Francisco Medina / Especial Almomento
CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 38 años, el miércoles 30 de mayo de 1984, a las seis y media de la tarde, fue asesinado en el Distrito Federal el periodista Manuel Buendía.
A esa hora, empezaba a oscurecer, Manuel Buendía había abandonado su oficina en el número 58 de Insurgentes Centro y se dirigía al estacionamiento por su coche. Un joven moreno y delgado, con el pelo al rape ocultado por una gorra de beisbolista, se deslizó sobre sus tenis hasta alcanzarlo, jaló la gabardina que Buendía gustaba echarse como un capote sobre los hombros y le disparó por la espalda a quemarropa, cinco veces, sobre el pulmón izquierdo, a la altura del corazón.
El asesino huyó por Insurgentes, en el perímetro de la Zona Rosa, que era altamente vigilada por policías y militares en esos años por el alto número de personalidades que comían en sus restaurantes, sin que tuviera mayor problema para escapar. Se subió a una motocicleta y se fue a esconder a las instalaciones de la DFS, a unas cuantas cuadras de ahí.
Zorrilla Martínez llegó con sus principales comandantes a la oficina de Buendía y tomó ilegalmente las riendas del caso. Cuando se le persiguió en el gobierno de Carlos Salinas, él y los comandantes que hicieron la investigación fueron a la cárcel, junto con Manuel Ávila Moro, nieto de un presidente de la República, acusado de haber jalado el gatillo.
En realidad, Ávila Moro, agente de la DFS y rockero, no había sido el victimario, sino quien manejó la motocicleta en la que el responsable directo de la ejecución escapó. Éste, descrito por testigos como un tipo alto y fornido, aunque delgado, con una gorra y un corte de pelo estilo militar, resultó ser un coronel que, tres días después de ese crimen, apareció asesinado en Zacatecas con más de 120 puñaladas en el cuerpo.
El asesinato de Buendía fue fraguado con sólo 30 días de antelación, luego de que el columnista retomara en dos columnas una declaración de finales de abril de aquel año de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. A través de pedazos de los detalles de su asesinato recogidos arqueológicamente por los años, se pudo establecer que, como consecuencia de ellas, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el destino de Buendía.
Creía, de acuerdo con la información que ha salido a cuentagotas en casi un cuarto de siglo, que Buendía tenía información que vinculaba al Ejército y a altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico, y que la daría a conocer en su famosa columna Red Privada.
En la reunión estuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Martínez y varios comandantes de la DFS, un par de ellos asesinados años después en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Una investigación paralela de Samuel del Villar, en ese entonces el cruzado de la renovación moral en Los Pinos, establecía que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo.
Un ex secretario de Estado en la administración de De la Madrid expresó altas dudas sobre la veracidad de aquel informe, en buena parte porque, comentó, Del Villar -un hombre con una genialidad que tocaba muchas veces la locura- estaba produciendo documentos desconcertantes, como una propuesta al presidente para resolver el problema del sindicato petrolero con una especie de Noche de San Valentín.
Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir.
El narcotráfico ya había penetrado las estructuras del poder en México. De hecho, las redes de distribución estaban inmersas en la geopolítica del momento, particularmente la contrarrevolución organizada por Washington en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. La ayuda a la contra tenía problemas de abastecimiento de armas por la Enmienda Boland, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos prohibía a la Casa Blanca ayudar de cualquier manera, salvo humanitaria, a los contras.
Se conoce ampliamente el caso Irancontras, que fue una operación para llevar armas a la contra procedentes de Irán a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán, pero casi nada ha salido, en todo este tiempo, sobre el papel de México.
Buendía siguió esa pista con su peculiar olfato periodístico hasta que lo mataron, el mismo día y a la misma hora en que a 2 mil 500 kilómetros, en La Penca, Costa Rica, un agente de la CIA colocó una bomba en una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, el legendario Comandante Cero de los sandinistas que se volteó contra ellos y que para 1984, después de haber sido una de las piezas claves en el trasiego de armas para la contra desde México, se había convertido en un problema para la agencia.
Pastora sobrevivió el atentado donde murieron cuatro personas y 14 resultaron heridas. En esa conferencia que en ese momento no sabía que era promovida por agentes de la CIA en San José, iba a revelar las presiones que tenía de la CIA, que desde Costa Rica controlaba la recepción de armas para la contra, que llegaban a ese país y a la base militar en San Salvador, manejada por los agentes en Centroamérica y por el teniente coronel Oliver North desde la Casa Blanca.
Una de sus primeras declaraciones, muy poco difundidas, fue que el atentado “había venido de México”, donde estaba buena parte del trasiego de armas para la contra, que cambiaban por droga en Texas. México era parte de la geopolítica de la guerra fría, donde Estados Unidos cerró sus ojos para beneficios de sus intereses ulteriores. En ese sentido el general Arévalo, pese a la documentación que lo involucraba en el narcotráfico, nunca fue perseguido ni acusado formalmente, como tampoco fueron reveladas las relaciones del Ejército con el narco.
Buendía, temía el secretario de la Defensa, tenía pruebas de cómo él, altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente, estaban metidos en el negocio del narcotráfico. No está claro todavía si cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida. Pero Zorrilla Martínez, que era su compadre, sí sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de Estado.
En efecto, por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía, guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad actual.
La captura de Zorrilla se dio en junio de 1989 y puesto en prisión en el Reclusorio Norte donde fue sentenciado a 25 años de cárcel, pero el 19 de febrero de 2009 fue puesto en libertad tras cumplir solamente 19 años de condena.
Juan Rafael Moro Ávila, autor material y José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual de la muerte del columnista de Excélsior, lograron su libertad anticipada por amparos otorgados por jueces del Distrito Federal; pero el pasado 13 de junio de 2009, Zorrilla Pérez fue reaprehendido, luego de que autoridades del Distrito Federal revocaron el beneficio de la libertad anticipada, justificando que Zorrilla, de 62 años de edad, no entregó carta aval moral, fotografías tamaño credencial, carta compromiso de trabajo, por lo que tuvo que regresar a prisión.
A Zorrilla Pérez le fue entregado el amparo 1021/2008-111 que emitió el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, resolución confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito. Dicho beneficio fue entregado debido a la negativa de las autoridades locales por entregarles su libertad anticipada por buena conducta y por haber purgado más de la mitad de su condena, además de haber realizado trabajos comunitarios, entre otros elementos para apelar el beneficio.
Desde hace más de 24 años se encontraba en la cárcel José Antonio Zorrilla Martínez, director de la legendaria Dirección Federal de Seguridad. Para toda una generación su nombre no significa nada, pero Zorrilla Martínez no sólo fue el funcionario de más alto rango en el gobierno de Miguel de la Madrid en pagar por el asesinato del columnista más influyente de los últimos 50 años, Manuel Buendía, sino que fue el chivo expiatorio con cuya condena se encubrió un crimen de Estado.
AM.MX/fm
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