Sandra Rojas y Sara Lovera
CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico/La Cadera de Eva.- A casi 24 años del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, México no ha cumplido la mayoría de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Solo una de 14 acciones ha sido cumplida: una disculpa pública realizada en octubre de 2022.
«No pedimos otra cosa más que justicia«, dijo en conferencia de prensa su hermano, Jesús Ochoa, quien denunció este 3 de septiembre que no ha habido avances en la investigación y pide indagar a los funcionarios involucrados.
El próximo 19 de octubre se cumplirán 8 mil 60 días de impunidad, 288 meses de perpetrado el crimen,24 años del feminicidio de Ochoa y Plácido, a pesar de la ridícula idea de que se dio 3 tiros.
Ella, una abogada y defensora de derechos humanos trabajó especialmente por las y los campesinos e indígenas, antes de su feminicidio, asumió casos la defensa de ecologistas presos en Guerrero y de los hermanos Cerezo Contreras estudiantes acusados de terrorismo. Antes del crimen sufrió dos secuestros y denunció amenazas.
¿Quién fue Digna Ochoa?
Digna Ochoa y Plácido nació en Misantla, Veracruz, en 1964, en una familia numerosa marcada por la militancia sindical de su padre, quien fue detenido y torturado.
Ese hecho definió su vocación: estudió Derecho en la Universidad Veracruzana y se convirtió en una de las abogadas más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en México, enfrentando a autoridades civiles y militares acusadas de graves violaciones, convirtiéndose en una figura incómoda para el poder.
Digna recibió amenazas reiteradas, fue secuestrada al menos dos veces en 1999 y tanto ella como su lugar de trabajo, el Centro Prodh, fueron objeto de vigilancia e intimidación. En respuesta, la CIDH y la Corte IDH le otorgaron medidas cautelares y provisionales en noviembre de 1999, aunque fueron levantadas en agosto de 2001, bajo el argumento oficial de que el riesgo había disminuido.
La falla oficial
De acuerdo con Soledad Sánchez, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) quien se adentró y conoce el expediente de Digna Ochoa, así como de las 14 medidas emitidas en 2021 dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), afirma que el Estado mexicano sólo cumplió con una de ellas, la cual consiste en el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato de la defensora y una disculpa pública sucedida en el año 2022.
La disculpa fue una de las 5 medidas orientadas a la reparación del daño, individual, para la familia y víctimas indirectas. No obstante una de ellas que corresponde a la investigación de los hechos sobre el asesinato de Digna Ochoa está sin cumplirse, mientras las 3 restantes han tenido un cumplimiento parcial, mencionó la abogada Soledad Sánchez.
Por otro lado, existen 9 medidas en incumplimiento emitidas por la Corte Interamericana, donde exigen a México un cambio estructural de no repetición con el objetivo de garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en México y desarticular los obstáculos identificados en materia de investigación de ataques y crímenes contra defensoras.
Está pendiente “Además de la búsqueda de justicia, del derecho a la reparación de la familia y sobre todo de honrar la memoria de Digna como persona defensora, esta sentencia tiene un valor importante para la sociedad civil, es una herramienta necesaria para desarticular la impunidad que avanza contra los crímenes y los ataques en contra de defensoras y periodistas en el país, pero también es una herramienta que busca ser propositiva y generar cambios estructurales”, mencionó Soledad Sánchez.
Una investigación marcada por irregularidades
El 19 de octubre de 2001, su cuerpo fue encontrado sin vida en su despacho en la colonia Roma, con heridas de arma de fuego. Pese a los indicios de violencia, la investigación concluyó que se trató de un suicidio, una tesis cuestionada por inconsistencias en la evidencia y la cadena de custodia.
La pesquisa estatal duró diez años e incluyó pruebas forenses, balísticas y psicológicas. Sin embargo, estuvo llena de omisiones y contradicciones.
La familia y expertos independientes aportaron pruebas periciales que contradecían esa versión:
Lesiones en el cuerpo no registradas en exámenes médicos oficiales
Contradicciones en los resultados de balística
Omisiones en el análisis de fenómenos cadavéricos
Inconsistencias en la reconstrucción de hechos
Pese a estas evidencias, la fiscalía rechazó o incorporó de manera parcial los peritajes de la familia, manteniendo la tesis del suicidio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó estas irregularidades en su informe de 2019 y envió el caso a la Corte IDH, que en 2021 responsabilizó al Estado mexicano por la deficiente investigación.
En noviembre de 2021, la Corte ordenó a México una serie de medidas de reparación y no repetición, como:
Continuar investigaciones y sancionar responsables
Acto público de reconocimiento de responsabilidad
Campaña nacional para visibilizar la labor de defensores
Fortalecer el Mecanismo de Protección para defensores y periodistas
Crear protocolos especializados para investigar ataques contra defensoras y defensores
A cuatro años, solo se ha cumplido una: la disculpa pública.
Los hechos y el contexto
Por su parte, según publica Jesús Ochoa y Plácido pone de nueva cuenta el caso en la esfera pública para recordar que el Estado mexicano ha incumplido los acuerdos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por lo que la demanda se encuentra estancada.
“Prácticamente estamos en ceros, nos vamos de equipo en equipo, realmente es tedioso que la misma autoridad obstruya el proceso para llegar y obtener justicia”.
El próximo 19 de octubre se cumplirán 8 mil 60 días desde su feminicidio, y no obstante que el crimen se funda en que recibió amenazas, fue secuestrada en dos ocasiones, en 1988 y 1999, presumiblemente por policías estatales en Xalapa, Veracruz y en segunda ocasión, se dijo, por un grupo de hombres, a la hora de su asesinato las autoridades, dijeron que era un suicidio.
En septiembre 7 de 1999, la abogada solicitó medidas cautelares para ella y los miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), donde laboraba, medidas que sólo duraron 2 años, y luego fue asesinada en su despacho en la colonia Roma, en la Ciudad de México.
A pesar del compromiso del entonces jefe de gobierno de la CDMX, Andrés Manuel López Obrador, no se esclareció el caso, se informó que las autoridades capitalinas investigaron el crimen durante una década el caso; en tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, concluyeron que la causa de la muerte había sido supuestamente un suicidio.
En esos años tres procuradores capitalinos Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y Miguel Ángel Mancera Espinosa, sostuvieron la hipótesis de suicidio, a pesar que conocerse que fueron tres tiros los que la mataron, incluso uno por la espalda. La hipótesis de suicido, justificó la inacción penal.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, hicieron la solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2013 fue admitida. Esta Comisión en 2019 envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos..
Apenas hace 3 años el 29 de enero de 2022, la CoIDH notificó al Estado mexicano la sentencia en su contra. La Corte declaró que, desde que se perpetró el homicidio, la investigación estuvo sesgada debido a que las autoridades aplicaron estereotipos de género, y consideraron aspectos íntimos y personales de la defensora para sus conclusiones.
AM.MX/fm
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