Lilia Arellano

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.
El silencio estimula al verdugo”: Elie Wiesel

Sin seguridad y sin dinero
Resiente México la peor crisis de inseguridad: Causa en Común
Se elevan crímenes 71%; suman desaparecidos 73,201: Segob
Se gastó gobierno federal fondos aprobados para atender crisis
Resultó cierto el manipuleo electoral de DT usando a AMLO

Ciudad de México, 15 de julio de 2020.- El gobierno federal no ha logrado controlar ni contener la violencia heredada de las gestiones de sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el tabasqueño, México resiente su peor crisis de inseguridad, con delitos de alto impacto alarmantes y otros con tendencia a la alza, como el homicidio y la violencia familiar. AMLO llegó al poder con la promesa de pacificar al país, de disminuir los índices delictivos, especialmente los homicidios dolosos y las desapariciones de personas, pero ha fracasado estrepitosamente, y sigue culpando a los gobiernos del panista y del priísta, así como a los mandatos estatales. Cada vez que se le cuestiona sobre el tema, el mandatario se niega a cambiar o ajustar su estrategia de seguridad, cuya propuesta a corto plazo fue la construcción de la Guardia Nacional, pero ésta fue puesta al servicio del gobierno de Donald Trump y enfocada para disminuir la inmigración de Centroamérica a territorio estadounidense, en lugar de concentrarse en detener a criminales y en liberar ciudades y carreteras. Su plan a largo plazo es más inversión social para enfrentar las causas de violencia, lo cual no ha reducido el dominio de los cárteles criminales, por el contrario, los ha fortalecido y los ha llevado a retar al Estado en grandes regiones. La captura y posterior liberación en octubre pasado de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue prueba de ello. Su impunidad fue patente en la masacre de los miembros de las familias LeBarón y Langford en noviembre pasado.

Aunado a lo anterior surge otra ofensa para los mexicanos al considerar no somos capaces de interrogar, de adentrarnos en los problemas y las crisis que nos afectan. En un simple twitter, el encargado de la seguridad, Alfonso Durazo, informa le fue aprobada por el Ejecutivo federal, por el presidente, una semana de ausencia. Los motivos no se explican, los ciudadanos no merecemos ninguna explicación con todo y ser con nuestros impuestos con los cuales se paga el salario de un funcionario a todas luces incapaz de entregar buenos resultados de su encargo. Y justo no asiste a trabajar cuando el tabasqueño se dirige a zonas de alto conflicto, en donde se encuentran operando y asesinando dos carteles: Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, con el “Mencho” y el “Marro” a la cabeza y considerados de alta peligrosidad.

De acuerdo con la organización Causa en Común, durante los primeros 18 meses del sexenio de López Obrador se han registrado 71 por ciento más asesinatos que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto. En un informe, reportó que entre diciembre de 2012 y mayo de 2014 (con EPN) se iniciaron 26 mil carpetas de investigación por ese delito, mientras que de diciembre de 2018 a mayo de 2020, se abrieron 45 mil 538. El estudio, titulado “Registros Delictivos: comparativos sexenales a 18 meses de gobierno”, agrega que la diferencia con respecto al sexenio de Felipe Calderón es aún mayor, de 181 por ciento, ya que en los primeros 18 meses del panista iniciaron 16 mil 179 carpetas. Ningún año en los gobiernos de cualquier otro presidente en casi un siglo fue tan violento como el primero de la 4ª Transformación en el poder y la tendencia sigue en 2020.

Los registros de asesinatos se mantienen con un promedio aproximado de 3 mil mensuales, desde la segunda mitad de 2018. Sobre este nivel inadmisible de crímenes, que el gobierno federal denomina “línea de contención”, el número de homicidios dolosos registrados en los primeros cinco meses de 2020 es el mayor desde que se tiene registro. Además, desde hace tiempo, hay un grave problema de subregistro (de delitos) en el país, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a probables manipulaciones por parte de autoridades. A eso debe agregarse que el confinamiento obstaculiza la realización de algunos delitos, como el robo a casa habitación. Adicionalmente, la disminución de actividades laborales, probablemente ha tenido un efecto en las posibilidades para ingresar denuncias.

De acuerdo con la organización, el robo con violencia también registra un considerable crecimiento de carpetas de investigación en la presente administración, pues pasó de 313 mil 253 en el sexenio de Peña Nieto a 406 mil 571 durante la gestión de López Obrador. Una situación similar se registra con el delito de extorsión. En los primeros 18 meses del gobierno de AMLO se presentaron 12 mil 405 carpetas de investigación. En el mismo periodo del anterior sexenio sumaron 11 mil 652 carpetas. Una excepción a esta tendencia en aumento es el secuestro, ya que en los primeros 18 meses de la actual administración se detectan 1,831 carpetas de investigación de este delito, casi un 27 por ciento menos que las acumuladas el sexenio pasado.

Causa en Común admite algunos delitos han disminuido en los últimos meses, como el robo a casa habitación y el secuestro, pero dicha reducción es atribuible a factores de diversa índole asociadas principalmente a la pandemia por el Covid-19 y obviamente con el confinamiento.

DESAPARICIONES A LA ALZA

La dimensión de las desapariciones retrata la severa inseguridad existente en el país, más aún cuando ya se suman por miles las foss clandestinas y por centenas de miles los restos ahí encontrados y de los cuales no se han logrado ni la mitad de identificaciones. De acuerdo al Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), presentado este lunes por la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, en México se tiene un registro histórico de 73 mil 201 personas que siguen en calidad de desaparecidas o no localizadas, de las cuales, 71 mil 678 casos (97.9 por ciento) se reportaron después de 2006, año de inicio de la llamada guerra del narcotráfico emprendida por el ex mandatario Felipe Calderón, y hasta la fecha.

El reporte conformado con información otorgada por las fiscalías y los gobiernos de los estados a la CNB, destaca: de cuando se reportó la primera desaparición en el país a la fecha, hay un registro de 177 mil 863 personas desaparecidas, de las cuales 73 mil 201 siguen en esa condición (41 por ciento) y 104 mil 645 fueron localizadas (58.8 por ciento). Del total de localizados, 6 mil 401 fueron hallados sin vida, y 98 mil 242 con vida. Al respecto, Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, destacó: de 2006 a la fecha -periodo histórico en el que se dio el repunte de este delito en el país- se tienen registradas tres mil 978 fosas clandestinas en las que se ha exhumado seis mil 625 cuerpos.

De diciembre de 2018, al 30 de junio de 2020, se localizaron mil 146 fosas, 28.7 por ciento del total, en las que se han exhumado mil 682 cuerpos, 25 por ciento del total de exhumaciones de 2006 a la fecha. De los cuerpos hallados en la actual administración federal, 712, es decir, el 42 por ciento, han sido plenamente identificados, y 25.6 por ciento, es decir, 431 ya fueron entregados a sus familiares.

Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, son las entidades con más fosas clandestinas halladas de diciembre de 2018 a junio de 2020. En conjunto suman 57.3 por ciento de todo el país. En el registro histórico, de 1964 a la fecha, las diez entidades con el mayor número de casos de desaparición son, en orden descendente: Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Chihuahua, que concentran 78 por ciento del total de reportes de desaparición. Los estados que figuran en los primeros lugares, aclaró Encinas, son las entidades cuyas fiscalías y gobiernos han entregado información y coadyuvado con la CNB. Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala, no han aportado información necesaria a las autoridades federales.

GOBIERNO FEDERAL SIN DINERO

Todo parece indicar el gobierno de la auto denominada Cuarta Transformación no tiene recursos para enfrentar el gasto corriente y los principales programas de política asistencial por lo que resta del año. Tal vez tampoco pueda cubrir los gastos de sus mega obras: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Por supuesto, no tiene dinero para atender adecuadamente la crisis sanitaria por el Covid-19 ni la crisis económica derivada de ésta. De los “ahorros” de 400 mil millones que dijo AMLO tenía, no se sabe nada.

Los registros de la Secretaría de Hacienda indican el consumo se ha caído; el IVA se desplomó 36.5 por ciento, comparado con el periodo del año pasado; el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a combustibles, cayó 26.9 por ciento, mientras los ingresos petroleros bajaron 65.3 por ciento. Diversos analistas, entre ellos Alejo Sánchez Cano de El Financiero, estiman que en mayo la caída de los ingresos presupuestales estará girando en 120 mil millones de pesos y en junio serán más de 30 mil millones de pesos. Estamos ante un déficit de al menos 150 mil millones de pesos.

Información de la SHCP revela: las medidas de confinamiento para evitar la propagación de Covid-19 generaron un impacto en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en diferentes bienes de consumo como la gasolina, comida chatarra, cerveza, cigarros y en juegos de apuestas y sorteos. Para el cierre de mayo se esperaba obtener ingresos por la recaudación del IEPS de alrededor de 211,940.3 millones de pesos y se percibieron 194,094.2 millones de pesos, lo que significó un faltante de 17,846.1 millones de pesos. Dicha recaudación significó una reducción anual de 1.9% en el acumulado enero-mayo. Si sólo se considera mayo se tuvo una caída anual de 25.7% y respecto al mes anterior, abril, la caída de la recaudación del IEPS fue de 20.8%, en términos reales.

La administración de AMLO ya se gastó 21 mil millones de pesos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México; cuatro mil 800 millones de pesos del Fideicomiso de Estabilización de Entidades Paraestatales; otros 24 mil millones de pesos que la SHCP no clarifica de dónde salieron; casi cien mil millones de pesos del Fondo de Estabilización Presupuestaria, destacó Cano. La SHCP informó se pidieron prestados 2 mil 200 millones de dólares al Banco Mundial, organismo que aclaró los recursos prestados se deberían destinar para paliar los efectos de la pandemia, pero el gobierno los está destinando a otros programas, eminentemente de rentabilidad electoral para su administración y su partido, Morena.

El legislador perredista Antonio Ortega Martínez aseguró el gobierno del tabasqueño ya gastó los fondos y fideicomisos destinados a encarar la pandemia por Covid-d19 y ahora “busca dinero hasta debajo de las piedras”. En la Cámara de Diputados, la bancada del PRD propondrá la elaboración de un presupuesto alternativo, en lugar del ajuste que el presidente pretende realizar a los recursos aprobados para este año. Por eso, Morena empuja otro periodo extraordinario de sesiones para modificar la Constitución y le confieran con ello facultades de alterar la cuenta pública sin necesidad de pasar por el Congreso.

DE LOS PASILLOS

Señalamientos, recomendaciones, críticas surgidas en torno a la visita del presidente a los EU y relacionados con el uso electoral que Donald Trump le daría a su presencia, resultaron todas, absolutamente todas ciertas y ya muy difíciles de ocultar. Tan es así que ha sido el propio López Obrador en su mañanera en donde aceptó esta manipulación, dijo: “no me correponde a mi evitarlo –el uso electoral-, es una visita. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita fue buena para México, para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrntes mexicanos, se habla de los mexicanos en EU”. ¿No le afecta? ¿Olvida es, se supone, un jefe de Estado, el representante de más de 135 millones de ciudadanos? ¿El gobierno de EU puede hacer lo que considere? Después de esto no es de extrañarse otro manejo perverso, el de las urnas provenientes de Nueva York con las cenizas de los fallecidos por Covid 19, las cuales merecieron un discurso eminentemente político, falto de respeto, de sensibilidad, del cónsul Jorge Islas López… ¿Tambien con este tipo de actos harán la campaña de Trump? O ¿Es don Marcelo el que se mueve?…

De acuerdo a informes del Banco de México, en el primer semestre del año se registró un fuerte desplome a doble dígito tanto en deuda gubernamental mexicana como en renta variable, ambos en posesión de extranjeros, ante una mayor aversión al riesgo por parte de inversionistas por la pandemia del Covid-19. La tenencia de renta fija gubernamental en posesión de residentes en el extranjero disminuyó 15.03%, o 323,086 millones de pesos, de 2.148 billones de pesos a 1.825 billones de pesos, en los primeros seis meses del año. Mientras, en acciones mexicanas en el mismo periodo la posición de no residentes de títulos de renta variable cayó 29.66 por ciento, o 44.257.6 millones de dólares, de 149,194.8 millones de dólares al cierre del 2019 a 104,937.2 millones de dólares…

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se confronta con las empresas privadas de energía por un mercado eléctrico con valor superior a los 830 mil millones de pesos anuales. Las firmas privadas buscan mantener los privilegios obtenidos en la reforma energética de 2013, mientras la CFE pretende que le sean reconocidos y pagados los costos generados por respaldar a sus competidores. Actualmente, alrededor de 50 por ciento de la electricidad que circula en las redes de transmisión y distribución es producida por empresas privadas, en su mayoría de capital español. De acuerdo con los informes financieros de la CFE, la empresa obtuvo en 2019 ingresos por 556 mil 152 millones de pesos, de los cuales 415 mil 315 millones de consiguieron únicamente por la venta de energía. Así, se desprende que el otro 50 por ciento del mercado tiene un valor similar, por lo cual se calcula que la valoración es superior a los 830 mil millones de pesos anuales…

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*“Yo ordené la liberación de Ovidio”, aseveración que inicia una nueva era de la tolerancia y complicidades con los barones de la droga. Un paso más allá de la guerra iniciada por Felipe Calderón Hinojosa

Gregorio Ortega Molina

Al percatarse de que los instrumentos priistas para conservar el poder ya no están, don AMLO optó por el sendero más peligroso para el futuro de México y para su imagen histórica: atizar la división verbal y violenta entre 120 millones de ciudadanos en dos grupos: los buenos y los malos. El equilibrio no es administrable, se sostiene debido a las inercias e inclusión -en este juego- de los miembros de un club selecto que dejó de ser convidado de piedra: los barones de la droga.

     Lo puntualizó el 19 de junio último: “yo ordené la liberación de Ovidio”. Si Felipe Calderón Hinojosa abrió la puerta a la violencia al asumir la responsabilidad de una guerra que no correspondía y no corresponde a México, sino al país que alberga al mayor número de consumidores en el mundo, ahora la presión de Estados Unidos y la debilidad de nuestro gobierno, hace de los mexicanos el equivalente de los soldados de terracota del emperador chino, con la diferencia de que los de carne y hueso tienen menos durabilidad y mueren a balazos.

     Lo asumido por don AMLO no admite interpretaciones. El perdón está abierto, porque sabe bien el presidente de los mexicanos que, a la hora de la confrontación social que él buscó con denuedo, los sicarios de los distintos grupos armados de los narcotraficantes cuentan, y mucho, porque pueden convertirse en el fiel de la balanza en una guerra fratricida.

      En ese contexto ya se mueven socialmente los jefes de los cárteles, pues lo mismo reparten despensas que promueven sus propios programas sociales y crean empleos a través de las empresas donde lavan su dinero. Buscan, con tino e inteligencia, aprobación y empatía. Quienes se suman a ellos saben que en ese servicio se puede morir, pero nunca de hambre ni de humillación.

     En este punto todo depende del carácter y la templanza de quien manda o dice mandar. El muestrario que hemos padecidos los mexicanos desde 1950 a la fecha es claro. Transita por el rompimiento de las huelgas magisteriales, el encarcelamiento de los líderes ferrocarrileros, de David Alfaro Siqueiros; ejecuciones como la de Rubén Jaramillo, la represión a los médicos, la ira mostrada en Santiago Tlatelolco, la cruenta estrategia de la guerra sucia, cuyo ejemplo más trágico fue la presentación de David Jiménez Sarmiento, emasculado por la tortura que, a los ojos y decisiones de Arturo Durazo Moreno, mereció por haber atentado contra Margarita López Portillo.

     También en los temas menores se muestra el talante de los que mandan. A Jesús Martínez Palillo y Manuel Loco Valdés se les multaba y sancionaba sin tanto aspaviento. Hoy a José Manuel Torres Morales se le lincha socialmente porque, como dijo Federico Arreola, México ya cambió. Usted, lector, ¿qué opina? ¿Para bien?

     La confrontación abierta en contra del narco se convierte en un juego de espejos. Las complicidades entre esos grupos y algunos o muchos empleados de los tres niveles de gobierno son silenciosas y oscuras, pero modifican la función de quienes combaten el tráfico de drogas a Estados Unidos: los convierten en escudos de arcilla, para que mueran por las balas, mientras los suyos fallecen por el consumo de sustancias ilegales.

www.gregorioortega.blog                                             @OrtegaGregorio

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Por Gustavo Rentería*

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, acompañado de una comitiva muy familiar. Para el evento, el mandatario había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller” y a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales; mientras que el mayor de sus vástagos, Rafael, asistió con rango de ministro.

Con ese periplo, dejó en evidencia el comandante Ortega, su práctica de nepotismo puro, desde que regresó al poder en 2007.

Así se publicaron las crónicas en distintos diarios, como en el periódico  El País, nota firmada por el respetado colega Carlos Salinas, radicado en Managua.

Antes, la poderosa Secretaria de Relaciones Exteriores fue la vocera presidencial, y desde esa oficina se controlaba la información, se compraba la publicidad y se manejaban las campañas electorales.

Cuando inauguramos milenio aquí, la vocera pasó a rango de Primera Dama: Vicente Fox Quesada, el primer presidente no emanado del PRI, convirtió a la comunicadora en su esposa. De la infantil pareja, sabemos mucho los mexicanos.

En México, nos recuerda el muy querido y respetado Ricardo Raphael, que con un rasgo machista, se entrega la dádiva graciosa que el gobernante en turno ofrece al niño y a su familia -gracias a la infinita misericordia y a la bondad de la primera dama- un regalo que, cabe aclarar, se paga con nuestro impuestos.

Efectivamente, el periodista y académico, profesor de asignatura en el CIDE y conductor de distintos programas de radio y televisión, nos habla en su texto de las esposas que manejan el DIF en los gobiernos estatales y en los municipios de todo el país.
Y la sorpresa se la llevan todos los primeros ediles: !al momento de encargar estudios demoscópicos, sus esposas salen muy bien evaluadas en las encuestas¡ !Oh, qué popular es mi vieja¡, le presumen a sus empleados.

Muchos presidentes municipales, al conocer los números, piensan que su pareja sería buena candidata, para así ellos eternizarse en el poder.

No es precisamente lo que está por suceder en Huixquilucan, Estado de México, donde gobierna Enrique Vargas, pero si algo muy parecido. Tiene ante sí el alcalde reelecto una decisión histórica para continuar su proyecto político: impulsar a su esposa para que se quede con su responsabilidad, para así buscar un trampolín político para lograr la tan ansiada candidatura del PAN a la gubernatura.

Se frota la manos con la idea del desgaste tricolor, y con el fracaso de la 4T y el lopezobradorismo (que se lleve de corbata a la maestra Delfina Gómez Álvarez, a Higinio Martínez y a Horacio Duarte), y él poder rebasarlos por la derecha.

¿De verdad logrará su objetivo Enrique Vargas, metiendo con calzador a Romina Contreras -su esposa- a la alcaldía de Huixquilucan?

¿No será visto como el Daniel Ortega mexicano?

¿No corre el riesgo de exponer a su mujer y  a su desendencia, de críticas innecesarias a cambio de una aventura política?

Si gana su esposa la presidencia municipal, ¿podrá lidiar con el poderoso PRI mexiquense que maneja Alfredo del Mazo y con los “dueños del balón,” los texcocanos cercanos al Presidente López Obrador?

¿Cómo será visto al interior del PAN? ¿Acaso como un nepotista y un antidemócrata? ¿Qué dirá Pablo Fernandez de Cevallos Gonzalez, el secretario del ayuntamiento y todo el equipo cercano a Vargas? ¿Acaso viven, en aquel municipio, con “las horas que el alcalde quiere”?

Grave error está por cometer Enrique Vargas, porque quizá logra el objetivo de heredarle el puesto a su mujer, pero si lo hace, tiene que ir despidiéndose del proyecto de la gubernatura.
Será recordado, si no rectifica, como el Daniel Ortega mexiquense.

*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
www.GustavoRenteria.mx

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Mouris Salloum George
Cuando en México se habla de la ruptura del tejido social, a bote pronto el fenómeno se lo relaciona con la acción depredadora del crimen organizado. Hay mucho de ello… pero.

En la negra noche del periodo del neoliberal, la indomable crisis económica ha tenido un disolvente impacto en la precarización del empleo y el salario. A menos ingreso, más desintegración familiar.

Una expresión de ese estado de cosas atenta contra el derecho a la vivienda, elevado a rango constitucional desde tiempos del populismo.

De entonces para acá, tenemos una erosión en los programas de vivienda de interés social, política puesta en manos del Infonavit y Fovissstse, principales proveedores de la clase trabajadora.

700 mil viviendas de interés social, abandonadas

Por causas de inseguridad pública, pero sobre todo por insolvencia económica, en las dos recientes décadas los acreditados han abandonado, en cuanto a la primera institución, más de 600 mil unidades habitacionales. En el caso de la segunda, el padrón fluctúa en unas 100 mil. Para ilustrar el tema, tenemos que, en un solo municipio de Jalisco,

Tlajomulco de Zúñiga, son 70 mil casas censadas con intención de recuperación por los organismos públicos citados.

¿A dónde van los miles de familias expuestas a esa carencia? El mercado inmobiliario privado orienta sus inversiones a la habitación en alquiler, en cuyo caso este segmento alcanza hasta un 34 por ciento de la demanda-oferta.

Únicamente en la Ciudad de México, están identificadas unas 700 mil casas en renta.

Abogados civiles y notarios no van con la mitigación del problema

Viene a tema el asunto, porque, en el marco de la pandemia del Covid-19, el Congreso de la Ciudad de México ha sido emplazado a tomar cartas en el asunto.

Una iniciativa de ley, aún en embrión, se ocupa del tema y propone condonación del pago de agua y predial a los arrendadores, otorgamiento de créditos de emergencia para la construcción a personas de escasos recursos, así como la creación de un fondo de apoyo para los inquilinos.

No lo hubieran hecho los voluntariosos ponentes. Más pronto que inmediatamente, voceros de los colegios de  Abogados en Derecho Civil y de Notarios saltaron al ruedo, afirmando que la reforma no abona a resolver el problema y, de aprobarse, se encarecería la renta de inmuebles para habitar. Según uno de esos representantes, se fomentaría la ilegalidad (sic).

De lo anterior se colige que, frente a la pandemia, unos proponen agua de borrajas y la contraparte se aferra a defender los intereses creados. Así, ¿cómo se puede hablar de “nueva normalidad”? No estamos, pues, para invocar el humanismo político. Ésta es la neta.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

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