Sara Lovera
CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.-La propuesta de CEPAL para transitar a un sociedad de cuidados quedará hueca mientas los Estados mientan, no cumplan con sus compromisos firmado y pretendan que el cuerpo de las mujeres siga siendo mercancía, concluyó el Foro Alterno Feminista que sesionó ayer en la Cámara de Diputados con una declaración política.
En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, 320 mujeres de 8 países y 40 colectivas feministas mexicanas, denunciaron que hasta el último momento se intentó evitar la realización del Foro que cobijó el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en cuya sala de sesiones se realizó.
Los estados de la región, dijo Lourdes García, coordinadora del Frente Nacional Feminista, mienten en sus informes o dan cifras que la realidad desmiente, porque niñas y mujeres siguen viviendo discriminación y violencia.
Explicó que es imposible transitar a una sociedad de cuidados cuando los Estados han dejado de cumplir con el bienestar y los cuidados no pueden ser el cuarto pilar de un estado de bienestar -salud, educación y seguridad social-, ya que la propuesta de CEPAL ”quedará hueca con pocas posibilidades”.
Cómo hablar de un nuevo paradigma, si los Estados siguen fomentando la prostitución que no es un trabajo sino la forma extrema de violencia patriarcal, prohibida por la CEDAW y reconocida por la Relatora Especial de la ONU como una violencia agravada que requiere respuestas abolicionistas y centradas en la recuperación de las sobrevivientes como dijo Claudia Yurley Quintero Rolón, psicóloga, afrocolombiana, sobreviviente de prostitución y trata de personas.
No puede hablarse de la sociedad de cuidados con austeridad, dijo Paulina Mendoza Castillo de México, quien urgió al acceso equitativo del financiamiento para que las mujeres que buscan un lugar en la política compitan en igualdad de condiciones.
De qué sociedad de cuidados puede hablarse si las legislaciones nacionales propician el alquiler de vientres y la trata, afirmó la colombiana Alejandra Vera y pidió que se adopten de inmediato leyes abolicionistas que criminalicen la demanda de prostitución y todas las formas de explotación sexual, incluyendo la digital.
Ahí la abogada abolicionista de Argentina, ex dirigente de CLADEM , Susana Chiarotti explicó que la reglamentación de la venta del cuerpo de las mujeres profundiza los riesgos, violencia y discriminación contra las mujeres, cuando una la acción comprometida desde los derechos humanos debe ser la abolición de todas las formas de explotación sexual y reproductiva de las mujeres.
A lo largo de 5 horas más de 30 oradoras de México, Argentina, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Panamá y otras, plantearon 8 grandes asuntos dijo , plantearon que una verdadera sociedad de cuidados, sólo sería posible si los Estados de la región actuaran con eficacia para cumplir con las obligaciones ya establecidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y respeten lo firmado, adopten políticas orientadas a lograr la erradicación de la discriminación contra las mujeres, a través de la distribución equitativa del cuidado, y a contar con sistemas públicos de apoyo que reconozcan, valoren y redistribuyan estas tareas.
La mesa se cimbró
Nada cimbró más a las presentes, como el testimonio de la colombiana Claudia Yurley Quintero Rolón, definida como sobreviviente de la prostitución quien contó cómo salir de ella “ fue un acto titánico: escapar de tratantes, de la pobreza, del estigma… y de un Estado que me dejó sola.”
Y dijo que en América Latina no existen programas nacionales de salida. “ Esto significa que miles de mujeres quedan atrapadas en un ciclo de explotación que destruye cuerpo, mente y esperanza.
Informó que en Colombia, el 83% de las mujeres migrantes en prostitución han vivido trata o violencia sexual previa.” Muchas cargamos con Trastorno de Estrés Postraumático Complejo: años de violencia sexual repetida, tortura y despersonalización. Sin programas de salida, este trauma se convierte en una cadena perpetua. Yo pude salir porque alguien me tendió una mano, hoy pido que los Estados sean esa mano… para miles de mujeres que todavía esperan.
Las reflexiones del Foro agrupadas en la declaración política que mañana entregarán al pleno XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe,” si nos dejan entrar” correaron, aborda y cuestiona los 6 ejes que serán discutidos en Tlatelolco a partir de este martes y constituyen cerca de 30 observaciones puntuales. Además de una larga agenda de cambios, legislaciones y compromisos.
La diputada petista Magdalena Núñez Monreal y el coordinador de la bancada de ese partido Reginaldo Sandoval Flores, presentes en toda la reunión, tras declararse abolicionistas se comprometieron a adoptar las propuestas, tanto en lo legislativo como en la promoción de esta corriente.
Sandoval Flores, cuestionado por El Sol de México, dijo que ese partido es la 4ª Transformación antes del nacimiento de MORENA, y que “una cosa es ser aliados” y otra gobiernistas, y ratificó que sus principios coinciden con las feministas abolicionistas.
De las observaciones al contenido de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, que debatirá las propuestas hacia una sociedad de cuidados, se destacan 2:
Sociedades Pacíficas
CEPAL propone sociedades pacíficas e inclusivas y agenda para las mujeres, paz y seguridad y la efectiva protección de las defensoras de los derechos humanos.
Las reunidas en el Foro que se identifican como feministas/abolicionistas piden:
Los derechos humanos, como vindicación fundamental para la paz social y mundial, la justicia y las libertades fundamentales solo serán posibles por vía del reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todas las personas.
PIDEN: Redistribuyan los recursos que asignan a las fuerzas armadas, al militarismo y la economía de guerra, hacia la educación, la salud y la seguridad social, incluyendo y el cuidado como eje central.
Coloquen en el centro el cumplimiento de las obligaciones establecidas para hacer realidad un orden social e internacional de derechos humanos. Entre estás está prevenir y eliminar la discriminación y la impunidad, de modo inmediato.
Den prioridad a la protección de los derechos humanos de las mujeres en los conflictos armados, así como en las actividades de socorro y recuperación, tomando en cuenta las especificidades por su condición de sexo, así como en lo que respecta al cuidado de la vida.
Protejan —de manera efectiva— la vida de las defensoras de derechos humanos, lo que implica:
El trabajo es digno o no es trabajo
El supuesto trabajo sexual y un supuesto alquiler de vientres, en realidad perpetúan la discriminatoria división de actividades realizadas por mujeres y por hombres y consolidan un orden social de desigualdad entre ambos.
Exigen a los Estado la garantía plena de los principios que constituyen el trabajo digno o decente para todas las personas, dando prioridad a las mujeres, puesto que son ellas las que dentro del mercado laboral realizan tareas de cuidado.
Que las cuidadoras reciban un salario garantizando derechos colectivos y sociales, así como la capacitación continua y los beneficios compartidos de la productividad. que la autonomía de las mujeres no se reduzca al ámbito económico, sino que abarque y se relacione con todas las esferas de su vida y en un orden social de igualdad en dignidad, derechos y libertades. Donde no cabe el supuesto trabajo sexual, como un supuesto entretenimiento adulto, como supuestos servicios de cuidado para personas con discapacidad o como un supuesto alquiler de vientres, en realidad perpetúan la discriminatoria división de actividades realizadas por mujeres y por hombres, consolidando un orden social de desigualdad entre ambos.
Porque la sociedad del cuidado y la igualdad de género solo son posibles si se garantizan todos los derechos humanos de las mujeres.
Declaración política
Foro Alterno Feminista
Nosotras, feministas y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, organizadas y reunidas en el Foro Alterno Feminista, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe, declaramos a los Estados parte y al Sistema de Naciones Unidas que:
La centralidad de la sostenibilidad de la vida y del planeta debe estar sustentada en el cumplimiento de las obligaciones en materia de los derechos humanos de las mujeres.
Coincidimos en la urgencia de avanzar hacia una sociedad del cuidado, en la que se reconozca la interdependencia entre las personas, así como entre los procesos productivos y la sociedad. Una sociedad del cuidado que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y del planeta, a través del reconocimiento y goce de los derechos humanos para todas las personas y en todas las regiones del mundo.
El feminismo ha documentado, analizado y señalado la histórica e injusta organización social de los cuidados que reproduce las desigualdades entre mujeres y hombres, que se cruzan y agravan con otras condiciones sociales, como la clase, la etnia y la edad, y que representan un obstáculo para la autonomía y desarrollo pleno de las mujeres.
La sobrecarga de cuidados en las mujeres impacta de manera negativa en el goce efectivo de su derecho al tiempo propio (trabajo remunerado, estudio, participación política y social, autocuidado, esparcimiento) y a ejercer su autonomía, entendida como “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones, en el contexto histórico que las hace posibles”, de acuerdo con la CEPAL.
El feminismo también ha realizado propuestas viables que se han plasmado en el ámbito jurídico como derechos humanos y como obligaciones de los Estados para instaurar un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se hagan plenamente efectivos.
Una sociedad del cuidado no puede sostenerse en la desigualdad entre mujeres y hombres ni en la discriminación contra ellas, por lo que es indispensable transformar el orden y las prácticas sociales, bajo el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas y todos los integrantes de la familia, de manera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo sean sostenibles.
Los cuidados como un derecho implican que la responsabilidad principal recae en el Estado, el cual debe garantizar de manera interdependiente a todos los derechos humanos el derecho al cuidado en sus tres dimensiones (cuidar, ser cuidada y ejercer el autocuidado) y los derechos de quienes cuidan, además de reconocer el valor social del cuidado y avanzar en la corresponsabilidad del sector privado, las familias y la comunidad, siempre coordinadas por el Estado.
Por ello, la necesidad de que los Estados de la región actúen con eficacia para cumplir con las obligaciones ya establecidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) significa adoptar políticas orientadas a lograr la erradicación de la discriminación contra las mujeres, a través de la distribución equitativa del cuidado, y a contar con sistemas públicos de apoyo que reconozcan, valoren y redistribuyan estas tareas.
La hoja de ruta que oriente los compromisos y acciones que se acuerden en la Conferencia Regional tiene que cumplir con los estándares más altos relacionados con el derecho al trabajo digno, a las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, así como en las esferas de la vida económica y social.
A su vez, debe contemplar la adopción de medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Consideramos que la celebración de la XVI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en México es una excelente oportunidad para retomar los compromisos de los Estados ya definidos en la Carta Universal de Derechos Humanos, en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena —aprobado en 1949—, en la CEDAW, en la Plataforma de Acción de Beijing y en los instrumentos regionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará), tomando en cuenta que el derecho al cuidado constituye un medio indispensable para el goce a una vida digna, en un contexto de políticas regresivas y de graves violaciones a los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
La CEPAL ha definido seis grandes ejes de desafíos para garantizar una sociedad del cuidado, a través de la igualdad entre mujeres y hombres, pero es necesario hacer énfasis en los principios y obligaciones ya establecidos en el cuerpo jurídico de convenciones, declaraciones, plataformas, recomendaciones generales y en recomendaciones específicas por país, que el Sistema Universal y el Sistema Regional de Derechos Humanos han desarrollado; siempre a la luz del deber de cumplimiento inmediato de erradicar la discriminación y las formas contemporáneas de violencia contra las mujeres, como lo ha examinado la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Reem Alsalem.
A continuación, exponemos los puntos que deben considerarse en estos seis ejes.
El desarrollo inclusivo, la prosperidad compartida y el trabajo decente con igualdad de género exigen transformar la división sexual del trabajo, revertir la injusta organización del cuidado e impulsar la autonomía económica de las mujeres.
La tradicional división sexual del trabajo implica, por un lado, una injusta organización social del cuidado, casi de manera exclusiva en las mujeres y sin ninguna valoración económica ni retribución social; por otro, la histórica y violenta organización social en la que las mujeres son explotadas desde la sexualidad y la reproducción, a través de la prostitución, la pornografía y la maternidad mercantilizada. Transformarla requiere:
Que los Estados cumplan con el bienestar de su población y que a los pilares del Estado de bienestar —la salud, la educación, la seguridad social— se sume como cuarto pilar el cuidado. De no hacerlo así, la propuesta de una sociedad del cuidado queda hueca.
Que los Estados cumplan con las obligaciones contenidas en la CEDAW y en el Convenio de 1949, en el queda de manifiesto que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”.
Los Estados deben reconocer y socializar que las propuestas de reglamentar dichas acciones como un supuesto trabajo sexual, como un supuesto entretenimiento adulto, como supuestos servicios de cuidado para personas con discapacidad o como un supuesto alquiler de vientres, en realidad perpetúan la discriminatoria división de actividades realizadas por mujeres y por hombres, consolidando un orden social de desigualdad entre ambos.
La reglamentación de dichas prácticas profundiza los riesgos, violencia y discriminación contra las mujeres que se encuentran en esas circunstancias, por parte de autoridades estatales y de la comunidad. Por tanto, la acción comprometida desde los derechos humanos debe ser la abolición de todas las formas de explotación sexual y reproductiva de las mujeres.
Que los Estados garanticen plenamente los principios que constituyen el trabajo digno o decente para todas las personas, dando prioridad a las mujeres, puesto que son ellas las que dentro del mercado laboral realizan tareas de cuidado. El trabajo digno implica contar con una persona o institución empleadora que pague un salario, que establezca las condiciones laborales de seguridad e higiene en igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación, que garantice los derechos colectivos y sociales, así como la capacitación continua y los beneficios compartidos de la productividad.
Ese trabajo digno incluye que los Estados reconozcan en el sistema económico, social y jurídico la valoración y aporte de las tareas de cuidado que realizan las mujeres, por medio del acceso garantizado a la seguridad social y todos los derechos humanos, sin necesidad de ser nombrada trabajadora, sino por el hecho de comprobar las actividades que realiza.
Acorde con el principio de interdependencia de los derechos humanos, que la autonomía de las mujeres no se reduzca al ámbito económico, sino que abarque y se relacione con todas las esferas de la vida de las mujeres y en un orden social de igualdad en dignidad, derechos y libertades.
Superar la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza: protección social y servicios sociales.
Para superar la desigualdad económica y la persistencia de la pobreza determinada por el sexo en contra de las mujeres, es indispensable que los Estados operen eficazmente las obligaciones en materia de derechos humanos que:
Pongan límite a la forma neoliberal que da centralidad a las ganancias para las empresas, a través de la explotación de trabajadoras y trabajadores, violentando los elementos básicos del trabajo digno —como es un salario que cubra sus necesidades para una vida digna— para que, en efecto, se transite a un desarrollo humano pleno, donde el centro esté en la sostenibilidad de la vida y del planeta.
Construyan sistemas de cuidados, mediante la redistribución de los recursos, con acciones efectivas de justicia fiscal que detengan la obscena concentración de la riqueza, y destinen los recursos necesarios para el cuidado, comprendiéndolo como un valor comunitario y social. La efectividad de estos sistemas debe garantizar que las personas —en especial, las mujeres— que realizan el cuidado como parte de los vínculos familiares o de solidaridad social no se empobrezcan, no vean minada su salud o truncado su proyecto de vida por esa tarea.
Se comprenda como parte del cuidado la defensa de los derechos humanos; en particular, ante la violencia contra las mujeres y la defensa del medio ambiente. Las defensoras de derechos humanos deben acceder —de modo prioritario— a los servicios de protección y seguridad social, pues están en alto riesgo, al exponerse cotidiana y directamente a las graves violaciones de derechos humanos y a la criminalización, amenazas y violencia directa y estructural. Esas circunstancias las afectan en su salud integral, el acceso a recursos económicos de subsistencia básica y en el tiempo de recuperación a causa de los daños ocasionados por las actividades que realizan.
Garanticen como prioridad la protección y servicios sociales a las niñas y mujeres sobrevivientes de prostitución, pornografía y otras formas de explotación sexual y reproductiva, de manera que tengan la más pronta recuperación de su salud integral, así como el acceso pleno a todos los derechos que las conduzcan a su empoderamiento, como es al trabajo digno, la vivienda y la educación, como parte de los pilares del Estado de bienestar.
Impulsen un orden social y económico, donde el destino principal de la riqueza generada socialmente sea para la vida digna humana y la sostenibilidad de la vida del planeta. Esto significa que los recursos que en la actualidad se destinan principalmente a las fuerzas armadas, a conseguir clientelas electorales, a obras públicas desechables —producto de la corrupción— y a la extracción de los bienes naturales a costa de los ecosistemas fundamentales para la vida en la tierra y en los mares se orienten a favorecer una sociedad del cuidado.
La erradicación de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas requiere la transformación de los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos mediante estrategias integrales y sostenibles.
Para cumplir con las obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y con ello se garantice una sociedad en donde las mujeres y los hombres sean realmente iguales en dignidad, derechos y libertades, es fundamental que los Estados:
Destinen los recursos financieros, estructurales y humanos adecuados y suficientes para operar y evaluar las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, en donde el eje central sea modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en estereotipos sexistas. En este rubro, las instituciones educativas tienen un papel prioritario.
Consoliden las garantías especializadas para un adecuado acceso a la justicia en los casos de violencia contra las mujeres en cualesquiera de sus tipos y modalidades que se han reconocido. Esto implica la operación de la debida diligencia en todas las materias jurídicas, a través de procedimientos especializados, medidas de protección y sanciones efectivas y amplias, así como la reparación del daño integral y transformadora del contexto de discriminación que causan y sostienen dicha violencia.
Asignen los recursos financieros, estructurales y humanos para la efectiva rehabilitación y reparación del daño a las víctimas de la violencia de género contra las mujeres. Es indispensable que los Estados desarrollen programas de atención especializada para las mujeres que buscan a mujeres y hombres desaparecidos, debido a las graves crisis humanitarias en la región, causadas por la prevalencia del crimen organizado, las migraciones masivas y las nuevas formas de represalia política contra quienes defienden los derechos humanos y la democracia en la región.
Actualicen las leyes y las políticas públicas para prevenir y abolir toda forma de esclavitud, entre las que se debe incluir la esclavitud sexual, principalmente contra las mujeres. La abolición de estos tipos de esclavitud, servidumbre y prácticas análogas, como los matrimonios forzados, la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y la servidumbre por deudas —entre otras— deben estar acompañadas de programas permanentes y sólidos que garanticen la rehabilitación y reparación de los daños individuales y comunitarios, siempre en forma integral y transformadora.
Prohíban, de modo efectivo, la mediación y conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, por no cumplir con el elemento básico de la igualdad entre las partes.
Garanticen —frente a la violencia sexual, en específico— una adecuada legislación que cumpla con los estándares de derechos humanos, como lo señala la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Reem Alsalem, quien ya advierte sobre los graves riesgos de confundir el consentimiento en el tratamiento de la violencia sexual.
Establezcan la regulación pertinente para que se prevengan, investiguen, sancionen y reparen los daños que se cometan por violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en o a través de tecnologías de comunicación e información y plataformas virtuales —violencia sociodigital— que son operadas en su mayoría por empresas privadas y transnacionales. Estas deben estar reglamentadas por los Estados para que cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos y evitar que se dañe la dignidad, la libertad o la integridad de las mujeres.
Garanticen los apoyos a las familias que buscan justicia para las víctimas de feminicidio, así como para las víctimas de tentativa de feminicidio, que implica la rehabilitación y reparación del daño, que incluya la atención por la afectación de la violencia institucional y la impunidad que todavía acompaña a este tipo de violencia extrema.
La plena y significativa participación de las mujeres, la rendición de cuentas y la consolidación de instituciones con perspectiva de género requieren abordar la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en los ámbitos público y privado.
La participación ciudadana en un Estado democrático requiere como mínimos indispensables la relación de las libertades fundamentales y la democracia, entendiendo que las libertades básicas de reunión, de asociación y expresión solo pueden limitarse por medio de mecanismos explícitos y razonables. La participación implica la consulta —con información adecuada y pertinente— en la toma de decisiones, como en los procesos de los planes, políticas y programas que desarrollan los Estados, prioritariamente de las personas y grupos sociales que estén involucrados o puedan ser afectados por ellos. La plena y significativa participación de las mujeres requiere que los Estados:
Eliminen los criterios que consideran a las mujeres útiles, por ser mejores cuidadoras, pues lo hacen bien y gratuitamente, o que se prostituyen o rentan su vientre, frente a la desigualdad económica estructural que les impide acceder a otros medios de subsistencia; por igual están las clientelas electorales o las militantes de los partidos políticos en condiciones precarias de ingreso, expuestas a la violencia y discriminación por ser mujeres.
Cumplan con el registro de información desagregada por sexo, edad, etnia, y demás condiciones sociales significativas para prevenir y erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres, y para garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres.
Se pronuncien —explícita y públicamente— en cuanto a que ni la diferencia sexual de las mujeres ni la de los hombres es por sí misma excluyente o discriminatoria, frente a los sentimientos o intereses de personas que buscan anular la condición sexual dimórfica de la humanidad. De manera que:
Se detengan los intentos de eliminar el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos. Esta premisa incluye atender a todas las esferas, donde su borrado está sucediendo en leyes, políticas públicas, espacios públicos, espacios institucionales, etcétera.
Se abran los espacios de diálogo, desde el ámbito legislativo, que permitan identificar las categorías sociales que reconozcan nuevos motivos de discriminación.
Se regule estrictamente, de acuerdo con criterios científicos probados —dentro del marco de los derechos humanos y con los principios de interés superior de la niñez y la autonomía progresiva en la adolescencia y juventud— los tratamientos ante la disforia de género, de manera que se priorice la no mutilación genital y la no dependencia a fármacos hormonales.
Registren, analicen y presenten la información, acorde con los indicadores de cumplimiento progresivo de obligaciones en materia de derechos humanos, a través de sus mecanismos internos y para la rendición de cuentas al sistema universal y regional de derechos humanos, como los ha integrado en particular el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
Avanzar hacia sociedades pacíficas e inclusivas requiere la implementación de la agenda sobre las mujeres, paz y seguridad y la efectiva protección de las defensoras de los derechos humanos.
La vindicación fundamental de los derechos humanos, la paz social y mundial, la justicia y las libertades fundamentales solo son posibles por vía del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Este es el eje más importante para la prevención de los conflictos, e implica que los Estados:
Redistribuyan los recursos que asignan a las fuerzas armadas, al militarismo y la economía de guerra, hacia los pilares básicos del Estado de bienestar, como son la educación, la salud y la seguridad social, incluyendo —como ya se señaló— el cuidado como eje central.
Coloquen en el centro el cumplimiento de las obligaciones establecidas para hacer realidad un orden social e internacional de derechos humanos. Entre estás está prevenir y eliminar la discriminación y la impunidad, de modo inmediato.
Den prioridad a la protección de los derechos humanos de las mujeres en los conflictos armados, así como en las actividades de socorro y recuperación, tomando en cuenta las especificidades por su condición de sexo, así como en lo que respecta al cuidado de la vida.
Protejan —de manera efectiva— la vida de las defensoras de derechos humanos, lo que implica:
a. El reconocimiento de que las defensoras llevan a cabo actividades de alto riesgo, por lo que requieren servicios sociales o garantías laborales, dependiendo si las realizan como un trabajo asalariado o si son voluntarias y solidarias.
b. Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la defensa de los derechos humanos.
c. Que la protección debe ser de manera integral y pertinente en cada contexto, más allá de medidas duras que afectan la vida de las defensoras.
La conservación, la protección y la rehabilitación del medio ambiente requieren una labor sostenida de transversalización y articulación intersectorial.
En este eje se necesita de manera prioritaria la coordinación del Estado; por un lado, para incentivar acciones y, por otro lado, para prohibir, reducir o transformar otras acciones. Ante ello:
Es indispensable la participación de las mujeres —principalmente rurales e indígenas— en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas que garanticen la conservación, la protección y rehabilitación del medio ambiente, siempre relacionada con la cultura y en procesos transnacionales, pues el resguardo de los territorios en casi todas las regiones incluye a varios Estados.
Es urgente que los Estados aseguren que las defensoras del medio ambiente y del territorio tengan la protección adecuada para realizar sus trabajos libres de toda amenaza o violencia; que se investigue y sancione a quienes realizan dichas amenazas, además de que se garantice que las defensoras, sus familias y comunidades puedan continuar con su cometido y que tengan los apoyos de servicios sociales y cuidado.
Los Estados deben hacer una revisión de su legislación interna a la luz de la interdependencia de los derechos humanos, para reformar la legislación vigente que prioriza la explotación, extractivismo y depredación de sus recursos naturales, ya sea por el propio Estado o por empresas privadas que trasgreden los límites de lo sustentable, que contaminan las aguas, tierra y mares y que no reparan los daños que causan en el medio ambiente. La legislación y los programas deben priorizar la vida en el planeta.
Cada vez se documenta de manera más precisa la relación entre el interés de la explotación —ilegal o desmedida— de los recursos naturales, con el incremento de conflictos, en los que están relacionados empresas interesadas, crimen organizado y algunas autoridades que buscan el desplazamiento forzado, a partir de graves masacres o el extermino de las poblaciones que habitan esos territorios. El objetivo es explotarlos, sin la resistencia de sus pobladores, con un impacto desproporcionado para las mujeres. Por ello, se torna indispensable que los Estados garanticen el derecho a la verdad —a través de la adecuada investigación de esas masacres, desplazamientos forzados y conflictos—, la sanción a los responsables y la reparación del daño a las poblaciones afectadas y al medio ambiente.
¡No más violencia hacia las mujeres!
¡Basta de retrocesos en nuestros derechos humanos!
¡Por una cultura feminista abolicionista en México!
¡No al Borrado de las Mujeres!
¡Por la vida y la libertad de las mujeres!
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ciudad de México, 11 de agosto de 2025
La sociedad del cuidado y la igualdad de género solo son posibles
si se garantizan todos los derechos humanos de las mujeres
AM.MX/fm
