CIUDAD DE MÉXICO.- “Por todos los medios hay que evitar que se criminalice a las feministas que se manifiestan por el incumplimiento de sus derechos”, indicó Lourdes García Acevedo, integrante de la Coordinación Nacional del Frente Feminista Nacional (FFN), quien pidió además “puertas abiertas para el diálogo”, en estos tiempos en los que se siembra la duda sobre quién financia a las organizaciones sociales.

El FFN, aseguró, no tiene financiamiento de ninguna institución, fundación, partido político o persona ajenas al movimiento sino que ha contado con apoyos puntuales y solidarios de aliadas, para llevar a cabo sus acciones, como la edición del Informe Nacional Alterno Beijing+25, que se presentó virtualmente este viernes, el cual “representa la visión de las feministas sobre los avances, los pendientes y los desafíos en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), en el marco de la conmemoración de los 25 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer”.

De hecho, argumentó, el informe es un pretexto para identificar los grandes pendientes que hay en México y para que los compromisos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres se aterricen en las colonias, pueblos, municipios y entidades del país, pues en la vida cotidiana de las mujeres sigue habiendo discriminación, exclusión, violencias y muchas dificultades para el acceso a la justicia de quienes han sido víctimas.

En la sesión participaron como comentaristas la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Senadores, Martha Lucía Mícher Camarena; su similar en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga (quien envió un mensaje grabado); la secretaria de esta última comisión, Guadalupe Almaguer Pardo, la senadora Patricia Mercado Castro, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, y la consultora internacional Nieves Rico.

Ante su presencia, García Acevedo solicitó mesas de trabajo para dar seguimiento a las propuestas presentadas en el informe. “La sociedad civil y, en particular, las feministas organizadas tenemos los conocimientos acumulados en teoría y en territorio, y queremos aportar a la gobernabilidad democrática”, garantizó.

En tanto, Nahela Becerril Albarrrán, también integrante de la Coordinación Nacional del FFN, al exponer algunos resultados del informe, dividido en seis ejes (desarrollo inclusivo, pobreza, violencia, instituciones, sociedades pacíficas e inclusivas, medio ambiente), destacó que la perspectiva en México no es alentadora, ya que prevalece la estrategia de programas asistenciales, privilegiando los apoyos económicos de forma individual, lo que genera dependencia hacia los recursos públicos y limita la construcción de ciudadanía, la organización social y la autonomía económica de las mujeres, además de reproducir los roles de género.

Las comentaristas del informe resaltaron el esfuerzo de las organizaciones feministas en la elaboración de estos documentos. Sanz Luque señaló que estos ejercicios son una oportunidad para renovar alianzas y el diálogo con la sociedad civil, el poder ejecutivo, legislativo.

Habló de avances y desafíos que se manifiestan a nivel local, estatal y municipal, del crecimiento de grupos conservadores y de la importancia de garantizar el Estado laico, de las causas estructurales de la desigualdad y violencia hacia las mujeres y de la falta de reconocimiento de trabajo de las mujeres rurales e indígenas, como en la producción de alimentos y reproducción de la cultura.

La ONU reconoce que a nivel mundial ha habido avances en materia de derechos humanos, pero ese incremento ha sido frustrantemente desigual y lento. Avances que, dijo, han sido muy inferiores a lo que se planteó en la propia PAB. Por eso, aseveró, en su próxima Asamblea General, el organismo multilateral hará un llamado a los gobiernos a que se vuelvan a comprometer con esa plataforma.

A su vez, Nieves Rico resaltó la construcción colectiva y participativa del informe del FFN –y no a través de una consultoría o de un grupo de especialistas– y lo calificó como la voz del movimiento feminista. Destacó su enfoque propositivo e interseccional que da cuenta de distintas vertientes saberes, conocimientos y experiencias de las organizaciones integrantes del frente, además de su carácter propositivo que sale del lugar de un sujeto pasivo, para ser un sujeto político activo.

En 25 años a pesar de los avances, hay varias paradojas y deudas. Entre estas, mencionó que, pese a la evidencia empírica, indicadores e información sobre la situación de las mujeres, existe una gran dificultad para hacer políticas de igualdad de género y de ejercicio de derechos humanos, basados en ese conocimiento.
(SemMéxico)
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ocho acuerdos integran la minuta firmada este día entre el gobierno federal y familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 2006.

Tras la reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los participantes determinaron iniciar de inmediato el rescate de los cuerpos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, a partir de hoy inicia el proceso de reparación integral, tanto individual como colectiva, que incluye el pago de indemnizaciones, la ejecución de obras públicas, el homenaje a las víctimas mediante la construcción de un memorial, así como el diálogo para concretar un Acuerdo de Solución Amistosa en apego a lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las instituciones federales involucradas en la atención a los acuerdos son las secretarías de Gobernación (Segob); Trabajo y Previsión Social (STPS); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre los acuerdos destaca la visita del primer mandatario al municipio de Nueva Rosita, Coahuila, el próximo 23 de octubre, a fin de supervisar el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados este día.

Durante la reunión llevada a cabo en Palacio Nacional, acompañaron al presidente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Alejandro Encinas Rodríguez; y el director general de la CFE, Manuel Barttlet Díaz.

Asimismo, el encargado de despacho en la Subsecretaría del Trabajo y secretario técnico del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, Alejandro Salafranca Vázquez; el titular de la Unidad de Derechos Humanos en Segob, Aarón Mastache Mondragón; y el consejero adjunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Raúl Segovia Barrios.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que revisarán los contratos de Iberdrola con el gobierno federal, luego de una reunión que sostuvo con el presidente de la firma española.

Expresó que había planteado al directivo que ofendieron a México cuando contrataron a altos exfuncionarios, entre ellos al expresidente Felipe Calderón, ya que si bien fueron contrataciones legales, fueron inmorales.

“Le dije que estamos en la mejor disposición de que se revisen contratos, que se mantenga el Estado de Derecho, que eran otros tiempos y que nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a la que era secretaria de Energía, la señora Kessel, y que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero al expresidente Calderón”, dijo López Obrador.

Señaló que la reunión con el presidente de Iberdrola fue en muy buenos términos, pero no dio detalles sobre qué contratos serían revisados.

López Obrador ha mantenido una batalla legal contra las empresas de energías verdes, con miras a darle preponderancia en el sector a la Comisión Federal de Electricidad, pero impugnaciones de privados han dejado sin lugar las restricciones a empresas.

Dijo que planteó la cancelación del contrato de Pemex con Braskem Idesa, porque estaría viciado.

El mandatario aseguró que va a investigar la claúsula en la que Pemex está obligado a comprar la planta de 5,000 millones de dólares si no cumple con la entrega de gas subsidiado.

Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, ha sido un blanco de López Obrador por los escándalos de corrupción que arrastra el corporativo brasileño.

“Estoy planteando que este contrato se cancele y se puede llegar a un acuerdo con la empresa, pero desde luego no en los términos que los podrían estar pensando de que como hay un contrato y tiene que respetarse la legalidad pues tenemos que comprarle la planta o seguirles pagando”, dijo el mandatario.

El presidente señaló que se cuenta con los elementos para demostrar que el contrato está viciado.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que enviará al Senado una petición para que se realice una consulta para saber si la gente desea someter a juicio a sus antecesores.

La consulta decidiría el destino de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

López Obrador decidió solicitar la consulta antes de saber si los ciudadanos reunieron el millón 800,000 firmas necesarias para solicitar el ejercicio democrático.

“Voy a dar a conocer la decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de una consulta al pueblo de Mexico sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha, es decir, hasta el presidente Peña Nieto”, declaró el tabasqueño esta mañana en su conferencia matutina.

Durante su conferencia, López Obrador destacó la labor de los ciudadanos que reúnen firmas para convocar a la consulta, y aseguró que éstos ya han reunido cerca de dos millones de firmas.

“Es muy satisfactorio que un grupo de ciudadanos haya tomado la iniciativa para hacer esta consulta, la información que tengo es que sí van a tener las firmas que se requieren, que sí están ordenando las firmas, que ya van cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas consideré importante, el tener este escrito sobre la solicitud de consulta”, declaró el primer mandatario.

Adelantó cuál es la pregunta que propondría para realizar la consulta:

¿Está de acuerdo o no, con con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes durante y después de sus respectivas gestiones?.

¿Qué dice el documento que enviará AMLO al Senado?

“El suscrito Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular en su capítulo II, artículo 12, fracción I, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos”, se lee en el documento.

La petición expone que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, “México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma, y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”.

“Segundo, los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público y específicamente de quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, sigue el documento.

“El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación; en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de soberanía, y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica”, asegura el presidente en su escrito.

“Cuarto, la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista, según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales. Y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”, expuso el titular del Ejecutivo.

En su quinto argumento, expuso que Ernesto Zedillo “continuó las políticas privatizadora de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias”, ya que entregó bienes nacionales, como los ferrocarriles y adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552,000 millones de pesos en el marco de llamado recate bancario de 1998.

“Sexto, Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia, sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no sólo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador’”, afirmó López Obrador.

AM.MX/fm

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