Francisco Medina
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de junio (AlmomentoMX).- Desde hace una década, algunos padres y familiares de los 49 menores fallecidos en el incendio de la guardería ABC, se reúnen afuera de la estancia infantil para exigir justicia.
El 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, Sonora ocurrió una de las tragedias más grandes de las que se tenga registro en la historia de nuestro país. Un incendio en una bodega aledaña a una guardería cobró la vida de 49 niños y dejó lesiones en al menos otros 70 infantes.
A las dos y media de ese día, un almacén rentado por el Gobierno de Sonora se prendió mientras 150 niños dormían la siesta en el local contiguo. El fuego se propagó de un inmueble a otro. Las puertas de la Guardería ABC sólo se abrían hacia adentro, la estancia infantil no contaba con personal suficiente para atender a todos los niños y bebés, al momento del incendio, y al parecer no había extintores, las salidas de emergencia estaban mal diseñadas, los detectores de humo estaban defectuosos y el techo estaba recubierto de un material inflamable.
De acuerdo con las autoridades locales de Protección Civil, el establecimiento no cumplía con las medidas mínimas de seguridad y protección civil.
Hoy se cumplen diez años de esa tragedia que obro la vida de 49 infantes y a finales de mayo de 2016, es decir, apenas a unos días de que se cumplieran 7 años del incendio, 19 personas implicadas fueron sentenciadas a penas de entre 20 y 29 años de prisión.
“Menos de un año por cada uno de los niños muertos es una burla”, sentenció el padre de una de las víctimas.
Peor aún: ninguno de los personajes sancionados era un funcionario de alto nivel. Entre las 19 personas sentenciadas a prisión se encuentran Nohemí López Sánchez, quien fuera jefa del Departamento de Guarderías dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS (condenada a 29 años de prisión); Sandra Téllez, Antonio Salido y César Leyva, representante legal de la guardería, secretario de administración de ABC y delegado del IMSS en Sonora, respectivamente (sentenciados a 28 años de cárcel); entre los sentenciados también se encuentra quien fuera entonces el director de Protección Civil de Hermosillo, el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento y empleados dependientes de la Secretaría de Hacienda de Sonora.
Una de las teorías principales sobre el origen del fuego es que el incendio habría sido provocado por una orden de Carlos Lam Félix, secretario técnico de Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.
De acuerdo con testimonios publicados por Reporte Índigo en septiembre de 2014, el objetivo de quemar la bodega era desaparecer documentos de la administración priista que comprobarían desvío de recursos. La cosa está así: el gobernador le dio la orden a su secretario técnico, este a su vez le giró instrucciones a su chofer —un exmilitar— que reclutó a dos personas más para hacer el trabajo. El conductor, apodado “El Teniente”, fue asesinado un par de meses después del incendio en la Guardería ABC. Su homicidio todavía no ha sido aclarado.
Arely Gómez, entonces procuradora general de la República, aseguró que la investigación del caso seguía abierta y buscarían castigar a todos los que tuvieran responsabilidad en el siniestro, además de que investigarían si el incendio había sido provocado, como señalaban los padres.
En enero de 2017, un agente del Ministerio Público de la Federación inició una investigación, a partir de denuncias realizadas por padres de víctimas de la Guardería ABC, que involucra al exgobernador Bours y a su procurador Abel Murrieta Gutiérrez. Ambos personajes serían investigados por alterar las investigaciones del caso, desviar pruebas e implantar nuevas.
En la lista de personalidades impunes por el caso ABC, también se encuentra Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las socias de la estancia infantil que fue exonerada de toda responsabilidad en 2011. Marcia Matilde es prima de la panista Margarita Zavala, aspirante presidencial y entonces primera dama.
Los padres y madres de los menores que fallecieron en la conflagración se han agrupado en dos organizaciones: “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio” y “Manos Unidas por Nuestros Niños” en busca de castigo para los culpables.
Por separado, ambas agrupaciones de padres de las víctimas de la guardería han realizado diversos esfuerzos para conseguir que se haga justicia por la muerte de las niñas y niños que tenían entre 45 días y cuatro años de edad cuando murieron.
De acuerdo con los primeros peritajes, avalados por especialistas estadunidenses, el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se originó por el sobrecalentamiento de un aparato enfriador de aire que había en el lugar.
En fecha reciente, la agrupación “Manos Unidas por Nuestros Niños” presentaron ante la PGR un escrito con supuestos testimonios de que el fuego presuntamente fue ocasionado en la bodega citada por la quema de documentación.
En Sonora, el 5 de junio es día de luto estatal, por lo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y escuelas e instituciones de educación deben celebrar actos conmemorativos para honrar la memoria de las víctimas del incendio.
Asimismo, el 5 de junio es también “Día de duelo nacional” en conmemoración de los menores que perdieron la vida en la tragedia que enlutó al país, por lo que la bandera de México debe izarse a media asta.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una investigación sobre la tragedia y concluyó que los derechos fundamentales de los menores y sus familiares fueron vulnerados y emitió una recomendación al respecto.
En la recomendación se consideró que el gobierno municipal de Hermosillo, el del estado de Sonora, el IMSS y la delegación de la dependencia en esta entidad son responsables de la tragedia.
Para la CNDH, esas autoridades violaron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como los derechos a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica de los niños afectados, por una prestación y ejercicio indebido del servicio público otorgado en la estancia infantil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigó también el caso de la guardería ABC, aunque su fallo no sería vinculante y no se trataría de una sentencia, sino de un señalamiento que no implicaría ninguna sanción.
Sin embargo, por mayoría de votos la propuesta de dictamen sobre el incendio del centro de cuidado infantil que presentó el ministro Arturo Zaldívar, que proponía fincar responsabilidades a altos funcionarios del gobierno federal y local, se desechó.
Zaldívar consideró que se debería castigar a los responsables que incurrieron en omisiones, negligencia y en graves violaciones a las garantías individuales, como el ex director del IMSS y su sucesor, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, respectivamente, así como al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
En su búsqueda de justicia por la muerte de sus pequeños hijos, los padres y madres de las víctimas de la guardería ABC se han convertido en activistas sociales y luchan por los derechos de las niñas y niños del país que acuden a las estancias infantiles.
De esa manera, convertido en una asociación civil el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio impulsó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, conocida como “Ley 5 de Junio”.
Para los progenitores de los menores que fallecieron en el incendio de la guardería ABC hace cuatro años, en el recuento de lo que han vivido en esta tragedia, lo más positivo que han rescatado es la aprobación de la legislación sobre guarderías.
AM.MX/fm
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