CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Telesecundarias y sus telemaestros fueron determinantes para mantener la prestación de los servicios educativos a más de un millón 345 mil estudiantes, y ofrecer herramientas pedagógicas eficientes para las comunidades escolares del país durante la pandemia por COVID-19, afirmó el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro.

Durante el conversatorio “Telesecundaria y Secundaria a Distancia para Adultos (SEA): una mirada al futuro desde sus orígenes”, como parte de la Jornada de la Educación Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó también la participación de las y los telemaestros en la creación de guiones y segmentos para la estrategia de educación a distancia Aprende en Casa.

El titular de Materiales Educativos dijo que el servicio de Telesecundaria destaca en el desarrollo de proyectos; intervención comunitaria; resolución de problemas; innovación; investigación, así como en el desarrollo de procesos didácticos.

Actualmente, existen 18 mil 792 telesecundarias con 68 mil 203 aulas y 35 mil 622 pantallas distribuidas en todo el país. El sistema atiende a más de un millón 345 mil estudiantes con el apoyo de 72 mil 157 docentes.

Arriaga Navarro recordó que el 2 de enero de 1968 se emitió el acuerdo secretarial que dio origen a la telesecundaria; tres semanas después, el 21 de enero de ese año, inició en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el entonces Distrito Federal, con una matrícula de seis mil 569 estudiantes y clases de 20 minutos en telaulas a cargo de un maestro coordinador, con el objetivo de llevar servicios educativos a zonas urbanas y semiurbanas.

Comentó que originalmente la conformación de las telesecundarias requería la creación de patronatos en las comunidades para asegurar el desarrollo, el equipamiento y la apropiación de la escuela entre sus habitantes.

Para 1970, el servicio de Telesecundaria creció de tal forma que fue considerado un éxito por su alto nivel de cobertura y los bajos costos de transmisión, lo que propició que varios países de Latinoamérica vieran a México como referente en esta modalidad y solicitaran sus materiales educativos.

La subsecretaria de Educación Obligatoria de Puebla, María del Coral Morales Espinosa, recalcó que las y los maestros de telesecundaria conocen de manera integral y holística a sus estudiantes, y tienen la capacidad de identificar sus debilidades en el aprendizaje y, al mismo tiempo, motivar el desarrollo de sus fortalezas.

Además, reconoció a la SEP por favorecer la participación de maestras y maestros en la discusión de planes y programas, así como en el diseño de los nuevos materiales educativos.

En tanto, el director de Educación Telesecundaria de Sonora, Manuel Busani García, invitó a las autoridades educativas federal y locales a seguir garantizando la capacitación y formación continua del personal docente, y a asegurar su acceso a los nuevos materiales para adaptarlos a su práctica cotidiana.

Afirmó que entre las fortalezas de telesecundaria destaca la capacidad de sus docentes para abordar y asumir la transversalidad de la enseñanza, y orientar a los alumnos en distintas materias y procesos de aprendizaje.

Por su parte, la titular de la Jefatura del Departamento de Telesecundaria de Morelos, Patricia Roselia Espín Ocampo, afirmó que este modelo de enseñanza continúa vigente y a la par de las nuevas tecnologías, ya que los telemaestros asumen que la innovación es uno de los principales ejes de la educación.

Señaló que el concepto de comunidad en telesecundaria, así como en el resto de las modalidades de enseñanza, debe ampliarse y no sólo circunscribirse al maestro y al alumno. Asimismo, pidió a las autoridades ofrecer nuevos y mejores materiales, con diseños y contenidos actualizados y más atractivos.

Finalmente, el coordinador operativo de Secundaria a Distancia para Adultos (SEA) en Michoacán, Chrystian Solorio Vargas, dijo que el servicio educativo, que históricamente se ofrecía a personas de entre 35 y 40 años, hoy se enfoca en la atención al rezago educativo y el abandono escolar de jóvenes menores de 20 años.

Comentó que por la pandemia el servicio transitó de un esquema presencial a la modalidad a distancia con buenos resultados, por lo que se busca incrementar la captación de alumnos con distintas instancias de gobierno y con el objetivo de que obtengan un certificado de estudios a la par de su incorporación a la vida laboral.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudió el fondo de los dos primeros asuntos en lo referente a los amparos promovidos por más de 80 productores y autores de contenidos respecto a la Ley General de Bibliotecas, tras lo cual se confirmaron dos sentencias de jueces de distrito, en las que se dijo que las bibliotecas depositarias deben respetar en todo momento la Ley Federal del Derecho de Autor.

Así, en los amparos en revisión 132/2022 y 164/2022 la SCJN resolvió que “la Ley General de Bibliotecas debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, en particular, respecto a la autorización que los productores y autores otorguen de sus obras” y que “es claro que para efectos de consulta, puesta a disposición, copia o digitalización de las obras y publicaciones que se entregan en el Depósito Legal, la autoridad bibliotecaria debe sujetarse a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor”, así “con previa autorización de los titulares de los derechos, las publicaciones y obras que conformen el depósito legal aludido pueden ser consultadas, puestas a disposición y, en su caso, digitalizadas únicamente para fines de conservación, con excepción de las publicaciones cuyos derechos hayan expirado o se ubiquen en las hipótesis de dominio público”.

Por ende, las bibliotecas no podrán poner las obras y producciones para consulta pública, sin la previa autorización de los titulares de derechos, como claramente determinó la SCJN, dado que “la base sobre la cual opera el Depósito Legal es el debido acatamiento a la Ley Federal del Derecho de Autor”.

Además de esta autorización que deben dar los titulares para la consulta pública de sus materiales, la SCJN salvaguardó su derecho a proteger esas obras y producciones con medidas especializadas, señalando que: “se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos tales como cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor”.

Con esto la SCJN otorga seguridad jurídica en la aplicación de la Ley General de Bibliotecas y salvaguarda los derechos de propiedad intelectual, brindándole razón al sector creativo frente a los reclamos contra el impreciso y ambiguo texto de la Ley General de Bibliotecas publicado en un inicio y que dio paso a que más de 80 editoriales literarias, autores, compañías disqueras y productores de cine y televisión presentaran amparos en contra de la Ley General de Bibliotecas.

Esto porque la ley facultaba a las bibliotecas para que recibieran depósitos legales (ejemplares de cada libro, canción, película y serie creados en México) y permitir el acceso público a esos contenidos. Asimismo, se obligaba a editoriales y productoras a entregar esos materiales en condiciones que permitieran esos usos (archivos digitales sin medidas tecnológicas de protección).

Lo anterior ponía en riesgo los derechos de autor y conexos que sirven para autorizar, o no, los modos de acceso público a las obras y producciones, así como del derecho de proteger los archivos digitales con medidas anticopia y controles de acceso (medidas tecnológicas de protección).

En días previos la propia SCJN había resuelto el primer amparo contra la Ley General de Bibliotecas, pero en dicho asunto el tribunal no entró al fondo, sino que sólo se limitó a resolver un tema de plazos (el plazo para entregar los materiales debe contarse a partir de la publicación de la obra, no de la terminación de su producción), pero no analizó la problemática de los derechos de autor y conexos, como sí lo hizo en esta ocasión.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Carlos de la Vega, socio experto en materia laboral de la firma legal Santamarina y Steta, señaló que la Reforma en materia de Justicia Laboral en nuestro país está generando profundas transformaciones.

“Se están dando cambios dramáticos por la introducción efectiva de los principios de libertad de asociación, respecto a la negociación colectiva y democracia sindical, sólo que son disparejos, pues las empresas de vocación exportadora tienen un nivel de observancia mayor que las demás, al estar expuestas a Mecanismos de Respuesta Rápida bajo el TMEC, los cuales las exponen a niveles mayores de escrutinio, pues quedan bajo la supervisión de las autoridades de EUA”, dijo.

El especialista explicó que los ajustes legislativos recientes imponen prácticas nunca antes vistas que empoderan al trabajador al participar en las decisiones en las empresas mediante su voto personal, libre y secreto. Además, muchas de las nuevas normas son inviables para las empresa pequeñas.

“Eliminar la subcontratación, asegurar el pago efectivo de la PTU, incrementar las contribuciones del seguridad social, aumentar periodos vacacionales, los de paternidad, generar negociaciones salariales y contractuales más duras, etc., constituyen un auténtico cambio de piel. Tenemos una política laboral que nos quiere llevar hacia un nuevo orden sindical. Sin embargo, esto se está haciendo para unos cuantos miles de trabajadores, no llega a la clase trabajadora en su conjunto ni resuelve los problemas de México. Ni siquiera cubre a las empresas de toda la economía formal. Le están cargando todas las piedras al mismo burro”, señaló.

Juan Carlos de la Vega aseguró que los cambios en materia sindical y todos aquellos que han generado beneficios adicionales para los trabajadores son buenos, sin embargo ya es necesario que surjan estímulos a las empresas para incrementar su productividad y generar más empleo.

“El grueso de las empresas no están pudiendo con las cargas ni con los tiempos. Hace falta un enfoque de apoyo que complemente a la política laboral de México, como la posibilidad de deducir completamente prestaciones de previsión social, modificación a la baja de las tasas impositivas o el impulso a esquemas autosustentables en cuanto a prestaciones. Hay muchas opciones, pero no estamos viendo una voluntad política hacia allá”, aseguró.

“De continuar así, corremos el riesgo de que las PyMes, al ver imposible cumplir con la normatividad, se verán en un punto que las lleve hacia la informalidad”, concluyó.
AM.MX/fm

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