Federico Berrueto
Preocupante la manera como las autoridades de la Ciudad de México eluden responsabilidad por un operativo para desalojar al público de un evento en un lugar cultural en la ciudad de México, acción en la que participaron las fuerzas armadas. Como dice la presidenta Sheinbaum, es inaceptable que soldados con armas largas se hagan presentes en una acción que correspondería, en todo caso, a la policía convencional.
Se ha militarizado la seguridad pública. Es la realidad. Este hecho lo demuestra. Las fuerzas militares participan en tareas propias de las policías civiles porque así se aprobó en el Congreso, por el Constituyente permanente y promovió el gobierno obradorista. Justo ese fue el tema de mayor desencuentro del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia, su determinación de militarizar la Guardia Nacional a pesar del impedimento constitucional. Como respuesta no sólo cambió la Constitución para que los militares actuaran como policías, a contrapelo de los criterios y normas internacionales que obligan que sea un órgano civil. También, en un exceso de soberbia extrema planteó la destrucción de la Corte y del conjunto del Poder Judicial federal, como garantes de la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las decisiones legislativas, anhelo de Trump y de todos los gobiernos de pulsión autoritaria.
No será fácil procesar la militarización que, por estética se intenta negarla en un acto que simboliza la magnitud del cambio. Militares y policías sin ser iguales, se confunden. Resulta embarazosa la evidencia y es un acto de cobardía mayor de las autoridades de la Ciudad de México en voz de su secretario de Gobierno, César Cravioto, alma gemela del senador Gerardo Fernández Noroña, imputar a la alcaldía la responsabilidad del operativo. Por cierto, su titular Alessandra Rojo de la Vega opositora, no tiene atribución alguna para ordenar tal movilización.
Todo se ha vuelto política. La presidenta misma, al tratar de defender el fracaso de la elección de juzgadores por la escasa concurrencia ciudadana a las urnas dedica parte de su explicación a confrontar y descalificar a las oposiciones, como si hubieran tenido relevancia en el argumento o en lo sucedido. Seguramente incómodas para el gobierno, son irrelevantes, al menos el PRI y el PAN, objeto de su admonición.
La elección del domingo fue el evento que refiere a la reforma más relevante del régimen republicano desde el origen de la nación. Merecía y merece una reflexión por parte de la presidenta a la altura del acontecimiento y del proceso de cambio de régimen. No se trata de invocar la falacia sobre las bondades de la democratización, sino el régimen de división de poderes y la independencia del nuevo poder judicial. No fue así y la arenga partidista desde el poder no sólo muestra que la república es rehén del interés partidario, sino que los promotores del cambio no dimensionan la magnitud y las consecuencias de sus decisiones.
La reacción de la presidenta respecto al uso y presencia de las fuerzas militares da fuerza a la idea de que ella no participa de la pulsión militarista de su antecesor, que se ratifica por la manera como se ha definido y operado la estrategia en materia de seguridad pública que, a su vez, reproduce lo que ella hiciera en la Ciudad de México: combatir al crimen es responsabilidad del gobierno civil y la presencia militar debe ser complementaria, temporal y ocasional. El problema es que el antecesor destruyó a la policía civil y dejó en manos de los militares la seguridad pública de manera directa e indirecta, sin que ellos lo pidieran.
Es de la mayor importancia que la presidenta Sheinbaum informe sobre el desalojo del multiforo Alicia acontecido el 31 de mayo. Las fuerzas militares están bajo su mando exclusivo. Las autoridades locales pueden solicitar apoyo y asistencia, pero el mando siempre corresponde al presidente de la República. Por lo mismo, la presidenta debe informar y precisar las normas y protocolos para asistir a las autoridades locales. Lo mismo aplica para la Guardia Nacional, como resultado de su militarización, su mando y adscripción está en el ámbito castrense.
Resulta positivo advertir en la presidenta preocupación por la presencia militar en operativos de tal naturaleza. Sus expresiones así lo revelan. Así, es conveniente dar definición normativa en el ámbito administrativo y legislativo para precisar la actuación de las fuerzas militares, antes de que se normalice su indiscriminado uso y presencia.
Penoso que las autoridades de la Ciudad de México como primera reacción sea la de eludir responsabilidad.
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