CIUDAD DE MÉXICO.- Las compañías Estafeta y Cosmocolor son las responsables del atraso en las entregas de credenciales del INE. Situación que se ha repetido cuando hay relevos en ese renglón, afirmaron autoridades del Instituto Nacional Electoral. Foto Roberto García Ortiz

El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula casi dos meses de retraso en la entrega de la credencial para votar y, aunque ya reporta una “producción estable” y a partir de mañana (lunes) reducirá la promesa de entrega de 20 días a un máximo de 15 (seis más de lo habitual), no descarta sancionar a los contratistas por las eventuales fallas en la elaboración y distribución de las micas.

Así lo informó la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, al detallar que la línea de producción, del primero de junio al 24 de julio, acumula 2.7 millones de credenciales y la entrega (en fábrica) de 2.6 millones, mismas que ya pasaron la etapa de control de calidad. Este fin de semana, 2.5 millones estaban registradas como “embarque para su distribución”.

De acuerdo con La Jornada, la dirección ejecutiva –administradora del padrón electoral– argumentó que esta “gradualidad” ha ocurrido durante los anteriores cambios de proveedora (2007, 2009 y 2013). En el actual relevo, con el corporativo Cosmocolor, el contrato inició el primero de junio con una producción diaria de 2 mil credenciales y, para el 10 de junio, ya se había alcanzado el nivel requerido de 90 mil impresiones al día.

Sin embargo, miles de ciudadanos siguen a la espera de su credencial, porque no se ha podido abatir todo el “excedente acumulado”, como se denomina al rezago.

Una persona usuaria, a quien el 18 de junio le informaron que debía esperar un mes, recibió ayer el aviso de que su credencial “está en proceso de envío al módulo donde la tramitaste” y le sugieren volver a consultar “a finales de julio”.

Los datos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores muestran una revisión diaria del proceso para determinar si existen incumplimientos en los tiempos establecidos en las cláusulas del contrato y, eventualmente, imponer sanciones tanto a Cosmocolor como a la distribuidora Estafeta, ambas nuevas en esta actividad específica, pues la anterior empresa de mensajería, DHL, prestó el servicio de 2013 a 2026.

Para tratar de subsanar las afectaciones a la ciudadanía, la dirección ejecutiva recomienda que las personas llamen, de lunes a viernes, a Inetel (800 433 2000); desde Estados Unidos, al +1 (866) 986-8306, y desde otros países, al +52 (55) 5481-9897. Asimismo, el INE llamará a las personas cuyas credenciales ya estén listas para ser recogidas.

Esta semana se espera empatar por completo el tamaño de la demanda con la capacidad de producción y distribución y que, durante la primera semana de agosto, la promesa de entrega se regularice a un promedio de siete días en zonas urbanas y de 11 en las rurales o de difícil acceso.

La promesa de entrega establecida en el sistema es de nueve días naturales, incluso para lugares de difícil acceso, mientras en la Ciudad de México la disponibilidad de entrega en los módulos ha llegado a ser de tres días, inclusive.

El rezago se originó por una circunstancia administrativa, pues la anterior empresa (Veridos) concluyó su contrato y su último día de operaciones fue el 29 de mayo. Sin embargo, como ya no podía ampliar la producción, cuando llegó Cosmocolor, apenas a poner en marcha las máquinas, el rezago ya superaba las 400 mil credenciales y, para el 10 de junio, el acumulado ascendía a 645 mil 137.

En la sesión del pasado 20 de julio de la Comisión del Registro Federal de Electores, la consejera Carla Humphrey, presidenta de esa instancia, afirmó que los plazos de todo el proceso son “inaceptables” y que resulta insuficiente ofrecer a la ciudadanía apenas una pequeña reducción en la promesa de entrega, cuando el plazo ideal es de entre tres y cinco días naturales.

Advirtió que la demora, incluso de 30 y hasta 40 días, demuestra que la transición estuvo “mal planeada y pésimamente ejecutada”, evidenciando la incapacidad de los nuevos contratistas.
AM.MX/fm

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• Al mismo tiempo, alrededor del 45% de la población penitenciaria permanece en prisión sin una sentencia definitiva.

CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema penitenciario mexicano enfrenta una doble crisis: mientras más de un tercio de las personas que salen de prisión reincide en actividades delictivas por la falta de oportunidades de reinserción, cerca de la mitad de quienes permanecen encarcelados aún no recibe una sentencia definitiva, una combinación que evidencia las deficiencias estructurales del modelo de justicia penal en el país.

Así lo advirtió el Dr. Virgilio Tanús, especialista en derecho penal y socio director de Tanús, Salazar & Azaola, quien señaló que México ha privilegiado durante décadas una política enfocada en el castigo y el endurecimiento de las penas, dejando en segundo plano la reinserción social y las garantías procesales.

Actualmente, 268 mil 245 personas permanecen privadas de la libertad en México. De ellas, alrededor del 45% enfrenta su proceso penal sin haber recibido una sentencia, mientras que 35 de cada 100 personas que recuperan su libertad reincide en la comisión de delitos, de acuerdo con estimaciones del especialista.
“La cárcel, por sí sola, no resuelve el problema de la inseguridad. Si una persona sale sin educación, sin empleo y sin oportunidades, las probabilidades de reincidir siguen siendo muy altas”, afirmó Tanús.

El abogado recordó que el artículo 18 de la Constitución establece que el sistema penitenciario debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la capacitación, la salud y el deporte como herramientas para lograr la reinserción social. Sin embargo, advirtió que estos objetivos continúan lejos de cumplirse en la mayoría de los centros penitenciarios.

Para revertir esta situación, propuso impulsar alianzas entre gobiernos y empresas para generar empleos dentro de las prisiones, ampliar los programas de capacitación laboral y crear incentivos fiscales para las compañías que contraten personas que hayan cumplido sus condenas.

Prisión preventiva: una pena antes de la sentencia
A este panorama se suma la preocupación por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, vigente desde 2025, una figura que obliga a mantener privadas de la libertad a personas acusadas de determinados delitos mientras enfrenta su proceso penal.

“La gran crítica es que desaparece en los hechos la presunción de inocencia. Basta con que una persona sea acusada de alguno de los delitos contemplados para enfrentar el proceso en prisión, aunque todavía no exista una sentencia que demuestre su responsabilidad”, explicó.

Tanús recordó que organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado reiteradamente esta medida por considerar que vulnera estándares internacionales de protección de derechos humanos.

Uno de los casos que más inquieta a los especialistas es la incorporación de delitos relacionados con comprobantes fiscales falsos al catálogo de prisión preventiva oficiosa, ya que empresarios, profesionistas o pequeños contribuyentes podrían enfrentar investigaciones complejas y perder su libertad antes de que exista una resolución judicial.

“Muchas veces pensamos que el derecho penal sólo alcanza a delincuentes violentos, pero hoy actividades económicas cotidianas pueden derivar en investigaciones penales que impliquen prisión preventiva”, advirtió.

Asimismo, señaló que la prisión preventiva oficiosa incrementa la presión sobre un sistema penitenciario que ya enfrenta problemas de sobrepoblación y hacinamiento, con entidades donde la ocupación supera el doble de la capacidad instalada.

Aunque reconoció la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la comparecencia de los imputados, sostuvo que el sistema jurídico ya contempla herramientas suficientes, como la prisión preventiva justificada y otras medidas cautelares, que permiten a un juez valorar cada caso de manera individual.
“Una persona puede perder años de su vida en prisión y al final resultar inocente. Esa es una discusión que México sigue teniendo pendiente”, señaló.

Finalmente, el especialista afirmó que fortalecer la seguridad pública requiere atender tanto las condiciones de quienes egresan de prisión como garantizar procesos penales respetuosos de los derechos fundamentales.

“La pacificación del país también comienza dentro de las prisiones. Si no corregimos lo que ocurre ahí, difícilmente podremos reducir la violencia fuera de ellas”, concluyó.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista una prohibición nacional sobre el uso de celulares en las escuelas y aclaró que su gobierno busca construir un consenso para regular estos dispositivos.

“Cerca del 60 y tantos por ciento, casi el 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido y lo que queremos es que sea algo de consenso.”

Señaló que cerca del 70% de madres y padres de familia apoyan establecer reglas para su uso en planteles educativos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que cualquier medida deberá surgir del diálogo con la comunidad escolar y especialistas, promoviendo un uso responsable de la tecnología.

“Habrá quien no esté de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si sólo prohíbes pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular, después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija cinco o seis horas con el celular en la mano sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, la adolescencia”

Habló sobre la prohibición de celulares en las escuelas y sostuvo que la mayoría de las familias coincide en la necesidad de establecer reglas para su uso debido a la preocupación por los efectos que el tiempo excesivo frente a las pantallas puede tener en niñas, niños y adolescentes.

No obstante, Claudia Sheinbaum enfatizó que cualquier medida deberá surgir del diálogo y no de una imposición federal inmediata.

Ante las dudas sobre una posible prohibición, Sheinbaum fue clara al señalar que no se ha decretado una prohibición nacional para los celulares en las escuelas, en cambio, explicó que el Gobierno de México impulsará una regulación basada en evidencia científica y en acuerdos con la comunidad educativa.

La presidenta recordó que diversas entidades del país ya cuentan con restricciones para el uso de celulares en planteles de educación básica y que esas experiencias servirán como referencia para analizar una estrategia nacional.

También Claudia Sheinbuam insistió en que el objetivo es promover un uso responsable de la tecnología sin impedir su aprovechamiento con fines educativos, por lo que reiteró que el debate no solo abarcará los teléfonos celulares, sino también el impacto de las redes sociales y otras plataformas digitales en el desarrollo de menores de edad.

Claudia Sheinbaum advirtió sobre los riesgos de por vida que puede generar el uso excesivo de redes sociales y teléfonos celulares en niñas, niños y adolescentes.

“Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes para proteger esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de redes y del teléfono celular puede tener implicaciones de por vida”

Expertas en neurodesarrollo y prevención de adicciones alertaron sobre daños en la atención, el sistema límbico y el desarrollo cognitivo de los menores de edad.

Las especialistas advirtieron riesgos cerebrales directos del uso excesivo de plataformas digitales, entre ellos:
Erosión de la atención
Más distracción y cambios frecuentes entre una tarea y otra
Más errores, más esfuerzo, estrés y frustración
Afectar el desarrollo cognitivo
Daño en el sistema límbico y frontopariental

Entre las especialistas que participaron para explicar los riesgos fueron:
Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones
Lucía Magis-Weinberg, doctora en neurodesarrollo e investigadora en la Universidad de Washington
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 tendrá un cambio importante para miles de docentes y estudiantes en Tlaxcala. La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) confirmó que las actividades presenciales previas al inicio del ciclo escolar se modificarán, por lo que las escuelas abrirán una semana después para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).

La medida fue acordada entre el Gobierno del Estado y las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el objetivo de facilitar la participación del magisterio sin afectar la preparación del nuevo ciclo escolar.

El Consejo Técnico Escolar será virtual
De acuerdo con el anuncio oficial de la SEPE-USET, la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada originalmente antes del inicio de clases, se realizará en modalidad virtual del 24 al 28 de agosto.

Con este cambio, los docentes ya no tendrán que acudir de manera presencial durante esa semana, ya que las sesiones se desarrollarán a distancia.

Sin embargo, otras actividades programadas antes del inicio del ciclo escolar sí se mantendrán de forma presencial. Entre ellas se encuentran:
Las sesiones del Consejo Técnico de Supervisión Escolar de Zona.
Las reuniones del Comité Participativo de Salud Escolar.
Las jornadas de limpieza en los planteles.
Las inscripciones.
La asamblea de rendición de cuentas del programa “La Escuela Tlaxcalteca”.
Estas actividades se llevarán a cabo los días 19, 20 y 21 de agosto.

¿Por qué se modificó el regreso presencial?
La decisión surgió después de una solicitud presentada por las dirigencias sindicales de las secciones 31 y 55 del SNTE, encabezadas por Cutberto Chávez de la Rosa y Teresa Meneses Morales.

Durante el anuncio, el titular de la SEPE-USET, José Alonso Trujillo Domínguez, señaló que la medida responde a la necesidad de escuchar las condiciones que enfrentan las comunidades escolares.

El funcionario explicó que el cambio no representa una reducción en la importancia del trabajo académico de los maestros, sino una forma de garantizar que el Consejo Técnico Escolar conserve su calidad y profundidad bajo un formato que facilite la participación del personal educativo.

Asimismo, destacó que el diálogo entre las autoridades educativas y el sindicato permitió construir una solución que beneficia tanto a los trabajadores de la educación como al desarrollo del próximo ciclo escolar.

El regreso a clases no cambia para los alumnos
Aunque la preparación de los docentes será virtual durante la última semana de agosto, el calendario escolar para los estudiantes no ha sido modificado.

La medida anunciada por la SEPE-USET aplica exclusivamente a las actividades previas al inicio del ciclo escolar en Tlaxcala, por lo que el ajuste corresponde únicamente al trabajo interno del personal docente y administrativo.

La dependencia informó que en los próximos días emitirá una circular oficial con los lineamientos que deberán seguir las escuelas para desarrollar la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar bajo la modalidad virtual.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- En el sistema de justicia familiar en México, ha prevalecido por años una estrategia común: un deudor alimentario transfiere sus propiedades a familiares, presenta un recibo de nómina con un sueldo mínimo y solicita al juez una reducción en el monto de la pensión para sus hijos.

El abogado y experto en derecho constitucional, José Mario, describe este fenómeno no como un caso aislado, sino como un “método” que ha operado eficazmente durante décadas en el país.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido un nuevo estándar mediante la jurisprudencia 1a./J. 97/2023 para frenar estas prácticas.
AM.MX/fm

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado un veredicto que favorece a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual introduce un cambio de gran relevancia para numerosas familias amparadas por el régimen de la Ley 73 del IMSS.

Las autoridades han establecido que los familiares del beneficiario fallecido tienen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente.

La SCJN ha señalado que la Ley del Seguro Social de 1973 viola el principio de igualdad al establecer porcentajes distintos para el otorgamiento de pensiones basándose en el vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con esta decisión, el máximo tribunal ha señalado que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje que se asigna al cónyuge o concubino del beneficiario, según aplique.

Estado actual de la Ley 73 del IMSS
A raíz de la resolución emitida por la Segunda Sala de la SCJN, se ordenó la equiparación de los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se evidencie la dependencia económica.

¿Qué es una pensión y qué derechos fundamentales la protegen?
El tribunal enfatizó que la pensión debe ser conceptualizada no como un favor, sino como un derecho inherente a las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su carrera profesional.

La SCJN manifestó que, puesto que este beneficio resulta del sacrificio y las contribuciones del asegurado, no se admiten justificaciones que sustenten disparidades entre los beneficiarios, siendo fundamental garantizar su sustento tras el fallecimiento del trabajador.

Beneficios clave de la Ley del IMSS de 1973
El régimen de la Ley 73 se mantiene como uno de los más apreciados en comparación con la Ley 97, principalmente por su método de cálculo de la pensión. En este sistema, el monto se determina en función del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, lo que equivale a aproximadamente cinco años, así como del total de semanas de aportaciones realizadas.

De esta manera, se puede acceder a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS, a diferencia de lo que ocurre con la Ley 97, donde el ingreso se halla supeditado al ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore.

Pensión de por vida
Incrementos anuales ligados al salario mínimo
Acceso a servicios médicos para el pensionado y sus beneficiarios
Pensiones por viudez, orfandad e invalidez.
AM.MX/fm

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