CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del INE declaró la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tiempo que las consejerías evidenciaron una estrategia para beneficiar a candidaturas mediante acordeones, que coinciden en un 80% con las ganadoras a nivel nacional, que incluso ponen en duda la validez de la misma. Sin embargo, reconocieron que no hay evidencia para determinar que fue un acto generalizado que impactó en los resultados electorales.

El INE invalidó 818 casillas, que presentan un 0.9% de las 83 mil 956 instaladas en la jornada electoral, por irregularidades como casillas zapato, con más de 100% de votos, presencia de acordeones, entre otras.

Esto equivale a 3 millones 779 mil 622 votos para la elección de la Corte, un 3.2% de los 116 millones de votos que se emitieron para este cargo.

El consejero Arturo Castillo señaló que, la operación con acordeones podría configurar una afectación directa a la equidad en la contienda por ser propaganda ilícita, incluso como un supuesto de nulidad en caso de comprobarse en sede jurisdiccional.

“En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85% en promedio; esto constituye un indicio de que a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”, aseveró.

“Y dado que el resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada, también parece haber un indicio fuerte de que su distribución pudo haber sido determinante para el resultado de estas elecciones”, expuso.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei respondió al consejero Castillo, al calificar como una situación “extrema y lamentable” que se plantee no declarar la validez por inconsistencias en 881 casillas.

“No admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80 mil ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad ni el efecto correcto. Aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente”, afirmó la presidenta.

Además, prometió que las inconsistencias “no tengan simulación por parte de nosotros y tomemos las medidas pertinentes, contribuyendo a dar puntual seguimiento a investigaciones de otro ámbito, pero también, las investigaciones que dentro de este Instituto se deberán de iniciar de manera inmediata al concluir estos términos”.

El consejero Martín Faz detalló que hay 19 mil 336 casillas, un 23% del total, donde resultaron ganadoras las nueve candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas.

Este comportamiento se repitió en 15 entidades federativas, es decir, en el 47% de los estados el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de la Suprema Corte.

El consejero Uuc-kib Espadas subrayó que los acordeones fueron una influencia indebida en la elección, pero no cumplen con el requisito establecido por el Tribunal Electoral para determinar que la elección está viciada de manera generalizada ni fue determinada en definir a los ganadores.

profundamente las irregularidades que encontramos, pero me parece que tenemos que poner los pies sobre la tierra. No estamos hablando ni de muy lejos de una operación de Estado comparable a las que ejecutaba la Comisión Federal Electoral en el año 88”, apuntó.

La consejera Dania Ravel advirtió que “declarar valida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aún con evidencias claras de irregularidades las elecciones pueden considerarse válidas, que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones se repitan y multipliquen”.

La votación del Consejo General para aprobar la validez de la elección de la Corte fue por seis votos a favor y cinco en contra.
AM.MX/fm

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APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.- ”Vamos siempre, —como somos los mexicanos, porque así somos nosotros— firmes, con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones”, destacó. Anunció mayor equipamiento para el Hospital General de Tlaxcala, la ampliación del Hospital Infantil y la construcción de un nuevo Hospital de la Mujer

En Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en su reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del G7, que se llevará a cabo en Canadá, defenderá dignamente a las mexicanas y mexicanos que viven en nuestro territorio y en EUA.

”El lunes nos vamos a una reunión a la que fuimos invitados, —porque digo en plural, porque va el pueblo de México todo junto—, cuando va la Presidenta vamos todos juntos a las reuniones internacionales, vamos a representar dignamente al pueblo de México. Vamos a una reunión que nos invitaron al G7, se llama, que son de los siete países desarrollados. Nos invitaron a varios países que no formamos parte de este grupo, como Brasil, como la India y otros países que vamos a estar ahí, y ahí vamos a tener una reunión con el Presidente Trump y su equipo. Que sepan ustedes, que ahí vamos a defender dignamente a las y los mexicanos de aquí, y del otro lado de la frontera.

“Vamos siempre, —como somos los mexicanos, porque así somos nosotros— firmes, con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. A defender a las mexicanas y a los mexicanos y siempre a decir que cuando estamos juntos pues somos más fuertes, cuando nos respetamos entre nosotros somos más fuertes y eso es lo que vamos a ir a defender. Siempre con la frente en alto, siempre con gallardía, porque defendemos y representamos al pueblo de México. Un pueblo generoso, valiente trabajador, que trabaja aquí en nuestro país y también del otro lado de la frontera”.

Así lo informó tras realizar una visita de supervisión al estado de Tlaxcala, en la que se comprometió a mejorar las condiciones del Hospital General de la entidad, con mayor equipamiento y la reparación del tomógrafo para este mismo año. Además de reiterar a las y los trabajadores de la salud que obtendrán su basificación de manera paulatina.

Anunció recursos para ampliar el Hospital Infantil de Tlaxcala y la construcción de un nuevo Hospital de la Mujer en esta entidad, donde estarán integrados los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS Bienestar.

Dio a conocer otros proyectos para el estado, como la construcción de una nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos y un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como un puente vehicular en Chiautempan y el saneamiento del Río Atoyac, para este último, con una inversión de 300 millones de pesos (mdp) en 2025 y total de mil 500 millones de pesos (mdp).

Cabe señalar que el G7 se compone de siete países industrializados: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Además de la Unión Europea. La 51ª Cumbre del G7 se desarrollará, del 15 al 17 de junio, en Kananaskis, Alberta, Canadá.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- México ha avanzado en derechos trans, pero persisten la violencia, crímenes de odio y discriminación. El artículo denuncia la brecha entre leyes y realidad, y exige al Estado garantizar igualdad, justicia y protección efectiva para la población trans.

De acuerdo con el artículo de Sylvia Sofía Pérez para Agenda Estado de Derecho.en los últimos años, México ha dado pasos importantes hacia el reconocimiento legal de los derechos de las personas trans, dentro de ellos, el derecho a la identidad de género.

Incluso, recientemente, la SCJN ha emitido una interesante sentencia sobre el derecho de las mujeres trans a utilizar los baños de mujeres, en la que reconoce que su negativa constituye un acto de violencia y discriminación. Sin embargo, a pesar de los avances en las políticas legislativas y judiciales, esta población sigue enfrentando múltiples formas de violencia, exclusión y discriminación, que reflejan una profunda contradicción entre el marco jurídico del país y la realidad cotidiana.

Este artículo escrito en el marco del día internacional de la visibilidad trans explora las tensiones entre el avance normativo y los desafíos persistentes, con un enfoque en los crímenes de odio, el acceso a la justicia, y la responsabilidad del Estado en garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de identidad o expresión de género.

Avances legales, judicialesy normativos: ¿realidad o simulación?
México ha sido pionero en América Latina al permitir el reconocimiento de la identidad de género a través de trámites administrativos en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, entre otros. Gracias a reformas al Código Civil, muchas personas trans pueden modificar su nombre y género en documentos oficiales sin necesidad de procedimientos judiciales ni requisitos médicos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias relevantes, donde se ha establecido que las personas menores de edad también tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género, reforzando el principio del interés superior de la niñez.

Sin embargo, estos avances conviven con vacíos legales en otras entidades federativas donde no se reconoce el derecho a la identidad, lo cual genera una situación de discriminación estructural. A ello se suma la ausencia de políticas públicas transversales que garanticen el acceso real a servicios de salud, educación, empleo, vivienda y justicia para la población trans.

Crímenes de odio. La realidad detrás de las cifras
México es uno de los países más peligrosos para las personas trans en América Latina. Según el informe de la organización Letra Ese, en 2023 se registraron al menos 66 crímenes de odio contra personas LGBTIQ+, de los cuales más de la mitad (63%) fueron transfeminicidios. Esta cifra podría ser mucho mayor, considerando que muchas agresiones no se denuncian o no se registran como crímenes de odio.

Por su parte, la Fundación Arcoíris, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México, ha señalado que entre 2019 y 2024 se registraron al menos 672 crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en México, entre asesinatos, atentados y desapariciones, la mayoría de ellos registrados contra personas trans. Las entidades con mayor número de casos documentados en ese periodo fueron Veracruz (107), Chihuahua (54) y la Ciudad de México (50).

Estas muertes son la expresión extrema de un sistema que niega la humanidad de las personas trans. La impunidad, el prejuicio institucional y la falta de mecanismos especializados para investigar con perspectiva de género e identidad de género perpetúan el ciclo de violencia. En muchos casos, los crímenes ni siquiera se investigan como transfeminicidios, y las víctimas son revictimizadas en los medios de comunicación o por las propias autoridades. Frente a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades mexicanas redoblar sus esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans.

Salud, educación y empleo: otros frentes de exclusión
La violencia estructural contra la población trans no se limita a los crímenes de odio. La exclusión comienza desde la infancia, cuando muchas personas trans enfrentan el rechazo familiar, el bullying escolar y la expulsión del sistema educativo. Esto reduce en gran medida sus oportunidades de acceso a la educación superior y al empleo formal.

Utilizando datos de la ENDISEG 2021, en cuanto a las probabilidades de sufrir distintos tipos de discriminación laboral según la identidad de género, las mujeres trans enfrentan las cifras más altas en todas las categorías analizadas. El 36.9% ha sido víctima de trato desigual (en beneficios, prestaciones laborales o ascensos), el 31.4% ha sufrido violencia en el centro de trabajo, y el 18.8% ha sido negada en el empleo o en oportunidades laborales. Estas cifras duplican o incluso triplican las tasas de discriminación que enfrentan personas cisgénero, lo que evidencia una grave situación de exclusión estructural hacia las mujeres trans en los espacios laborales.

En materia de salud, el panorama tampoco es alentador. Los servicios de salud siguen sin estar adaptados a las necesidades específicas de las personas trans. El acceso a tratamientos hormonales, cirugías de afirmación de género y atención psicológica con enfoque afirmativo aún es limitado, y en muchos casos inexistente fuera de las grandes ciudades.

Según la Encuesta sobre salud sexual de mujeres trans en México 2021, solo el 18% de las participantes nunca se ha sentido discriminada. Los motivos más comunes de discriminación fueron por ser una persona trans (49%), por su apariencia física (26%) y por su trabajo (13%). Además, el 39% reportó haber tenido dificultades para acceder a atención médica debido a su identidad de género.

Reconocimiento jurídico versus reconocimiento social
El reconocimiento legal de la identidad de género no siempre se traduce en un reconocimiento social. Las personas trans siguen siendo objeto de burlas, estigmas, discursos de odio, acoso callejero y discriminación institucional. La transfobia está en las calles, en las aulas, las oficinas, las clínicas y los juzgados.

Las instituciones del Estado deben comprender que la inclusión no se resuelve únicamente con reformas jurídicas. Es necesario implementar procesos de capacitación y sensibilización profunda en todos los niveles del gobierno, especialmente en áreas como la seguridad pública, la justicia, la salud y la educación. El respeto a los derechos humanos de la población trans debe convertirse en una prioridad de política pública y no solo en una declaración simbólica.

Con base en el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar, promover e investigar violaciones a los derechos humanos. Esto incluye el deber de prevenir y sancionar los crímenes de odio, asegurar el acceso igualitario a los servicios públicos y adoptar medidas afirmativas para eliminar las desigualdades estructurales.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales han establecido estándares normativos claros sobre la protección de las personas LGBTIQ+, incluyendo el derecho a la identidad de género, a la no discriminación, y a vivir libres de violencia. Desde el enfoque del Estado de derecho, el respeto a la dignidad de las personas trans no debe depender de la voluntad política de un gobierno ni de los consensos sociales, sino que debe consolidarse como una política pública permanente de justicia, inclusión y equidad.

Hacia una ciudadanía plena para las personas trans
Las personas trans en México siguen luchando por el derecho básico a existir sin miedo. Sus vidas no deben reducirse a estadísticas de crímenes de odio, ni sus derechos estar condicionados al reconocimiento social. Aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha entre el discurso jurídico y la experiencia vivida. Hablar de derechos humanos implica hablar de acceso a una vida digna, a la igualdad de oportunidades, al respeto por la diversidad y al reconocimiento pleno de la ciudadanía. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género, puedan vivir libres de violencia, discriminación y miedo.

El camino hacia una sociedad pacífica, democrática, tolerante y respetuosa pasa necesariamente por el reconocimiento, la memoria, la inclusión y la reparación. Porque los derechos humanos no son concesiones: son exigencias de justicia y de dignidad.

Citación académica sugerida: Pérez, Sylvia Sofía. Ser trans en México. Entre el reconocimiento legal y los crímenes de odio. Agenda Estado de Derecho, 2025/03/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ser-trans-en-mexico/
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Con el título de México ante la CEDAW 2025. Una oportunidad y múltiples retos, feministas y académicas integradas en diversas redes señalaron que si bien México ha avanzado en materia legislativa a favor de los derechos de las mujeres, en la realidad ha habido enormes retrocesos en la erradicación de la violencia por la falta de claridad de la recién creada Secretaría de las Mujeres y la desaparición de la Conavim, la instancia gubernamental que daba seguimiento a la implementación y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Durante el Encuentro Anual de Análisis de los Derechos de las Mujeres organizado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, en el marco de la sustentación del X Informe del Estado Mexicano ante el Comité CEDAW en la ONU a llevarse a cabo en Ginebra, Suiza el próximo 17 de junio, analizaron los avances y retos.

En el análisis de los Informes Sombra que ya se enviaron al Comité CEDAW, destacan las peticiones de la sociedad civil de transparentar las funciones de la Secretaría de las Mujeres, la permanencia y continuación de las Alertas de Género, el establecimiento de un Código Penal Único que incluya la perspectiva de género en todos los delitos principalmente en el de feminicidio y la aplicación eficiente de la sentencia Mariana Lima Buendía, y que se atiendan las desapariciones de niñas y mujeres, señaló la coordinadora de la Cátedra, Gloria Ramírez Hernández.

En el encuentro participaron representantes institucionales como la senadora Martha Lucia Micher Camarena, que habló sobre la lucha para alcanzar la paridad y Gabriela Rivadeneira, de la Secretaría de las Mujeres, quien expreso que se encuentran listas para atender las “deudas que el Estado tiene con sus mujeres”, además, de agradecer el trabajo de las organizaciones civiles que recorren el territorio escuchando y denunciando las necesidades diversas de las mujeres y niñas de todo el país.

Desaparición de Conavim

En el Informe Sombra Alerta de Violencia de Género contra las mujeres: Ni armonización, ni coordinación se plantea que se solicite al estado mexicano la transparencia en las atribuciones de la nueva Secretaría de las Mujeres que llevaron a la desaparición el 1 de enero de 2025 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim).

Preocupa a las organizaciones como la Red Nacional de Alertistas el retroceso en las Alertas de Violencia de Género como mecanismo para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Una disminución de la participación de la sociedad civil en la declaratoria de las Alertas. Asimismo, piden que se hagan las actualizaciones en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por esta reestructuración institucional.

Hicieron énfasis que esta paralización de las Alertas de Violencia de Género impacta en el incremento de la muerte violenta de las mujeres y el feminicidio. Denunciaron que desde hace cinco meses no se reúnen los comités de evaluación y seguimiento de las Alertas que es una falta grave del estado mexicano.

Vulneran a las víctimas el Código Penal Único y el Procedimiento Abreviado

En el informe El Acceso a la Justicia Penal, una asignatura pendiente presentado por Elizabeth Ávila Carranco expone que existe una ausencia de perspectiva de género desde los procuradores de justicia, los que integran las carpetas de investigación y los propios juzgadores. Por lo que exigen que haya un código penal único, para que haya una unificación legislativa en todo el país, que debe incluir una perspectiva de género integral para todos los delitos principalmente feminicidios y violencia de género.

Al carecer de una perspectiva de género los juzgadores, quienes integran la carpeta ignoran el contexto de violencia sistemática y aplican la ley sin considerar circunstancias específicas que afectan a las mujeres

También hacen la recomendación a revisar el Procedimiento Abreviado, ya que promueve una impunidad institucionalizada, concediendo penas mínimas en delitos graves que frecuentemente no se cumplen en su totalidad debido a las reducciones adicionales que permite el sistema de ejecución penal.

Las consecuencias del procedimiento abreviado impactan negativamente en los derechos de las víctimas, especialmente en su derecho a conocer la verdad y la garantía de no repetición. Al no estar obligado el imputado a declarar y al conceder penas mínimas, el agresor alcanza libertad en menor tiempo, lo que le permite potencialmente seguir agrediendo a mujeres

En Sinaloa de 10 casos de feminicidio, ocho sentencias fueron de procedimiento abreviado lo que evidencia como se ha convertido en una política pública para reducir el atraso en investigaciones, muchas veces por incapacidad de los fiscales para armar casos sólidos o por otorgar beneficios a los agresores.

Tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales estatales

La abogada Evangelina Flores Ceceña habló sobre la recomendación en materia de feminicidio que el Comité CEDAW pidió al gobierno mexicano atender a fin de que se homologue en todos los códigos penales estatales el delito de feminicidio, así como los protocolos de investigación.

Señaló que en 28 entidades federativas se ha tipificado ese delito en su código penal, solo faltan cuatro estados Baja California Sur, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

También advirtieron que la aplicación es deficiente. También entre las peticiones esta hacer efectiva la aplicación de la sentencia Mariana Lima Buendía por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que especifica que cualquier muerte violenta de una mujer sea considerada como feminicidio y por tanto las investigaciones deben iniciar desde esa perspectiva.
AM.MX/fm

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Por Sara Lovera
(saraloveralopez@gmail.com)

CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- Una treintena de organizaciones y especialistas urgieron al Gobierno de la República al diálogo con la sociedad y a destinar el seis por ciento del producto interno bruto a la salud y dar prioridad a la salud de las mujeres, luego de analizar la situación nacional. La situación podría llegar a un punto sin retorno, donde más de 100 millones de mexicanas y mexicanos perderán hasta la capacidad de pensar y trabajar, sin atención médica.

Las 30 organizaciones denuncian la incapacidad de coordinar a los poderes y analizan la crisis de vacunación, que atenta contra la juventud.

El documento, de más de 50 páginas, sostiene que la congruencia en esta administración sería que el sistema de salud público adopte un enfoque de derechos humanos con perspectiva intercultural, interseccional y de género.

Este análisis colectivo, coordinado por Fundar (Centro de Análisis e Investigación), al que se sumaron las más diversas organizaciones, personas y grupos especializados, sobre la salud en México, piden se rescate la sabiduría de las parteras, los programas de salud para las mujeres, la niñez y la adolescencia, como la población indígena y campesina.

El trabajo denominado “Visiones Colectivas para fortalecer las propuestas de salud en el gobierno” * identificó 14 acciones urgentes para garantizar el derecho constitucional a la salud, fomentar la igualdad y crear con la cooperación de la sociedad el sistema de distribución de medicamentos, entre las más urgentes.
El documento se entregó al gobierno de la República como una hoja de ruta, convencidas de que las visiones y el trabajo colectivo entre sociedad y gobierno suman e impulsan los esfuerzos para alcanzar una “República Sana”.

Consideran que este sexenio representa una oportunidad para fortalecer el sistema de salud público. Como parte de su plataforma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en 2024 el Proyecto de Nación, así como el eje del programa de gobierno “República Sana”, que se enmarca como uno de los 14 rubros en los que se distribuyen los 100 pasos para la transformación, y que abarca el tema de salud.

En estos documentos, el gobierno expone cómo planea mejorar el sistema de salud pública en ocho temas prioritarios y, para cada uno, presentó un diagnóstico y propuestas específicas. Los temas son: 1) fortalecimiento del sistema de salud, 2) atención primaria a la salud, 3) infraestructura en salud, 4) abasto de insumos y medicamentos, 5) expediente clínico digital, 6) vacunación, 7) prevención y cultura de la salud y 8) regulación sanitaria.

Es en este contexto que más de 30 organizaciones de la sociedad civil, redes y personas con experiencia y trabajo en salud pública a nivel federal, estatal y comunitario, se reúnen para nutrir las propuestas en salud.

“Como resultado, identificamos distintas acciones para fortalecer la garantía de este derecho y resaltamos catorce que consideramos prioritarias, así como una propuesta de hoja de ruta sobre cómo avanzar en ellas. Estamos convencidas de que las visiones y el trabajo colectivo entre sociedad y gobierno suman e impulsan los esfuerzos para alcanzar una ‘República Sana’”, reza el texto.

Un primer paso fue compartir estas propuestas en enero de 2025, durante el proceso de consulta y foros públicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Durante este proceso coincidimos con el gobierno en que es urgente fortalecer el sistema de salud, agrega.
El documento busca acercar las recomendaciones ante las distintas instituciones de salud pública para su implementación y con ello el fortalecimiento del sistema de salud en México.

“En el Proyecto de Nación y el eje del Programa de Gobierno “República Sana”, el gobierno plasmó su visión y sus propuestas en torno a cómo fortalecerá el sistema de salud pública. En este contexto, en septiembre de 2024, las organizaciones Fundar, Nosotrxs, Cero Desabasto y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con el apoyo técnico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), convocamos a más de 30 organizaciones y personas que trabajan a favor de la garantía de este derecho en distintos contextos y entidades al evento ‘Visiones colectivas: nutriendo las propuestas en salud’, cuyo propósito era analizar las propuestas del gobierno en busca de fortalecerlas con nuestros saberes y experiencias”.

Es claro que es urgente fortalecer el sistema de salud público y debe ser una prioridad nacional. Todos los poderes, instituciones y órdenes de gobierno al más alto nivel adoptarán públicamente el compromiso de mejorar el sistema de salud en el periodo 2025-2030, lo que se reflejará en un presupuesto progresivo y políticas públicas coordinadas y centradas en derechos humanos.

Las políticas públicas en salud deben ser integrales, inclusivas y accesibles, y considerar todas las intersecciones y necesidades diferenciadas, por sexo, discapacidad, adscripción indígena o afromexicana, migrante, entorno rural o urbano, tipo de padecimiento, infancias, juventudes, etcétera, demanda el análisis.

En ese sentido, argumenta que la atención a la salud debe apegarse a los más altos estándares existentes para garantizar este derecho y para ello enumeran una serie de recomendaciones que se pueden consultar en: https://semmexico.mx/urgen-30-organizaciones-de-salud-dialogo-con-claudia-sheinbaum-pardo/
AM.MX/fm

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