Por: Lilia Arellano.
“El crimen masacra inocentes para obtener un
premio, y la inocencia lucha con todas sus fuerzas
contra los intentos del crimen”: Robespierre
- Estrategia empoderó al crimen
- 70% del territorio dominado por cárteles de la droga
- Investigaciones fallidas; carecen de lo indispensable
- Layda Sansores recula y Monreal defiende su honra
A pesar de la aguda militarización de la administración pública federal realizada en esta administración, sin duda, el “legado” del presidente Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos es un país controlado por organizaciones criminales, y un sexenio perdido en materia económica, con un PIB totalmente estancado y crecimiento millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema. Tal y como lo denunciaron las autoridades estadounidenses en base a sus reportajes de inteligencia y ahora lo confirma el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional realizado por el colectivo Guacamaya, el 70 por ciento del territorio mexicano está repartido entre 82 organizaciones criminales, las cuales son la verdadera autoridad en 1,059 municipios.
Los propios reportes de inteligencia del Ejército, filtrados por los hackers, confirman están coludidas las organizaciones delincuenciales con los gobiernos locales estatales y municipales, y todo parece indicar también con el federal, desde donde no solo les han ofrecido todo su respeto sino protección e inmunidad. De acuerdo a un diagnóstico encontrado en los correos electrónicos filtrados por Guacamaya, basado en una encuesta del Sistema de Inteligencia Militar en los Mandos Territoriales, con el fin de evaluar el uso dado a la información de inteligencia generada para debilitar la estructura de las principales organizaciones delictivas, casi la mitad de los comandantes al frente de las regiones y zonas militares del país no confían en las autoridades civiles locales por existir indicios de su vinculación con las mafias.
Ese diagnóstico mide si los productos de inteligencia son entregados con oportunidad y completos, la adecuada relación de las tropas al recibir la información, el manejo y uso de los productos de inteligencia y la coordinación con autoridades civiles, entre otros puntos. Sobresale la evaluación más baja en la Coordinación con Autoridades Civiles, donde se detectó solamente el 3 por ciento de los comandantes mantienen una buena y estrecha relación con las autoridades civiles, mientras el 47 por ciento se mantiene a distancia, lo cual afecta o dificulta el éxito de las operaciones.
De los 2 mil 446 municipios mexicanos, por lo menos en mil 58 hay uno o varios grupos del crimen organizado, esto es: en 72% del territorio mexicano hay presencia de algún cártel, banda o célula criminal. Entre 2017 y 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó más de 80 organizaciones y 16 bandas delictivas, así como 419 nombres asociados a la delincuencia, a quienes además se les cataloga como blancos relevantes por la violencia generada en sus zonas de operación.
De acuerdo con más de 50 reportes de inteligencia realizados por Sedena, hay estados en donde los grupos del narcotráfico se han dividido todo el territorio: Baja California, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México y Tamaulipas, gobernados por Morena, el partido del presidente López Obrador, en donde no se han podido refutar los nexos entre los gobernadores de esas entidades con las organizaciones criminales, quienes ayudaron no solo a ganar las elecciones sino también financiaron las campañas. La “paz narca” promovida por la administración del régimen de la autodenominada Cuarta Transformación no ha servido sino para empoderar a los cárteles de la droga, organizaciones con la protección para poder darse el lujo de desafiar a las Fuerzas Armadas, quienes tienen instrucción, de su principal comandante, de no confrontarse con las organizaciones delincuenciales.
En muchas entidades, la presencia del narcotráfico está además fortaleciendo a los grupos delictivos dedicados al robo de combustible y/o tráfico de migrantes, como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas. Dentro de los reportes de inteligencia de la Sedena filtrados, sobresale el amplio despliegue del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en el 20 por ciento de los municipios de México y, a diferencia de los demás grupos delictivos, ha generado alianzas para poder estar presente en casi todas las regiones del país.
El gobierno federal tiene identificado a este cártel (CJNG) como el factor clave del alza en la violencia en algunos municipios de Quintana Roo desde 2017, principalmente en Benito Juárez y Solidaridad, en donde además desde 2020 se vio un incremento notable en el narcomenudeo. Lo mismo ocurre desde hace dos años en algunas zonas de San Luis Potosí, como en Matehuala y Soledad de Graciano, en donde han llegado a querer “despojar del control a las organizaciones delictivas que históricamente habían mantenido una hegemonía, como son: Cártel del Golfo (CDG), Zetas-Vieja Escuela y Cártel del Noreste (CDN)”. Lo cual no es “raro” dada la presencia de un gobernador totalmente afín, surgido con su familia de esas filas.
Los informes de inteligencia, además de calificar al CJNG como el generador de violencia en diversas zonas de México, también infieren, pueden con su expansión estabilizar ciertos delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro y extorsión. Esta disminución es ampliamente celebrada por el gobierno federal en las mañaneras y son considerados como un “logró” de la gestión del tabasqueño y de su estrategia de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, el Cártel de Sinaloa es quien recibe mayor protección de la gestión de AMLO, igual a la otorgada durante la administración de Enrique Peña Nieto. El también llamado Cártel del Pacífico domina la mayor parte del territorio mexicano, es dos veces más poderoso, con presencia en 457 municipios, pero estos sólo cubren 256 mil 845 kilómetros cuadrados (km2), mientras el Cártel de Sinaloa está en 233 municipios reuniendo 681 mil k689 km2, de acuerdo con los datos analizados.
Según los reportes de inteligencia militar, México es un país saturado de criminalidad, ocupando la totalidad de la frontera norte presente en puntos estratégicos de la frontera sur; atrincherado en las zonas rurales, pero también peleando las capitales y grandes ciudades; está lleno de escisiones y traiciones internas y entre los mismos cárteles hay pugnas entre sus facciones desde hace años, como pasa con los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. La revisión datos producto de labores de inteligencia de la Sedena muestra: de los más de mil municipios en donde hay presencia de algún cártel o banda delictiva, en 343, es decir, en uno de cada cinco, hay dos o más grupos delictivos, ya sea por alianza o porque se están disputando los territorios.
La Sedena tiene identificados plenamente a más de 400 miembros del crimen operando en México, entre líderes, abogados, operadores financieros, sicarios, jefes de células y militantes destacados, incluso autoridades y legisladores electos. De ese gran listado, sobresalen 10 catalogados como parte de organizaciones delictivas, pero también por sus puestos en gobiernos municipales y por ser exmilitares. Los documentos hackeados por Guacamaya demuestran las redes tan amplias que componen a cada uno de los grupos criminales en el país, en donde sólo el 30 por ciento del territorio mexicano se libra de estar en medio de esta guerra.
Esta información no hace sino confirmar la urgente necesidad de modificar la estrategia de seguridad del régimen de la 4T, pues sus resultados no sólo han fracasado en la pacificación del país, sino han hundido al territorio mexicano en la criminalidad y la inseguridad a millones de mexicanos. La reciente ejecución, en un restaurante de Guadalajara, de Salvador Llamas Urbina, consejero de Morena y funcionario municipal en Puerto Vallarta, quien también fue acusado de “narco”, es un nuevo acontecimiento el cual obliga a revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal, según lo ha considerado Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. “Los hechos suscitados en Guadalajara nos hacen pensar y establecer que es urgente revisar la estrategia de seguridad pública que se aplica en el país (…) No se puede dejar pasar o pensarse que sea sólo un hecho más, porque al sumar los últimos acontecimientos, nos hacen obligatoriamente pensar en la necesidad de revisar la estrategia de seguridad pública, sin que se quiera sacar u obtener beneficios políticos y actuar partidariamente”.
En entrevista, Monreal Ávila destacó: “Se necesita que con rapidez se frene esta ola, que cada vez es más abierta, cada vez es más directa, que cada vez es más frontal, no tienen escrúpulos, ni recato alguno en la delincuencia organizada (…) Por la forma en que se actuó y la forma en que fue abierta la ejecución, dado que se conocían según los primeros indicios, y había elementos de seguridad privadas de ellos, nos hacen pensar que en Jalisco y en todas partes, la delincuencia organizada está rebasando cualquier otro escenario”. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado consideró es la posible vinculación de Llamas Urbina con el crimen organizado algo de obligada aclaración por parte del Ministerio Público.
Al cuestionársele si la ejecución de Llamas Urbina es un llamado de atención para Morena, sobre sus militantes y con quienes se relacionan, el zacatecano respondió: “Es un llamado de atención para todos, no es Morena el único que tiene este problema, lo hay en el PAN, del PRI, porque el crimen organizado tiene tentáculos por todos lados, y mientras no se tenga una indagatoria y un resultado, no se puede responsabilizar a nadie, todos tiene derecho al principio de la presunción de inocencia”. La dirigencia nacional de Morena no se ha pronunciado. Mario Delgado ¿guarda cómplice silencio?
DE LOS PASILLOS
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reculó de su anunció sobre la presentación en la próxima emisión de su programa “Martes del Jaguar” de información involucrando al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. El legislador respondió y arremetió contra el espionaje de su partido, Morena, y denunció el inicio de una guerra sucia de desprestigio y descalificaciones en su contra para obstaculizar sus aspiraciones presidenciales. La mandataria campechana escribió en Twitter: “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”…
Es verdaderamente difícil de aceptar no se tengan en nuestro país ni los mínimos requeridos para llevar a cabo una exitosa investigación y esto se da en todos los órdenes.
No atrapan violadores, agresores sexuales,a quienes acosan, a los ladrones, pero tampoco a criminales aún y cuando sus homicidios sean mundialmente famosos como el de los sacerdotes jesuitas. Se han visito totalmente inútiles para determinar cómo y quienes provocaron la intoxicación de menores en tres entidades del país y todos ingirieron agua supuestamente con droga. En el colmo, además del registro mortal del fin de semana,todos nos enteramos de la manera con la cual una maestra mantuvo a sus alumnos en calma mientras se llevaba a cabo una balacera. ¿Cómo puede el presidente recibir informaciones tan mortales sin inmutarse? ¿Cómo hace para poder esa carita de “yo no fui”, hacer pucheros y dedicarse a la defensa de su gabinete-gavilla?
A este paso, esas ramas secas, pelonas, tristes, muertas, rodeadas de vallas metálicas en donde se reclama justicia -¿dijeron era un ahuehuete sembrado?-, ubicadas en la otrora famosa “Glorieta de la Palma” sobre la avenida Reforma, será el referente de nuestro país.
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