel Cetina Cuevas (actual secretario general del Ayuntamiento); los hermanos Alejandro, José Luis, Manuela de Jesús (Seguridad Pública), Pilar y Roque Rubén Montoya Mex, Lucio González y Hernández (primo del ex gobernador Félix González Canto), Gerardo Lorenzo Yauffmann Barroso (asesor del Ayuntamiento) a realizar labores de convencimiento.

En principio, les ha ofrecido a los ejidatarios la condonación de impuestos. En los últimos días algunos ejidatarios de Puerto Morelos han desfilado “en secreto” por el ayuntamiento y salieron con la promesa de que les será condonado el pago del impuesto predial con el fin de que voten a favor de la donación del predio.

Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido pues algunos ejidatarios afirman que no sólo están ofreciendo perdonar el pago de impuestos, pues existe otra promesa corrupta, usar sus cargos públicos para cambiar usos de suelo.

La repentina buena voluntad de Fernández Piña hacia los ejidatarios de Puerto Morelos tiene como fin presionar a ejidatarios para que cedan hectáreas con el pretexto de que serán para equipamiento del municipio.

Sin embargo, ejidatarios afirmaron que hasta el momento no se ha presentado un proyecto que justifique un área de donación, y no lo han hecho porque no existe tal proyecto, todo apunta a que serán predios para beneficio particular, existen funcionarios en el ayuntamiento que tienen información privilegiada acerca de esta zona y ya están traficando con ella.

Los verdaderos dueños de la tierra explicaron que lo que están ofreciendo los funcionarios municipales es completamente ilegal, por lo que se les invitó a denunciar a la Fiscalía Anticorrupción del estado para terminar con estas prácticas corruptas.

Y por último hicieron un llamado para que, si tienen necesidad económica y van a vender sus ejidos, “véndanlos bien, ya suficiente nos han fregado Laura Fernández y sus arribistas como para que le regalen tierras de alta plusvalía, si esperan algunos meses el valor de esos predios será mucho más alto que el actual.

CON LARGO HISTORIAL

Laura Fernández Piña, anteriormente, en caso parte había solicitado al ejido la donación de 20 hectáreas de sus tierras para la supuesta instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto, aprovechando el manejo de información privilegiada en torno al Tren Maya y a la construcción del Parque Logístico “Puerto Morelos Park”.

La responsabilidad de adquirir las tierras para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales es la multimillonaria empresa mexicana Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V. (DHC), mejor conocida como la ecocida Aguakan.

Requerían como máximo dos hectáreas para la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que se desconocía cuál sería el fin de las restantes 18 hectáreas que solicitó Fernández Piña, con el respaldo de su secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina Cuevas, personaje ligado al ex gobernador Félix González Canto.

El interés de Fernández Piña por solicitar en donación el predio de 20 hectáreas se despertó luego de que obtuviera información privilegiada en torno al lugar en donde se construirá la estación del Tren Maya en Puerto Morelos, por lo que en poco tiempo la plusvalía de la zona se irá por los cielos.

Además, cerca del mismo predio que solicita en donación, está el parque logístico “Puerto Morelos Park”, proyecto que detonará la economía del municipio, constituye el centro estratégico de apoyo ideal para el desarrollo empresarial y turístico del Sureste del país, consolidándose como centro de acopio y distribución.

La construcción del Puerto Morelos Park está proyectado en su primera etapa sobre 39 hectáreas de lo que hace algún tiempo fue el Parque Industrial de Puerto Morelos, que pretende posicionarse como un punto concentrador de la oferta de producción local, regional y nacional, para abastecer la industria hotelera del corredor Riviera Maya desde Cancún hasta Tulum, mediante el manejo, transformación y almacenaje de mercancías.

El proyecto que en un principio se llamaría Centro Logístico del Sureste, hoy se llama Puerto Morelos Park, y cuenta con 93 mil 825 m2 para la operación de CEDIS, áreas de frigoríficos, y naves desde 500 m2 y estará ubicado sobre la carretera Cancún-Tulum, entre el kilómetro 317 y 320.

Laura Fernández Piña se ha asociado con el terrateniente yucateco, Luis Felipe Castillo Campos, con quien tiene planeado apoderarse de vastas extensiones de en el municipio más joven de Quintana Roo.

Como se recordará, su primer gran golpe fue, la simulación de una supuesta compra-venta de 500 lotes de las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, pero van por más pues entre ambos buscan apoderarse de la comisaría ejidal que tiene reservas territoriales de alta plusvalía.

TRABAJA CON EMPRESAS FANTASMAS

Como se recordará, la presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, en su momento comercializó predios que no le pertenecían con la ayuda de empresas fantasmas encabezadas por Luis Felipe Castillo Campos.

El predio donde se ubican las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, respectivamente, cuenta con al menos siete órdenes de embargo.

Aprovechando la ausencia y, en algunos casos complicidad, de las autoridades federales y estatales, Castillo Campos y Fernández Piña no sólo evaden pagar 12 millones de pesos por los siete embargos que pesan sobre el predio, sino que hacen negocios a sus anchas, lucrando voraz y despiadadamente, con las familias de bajos recursos al venderles a precios exorbitantes una tierra que se encuentra hundida en litigios laborales, comerciales y administrativos.

Una investigación de Sol Quintana Roo revela que el predio ha sido embargado en por lo menos siete ocasiones, mismas que han quedado asentadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Quintana Roo.

El primer embargo del orden judicial fue el 6 de mayo de 2010, ordenado por el juez tercero de primera instancia, Dulce María Balam Tuz, bajo el número de registro 1236/10 dentro del expediente 411/10 a favor de Arturo Altamirano Hurley en contra de Constructora Rural y Urbana del Sureste, SA de CV, por un monto de 378 mil dólares.

Las dos siguientes órdenes de embargo se desprenden de denuncia laboral interpuesta el 21 de diciembre de 2010. La segunda a favor de Francisco Poot Dzib y la tercera en beneficio de Patricia Rodríguez Espíndola. Ambas contra la propiedad de la empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.”, predio en donde se encuentran asentadas las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”.

En estos laudos laborales no solo se determinó el embargó y si no también se ordenó el remate, ya que los quejosos recibieron el beneficio de la ley por medio del mandato del presidente de la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje, Javier Ernesto Rosado Sauri, y la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) del Estado quienes ordenar el embargo y el remate del predio ubicado en la súpermanzana 17, manzana 150, con una superficie cercana a los 100 mil metros cuadrados, en el municipio de Puerto Morelos del Estado.

El expediente 610/2010 consistente en más de 150 hojas, cuyas copias obran en poder de este reportero, revela que Francisco Poot Dzib y Patricia Rodríguez Espínola, junto con su abogado César Amir Rodríguez Delgado, entablaron una denuncia laboral por despido injustificado, en el que solicitaban una indemnización de un millón 700 mil pesos, cifra que se acumuló a lo largo de tres años del proceso.

La cuarta, quinta y sexta órdenes de embargo fueron a favor de Esteban Euán Uitzil, y otras dos personas, determinados el 21 de noviembre de 2011 contra la Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV. Este embargo, también proviene de un laudo laboral emitido por la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje contra el predio ubicado en la súpermanzana 17, manzana 150, con una superficie cercana a los 100 mil metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.

La indemnización que solicita es por un millón 700 mil pesos, cifra que se acumuló a lo largo de del proceso que a la fecha no se resuelve.

El séptimo embargo, fue determinado en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto que supera el millón de pesos. En este caso resulta sorprendente que el IMSS en Quintana Roo no procedió y la fecha no deja claro porque no ha procedido contra la Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV de Luis Felipe Castillo Campos.

Lo sorprendente del caso es que ninguna autoridad estatal ni federal han procedido, sea por ausencia o por complicidad. Sin duda, en los embargos y la aplicación de la justicia están involucrados la Junta de Conciliación del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedetus), el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de la Contraloría del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras.

Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho acto de presencia para impedir el despojo y la voraz comercialización de unos 500 lotes donde están asentadas las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”.

DATOS REVELADORES

La investigación descubrió un dato revelador sobre la irregularidad del predio y las empresas Luis Felipe Castillo Campos. En 2007 el empresario de Nuevo León, Ricardo Eugenio Reyes Cárdenas, canceló un contrato de compraventa del mismo predio.

Según el título de propiedad número 173, volumen “C”, folio 188, acta 223, fechada en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 28 de febrero de 2008 realizado ante el notario Luis Silveira Cuevas, el terreno les fue otorgado por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) con dimensiones de más de 14 hectáreas.

Este mismo predio Luis Felipe Castillo Campos se lo quiso vender al empresario Ricardo Eugenio Reyes Cárdenas, pero al conocer la información anómala y alterada del predio optó por rechazar el contrato de compra-venta.

Y es que Luis Felipe Castillo Campos es sin duda un cómplice de un fraude millonario que encabeza la presidenta municipal con licencia, Laura Fernández Piña, en la compra-venta de 500 lotes de las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”.

Es por ello que ha creado ocho empresas con las ha pretendido borrar el rastro de la ilegalidad en la que está hundido el predio.

Y si, Luis Felipe Castillo Campos cuenta con el registro de por lo menos ocho empresas, la mayoría de ellas solo aparecen en algunos contratos de compraventa y otros “bisnes”, pero no cuentan con domicilio fiscal en Quintana Roo no mucho menos en Yucatán, en donde supuestamente tienen origen.

Sin embargo, la mayoría de ellas han sido beneficiadas en Quintana Roo, específicamente en los últimos 12 años.

Estas empresas son Constructora Inmobiliaria Construye S.A. de CV, Constructora Inmobiliaria Campos Panchos S.A. de CV., Fábrica de Terrazos Bloques del Sureste S.A. de C.V., Fábrica de Agregados y Bloques del Sureste S.A. de C.V., Asfaltos y Emulsiones Peninsulares S.A. de C.V., Triturados y Concretos de la Península S.A. de C.V., Constructora Rural y Urbana Sureste S.A. de C.V., y Musa Express S.A. de C.V.

Para empezar Constructora Rural y Urbana Sureste S.A. de C.V se benefició durante el felixiato con la compra del predio donde se encuentran los asentamientos irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”.

Según el título de propiedad número 173, volumen “C”, folio 188, acta 223, fechada en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 28 de febrero de 2008 realizada ante el notario Luis Silveira Cuevas, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) les vendió el predio de más de 14 hectáreas en la irrisoria cantidad de 15 pesos el metro cuadrado.

Sin embargo, ahora ocho años después, Luis Felipe Castillo Campos y Laura Fernández Piña pretenden vender en cerca de mil pesos el metro cuadro de los predios en donde se encuentran las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, es decir que el empresario beneficiado por los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge está realizando el negocio de su vida junto con la reeleccionista Laura Fernández.

El acuerdo entre la empresa fantasma, y los posesionarios de los lotes, fue que pagarían por cada predio 160 mil pesos, y los tendrán que saldar antes del 30 de septiembre, es decir, antes de que entre la nueva administración municipal que se elegirá en las próximas elecciones de julio.

El monto total de los predios, considerando las 460 familias que supuestamente tienen posesión, asciende a los 76 millones 600 mil pesos, sin considerar los 40 predios desaparecidos que tendrían un valor de 6 millones 400 mil pesos.

Pese a que a que el convenio hace referencia a la certeza patrimonial, a la fecha ninguna de las familias ha firmado contrato alguno en donde se establezca de manera formal el precio del lote, las dimensiones y el compromiso de que recibirán el título de propiedad cuando se concluya el pago total.

EM.MX/fm