CIUDAD DE MÉXICO.- A 21 meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Estado e instituciones relacionadas al campo (Sader, Sedatu, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE), han sido desmantelados con la “política de austeridad” y asfixian a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés.

En lo anterior coinciden los dirigentes de la UGOCP, Luis Gómez Garay; Mariana González Torres, del CAP; e Isidro Pedraza Chávez, de la UFIC; quienes señalaron que a 21 días de presentar su segundo informe de gobierno, el Jefe del Ejecutivo mantiene su negativa a dialogar con los liderazgos de organizaciones campesinas a pesar Conflictos Agrarios latentes, baja producción de alimentos, aumento en importaciones de granos y oleaginosas así como la existencia de un T-MEC que pone a los agricultores en desventaja.

Actualmente la Sader, Sedatu, Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios, FIFONAFE, Financiera Rural y Registro Agrario Nacional, se debaten en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo mexicano por lo que es necesaria su reactivación en lo que resta de esta administración.

Con la previsión de que el cierre de año será complicado en el abasto de alimentos y no se descarta una hambruna así como protestas sociales, se pronunciaron por iniciar el dialogo con los actores sociales y políticos del campo; armar una agenda que aborde la pandemia del COVID 19 y la crisis económica, social y política que priva en la nación.

Además de dicho diálogo con el Presidente de México, estimaron necesario comenzar el andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad economía, recuperar la salud y garantizar las libertades en el país rumbo al 2021.

Todo ello, dijo Mariana González Torres, del CAP Nacional, debido a desde el inicio del sexenio las organizaciones campesinas han sido marginadas del diálogo en el marco de una exclusión en la gestión para imponer intermediarios institucionales mejor conocidos como “servidores de la nación o instituciones bancarías que se benefician con el cobro de comisiones en las operaciones que realizan para campesinos e indígenas.

Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a fortalecer a los campesinos mediante la reorientación del presupuesto y programas estratégicos que no sean una imposición para las comunidades, un despojo o un daño al medio ambiente.

Para Isidro Pedraza Chávez, presidente de la UFIC, se debe terminar con un quinto año de reducción presupuestal para el medio rural así como con los programas asistenciales que sólo impulsan el populismo y clientelismo al carecer de reglas de operación; al cancelar el financiamiento a programas de mujeres; retira el apoyo de las tarifas eléctricas para el riego agrícola, diésel agropecuario y pesca.

Actualmente con el T-MEC somos los principales importadores de granos de Estados Unidos, nuestra producción rural es proveedora de insumos baratos y quedamos excluirnos de los procesos de integración de valor de la cadena productiva.

Nada cambió: “se mantiene la formula globalizadora donde los campesinos se están en pobreza perpetua, dependen de dádivas gubernamentales y las importaciones agroalimentarias derrumban la rentabilidad de los sistemas de producción donde la competencia es en desventaja”.

Por su parte, Luis Gómez Garay, dirigente de la UGOCP, consideró que “el Gobierno de la 4T despojó de sus funciones a la Sedatu para atender los asuntos agrarios de una forma inconcebible ya que allí se observaba la evolución de más de la mitad del territorio mientras que la SADER está en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo”.

Sostuvo que en los últimos dos años, el Gobierno Federal demolió la antigua Secretaria de la Reforma Agraria, desmantelando la estructura administrativa y redujo el funcionamiento a los Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE, que atendían diversos temas de los más de 30 mil núcleos agrarios del país y cuyo futuro “pareciera ser testimonio de viejas reliquias de tiempos pasados”.
AM.MX/fm

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LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.- El pasado viernes 7 de agosto, en su último día de gira de trabajo por el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Los Cabos, Baja California Sur, para entregar obras de mejoramiento urbano en ese municipio.

“Celebro que ya se esté terminando esta primera etapa del programa con una inversión de alrededor de 450 millones de pesos de todas las obras”, expresó.

En Los Cabos se construyeron nuevas calles, dos centros deportivos, una plaza pública, dos módulos del Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI), una biblioteca pública y se dio mantenimiento a la canchas deportivas, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu ayuda a crear fuentes de empleo e impulsar la economía de los habitantes de Baja California Sur, afirmó el primer mandatario.

“Es importantísimo para la economía, el turismo, que además de generar riqueza, distribuye riqueza; no es como otra actividades financieras que sólo beneficia a una persona que apuesta a la especulación; aquí es una inversión, cuando se construye un hotel se da trabajo y se reactiva la economía”, subrayó.

El presidente se comprometió a concluir las obras de pavimentación de la avenida Nicolás Tamaral en Los Cabos; a iniciar la construcción de la planta desaladora solicitada por el gobierno del estado; a construir la planta de generación eléctrica de ciclo combinado en La Paz para garantizar el suministro energético en la entidad y a hacer llegar a más personas los Programas Integrales de Bienestar.

Acompañaron al presidente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; el gobernador del Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, el director general Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons y la presidente municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo de 2018, durante una gira de campaña, de López Obrador, Ramón Ojeda Mestre presentó ante el entonces candidato, la problemática de vivienda y agua que vivían los baja californianos.

En su participación en una de las reuniones sostenidas con López Obrador, señaló que hay comunidades donde no tienen drenaje, “La Paz, capital de Baja California Sur, en pleno siglo XXI, no tienen drenaje, en Los Cabos la mayoría de la población, el 90 por ciento de la población, no tienen agua potable ni siquiera un día a la semana”.

Manifestó que se tiene una crisis hídrica tremenda que no la “oreamos porque no queremos hacernos el harakiri, pero no alcanza el agua, hay un  acuífero en Santiago pero ya esta comprometido, y no se puede administrar correctamente porque el Gobierno de la República tiene un retraso de cerca de diez años en estas localidades para la expedición del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Y tenemos un caos en todo el país, nada más por ese detalle”.

Señaló que no hay una nueva ley de Aguas Nacionales porque hay un intento privatizador erróneo, y tampoco hay un reglamento. “Estamos trabajando con el reglamento de la ley anterior, entonces en el campo, los ejidatarios en la Riviera, en la Candelaria y en todos lados, están trabajando en una forma terrible”.

Por otra parte, señaló que los desarrolladores no pueden invertir, no puede haber vivienda popular, porque no hay drenaje, no hay agua. “No hay drenaje en las marinas, Tenemos un serio problema del agua potable o de aguas tratadas”.

“En Los Cabos la planta de tratamiento de aguas descarga las aguas mal al estero de San José a un sistema que esta registrado internacionalmente. Y la planta desalinizadora se nos descompone y se queda la población sin agua. Hacemos un llamado ferviente para la cuestión del agua”.

En relación a la pobreza, indicó que se ha tenido mucho éxito gracias a la inversión privada, al fomento del sector turístico. Sin embargo, el déficit en materia de vivienda es espantoso, tenemos fotografías de como viven hacinadas 6 o 7 personas en un cuarto no tienen agua potable”.

“Aquí la riqueza es maravillosa, que bueno que tenga mi amigo Ricardo Dicaprio una casa de 27 millones de dólares, me congratulo porque eso genera empleos, genera glamour, etc. Pero la otra cara, la pobreza, no sabemos cómo hacerle ya. Los empresarios no pueden sustituir el déficit de vivienda que el gobierno federal debió haber previsto. No hay vivienda y siguen llegando los trabajadores oaxaqueños, guerrerenses, veracruzanos y no tienen donde alojarse y entonces rentan cuartitos que no sé como clasificarlos, es una pobreza cruel”.
AM.MX/fm

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