CAMPECHE.- Se cumplen dos días del paro de labores de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes exigen mejores condiciones laborales, mismo tiempo en que el estado de Campeche no ha contado con patrullaje y vigilancia.
Otra de las exigencias de los policías es la destitución de la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, ya que ha ignorado sus peticiones y los envía a hacer trabajos de seguridad local sin protección.
En las últimas 48 horas, la entidad únicamente ha contado con 10 patrullas que se encargan de recorrer la cuidad, mientras que el resto de las unidades permanecen guardadas dentro de las instalaciones sin poder salir a causa del paro.
Detonante del paro y protesta de policías
El pasado 15 de marzo, durante un operativo de traslado por parte de la SPCS en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, provocó enfrentamientos con los reclusos que se encontraban armados con palos, piedras e incluso machetes. La riña dejó un saldo de 26 elementos heridos y otras 7 personas privadas de su libertad.
A los elementos no se les proporcionó el equipo necesario para el operativo, por lo que denunciaron haber estado expuestos.
A la protesta por lo anterior se le suman las denuncias por malas condiciones laborales, jornadas laborales excesivas, bajos salarios, así como que los recursos para la seguridad son embolsados por funcionarios estatales.
Respuesta del Gobierno
El secretario de Gobierno, Armando Toledo, se comprometió ha mantener un encuentro con una delegación de los elementos que se encuentran protestado, que este integrada por cinco personas en la Casa de los Gobernadores. Sin embrago, los policías rechazaron la propuesta, ya que solicitan que se realice en las instalaciones de la SPCS.
Asimismo, los elementos le pidieron a la gobernadora Layda Sansores San Román que asista a la inmediaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado para que escuche personalmente sus peticiones.
Por último, los policías denunciaron que han recibido amenazas e intimidaciones, por lo que han responsabilizado a las autoridades superiores ante cualquier atentado.
