PROGRESO.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), embargó de manera precautoria 400 embarcaciones recreativas, como yates y lanchas, en al menos ocho marinas del puerto de abrigo de Yucalpetén, en Progreso, Yucatán.
⇒ Esto como parte de una auditoría fiscal que de manera sorpresiva comenzó el SAT este miércoles 21 de febrero, a las 8 de la mañana, y continuaría en lo que resta del mes.
El objetivo es el de prevenir actividades ilícitas y asegurar la legalidad de todas las embarcaciones. Esta acción, llevada a cabo en colaboración con las autoridades de Comercio Exterior, tuvo como propósito embargar de manera preventiva aquellas embarcaciones que carecieran de la documentación adecuada.
El énfasis en la legalidad y el cumplimiento de las normativas fiscales fue evidente en cada etapa del operativo. Desde la notificación a los encargados hasta el plazo otorgado para regularizar la situación, que es de 10 días hábiles, el SAT dejó en claro su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes.
A pesar de las reacciones encontradas entre los empleados, la comunidad respaldó firmemente estas acciones. Reconocieron la importancia de identificar y evitar la presencia de embarcaciones robadas o importadas ilegalmente, muchas veces con documentación falsa para eludir impuestos.
Las marinas inspeccionadas, de entre 22 establecimientos turísticos registrados en Yucalpetén, en Progreso, fueron: Silcer, Rojano, Alacranes, Solari, Paraíso y el Faro, entre otras. La revisión de documentos estuvo a cargo de auditores fiscales de la federación.
De entre 2 mil embarcaciones recreativas, quedaron en embargo 400, entre yates y lanchas de diversos tamaños y precios, que van desde 20 mil hasta los 500 mil dólares e incluso podría haber algunas con valor de hasta un millón de dólares.
⇒ Los yates y lanchas incautados quedaron depositadas en las marinas, cuyos dueños son los depositarios y podrían ser objeto de multas o acciones legales en caso de que alguna sea retirada sin autorización de la autoridad fiscal.
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