CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Ponce Javana, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, advirtió que se requiere de manera obligada la integración del medio ambiente a las políticas públicas de Gobierno Federal, estatal y municipal, en la dimensión social y económica porque los ríos y barrancas ubicados en diferentes regiones del país son utilizados para descarga de aguas negras de las industrias y desechos de poblaciones aledañas generando contaminación al suelo y agua que son los principales medios de producción pero además provoca la extinción especies de flora y fauna.

Recriminó que aun cuando ya existen estudios de los recursos naturales por instituciones de educación superior, éstos no son tomados en cuenta de tal suerte que las acciones gubernamentales en la materia están diseñadas para mantener o perpetuar el poder.

“Esto es una situación grave, reprobable y va en contra del desarrollo integral rural municipal de tal suerte que cabe preguntarse a qué responde o hacia dónde va la desarticulación institucional, la obra material, la simulación del progreso y desarrollo así como la perpetuación del poder”, argumentó el especialista de la UACh.

Al presentar su libro “La Sustentabilidad en el estado de Puebla, una reflexión teórica – práctica”, afirmó que en México y de manera particular en el estado de Puebla, la contaminación ambiental se ha intensificado de forma alarmante.

Un ejemplo, dijo el investigador Pedro Ponce Javana, es el Río Atoyac considerado uno de los más contaminados del mundo debido a las descargas de desechos industriales y de aguas negras del drenaje de los pueblos, además la presa de Valsequillo presenta alta contaminación de metales pesados.

A ello se suma, agregó, que numerosos barrancos se han convertido en vertederos de basura y desechos, la instalación de corredores industriales como el de San Martín Texmelucan, Ciudad de Puebla y el de Tlaxcala, han contribuido a la sobre explotación de los recursos naturales; además de contaminar el entorno sin que exista tratamiento alguno de los residuos generados ante esta problemática.

Otro caso es el área metropolitana de la ciudad de Puebla, así reconocida en el actual plan estatal de desarrollo 2019- 2024 por el gobierno del Estado; en esta área se muestra claramente el ejemplo de políticas y programas de desarrollo insustentables, producto de las teorías económicas del desarrollo sin tomar en cuenta la situación de los recursos naturales, sobre todo el agua que fue utilizada para producir energía y trabajar la maquinaria de algunas industrias, como el caso de las fábricas textiles de la ciudad de Atlixco.

Afirmó el investigador de la UACh, que los 217 municipios del Estado de Puebla, tienen problemas de carácter ambiental por actividades productivas agropecuarias ante el uso de agrotóxicos forestales y artesanales, así como en los servicios asistenciales de agua potable y alcantarillado.

Precisó Pedro Ponce Javana, consideró que a nivel nacional y estatal se aplican políticas públicas que responden a la teoría del desarrollo que no toman en cuenta el valor y conservación de los recursos naturales desde la perspectiva de los municipios, ayuntamientos o regidurías relacionadas con el campo y el medio ambiente.

El investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, consideró que el principal problema es que la teoría clásica de la economía y los recursos naturales considera a los segundos como inagotables cuando en realidad éstos se renuevan cada año con una primavera y un otoño.

Hoy tenemos ríos, barrancas y cuerpos de agua dañados a su máxima expresión, una desigualdad social, daño al suelo y al agua como principales medios de producción y la extinción de algunas especies de flora y fauna que, en su momento, se explotaban para el sustento de familias campesinas en el medio rural.

Cualquier corriente de pensamiento encaminada al desarrollo rural, social o económico no tome en cuenta al medio ambiente tarde o temprano tiende al fracaso con sus consecuencias fatídicas y se manifiestan en los seres humanos a través de enfermedades, pestes o pandemias, concluyó.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO. — El ecosistema de las telecomunicaciones en México se encamina hacia una fecha crítica. El próximo 30 de junio vence el plazo legal establecido por las autoridades regulatorias para que todos los usuarios de telefonía móvil en el país vinculen su número celular a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

De no cumplir con esta disposición, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) procederá a la suspensión del servicio de las líneas no registradas. Esta medida drástica implicará la pérdida de acceso a datos móviles, llamadas salientes y mensajes SMS tradicionales, dejando los dispositivos operativos únicamente mediante conexiones a redes WiFi.

De acuerdo con Cadena Política, a pesar de la proximidad de la fecha límite, el nivel de cumplimiento reportado por las empresas del sector sigue siendo alarmante. Según datos oficiales, solo cerca del 40% del padrón total de números móviles en el país ha completado el registro.

Esto significa que aproximadamente 90 millones de líneas se encuentran en riesgo de suspensión, lo que podría derivar en una desconexión masiva de consecuencias sistémicas. Radamés Camargo, gerente de análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), advierte que los efectos económicos serán inmediatos:

“La línea móvil ha dejado de ser únicamente un servicio de comunicación. Hoy constituye un eslabón esencial para acceder a aplicaciones financieras, autenticación de servicios (tokens), plataformas de transporte, comercio electrónico, servicios de entrega, herramientas de trabajo, educación digital y trámites gubernamentales”, expuso Camargo.

De acuerdo con los análisis de The CIU, el principal freno para la regularización no es la falta de información, sino que el 70% de los usuarios que no han realizado el trámite se rehúsan a hacerlo por desconfianza en el manejo y la privacidad de sus datos personales.

Restricciones operativas a partir del 1 de julio
Servicio Celular Estatus si NO se realiza la vinculación
• Llamadas y SMS convencionales Bloqueados. No se podrán realizar ni recibir comunicaciones de voz o texto.
• Llamadas de Emergencia Habilitadas. El dispositivo mantendrá la capacidad de contactar al 911 y recibir alertas críticas.
• Datos Móviles (3G/4G/5G) Suspendidos. Pérdida total de navegación en la vía pública o sin red inalámbrica local.
• Aplicaciones de Mensajería y Banco Inoperativas fuera de casa. Apps de transporte (Uber, DiDi), mensajería (WhatsApp) y banca digital solo funcionarán mediante WiFi.
Del uso laboral al monitoreo de la salud: Las dependencias del usuario

Los hábitos de consumo digital recopilados por el Inegi reflejan que en el país existen más de 103.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, equivalentes al 84.6% de la población. Las historias de los usuarios muestran cómo la desconexión afectaría transversalmente la vida diaria:

Impacto Laboral: Conductores de plataformas de transporte y repartidores de aplicaciones perderían su principal herramienta de trabajo e ingresos en el momento en que sus datos móviles queden desactivados.

Ecosistema Wearable y Salud: Dispositivos tecnológicos de última generación, como los anillos inteligentes (Oura Ring) o relojes de monitoreo médico, perderían la sincronización en tiempo real y el rastreo de variables de salud fuera del hogar.

Paradójicamente, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM señalan que, si bien el uso excesivo del celular tiene vertientes negativas, en la actualidad es una herramienta indispensable de entrenamiento cognitivo, acortamiento de distancias laborales y optimización de tiempos en la adquisición de medicamentos y alimentos de primera necesidad.

Se espera que en el transcurso de esta semana el Gobierno Federal emita un balance oficial y determine si se otorgará una prórroga al programa para evitar el impacto económico masivo que supondría suspender a más de la mitad de las líneas activas en el país.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con 22 meses de retraso, diputados y senadores formalizan el órgano de control parlamentario que auditará las agendas de riesgo del CNI y coordinará el marco legislativo con el Gabinete de Seguridad.

El ejercicio del control parlamentario sobre los cuerpos de inteligencia y las fuerzas de seguridad pública del Estado constituye una condición indispensable para el equilibrio de poderes dentro de un sistema democrático.

Por esta razón, el Poder Legislativo cuenta con órganos especializados encargados de auditar, evaluar y emitir recomendaciones de carácter reservado sobre el uso de los recursos de defensa y pacificación del territorio. En efecto, la supervisión del Congreso de la Unión permite blindar las políticas de combate al crimen organizado, garantizando que sigan una ruta coordinada y respetuosa del orden constitucional.

Cuando las comisiones legislativas asumen su responsabilidad de interlocución directa con el Gabinete de Seguridad Federal, se dota a las estrategias gubernamentales de un respaldo civil robusto. Por consiguiente, la reactivación de estos espacios de análisis es prioritaria para desahogar las reformas estructurales en la materia. El establecimiento de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional Congreso busca responder con rigor técnico a estos desafíos en este 2026.

Coordinación legislativa, balance de homicidios y la consolidación de la Guardia Nacional
En primer lugar, la instalación formal de este órgano colegiado traba una importante ventana de fiscalización técnica tras acumular un rezago de 22 meses en su integración legislativa. De este modo, diputados federales y senadores de las diversas fuerzas políticas asumieron la encomienda de evaluar periódicamente la eficacia, el presupuesto y los protocolos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo.

Asimismo, el presidente de dicha comisión, el senador Eugenio Segura Vázquez, encabezó el acto protocolario y expuso que el Congreso debe acompañar con estricta responsabilidad la ruta trazada por la administración federal. El legislador por Morena refirió que, según los informes preliminares presentados en las conferencias matutinas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a finales de mayo de 2026 se consolidó una tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

Entre los indicadores citados, destacó una disminución del 46% en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con los picos registrados en septiembre de 2024, un decremento general del 27% en los ilícitos de alta prioridad y el despliegue récord de 120 mil elementos operativos de la Guardia Nacional.

Fiscalización al CNI y el combate a las causas del crimen organizado
Por otra parte, la agenda de trabajo de la comisión bicameral se centrará en vigilar los esquemas de inteligencia civil y militar que operan en las áreas más conflictivas del país. Sin duda, el eje de investigación y ciberseguridad resulta prioritario, toda vez que este órgano funge como el principal supervisor de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la institución encargada de procesar la agenda nacional de riesgos y anticipar amenazas al Estado de Derecho.

Segura Vázquez fue enfático al declarar que la posición de la comisión no será de complacencia, sino de un escrutinio claro que permita reconocer los avances, pero también señalar con puntualidad los retos pendientes en las regiones donde persisten dinámicas de violencia. El objetivo, detalló, es dotar a la política de seguridad pública de una mayor eficacia operativa, blindaje democrático y sintonía con las políticas de atención a las causas socioeconómicas que empujan a los jóvenes hacia las filas de la delincuencia organizada.

Indicadores y Metas de la Estrategia de Seguridad bajo Supervisión
Los resultados de la estrategia federal y los focos de fiscalización parlamentaria se desglosan a continuación:

Reducción de Homicidios: Disminución en el promedio diario de un 46% desde el arranque del periodo de medición en septiembre de 2024.

Baja en Delitos de Alto Impacto: Una contracción del 27% en la incidencia de robos con violencia, secuestros y extorsiones a nivel nacional.

Fuerza de la Guardia Nacional: Consolidación de un estado de fuerza histórico con 120,000 elementos desplegados en cuarteles regionales.

Interlocución Directa: El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se mantiene como el eje técnico prioritario para las comparecencias reservadas.

Reacomodos políticos de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030
De igual manera, la reanudación de los trabajos en esta célula legislativa clave ocurre en un ambiente de intensa actividad política dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro y la Cámara de Senadores.

La Comisión Permanente del Congreso ha avalado licencias formales para 11 legisladores denominados como “corcholatas” de Morena, quienes buscan competir por candidaturas en las elecciones locales y estatales del año 2027.

De hecho, las fuerzas de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN), se encuentran en procesos internos de redefinición de sus comités directivos, analizando la viabilidad de mantener o disolver sus coaliciones electorales históricas con el PRI para las batallas de 2027 y las presidenciales de 2030.

Por ende, mantener la agenda de seguridad nacional al margen de las disputas partidistas y electorales inmediatas es un requisito crítico para garantizar la gobernabilidad de las instituciones.

Comisión Bicameral de Seguridad Nacional Congreso

establece el andamiaje técnico necesario para fortalecer el marco legal de la pacificación en el país en este 2026. Someter los sistemas de inteligencia y los operativos especiales a la rendición de cuentas civil aleja los riesgos de opacidad e incrementa la confianza ciudadana en las fuerzas armadas y civiles.

A fin de cuentas, la erradicación del crimen organizado requiere un esfuerzo de largo aliento que combine la fuerza legítima de las corporaciones con una rigurosa planeación jurídica y presupuestal. Sólo así, equilibrando el reconocimiento de los indicadores económicos y delictivos a la baja con un diagnóstico autocrítico de los pendientes regionales, el Estado mexicano logrará estructurar una política criminal efectiva, coordinada y con un profundo arraigo en las instituciones democráticas del país.
AM.MX/fm

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