CIUDAD DE MÉXICO.- Además de desabasto de agua, encarecimiento de servicios básicos y afectaciones a la movilidad, el proyecto Conjunto Estado Azteca aumentará la vulnerabilidad del suelo, advirtieron especialistas, personas defensoras de derechos humanos y habitantes de esa zona al sur de la ciudad.
Durante el seminario Megaproyecto Estado Azteca: impactos socioambientales, organizado por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), señalaron que a pesar de que las medidas de mitigación propuestas son insuficientes, Televisa, empresa propietaria del coloso, ha buscado —con la anuencia de las autoridades— legitimar el desarrollo inmobiliario, mediante “consultas amañadas”, con las que se quiere convencer de que estos desarrollos no perjudican, sino que benefician y traen progreso, por lo que llamaron a quienes habitan la zona a organizarse e impulsar una consulta ciudadana, cuyo resultado sea vinculante.
La RMS convocó a Natalia Lara Trejo, experta en megaproyectos e integrante de la Asamblea Tlalpan-Coyoacán contra el Proyecto Estadio Azteca; Miguel Soto, de la organización PODER, y a Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, que —junto con otras organizaciones— buscan frenar ese complejo, el cual constará de un hotel, un estacionamiento de siete pisos y un centro comercial de cuatro niveles, ya que elevará tarifas de agua, luz y predial, además de que expulsará a quienes menos tienen, proceso que se denomina gentrificación.
Natalia Lara alertó que las medidas de mitigación propuestas por Televisa son inviables e, incluso, riesgosas, como la perforación de un pozo de extracción para subsanar la cantidad de agua que requerirá el desarrollo inmobiliario. Su profundidad sería mayor, en comparación con los que ya existen en las colonias, además de que está proyectado de los ya existentes.
“Más extracción significa más vulnerabilidad del suelo, más agrietamientos; con pozos tan cercanos estamos pensando que también podría haber daños a propiedades aledañas, y tenemos también muchísimas inmobiliarias alrededor que han hecho excavaciones profundas y que vulneran aún más el suelo”, observó.
A pesar de ello, afirmó, hasta ahora ni la empresa ni las autoridades han dado a conocer dictámenes de protección civil y gestión de riesgos, lo que mantiene en la incertidumbre a quienes habitan la zona, por el daño que las obras podrían causar a sus viviendas.
Agregó que las medidas para atender los impactos al medio ambiente y a la movilidad también son inviables, ya que, por ejemplo, se plantea la instalación de corredores verdes y de una ciclovía; sin embargo, se trata de una zona en donde las calles son estrechas, por lo que implicaría reducir banquetas o complicar la movilidad vehicular y peatonal.
En la mesa redonda en la que participaron al menos 20 personas, Lara indicó que, si bien ya se llevó a cabo un proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones, su objetivo en sí representa una confrontación directa, porque busca congeniar los derechos de las y los habitantes con los intereses de los empresarios.
Para la especialista, esto no es posible, ya que los primeros ven el territorio como un espacio para el acceso a derechos y a una vida digna, mientras que para los segundos es parte de sus activos financieros.
Dijo que la consulta fue un proceso de marketing, más que un ejercicio para conocer la opinión de las y los vecinos, toda vez que se hizo énfasis en las medidas de mitigación propuestas, sin dar información sobre los riesgos que implica el proyecto, el impacto que tendrá en el corto y mediano plazo y los diagnósticos de protección civil. “Desde ahí vemos esta idea de marketing para que los vecinos puedan tener una visión agradable del proyecto y puedan aceptarlo”, recalcó.
Por otra parte, puntualizó que las mujeres que se dedican al trabajo de los cuidados que no es remunerado, “se tardarían más tiempo en llegar al hospital, a la escuela de sus hijos, al mercado, regresar a la casa, hacer la comida, hacer el supermercado; eso genera mucho más tiempo. Va a tener esa brecha de desigualdad para no tener un trabajo remunerado, dedicaría más horas al cuidado que en las horas del ambiente remunerado”.
Miguel Soto manifestó que el proceso para elegir las ciudades que serían sede del Mundial de futbol 2026 —que se efectuará en Canadá, Estados Unidos y México— tampoco fue una carrera por la mejora de los derechos humanos.
Desde 2015, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) solicita a las ciudades postulantes un informe en la materia, cómo requisito para ser consideradas. Las tres sedes en México: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México fueron tomadas en cuenta desde el inicio, por lo que este requisito no representó el ofrecimiento de mejores condiciones y avances en derechos humanos.
Como ejemplo, detalló que el informe entregado por la Ciudad de México omitió el proyecto de remodelación de las instalaciones del Estadio Azteca y un megaproyecto comercial en la zona aledaña, así como la información sobre los impactos que generaría.
Advirtió que históricamente las Copas Mundiales han tenido efectos negativos en los derechos humanos de las comunidades y las poblaciones vulnerables, como mujeres, migrantes, infancia y trabajadores, por lo que en el marco del Mundial 2026, la protección de los derechos humanos no puede dejarse en manos de privados, y llamó al Estado a tener un papel más proactivo.
Recordó el caso de los 22 trabajadores que perdieron la vida en Rusia, tras ser contratados para la construcción de estadios para el Mundial de 2018. “Hechos como los antes mencionados evidencian que la FIFA, en su carácter de organización privada, ha demostrado que antes de anteponer los derechos humanos y el medio ambiente, prioriza el billete, sus intereses económicos”, remarcó.
Francisco Cerezo detalló que cuando se construyen proyectos inmobiliarios tan grandes como el del Estadio Azteca, invariablemente se generan afectaciones en las inmediaciones, pero también a nivel ciudad. Un caso concreto es la escasez de agua, que cada día se agrava a nivel local.
El activista afirmó que el desplazamiento y el despojo de las grandes ciudades hoy tiene todo un aparato legal que los legítima por medio de consultas amañadas y pagadas por los mismos inmobiliarios, permisos y supuestas medidas de mitigación. Consideró necesario derogar el proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones, porque hasta ahora nada más ha beneficiado al capital neoliberal.
“Existiendo los mecanismos de democracia participativa, como es la consulta ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México se sacó de la manga este documento para aprobar los diferentes proyectos inmobiliarios neoliberales, sin consulta real a los pueblos y colonias afectadas”, agregó.
Ante ello, lanzaron una iniciativa para crear Comités Populares, cuyo objetivo es organizar el descontento de las y los vecinos y realizar las acciones encaminadas a reunir las firmas necesarias para llevar a cabo una Consulta Ciudadana, cuyos resultados sean vinculantes.
“Para recabar este 2 por ciento de las firmas necesarias para iniciar este proceso democrático en la Ciudad de México, necesitamos el esfuerzo de todos los vecinos y gente solidaria, organizada en Comités Populares, cuya finalidad sea ser más eficientes y eficaces en las tareas necesarias para lograr la consulta ciudadana”, insistió.
De acuerdo con la y los expositores, se pretende obligar a las autoridades de la Ciudad de México a poner en práctica lo que en la Constitución local se ha plasmado como un avance en la participación democrática de la ciudadanía, respecto a actos que afectan a los habitantes de la capital del país. Asimismo, buscan que el servicio de agua potable sea regular, no por tandeo, con una tarifa social justa, y frenar las políticas neoliberales contra barrios, pueblos y colonias de todo México.
AM.MX/fm
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