CIUDAD DE MÉXICO.- El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, está lejos de cerrarse. A casi cuatro semanas del crimen, las identidades de los presuntos responsables continúan envueltas en contradicciones y fallas oficiales. La versión de las autoridades investigadoras no sólo se modificó cuatro veces en menos de diez días, sino que se apoyó en fotografías, nombres y supuestos confesos sin origen verificable.
La primera versión del gobierno federal presentó a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, “El Cuate”, como el asesino material; una identidad que resultó ser un montaje digital difundido el 4 de noviembre por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Dos días después, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, desmintió esa línea y confirmó que el tirador abatido era Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años. Para el 10 de noviembre ya se reportaba la ejecución de dos nuevos implicados, identificados sólo por los nombres de pila. Fernando Josué «N» y Ramiro «N». Cuatro días más tarde, el discurso oficial presentó otros dos nombres con alias: Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, como supuesto autor intelectual, y Jaciel Antonio «N», “El Pelón”, como reclutador de los jóvenes sicarios.
Sin embargo, durante la audiencia de control en el penal del Altiplano, presidida por el juez Luis Fernando Díaz Parra, Jorge Armando “N” negó cualquier vínculo con el crimen organizado y rechazó la acusación de ser el autor intelectual del homicidio. Declaró que nunca ha pertenecido a ningún cártel y denunció que fue detenido y golpeado para obligarlo a firmar declaraciones. “No conozco a nadie del narco ni pertenezco a ninguna organización criminal”, afirmó ante el juez. Su defensa señaló irregularidades en la detención y en la narrativa fiscal que lo asocia con el CJNG. Tras escuchar a ambas partes, Díaz Parra ordenó prisión preventiva mientras continúa la investigación por homicidio calificado.
De desaparecido a sicario, el caso de Fernando Josué
La segunda identidad plenamente confirmada fue la de Fernando Josué Leal Aceves, de 16 años, uno de los jóvenes ejecutados y hallados en la carretera Paracho–Uruapan. Su nombre era conocido en la región desde marzo de 2023, cuando fue reportado por su madre María Teresa Aceves como desaparecido junto a otro adolescente y posteriormente localizado con vida.
En 2024 fue ingresado a un centro de rehabilitación en Veracruz, donde tenía actividad regular en las redes sociales. Su último post fue en Facebook el 4 de enero de 2025. La siguiente mención pública de su nombre fue el 10 de noviembre de 2025, no como detenido ni imputado, sino como uno de los ejecutados que la fiscalía vinculó al asesinato del alcalde. Los datos del acta de defunción en el Registro Civil de Michoacán verifican que fue asesinado por un proyectil en la cabeza.
Ramiro «N» y su carta póstuma con diseño digital
El caso más opaco es el de Ramiro “N”. La única imagen difundida públicamente —presentada por los medios como “Especial”— corresponde a un recorte digital de una foto de detención sin fecha ni procedencia verificable. La fiscalía nunca explicó de qué detención previa proviene, pese a que la versión oficial afirma que Ramiro jamás fue arrestado en el caso Manzo, sino que fue encontrado ejecutado en un tramo carretero el mismo 10 de noviembre, igual que Fernando Josué.
Ningún comunicado institucional aclara el origen de la fotografía, ni existe registro público de su supuesta detención. Tampoco aparece vinculada a un expediente judicial. La carta póstuma atribuida a Ramiro fue divulgada en medios y cuentas alineadas al discurso de seguridad sin cadena de custodia. Tampoco se realizó peritaje ni validación forense, pero Los Ángeles Press corroboró que es un texto diseñado, no digitalizado, con una redacción cuidada, frases muy ordenadas, limpias. Ausencia de faltas de ortografía en general de alguien en situación de estrés o coacción.
Su inserción en la narrativa oficial replicó un patrón ya recurrente en casos de alto impacto: piezas sin sustento documental que circulan como “verdad” y que funcionan para inculpar a un tercero.
Jaciel Antonio «N» presentado por García Harfuch
La identidad pública de Jaciel Antonio comenzó con la única fotografía que existe de él en el expediente mediático. No provino de la Fiscalía ni de un comunicado de la SSPC, sino de la cuenta personal de Omar García Harfuch en X. Aunque la imagen fue publicada con logotipos institucionales —Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR y Seguridad— carece de fecha, número de carpeta, contexto de captura y soporte documental.
El análisis forense revela irregularidades: Jaciel aparece sin camisa y siendo sujetado por otra persona fuera de cuadro, lo cual es incompatible con cualquier protocolo de aseguramiento o cadena de custodia. El fondo y la iluminación corresponden a un entorno doméstico, no a una intervención policial. La única modificación sobre la imagen es la banda negra en los ojos, aplicada digitalmente. No existen metadatos ni material institucional que respalde su contexto o legalidad.
El asesinato de Carlos Manzo se ha convertido en uno de los episodios más opacos del inicio del nuevo gobierno federal. Él mismo había reportado amenazas y se había distanciado de la clase política local por su postura contra el control territorial del CJNG en Uruapan. Incluso su proyecto municipal de seguridad lo enfrentó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien la misma ciudadanía le impidió asistir a los servicios funerales del alcalde.
Por ahora, la versión oficial señala un tirador, tres ejecutados y dos detenidos a los que se les vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación: ninguna versión ha sido acompañada de verificación oficial, expedientes públicos o sustento pericial.
En este contexto, el deslinde de Jorge Armando “N”, su denuncia de tortura y el vacío documental en las imágenes y narrativas oficiales abren nuevas líneas de cuestionamiento sobre el manejo de la investigación, la fabricación de perfiles criminales y las responsabilidades políticas detrás del crimen.
Lo que comenzó como la investigación de un homicidio político se ha convertido en otro caso más con identidades fabricadas, pruebas mediáticas sin origen verificable y versiones en conflicto entre el gobierno federal y la fiscalía estatal.
AM.MX/fm
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