Habitantes de una comisaría y dos municipios en el estado de Yucatán, realizaron una consulta indígena para manifestar su aprobación o en todo caso, el rechazo a la operación de granjas porcícolas industriales en sus territorios. El resultado de esta consulta culminó con rechazo a estas industrias, con dos de sus comunidades.

El pasado domingo en Kinchil, Celestún y San Fernando Maxcanú se llevó a cabo la consulta para determinar la postura de los habitantes de estas demarcaciones ante las granjas. En esta, los pobladores debían responder con sí o no a la pregunta “Como pueblo, ¿le das permiso al dueño de la granja para seguir trabajando en nuestro territorio?”.

En el poblado de Celestún, 983 personas votaron por “no” y 7 por “sí”; pero en San Fernando la votación fue más reñida con un total de 59 votos por “no” y 58 por un “sí”. La localidad que tuvo una votación donde se favoreció a las granjas, fue en Kinchil: 576 votaron por “sí” y 423 las rechazan.

Cabe destacar que las granjas se encuentran operando en los tres territorios y todas superan una capacidad de 20 mil cerdos.

Ante esta situación, los ciudadanos consideran que la contaminación de esta industria tiene efectos adversos para el ambiente; así como a la salud de los seres humanos. Por este motivo, exigen que sean tomados en cuenta y se organizaron para llevar a cabo la consulta.

 “Las granjas están contaminando el agua que consumimos, nos pueden traer enfermedades, además de que la peste llega a nuestras casas”; expresó María Cocom, de San Fernando, Maxcanú.

El proceso fue llevado a cabo por los mismos ciudadanos y fue respaldado por la organización defensora de los derechos humanos Indignación. Con el monitoreo de personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Anterior a la consulta y por algunas semanas, se llevaron a cabo asambleas informativas. Se comunicó a las tres comunidades sobre asuntos relevantes a las granjas porcícolas en su territorio. En ellas se informó sobre el uso de agua potable para que las granjas operaran, junto a estudios de la misma: con niveles de amonio y nitrato que no son aptos para consumo. 

Sin embargo, en una ex hacienda donde habitan aproximadamente 300 personas; la complejidad de la consulta salió a la luz porque no están de acuerdo con la misma.

“A mí la granja me da trabajo, un sueldo digno y no creo que sea verdad que contamine porque son muy limpios, no es justo que nos quieran quitar nuestros empleos”, manifestó una mujer, que fue respaldada por un grupo de trabajadores.

Durante la votación, los habitantes acudieron a atestiguar que únicamente participaran los que viven en San Fernando. No obstante, la situación se tornó tensa cuando detectaron a personas de la cabecera de Maxcanú.

Tras obtener los resultados de esta consulta, los resultados van a presentarse  ante las autoridades responsables de dar los permisos de operación.