CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se dieran a conocer supuestas declaraciones de Emilio Lozoya en las que admitió que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó millonarios sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para que aprobaran las reformas del Pacto por México, Ricardo Anaya negó los dichos y los calificó como absurdos.

A través de una carta dirigida al diario Reforma, Anaya expuso que la información es “absolutamente falsa”, argumentando que tanto él como el PAN llevaban años impulsando la reforma energética, la cual fue aprobada en agosto de 2013. Además, agregó que él jamás ha cometido un acto indebido.

“La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción”, afirmó Anaya.

El ex candiato presidencial del PAN, aseguró que dichos señalamientos solo buscan “golpearlo” y hacer justicia con fines políticos ante el proceso electoral de 2021.

“Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México es importante que se haga justicia y se conozca la verdad”.

La acusación hecha por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reveló que hubo sobornos a integrantes del Partido Acción Nacional, entre ellos Ricardo Anaya, por más de más 52,000 millones de pesos, con el fin de que se diera el visto bueno a la reforma energética.

Por su parte, el Partido Acción Nacional emitió un comunicado para fijar su postura en contra de la corrupción.

En una serie de puntos, el PAN señaló que no tolerará ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, como tampoco “que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido”.

Además, refirieron que quien acusa está obligado a probar.

“Hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado”.

El PAN pidió a las autoridades encargadas del caso que se conduzcan con legalidad y que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades.

Según el PAN, estas supuestas declaraciones del ex director de Pemex pretenden ser usadas como “una cortina de humo” ante “el fracaso del gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse”.

Al igual que Anaya, indicaron que sus entonces legisladores “no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria”, ya que el partido siempre ha estado a favor de impulsar la competitividad del sector energético.

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Lozoya dijo que se sobornó a legisladores por reforma energética: AMLO

AMX/KMJ

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CIUDAD DE MÉXICO.- El análisis de incidencia delictiva de los primeros seis meses de 2020, realizado por la organización ciudadana Causa en Común, revela que, durante la primera mitad del año, se mantienen la crisis de denuncia, (que explica la altísima “cifra negra”); el marcado incremento en algunos delitos, como feminicidio y violencia familiar; el mantenimiento de niveles inadmisiblemente altos en otros delitos, como es el caso de los homicidios dolosos (asesinatos); y la ostensible manipulación de cifras delictivas por parte del gobierno federal y por parte de diversas entidades federativas, ante la pasividad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al respecto de los feminicidios, Causa en Común reveló que el número de casos reportados entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, aumentó en un 9%, con 41 feminicidios más registrados, con lo que se alcanza el nivel más alto desde que se tiene registro.

Estos niveles de feminicidio mantendrían una tasa proyectada de 0.8 por cada 100 mil habitantes, con lo que México quedaría como uno de los países con tasas más altas en el continente, muy por encima de otros países latinoamericanos, como Chile, que tiene una tasa de 0.4 por cada 100 mil habitantes. Los niveles actuales nos colocan más cerca de naciones como Hungría y Lituania, que tienen tasas de feminicidio de 0.9 y 1 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Esto, sin considerar que el feminicidio, al igual que casi la totalidad de los delitos, se encuentra muy sub-representado, y la tasa real es, con seguridad, considerablemente más alta.

Los estados con mayor registro de feminicidios en el primer semestre de 2020, fueron: Estado de México, con 63 registros; Veracruz, con 47; Ciudad de México, con 37; Puebla, con 36; Nuevo León, con 35; y Jalisco, con 29. Por su parte, los estados que menos feminicidios registraron, fueron: Yucatán, con 4; Campeche, con 3; Baja California Sur, con 2; y Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala, con un registro cada uno. Cabe destacar que estas cifras no indican que sean los estados más seguros paras las mujeres, sino que sus gobiernos registran menos casos.

Sobre la violencia familiar, Causa en Común reveló que aumentaron los registros de violencia familiar entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, pues se reportaron 1,622 casos más; es decir, 2% más. Igualmente, aumenta la tasa proyectada de registros de este delito, que pasaría de 164.4 por cada 100 mil habitantes a 170.2. Del mismo modo que en los feminicidios, con todo y el sub-registro por falta de denuncia, la violencia familiar está en el nivel más alto desde que existe registro.

En violencia familiar llama la atención el caso de Tlaxcala, que presentó números muy bajos, si se comparan con los de otros estados que tienen bajos registros de este delito, como Yucatán. A pesar de que Tlaxcala casi no registra este delito, medios de comunicación locales han informado que la violencia familiar es un problema grave en la entidad.

El homicidio doloso (asesinatos) es otro delito que mantiene niveles alarmantes. De acuerdo con los datos del SESNSP, las víctimas registradas de homicidio aumentaron de 17,653 a 17,982 (2% más), comparando el primer semestre del año pasado y el de este año. Con esta tendencia, se espera que los homicidios registrados para este año sean más de 40,000, sumando el 10% adicional que, en promedio, añaden las actas de defunción del INEGI. Con dicho número, la tasa proyectada sería de 33 por cada 100 mil habitantes cuando, en 2019, fue de 28.3.

Por otra parte, si bien hay delitos que presentan una disminución en los registros, como extorsiones, secuestros, robos con violencia y robos de vehículos con violencia, esto podría atribuirse a la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al coronavirus, y a dificultades adicionales para la denuncia, también asociadas a la pandemia.

Para Causa en Común, un aspecto a destacar dentro de la situación de inseguridad que vivimos, es la manipulación de cifras. El análisis de incidencia delictiva de la organización reveló que el SESNSP registró, durante el primer semestre del año, 23% más delitos que los reportados por el Gabinete de Seguridad.

Para María Elena Morera, presidenta de la organización, “esta discrepancia debería ser un escándalo, y sólo deja en evidencia que, dentro del gobierno, no existe coordinación en materia de seguridad. Los ciudadanos merecemos claridad y certeza al respecto de la situación de inseguridad en la que vivimos. Si el gobierno no tiene esos datos, no puede hablar de que esté siguiendo una estrategia o esté disminuyendo en lo absoluto los delitos”.

Adicionalmente, los estados posiblemente no estén reportando crímenes de alto impacto, o los están reportando como delitos de menor gravedad. De manera peculiar, algunas entidades presentan bajos números y tasas de registros de ciertos delitos, aunque tuvieron altos números y tasas de reportes en otros. Un ejemplo, entre muchos, es que Colima no registre robos de vehículo con violencia, o que haya supuestamente reducido los robos con violencia en general en un 85%, al tiempo que mantiene las tasas por asesinatos y violencia familiar más altas del país.

Otro caso, entre muchos, que llama la atención, es que Michoacán reportó siete casos de extorsión en todo el semestre.

“Hay un serio problema de sub-registro, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a las muy probables manipulaciones y ocultamientos por parte de autoridades”, señaló Morera.

El sub-registro es particularmente grave en los delitos de extorsión, secuestro y robo de vehículos con violencia. Algunos estados no registran estos delitos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades, y el gobierno federal, estén atendiendo eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan.

El análisis completo de incidencia delictiva se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2ZRKlJo

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