CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses, decenas de Instituciones de Educación Superior (IES) han denunciado un creciente acoso administrativo y abuso de autoridad dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por el secretario Mario Delgado, quien —según los directivos— ha permitido que la Dirección General de Profesiones (DGP) a cargo de José Omar Sánchez Molina, rebase sus facultades legales y someta a las universidades a un laberinto burocrático sin sustento normativo.

De acuerdo con las denuncias, detrás de este esquema se encuentra Israel Jerónimo López, funcionario de la DGP, quien ha firmado oficios y aplicado medidas que exceden sus atribuciones, en un contexto de omisión y permisividad institucional desde los más altos niveles de la SEP, afectando la estabilidad del sistema educativo superior.

El proceso comenzó con la llamada “Jornada Nacional de Actualización”, supuestamente orientada a revisar títulos emitidos por las universidades, pero que en la práctica se ha transformado en una campaña de presión masiva contra las instituciones educativas, ya que las solicitudes de información se multiplicaron hasta exigir la entrega digital del 100 % de los expedientes de egresados —incluso de los años 60, 70, 80 y 90— en plazos de apenas 5 o 10 días hábiles, un requisito que resulta imposible para escuelas que en esas décadas solo contaban con archivos físicos.

A la falta de claridad se suma un patrón que las universidades califican de irregular: los oficios llegan con fechas manipuladas o retroactivas, de modo que los plazos legales vencen incluso antes de que el correo sea recibido y, en algunos casos, el correo menciona 10 días para responder, pero el documento anexo marca 5; en otros, la notificación llega después de expirado el plazo.

Las instituciones que, aun así, logran entregar la información a tiempo son objeto de nuevos requerimientos o amenazas de cierre del Módulo Electrónico de Títulos (MET), bajo el argumento de que “no respondieron” o que su información está “incompleta”, lo cual ha generado incertidumbre, sobrecarga operativa y afectaciones directas a estudiantes que no pueden titularse ni obtener su cédula profesional.

A partir de marzo de 2025, la DGP implementó cambios unilaterales a sus procesos administrativos sin publicarlos ni incluirlos en su manual de procedimientos, puesto que, los nuevos formatos, llamados “layouts”, fueron comunicados informalmente a las instituciones por mensajes de WhatsApp, sin capacitación ni circular oficial, a la vez que, el proceso presencial fue eliminado sin aviso, reemplazado por un supuesto trámite “digital” que en realidad consiste en el envío de correos electrónicos y oficios sin registro de seguimiento ni trazabilidad oficial.

La Dirección General de Profesiones ha comenzado incluso a negar registros de programas académicos ya aprobados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), autoridad que sí tiene facultades legales para evaluar y sancionar planes de estudio. En contraste, la DGP carece de esas atribuciones, pues su papel se limita a vigilar el ejercicio profesional.

No obstante, la DGP ha asumido funciones de supervisión académica: revisa cargas crediticias, cuestiona mapas curriculares y exige documentación estructural de las instituciones, como planos y constancias de uso de suelo, en una clara extralimitación de competencias.

Otro punto de conflicto es la emisión de exhortos. Cuando las escuelas no pueden cumplir los plazos imposibles, reciben oficios donde se les advierte que sus cuentas en el MET podrían ser suspendidas, afectando el registro de títulos y la titulación de sus egresados. Estos documentos citan el Artículo 5° Constitucional y su ley reglamentaria como fundamento, pero en realidad no existe disposición que autorice a la DGP a imponer sanciones o suspensiones.

Paradójicamente, al final de cada oficio, después de la amenaza de bloqueo, aparece una frase recurrente donde prácticamente se les dice “tiene usted derecho de audiencia y podemos platicar”, porque ese es el mensaje del exhorto que dice: “se procederá a la suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET) y se les informa que conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente”, firmado por Israel Jerónimo López, director de Autorización y Registro Profesional. Para las universidades, esta frase ilustra el doble discurso institucional: primero se paralizan los trámites y después se ofrece un diálogo tardío, condicionado y carente de efectos reales.

A esto se suma que desde abril la plataforma oficial para actualizar datos institucionales permanece cerrada, lo que impide cambiar correos de contacto o subsanar errores. Los oficios siguen enviándose a direcciones inactivas y la falta de respuesta se usa como justificación para sancionar.

“Las escuelas se sienten sorprendidas, asustadas, inciertas, tristes, enojadas, impotentes y muy frustradas, víctimas de violencia hasta psicológica; hicieron un gran esfuerzo para entregar TODO ESCANEADO como se los pedían, no durmieron en días y ahora resulta que de todos modos les llega la amenaza del exhorto porque internamente en la DGP no tienen control de qué escuela les contestó, más allá del tema de si tienen o no atribuciones para hacerlo”, expresa el representante de una de las IES.

El impacto no se limita al ámbito administrativo. Miles de estudiantes en proceso de titulación permanecen en espera de sus documentos, las instituciones enfrentan costos crecientes y el clima de hostigamiento amenaza la estabilidad del sistema de educación superior particular en México.

Ante ello, las universidades afectadas exigen la intervención inmediata del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para detener las prácticas irregulares, reabrir la plataforma MET, restablecer los procedimientos formales y revisar la actuación de José Omar Sánchez Molina y su equipo en la Dirección General de Profesiones, antes de que esta situación derive en un colapso institucional de mayores proporciones.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que, el Programa de Infraestructura Carretera 2025 presenta un avance del 60 por ciento, el cual representa una inversión de 17 mil millones de pesos (mdp) y en el que al momento se tienen 70 frentes en los que realizan labores 6 mil trabajadores y mil 700 máquinas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el avance del 60 por ciento es muy importante ya que en materia de infraestructura carretera se cerrará muy bien el año.

“Es muy importante. Vamos a cerrar bien el año. En general cuando se hace una obra pública tiene que haber un proyecto ejecutivo y si no se licita de manera integral, el proyecto ejecutivo y su obra, pero todo requiere de mucho tiempo de planeación, porque las bases de licitación requieren mucha información. Entonces, Jesús y su equipo la verdad son muy buenos y muy pronto sacaron las licitaciones”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del Pueblo”.

Destacó que las obras carreteras tienen que ver con la conectividad nacional y además ayudan a mejorar la movilidad en los estados al facilitar la conexión entre comunidades. Ejemplo de ello son las acciones que se realizan en la mixteca baja como parte del Plan General Lázaro Cárdenas.

El secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que adicionalmente los avances del Programa de Infraestructura Carretera, también se intervienen ocho autopistas con una inversión mixta de 14 mil mdp.

Recordó que el Programa de Infraestructura Carretera se divide en:

Obras de continuidad: En Sinaloa y Durango, la carretera San Ignacio-Tayoltita está concluida y próxima a inaugurarse. En Chiapas, el Puente Rizo de Oro que tiene un avance del 82 por ciento. Y en Quintana Roo, el puente Nichupté, con un avance del 87 por ciento y será concluido en diciembre.

Ejes prioritarios, que representan 193 km que serán intervenidos conuna inversión de 10 mil mdp para este año: En Morelos, Puebla y Guerrero, la carretera Cuautla-Tlapa tiene un avance del 48 por ciento. En San Luis Potosí e Hidalgo, de Tamazunchale – Huejutla con un avance de 25 por ciento. En Sonora y Chihuahua, de Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que registra un avance del 49 por ciento. En Tabasco y Campeche, de Macuspana-Escárcega con un avance del 60 por ciento. En Oaxaca y Guerrero, la Salina Cruz-Zihuatanejo con un avance de 27 por ciento. En Morelos, el circuito Tierra y Libertad que cuenta con 7 kilómetros y ya está concluido. En Estado de México y Guerrero, la carretera Toluca-Zihuatanejo con un avance de 33 por ciento. Y en Sonora y Chihuahua, la Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua que estará a cargo de la Secretaría de Marina e iniciará el próximo 15 de octubre.

Puentes y distribuidores viales, con una inversión cercana a los mil 800 mdp para realizar 21 obras de las que ya arrancaron 11: En Baja California Sur, la Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, con un avance del 75 por ciento. En Ciudad de México y Estadto de México, el puente Alameda Oriente con un avance de 31 por ciento. En Colima, el Arco Norte, con un avance de 55 por ciento; el Libramiento Arco Sur, del 50 por ciento; la Reconstrucción de la Presa Las Trancas y de El Chical. En Morelos, el puente Jojutla que ya está concluido y entra en operación este 9 de octubre. En Veracruz, el acceso al puerto con un avance del 42 por ciento. En Nayarit y Jalisco, el Amado Nervo con un avance de 40 por ciento. En Tlaxcala, el viaducto Santa Ana Chiautempan, con un avance del 49 por ciento. Y en Sinaloa, el México 15 – Pérez Escobosa, con un avance del 38 por ciento

El programa carretero de Guerrero, se intervienen 68 puentes: 21 con reparaciones menores, dos ampliaciones de claros y construcción de 45 puentes, de los que cuatro ya están concluidos.
AM.MX/fm

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