Lilia Arellano

“Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido.
El silencio estimula al verdugo”: Elie Wiesel

• 4.5 bdp perdidos por la inseguridad.
• Surge la mala nota en las mañaneras.
• Prevalecen impunidad y negligencia.
• Derechos, muy derechos de Monreal.

El presidente López Obrador, en su acostumbrada mañanera, presume permanentemente de sus reuniones con el gabinete de seguridad llevadas a cabo las primeras horas del día. Habla de “muy buenos resultados” , de encontrarse la Ciudad de México, por ejemplo, dentro de las ciudades más seguras del mundo; el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval presume de tendencia a la baja en todos los delitos; Rosa Icela Rodríguez, tiene problemas para cuadrar los números de sus reportes y cae en expresiones erróneas similares a las de EPN, e inclusive, ha requerido del respaldo del secretario de Gobernación para encontrar un mínimo de credulidad. Esos tempraneros encuentros ¿de qué o para qué han servido? Los datos duros, los únicos, provenientes de los reportes oficiales hablan por sí solos y hacen ver la inutilidad de obligar a los responsables del área a despertarse al canto del gallo.

Los costos de la violencia en México superan los 4.5 billones de pesos tan sólo el año pasado; el costo per cápita para los mexicanos fue de 36,196 pesos, aproximadamente 2.5 veces el salario mensual promedio, reportó el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Pero lo más grave son las víctimas humanas: más de 120 mil a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 100 mil desaparecidos registrados oficialmente, a pesar de la militarización del país, y más de 117 mil desplazados por la violencia. Las evidencias del fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” están a la vista, pero el titular del Ejecutivo federal se niega a variarla o ajustarla. Por el contrario, la sigue defendiendo, incluso la liberación del capo Ovidio Guzmán y el saludo a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como la defensa de la vida de los delincuentes, y sus instrucciones de evitar enfrentamientos con las organizaciones criminales, permiten deducir la existencia de un pacto de no agresión, a cambio ayudar a Morena en procesos electorales, según han denunciado los partidos opositores.

Al mismo tiempo, durante la operación de la presente administración se han ido deteriorando los sistemas de justicia, la lucha contra la corrupción y los contrapesos a los gobiernos en 29 entidades federativas, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización World Justice Proyect. El reporte enmarca a los únicos estados cuya evaluación no retrocedió: Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala. En el resto de las entidades (29) se observó un debilitamiento en sus sistemas de justicia. La impunidad es casi total, aparece en más del 99 por ciento de la comisión de delitos de alto impacto. En cuanto a las más de 100 mil desapariciones, sólo hay 35 sentencias condenatorias, prevalece el mismo patrón causando honda preocupación por esta “tragedia humana de enormes proporciones”, drama con tendencia a agudizarse según advierte la ONU.

El año pasado, una decena de estados registraron tasas elevadas de homicidios dolosos. De acuerdo con el Índice de Paz México 2022 , elaborado por IEP, la violencia está vinculada a cambios en el panorama de los crímenes de la delincuencia organizada caracterizados por la expansión territorial y predominante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las entidades más afectadas son Zacatecas, Baja California, Colima, Sonora, Morelos, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. “Las muertes atribuidas a los conflictos de cárteles aumentaron de 669 en 2006 a más de 16 mil en 2020 y, a medida que la violencia causada por los crímenes de la delincuencia organizada se intensificó en partes del país, hubo un aumento marcado en el número de desplazados en 20212”, subraya el informe, donde se señala desde el 2016, más de 117 mil personas fueron desplazadas internamente y 44 mil 905 de ellas ocurrieron sólo en el 2021. La mayoría de casos se presentó en Guerrero, con más de 21 mil 800 desplazamientos, seguido de Chiapas y Michoacán, con más de 14 mil 900 y 12 mil 900, respectivamente.

Respecto a los impactos económicos de la ola de violencia en México, el índice advierte fue de 4.9 billones de pesos en el 2021, lo que equivale al 20.8 por ciento del PIB. “Sobre una base per cápita, el impacto económico fue de 38 mil 196 pesos, aproximadamente 2.5 veces el salario mensual promedio”. En 2021, el Gobierno federal redujo el gasto en seguridad pública y el sistema judicial en 8.5 por ciento y 3.3 por ciento, respectivamente, lo que contribuyó al menor impacto general. Por el contrario, el gasto militar aumentó 14.7 por ciento, llegando a casi 167 mil millones de pesos, el nivel de gasto más alto registrado.
Actualmente, hay una constante disputa territorial de los grupos de delincuencia organizada. Este hecho está relacionado con algunas reconfiguraciones en los mercados internacionales de droga. “El tráfico de mariguana hacia Estados Unidos del lado mexicano cayó 90 por ciento en la última década, mientras el tráfico de fentanilo creció de manera exponencial, 870 por ciento, entre 2016 y 2022; esto habla de un cambio en los mercados”, observó Carlos Juárez, director en México del IEP.

Los grupos delictivos tienen intereses económicos que van diversificándose y esto debería considerarse en la política pública de seguridad, así como en el combate a la violencia. La delincuencia abarca una ocupación territorial, con disputas en varios puntos del país, y están impulsando las conductas violentas como la extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas, entre otras. “Vemos con preocupación que cada vez se invierte más en fuerzas armadas, subió 31 por ciento en este periodo”, dijo Juárez.

Esa y no otra es la realidad y eso que todavía contamos con paz social, aún no tenemos guerra civil y no se han generado motivos para enfrentar enemigos extranjeros, aunque los saldos en cadáveres, en sangre, nos ubiquen en un plano mayor al ocupado por países en donde enfrentan muy graves conflictos.

IMPUNIDAD

Michelle Bachellet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, destaca: “Sólo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de su seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió”.

De acuerdo con la alta comisionada, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, aparte de una quinta parte conformada por menores de 18 años; mientras, 97 por ciento de las desapariciones ocurrieron a partir del gobierno de Felipe Calderón; esto es, desde diciembre de 2006. Bachellet reconoció la labor de las mujeres y madres buscadoras, además de dar el visto bueno a los avances aún en el papel: la Ley General de Desapariciones, la creación de mecanismos de búsqueda en todos los estados y, este año, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, aprobado por el Senado de la República. Falta verlos en plena acción, operando y no guardando, inclusive, recursos económicos, entrándole aun plan austero inhumano cuando se aplica a este renglón.

También el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias sostuvieron las desapariciones en México, reflejan un “patrón crónico de impunidad”. En una misiva, destacaron: “más de 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”. Ambos organismos detectaron que, en muchos casos, las desapariciones no se denuncian, por lo tanto el tamaño de la tragedia puede ser mayor a lo registrado.

A su vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja a través de Marlene Herbig, responsable del programa para personas desaparecidas y sus familiares en México, destacó que la ejecución de acciones de búsqueda inmediata es esencial para encontrar a una persona con vida, al ser las primeras horas las más importantes. Por su parte, Colectivos de Búsqueda de Personas Desparecidas hablaron de la simulación de las autoridades, no se avanza en la localización y no hay interés por brindar recursos o apoyos para las familias. Explica Adriana Bahena, directora de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “el ciclo no se va a cerrar hasta que no se haga un trabajo de reestructuración en las familias porque ya estamos viendo que los hijos se están yendo a los grupos de crimen organizado, por ello el problema no se va a acabar hasta que realmente se haga algo más. Me toca escuchar a las familias que me dicen en Guerrero que los hijos se les van porque no tienen oportunidades, y ya no saben cómo retenerlos”.

La realidad le sacude el rostro al tabasqueño cuando habla de lo reprobable y lo inmoral de “sacar provecho noticioso de asuntos que causan mucho dolor en las familias, amigos y sociedad. No es sacar la nota a cualquier costo y mucho menos manipular. Esto tiene que ver con la ética de los medios”. Lo inmoral es felicitar a los delincuentes, lo inmoral es manterse con engaños y afirmando le están arrebatando a las mafias a los jóvenes con sus programas sociales, mismos en donde solamente les proporcionan dinero y éste no siempre es para la compra de útiles o pagar el transporte o cubrir necesidades educativas, sino para la adquisición de productos cuyos gratos efectos los obligarán a venderlos después. Lo reprobable es permitir se mantengan en funciones quienes han hecho públicos sus delitos. La nota, en efecto, tiene un costo y éste lo está pagando la sociedad ante la incapacidad, la impericia, la ignorancia, la falta de profesionalización, las nulas investigaciones, la corrupción y los mantos de impunidad extendidos justamente por quien prometió acabar con las mafias.

DE LOS PASILLOS

Para bien o para mal, López Obrador ha logrado se mencione a Claudia Sheinbaum con frecuencia y se repita insistentemente, es la “corcholata” favorita del tabasqueño para la sucesión. Sin embargo, y dados los errores cometidos por la jefa de Gobierno de la capital del país, se ha hecho necesario mencione a Marcelo Ebrard, a su paisano Adán Augusto e inclusive a quien mantuvo al margen durante un buen tiempo: Ricardo Monreal Ávila. Sobre el senador habrá de resaltarse no se trata solamente de contar con los derechos de todos para buscar la candidatura de Morena, sino de representarse como un personaje importante y clave si realmente se pretende acabar con el tapadismo y el dedazo. Salvo se pretenda dar vida al viejo refrán “candil de la calle, oscuridad en tu casa”, AMLO no puede darse el lujo de excluir a nadie, menos aún, a quien como ningún otro, ha manifestado abiertamente su interés de participar, basado en la experiencia de tantos años de ejercicio político y en saberse mantener con firmeza pese a las situaciones adversas registradas en su pasado; “nunca he sido cobijado o promovido por los poderosos o por el gobierno; nunca he sido promovido por las nomenclaturas políticas, mis impulsores han sido la gente del pueblo”. Tras 25 años de caminar al lado del tabasqueño, el zacatecano algo habrá sembrado…

De acuerdo con el rankíng elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de un año a otro, cuatro estados violentos tuvieron las mayores caídas en el Índice de Competitividad Estatal: Michoacán, Zacatecas, Quintan Roo y San Luis Potosí. En todos los casos, esas entidades retrocedieron en el ranking. El índice global se conforma de diez categorías o subíndices que son: un sistema de derecho confiable; una sociedad incluyente, preparada y sana; un sistema político estable y funcional; gobiernos eficientes y eficaces y un mercado de factores eficiente. También una economía estable; sectores precursores de clase mundial (financiero, de telecomunicaciones y transporte); aprovechamiento de las relaciones internacionales e innovación y sofisticación de los sectores económicos…

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