MÉRIDA.- La LXII Legislatura clausuró su Segundo Periodo Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional , en el cual se realizaron un total de 45 actos legislativos que incluyeron 32 reformas a leyes estatales, cinco leyes nuevas, cuatro reformas a la Constitucional local, dos a la Federal y dos al Reglamento de la Ley de Gobierno de este Poder Legislativo.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI) reconoció a todo el personal del Congreso de Yucatán que aún en medio de esta pandemia por el Covid-19 han cumplido más allá de lo que el propio trabajo les exige y han puesto por encima, incluso de su propia salud, el bienestar de Yucatán.
“En días hábiles e inhábiles, insisto, sin importar, incluso situaciones personales, entiendo y valoro que cada una de las diputadas y diputados de este Congreso hagamos nuestra parte, pero hay que destacar de manera fundamental la participación de nuestras compañeras y compañeros que antes he mencionado”, enfatizó.
Silvia López Escoffié, coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, señaló que sólo se han desahogado 55 puntos de las 149 acciones de la agenda a la cual están comprometidos, al igual que todavía queda pendiente analizar reformas electorales y la Ley de Archivos.
Por último, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI), reiteró que la pandemia del Covid-19 ha representado un importante desafío para las labores de este órgano Legislativo. Sin embargo, sujeto a las medidas de distanciamiento social y prevención del contagio, ha continuado con la labor de aprobar y modificar leyes, debatir acciones económicas de emergencia y supervisar el actuar de todas las entidades de gobierno.
En sesión se aprobó por mayoría expedir la Ley para Fomentar Promover el no Desperdicio de Alimentos en el Estado, que tiene por objeto contribuir a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad por carencia alimentaria.
La proponente de la iniciativa, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) mencionó que consumidores y servicios de comida son los que mayor desperdicio de alimento crean en la cadena de suministros y, en contraparte, la desigualdad y la pobreza alimentaria es una realidad. “Por ello, presenté esta iniciativa con el fin de establecer principios y criterios que orienten las políticas públicas, la competencia de las autoridades y la participación de los sectores público, social y privado, para promover acciones que generen el aprovechamiento integral de los alimentos, una cultura que evite su desperdicio y procurar su donación solidaria a favor de la población que más lo necesite”, aseveró.
Al manifestarse en contra, Leticia Euán Mis (Morena) afirmó que “la otra cara de la moneda” es que la ley habla de incentivos fiscales y del estado, que pagarán los yucatecos a manos de los empresarios donadores, además de que se reduce la base tributaria, entre otros beneficios. Su compañero y coordinador de la fracción, Miguel Candila Noh (Morena), agregó que las empresas deben donar de manera gratuita, sin ningún incentivo, porque de lo contrario lo pagará el pueblo.
El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, aclaró que se les considera una cuota de recuperación hasta un 10% del valor, es decir, “si una despensa tiene un costo de 200 pesos, se le pide a la familia beneficiada que pague 20 pesos” pero, continuó, el artículo 20 de la Ley mencionada, también plasma que, si una familia no tuviera para aportar, no se le cobraría absolutamente nada.
También, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad reformar y adicionar diversas fracciones al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, para lo cual, la diputada Karla Franco Blanco (PRI) consideró que a través de esta reforma, los Ayuntamientos podrán establecer programas para prevenir el suicidio, llevando a cabo convenios de colaboración y otorgar asistencia necesaria a las familias, ante el aumento de casos en Yucatán.
En su turno, Kathia Bolio Pinelo (PAN) invitó a los presentes a sumar y aportar para disminuir los índices de casos de suicidios, por lo que se requiere actuar y contar con más aliados que atiendan la salud mental, porque este problema social afecta cada vez más a menores de edad.
De la misma forma, los 25 diputados aprobaron por unanimidad modificar el artículo 348 del Código Penal del Estado, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa.
Sobre el tema, Luis Borjas Romero (PRI), informó que el objetivo del producto legislativo es generar una nueva cultura en el tema de los incendios, ya que estos, cuando se provocan de manera irresponsable afectan, no solamente el medio ambiente, sino también la salud y la seguridad de las personas.
En asuntos generales, la diputada Milagros Romero se pronunció en contra de la Ley Seca, porque durante su implementación han aumentado los casos de violencia familiar y abuso sexual, según cifras del Instituto de la Mujer de Mérida y el Observatorio del Feminicidio en Yucatán, así como el consumo de bebidas alcohólicas que ha cobrado vidas o ha dejado lesiones físicas permanentes, por lo que pidió al Gobierno del Estado que se tomen acciones frontales ya que “la ley seca no funciona”.
En su turno, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del estado, con el fin de establecer que comete el delito de robo de identidad, quien por cualquier medio se atribuya la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad con fines ilícitos o de lucro para cometer conductas ofensivas, obtener recursos financieros para sí o a favor de terceros o la realización de cualquier otro delito previsto en las disposiciones legales.
Haciendo lo propio, Luis Borjas entregó una propuesta que reforma el artículo 321 y adiciona el artículo 321 Bis del Código de Familia para el uso de la tecnología en la impartición de justicia en materia de convivencia de las relaciones materno-paterno filiales.
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