El 3 de diciembre de 2019, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República dictaminaron una iniciativa que, en los hechos, prohibía la subcontratación de personal. Dados los efectos negativos que ello suponía para la economía y el empleo en México, así como la preocupación de distintos sectores productivos, los senadores optaron por aplazar cualquier resolución al respecto y se decantaron por abrir espacios en los que, mediante la deliberación pública, se consiguiera llegar a acuerdos que permitieran eliminar las prácticas negativas de algunas empresas de tercerización sin generar afectaciones contraproducentes.

En este marco, en el mes de febrero de 2020, se llevaron a cabo dos parlamentos abiertos para dialogar acerca del outsourcing: uno, en el la Cámara de Senadores, y otro, organizado por los diputados en San Lázaro. Para concluir estas conversaciones, del 24 de febrero al 3 de marzo del mismo año, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado llevó a cabo una serie de Mesas de Alto Nivel en las que miembros del sector privado, autoridades y representantes de trabajadores llegaron a tres grandes consensos en lo que respecta a la tercerización:

1. No es necesario prohibir la subcontratación. Basta con hacer algunos cambios en su regulación que contribuyan a erradicar las malas prácticas. Eliminar dicho esquema acarrearía consecuencias muy peligrosas para México.

2. Para hacer efectiva la supervisión y, de ese modo, evitar cualquier abuso fiscal o laboral, se fortalecería el grupo interinstitucional que fue creado por el Ejecutivo Federal para tal fin. Este equipo, integrado por la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Trabajo Digno, el INFONAVIT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, podría garantizar la legalidad del outsourcing mediante el cruce de información y las inspecciones estratégicas.

3. Finalmente, se insistió en que era necesario crear un padrón nacional de empresas de subcontratación, que pudiera transparentar y homologar las actividades de dicho sector.
Sin embargo, debido a la suspensión de actividades legislativas por la llegada del coronavirus a México, los acuerdos señalados jamás se aplicaron.

A casi un año de estas negociaciones, todo indica que se aprobará una iniciativa mucho más perniciosa que la ya señalada, pues elimina por completo cualquier tipo de subcontratación laboral. El gran problema es que, ahora, el outsourcing es más indispensable que nunca, debido a la enorme caída en el empleo y en la economía generada por la pandemia, así como a la necesidad de utilizar la tercerización para crear trabajos formales, estimular el uso de herramientas digitales y nuevas tecnologías, e, incluso, apoyar a la emergencia sanitaria y a los procesos de vacunación.

No deben ignorarse los acuerdos a los que se llegó en las Mesas de Alto Nivel del Senado. Los resultados de hacerlo agravarían en gran medida la crisis sanitaria, económica y laboral que atraviesa México, afectando innecesariamente a todas las actividades productivas y a millones de personas.

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CDMX, 17 enero de 2021.- Este lunes y mañana martes se reanudan las mesas de trabajo entre iniciativa privada, autoridades y sector laboral para llegar a consensos en materia de subcontratación. Hay que recordar que se pospuso la aprobación de la iniciativa sobre este esquema enviada el año pasado por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.

Y se pospuso ya que las partes involucradas no llegaron a acuerdos que se permitiera transitar hacia una regulación y no prohibición del outsourcing.

En febrero del 2020 se realizó un Parlamento Abierto en el Senado de la República en donde todos los actores (legisladores, autoridades federales -STPS, IMSS, INFONAVIT- grupos de trabajadores y sindicalistas, empresarios, asociaciones, abogados especializados en materia laboral y destacados académicos), llegaron al consenso de regular y no prohibir el esquema, así como la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, recordó el Sector Privado.

Algunos de los acuerdos que se lograron entonces fue normar sin castigar a quien lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, aunque sí sancionando a quienes utilizan la subcontratación para defraudar al erario y evaden las obligaciones patronales.

También se propuso no modificar la LFT para regular la subcontratación, ya que cuando se apega a la ley, el outsourcing garantiza todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El sector empresarial señaló que incluso, podrían incluirse algunas modificaciones que permitieran brindar una mejor protección a los trabajadores y dar seguridad a quienes subcontraten servicios. Primero, establecer un registro de empresas de subcontratación y segundo, especificar la responsabilidad subsidiaria.

Los nuevos acuerdos a que se llegaron entonces establecían también, y con toda claridad, los alcances y los límites de la subcontratación y además contemplaban la instrumentación del padrón de empresas de subcontratación, con lo cual se tiende el camino para el cumplimiento de la ley.

Para alcanzar este consenso se llevaron a cabo innovadores y amplios ejercicios legislativos como parlamentos abiertos y mesas de alto nivel. Incluso, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, señaló entonces, que en materia de regulación de la subcontratación u outsourcing se respetarán los acuerdos alcanzados con los empresarios. “No vamos a ceder a cambiar o modificar, o que piensen los empresarios o los funcionarios del gobierno que se incumplió con el acuerdo que se llevó a cabo”.

A casi un año del amplio consenso que se ganó, dijo el sector empresarial, sería muy bueno para el país y la economía se honren esos acuerdos y se sienten las bases para preservar el empleo y la inversión.

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