PUERTO MORELOS, Q.R.- Sin fuero o con fuero, la expresidenta municipal de Puerto Morelos y actual diputada federal, Laura Fernández Piña, pisará la cárcel por el desvío de recursos públicos durante los años 2018, 2019 y 2020, según la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo).
De entrada, tendrá que enfrentar las denuncias penales que presentó la Aseqroo contra la alcaldesa represora del municipio de Puerto Morelos, por ejercicio de recursos públicos que faltaron por comprobar en la cuenta pública de 2018.
Y es que ya se agotaron todas las instancias de la etapa de investigación sobre estas observaciones no solventadas, informó el auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera, en reunión de trabajo con los diputados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, en la que se inició el análisis de los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, las denuncias de hechos, interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, son por daños a la hacienda pública e involucran a funcionarios de las administraciones que entonces fueron encabezadas por Laura Fernández Piña. En el caso de Puerto Morelos hay un desfalco cercano a los 6 millones de pesos que quedó sin comprobar debidamente.
Pero ese desvío de recursos no es el único en el historial de la discípula del exgobernador Félix González Canto. Un año antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), había descubierto una malversación de fondos de parte de la alcaldesa por 90 millones 330 mil pesos, que presuntamente habrían sido canalizados para el pago de mil 80 aviadores a razón de 24 quincenas a cada uno.
Los empleados inexistentes habrían estado cobrando sin hallarse registrados en la plantilla laboral ni en los tabuladores salariales emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, a través de una partida federal por 90 millones 330 mil pesos, de los cuales Laura Fernández Piña jamás especificó en qué se gastó el total de ese dinero.
De acuerdo con el dictamen de la ASF, parte de ese recurso se utilizó para la adquisición de un software para la elaboración de nóminas, mismo que fue adquirido por medio de adjudicación directa y del que no se comprobó su operación en la Dirección de Recursos Humanos.
El curriculum de Fernández Piña abarca hasta delitos electorales registrados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), donde se le acusó de desvío de recursos públicos para financiar su campaña electoral en 2018, cuando buscó la reelección como alcaldesa.
Ese mismo año, Fernández Piña estaba siendo investigada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por su presunta participación en algunos de los ilícitos perpetrados durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, especialmente en la aerolínea paraestatal VIP-Saesa, a través de la cual se lavaron millones de pesos de las arcas públicas.
Además, todavía le faltaría por comprobar el destino final de 12 millones de pesos, que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo halló durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 de Puerto Morelos, donde se denunciaron irregularidades en las que incurrió la hoy diputada federal, en torno a los trabajos de remozamiento del parque del Casco Antiguo, que iniciaron desde la licitación, la contratación y el pago de anticipos a la empresa “Constructora HouseJK S.A de C.V.”.
Según el análisis de la obra “Construcción y equipamiento de la plaza cívica y andador peatonal en Puerto Morelos”, con número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986.76 pesos, se descubrió un faltante de al menos 12 millones de pesos.
Sin embargo, todo lo anterior no fue motivo para demeritar el tercer informe de gobierno que entregó en representación de la exedil, su primera regidora, Ana Luisa Betancourt Canul, quien en un entreteje de mentiras habló de los “logros” de su jefa, quien ahora opera en el ámbito federal.
Las mentiras plasmadas en el documento arrancaron con el supuesto de que la administración de Laura Fernández se caracterizó por la práctica de una política de transparencia, honestidad, de puertas abiertas y de cercanía con la gente, cuando en realidad la única cercanía que tuvo fue la represión con la que se caracterizó, como cuando mandó a desalojar a varios manifestantes que se oponían al derrumbe del kiosco ubicado en el parque del Casco Antiguo de la ciudad.
Igual pretendieron enaltecer una supuesta administración de los recursos, destacando que cada peso recaudado o canalizado por el Estado o la Federación rindió y se aplicó con apego a la transparencia y rendición de cuentas. La realidad es que, a su salida, dejó una deuda pública superior a los 57 millones de pesos.
De nada le sirvió a la regidora Betancourt tratar de enaltecer las “virtudes” de la exmunícipe, asegurando que mantenían una buena recaudación de recursos per cápita, que citó en 7 mil 518 pesos por habitante; cuando para el mes de mayo de 2019, Laura Fernández ya había adquirido, a nombre del municipio, una deuda pública dividida en dos partes: Primero fueron 19 millones de pesos a pagar en un año, para afrontar gastos administrativos; más una línea de factoraje por 10 millones de pesos para el pago de proveedores.
Hablaron de reactivación económica y turística en medio de la pandemia. Cuando lo que sí sucedió fue un alza en los delitos como nunca se había registrado en el noveno municipio. Robo en casa habitación, a negocios y transeúntes, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, pero sobre todo el narcomenudeo, florecieron durante los 5 años de administración de Laura Fernández.
Tan sólo en el primer trimestre de 2020 el robo a casa habitación reportaba 7 casos; para este año la cifra se duplicó de enero a marzo, sumando 15 reportes. La violación era un delito que apenas registraba unos tres casos al año; para 2020 hubo seis y durante los tres primeros meses de éste 2021 ya sumaban tres casos.
La violencia familiar también creció. De 40 casos denunciados en 2017, para 2020 la cifra reportada fue de 63. En cuanto al delito de narcomenudeo, éste registró 7 denuncias en 2019, 11 en 2020 y sorprendentemente en éste, que fue el último año de Laura Fernández al frente de Puerto Morelos, se registraron 10 reportes tan sólo entre enero y marzo de 2021.
Eso no es todo. Durante su administración los asesinatos se duplicaron de 2018 a 2019, al pasar de 9 a 21 casos registrados; las lesiones crecieron de 26 a 44 reportes; y, pese a ser una mujer quien estuviera al frente del municipio más joven del estado, en 2020 se tuvo registro del primer feminicidio en Puerto Morelos, al hallar el cuerpo de una mujer degollada.
Claro está. Medios “maiceados” del estado destacaron que tras 5 años al frente de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña dejaba un legado de obras, promoción turística y justicia social, sin heredar deuda pública.
La realidad es que para mayo de 2019 ya había contraído una deuda por 29 millones de pesos a nombre del municipio; 19 millones de pesos se destinarían al pago de gastos de la Comuna “a corto plazo” y 10 millones de pesos para el pago de proveedores.
Sin embargo, diversos medios del estado denunciaron que de ese dinero sólo se utilizaron 3 millones de pesos y del resto jamás se supo. Las consecuencias fueron la suspensión de obras y pago a proveedores, según destacó en su momento Grupo Sol Quintana Roo.
Ese mismo mes de mayo, el día 23, pidió otro crédito a Banorte por 23 millones de pesos “por insuficiencia presupuestal”.
La peor parte de toda esta recapitulación de deudas adquiridas sin que se comprobara el destino final de los recursos, y el desvío de recursos públicos descubiertos tanto por la Aseqroo como por la ASF, es que al final alguien tiene que pagar todo ese dinero. ¿Y quiénes más van a ser, si no los mismos portomorelenses?
Y es que no sólo deja al municipio hundido en deudas que afectarán el actuar de las próximas administraciones, sino que encima les hereda un compromiso de construcción y concesión de un palacio municipal, que mantendrá endeudadas a las próximas 7 administraciones municipales.
La obra descrita como “Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos” consistirá en un edificio que servirá de centro de atención a ciudadanos, y oficinas administrativas para la prestación de servicios públicos municipales.
Sobra decir que la obra fue propuesta, canalizada y aprobada por Laura Fernández y sus regidores, y los trabajos habrían sido encargados a empresarios afines a la exmunícipe, pues en su macabra mente ideó un edificio municipal que se construiría bajo la figura de Asociación Público-Privada, es decir, su construcción y administración sería concesionada a una empresa privada; con vigencia de contrato de 20 años.
Obviamente un proyecto así apunta hacia un solo sentido: El de la corrupción. De acuerdo con el plan de Laura Fernández, por el edificio que en suma tendría un costo aproximado a los 60 millones de pesos, al ser concesionado a un particular a un lapso de 20 años, las próximas siete administraciones terminarían pagando 336 millones de pesos.
Al final, como buena discípula del exgobernador Félix González Canto y colaboradora cercana de Roberto Borge Angulo, acostumbrada a vivir entre lujos con dinero ajeno, dejó una deuda al municipio superior a los 57 millones de pesos.
Esta deuda, sin comprobar el destino de los recursos más los 6 millones de pesos desfalcados al municipio, descubiertos y afirmados por la Aseqroo tan sólo en 2018, nos deja ver que la hoy diputada federal Laura Fernández Piña podría ser desaforada para enfrentar la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito.
Entre las promesas sin cumplir que dejó a los portomorelenses quedaron las finanzas sanas y transparentes, la seguridad; pero, sobre todo, la denominación de Puerto Morelos como Pueblo Mágico, categoría que en Quintana Roo tienen Bacalar, Tulum e Isla Mujeres.
AM.MX/fm
