LA HABANA, CUBA.- En su batalla de décadas contra un enemigo doméstico, el sector privado, el Gobierno cubano parece bajar las armas por primera vez en casi 70 años y reconocer que el Estado necesita, invariablemente, de otras formas de gestión económica, pero no sin renunciar al control total sobre esta. En medio del colapso que atraviesa el país, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó un decreto-ley donde se abre a la creación de empresas público-privadas, es decir, a una alianza entre el sector estatal y el no estatal que les dará margen para decidir, entre otras cosas, sobre los productos y servicios a comercializar, o encargarse de fijar precios y salarios. La medida llega justo un día después de que el mandatario, Miguel Díaz-Canel, hiciera un llamado “urgente” a transformar el modelo económico del país, en medio del cerco que mantiene Washington con La Habana.
“Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social”, dijo el gobernante este lunes durante una reunión del Consejo de Ministros, luego de varias semanas en las que la administración de Donald Trump ha insistido en que el cambio en Cuba llegará, primero, de la mano de una transformación económica. Díaz-Canel también habló de la importancia de “aprovechar las asociaciones económicas entre el sector estatal y privado, sobre todo en la escala municipal; y la promoción de negocios con cubanos residentes en el exterior”.
Estaba reconociendo así que no hay manera de salir a flote sin una alianza con sus privados. Por tanto, para el martes el Gobierno ya estaba haciendo público el Decreto-Ley 114/2025, llamado De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales, que marca un antes y un después en la estructura del modelo económico cubano, y que brinda a las cooperativas o a las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas mipymes, el marco legal para funcionar que desde hace años venían solicitando. El Gobierno ahora ha creado la figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta (S.R.L. mixta), en la que podrán unirse una empresa estatal con una privada y, entre otras cosas, operar cuentas bancarias, decidir sobre lo que exportan o importan, o tener más capacidad de gestión.
Por años, el Gobierno cubano le ha puesto freno a la propiedad privada, bajo el mandamiento de que el principal actor de la economía cubana es la empresa estatal socialista. Cuando en otras crisis, como la del llamado Periodo Especial de los años noventa, el Gobierno tuvo que acudir a este sector para lidiar con la asfixia, el país evitó siempre mencionar o reconocer una figura como la del sector privado, llamándolos entonces “sector no estatal”, “emprendedores” o “cuentapropistas”. No fue hasta un mes después de las protestas antisistema del 11 de julio de 2021, cuando la gente salió a la calle gritando “hambre” o “libertad”, que el Gobierno anunció la apertura de mipymes, no sin antes decretar una lista de prohibiciones.
Aun así, resultaba un cambio trascendental que la Constitución hablara, por primera vez, de “propiedad privada”. El pasado año había en la isla unas 9.900 empresas privadas, que además empleaban a más del 30% de la población. Desde hace tiempo, en el sector son las mipymes las que suplen mucho de lo que el Gobierno está incapacitado de garantizar. Si bien los precios son inaccesibles para una parte de la población, son hoy lo único que llena un hueco tremendo en medio de un país completamente desabastecido de lo esencial.
Aunque aún está por verse cómo se implementará la nueva medida, y aunque es cierto que el nuevo decreto-ley brinda mayor margen a la libertad empresarial, esto no significa que el ojo del Estado no siga estando presente en cada una de estas gestiones bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), que tendrá el control de cada movimiento.
El economista Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, alerta de que la nueva medida sigue dentro de un “marco de centralización y de burocracia”. “Estas entidades mixtas nuevas tendrán que ser aprobadas por el Ministerio de Economía. La empresa estatal que quiera proponer una asociación, tiene que recibir un aval del organismo que le corresponde”.
También ve “una intención clara de parte del Gobierno de seguir siendo el que dicte los tiempos de estos procesos”. El Gobierno, que podría ahora aprovechar las ventajas de las entidades privadas, como su capital o contactos, será quien decida qué empresas o no se constituyen bajo esta ley. “Quieren aprovechar el sector privado, pero sin renunciar a su posición dentro de la economía”, asegura el experto.
AM.MX/fm
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