CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, y dos exfuncionarios más de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) cometieron abuso de funciones en la compra irregular de granos y servicios de transporte, por lo que les impuso 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una indemnización superior a 261 millones de pesos.
De acuerdo con AnimalPolítico, en su resolución, contenida en el expediente 162/24-RA1-01-7, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves concluyó que “se acredita la existencia plena de responsabilidad administrativa por la comisión de la falta grave de abuso de funciones”.
El tribunal confirmó que tanto Gavira como Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, y Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Acopio, intervinieron de manera arbitraria en operaciones de compra emergente de granos y servicios de traslado, sin sustento documental y sin acreditar la emergencia en el abasto que justificara dichas adquisiciones.
La autoridad determinó que las compras se realizaron gradualmente, a través de diversos instrumentos jurídicos, sin cumplir con los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía y sin documentación comprobatoria que acreditara la urgencia de las adquisiciones, lo que generó un daño patrimonial para Segalmex.
INHABILITACIÓN POR 10 AÑOS Y PAGO DE MÁS DE 261 MDP
Tras analizar las pruebas y los elementos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Sala impuso a los tres exfuncionarios la sanción de inhabilitación temporal por 10 años para ocupar cargos públicos o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Asimismo, determinó que deberán cubrir una indemnización solidaria por 261 millones 211 mil 579.69 pesos, monto que corresponde al daño económico ocasionado y que deberá actualizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la ley.
LA FALTA NO HABÍA PRESCRITO
Los exservidores alegaron que las faltas administrativas habían prescrito, pero el tribunal resolvió que no operaba la figura de prescripción, pues entre los hechos más antiguos —marzo de 2019— y la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa —septiembre de 2023— no transcurrieron los siete años establecidos para faltas graves.
La resolución señala que “es infundada la causal de improcedencia”, por lo que procedía analizar el fondo del caso y emitir sanciones.
EL CASO SEGALMEX Y EL PROCESO PENAL CONTRA GAVIRA
La sentencia administrativa se suma a las investigaciones penales derivadas del caso Segalmex. René Gavira, el exfuncionario de más alto rango detenido por el caso, se encuentra en prisión desde diciembre de 2023, y que está vinculado con la compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos.
Gavira enfrenta cuatro causas penales por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Cabe recordar que autoridades federales reconocieron una afectación patrimonial por 2 mil 700 millones de pesos en Segalmex, derivada de múltiples esquemas irregulares, pagos sin justificación y contrataciones indebidas. La Procuraduría Fiscal informó entonces sobre 156 denuncias penales, 47 órdenes de aprehensión y 26 vinculaciones a proceso, entre exservidores públicos y particulares involucrados.
Gavira fue señalado como el funcionario de mayor jerarquía sometido a proceso.
AM.MX/fm
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