PUERTO MORELOS, Q.R- Las obras paralelas al Tren Maya en Quintana Roo, les abre las puertas a las empresas mineras más contaminantes del país y que han provocado daños irreversibles al medio ambiente en todo el país, y ahora se encuentran en el municipio de Puerto Morelos.

De acuerdo con Sol Quintan Roo, tal es el caso de la empresa Constructora LMI, SA de C.V., propiedad de Fanny Podolky Assus, quien posee concesiones mineras en Veracruz para extraer oro y plata, y que ahora viene al municipio de Puerto Morelos para la realización de tres obras por un monto superior a los 35.7 millones de pesos.

De los trabajos queda constancia en el acta de fallo de la licitación pública nacional presencial número LO-015000999-E95-2021, que cita como objetivo de licitación la: “Construcción del Centro Cultural y Museo en zona Centro, la renovación de Unidad deportiva Pescadores Puerto Morelos; y la construcción de Estación de Bomberos y Protección Civil del municipio de Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo correspondientes al programa Mejoramiento Urbano 2021”.

De acuerdo al “Acta y Dictamen de Fallo”, de las tres proposiciones que resultaron solventes económicamente, Constructora LMI se impuso sobre Construcciones Alternativas Santa Lucía y Bioarquitectura y Desarrollos Integrales, al presentar un importe por 35 millones 775 mil 512.57 pesos, la más baja entre las tres propuestas calificadas.

El fallo fue emitido por Ariadna García Martínez, jefa del departamento de Análisis Técnico, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Luis Ramírez Valenzuela, director general de Recursos materiales y servicios generales; estableciendo un plazo de ejecución de obras de 201 días naturales a partir del 20 de abril.

Entre la documentación que presentó la empresa para firmar el contrato respectivo; además de las copias y original de poder otorgado ante fedatario público, cedula fiscal, identificación oficial del representante, constancia de domicilio fiscal ante la SHCP y comprobante de domicilio fiscal, se cotejó la copia del acta constitutiva en la que constara que se constituyó conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en territorio nacional.

Otros documentos presentados fueron la garantía de cumplimiento al 10% del monto del contrato; la garantía de anticipo; escrito de aceptación de la obra; copia del estado de cuenta bancaria, y el acuse de presentación del manifiesto en el que se afirma o niega vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales o parentesco por consanguinidad entre miembros de la empresa y los servidores públicos que autorizaron o avalaron el contrato.

Para el cierre y terminación del fallo, conforme al artículo 39 párrafo VIII de la “Ley”, así como los acuerdos relacionados con el SARS-CoV-2, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Coronavirus, el fallo no fue celebrado en junta pública, por lo que el acta del evento se difundió a través del portal CompraNet el día 16 de abril.

De esta forma, por la convocante firmaron la jefa del departamento de análisis técnico, Ariadna García Martínez y por la Unidad de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano, el director de enlace de evaluación de obras, Eduardo Gibran Armenta Rueda.

Sin embargo, al investigar la Constitución de Sociedad de la empresa, encontramos que ésta se constituyó el 22 de mayo de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo el Folio Mercantil Electrónico 89260. Se formó bajo las modalidades de Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Promotora de Inversión, por lo que en algunos contratos ha participado como Constructora LMI, SA de CV, y en otros como “Constructora LMI, S.A.P.I. de C.V.”, con lo que es posible rastrear otros 4 contratos por casi 64 millones de pesos entre 2017 y 2018.

Como objeto social principal establece el administrar y operar todo tipo de negocios, así como promover inversión de cualquier ramo de la industria o del comercio o del área de servicios, compra, vender, construir y desarrollar por sí, o a través de terceros, todo tipo de obras civiles y proyectos; con lo que da pie a poder acceder a todo tipo de proyecto, incluyendo el de la extracción de sascab para el desarrollo de obras, pero de manera nociva al medio ambiente, lo que se reflejó en ser la propuesta más económica presentada.

Si bien las obras en las que está participando Constructora LMI van muy atrasadas y están vinculadas de manera estrecha al proyecto del Tren Maya, lo que sale a relucir en la empresa participante, es el nombre de una de las dueñas: Fanny Podolky Assus, dedicada a la minería en el estado de Veracruz.

Aquí es meritorio destacar que de 2013 a 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía entregó 3 mil 190 concesiones mineras con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Tan solo en el estado costeño al Golfo de México, se otorgaron 45 concesiones para la exploración de oro, plata y cobre en casi 100 mil hectáreas, como a las que tuvo, tiene y tendrá acceso la extranjera Fanny Podolsky Asus, quien tiene una concesión minera por dos predios llamados La Canica y La Canica F-1, en Pueblo Viejo municipio de Pánuco, Veracruz, para la búsqueda de oro, plata y cobre.

Su concesión perdurará hasta 2066, tiempo en el que a este tipo de empresas no les importa hacer uso del fracking para avanzar más rápido en la búsqueda de los metales preciosos, pero devastando áreas naturales y contaminando la tierra y los mantos acuíferos a su paso.

Por desgracia estos proyectos extractivistas les fueron impuestos al pueblo de México gracias a la Reforma Energética que aprobaron los integrantes del “Pacto por México” para perjuicio de los mexicanos en octubre de 2013, con lo que fincaron las bases para uno de los mayores saqueos a los recursos naturales del país por parte de empresas extranjeras, bajo el pretexto de la modernización de Pemex y CFE principalmente.

Una de las promesas hechas por el presidente Peña Nieto entonces, así como sus comparsas senadores y diputados del PRI, PAN y PRD principalmente; fue que los recibos de luz y gas, así como las gasolinas, bajarían de precio gradualmente. El costo real de tal traición a la patria, ya todos lo conocemos, ni bajaron de precio los insumos energéticos, ni nos convertimos en un país autosuficiente en materia de energía, sino todo lo contrario.

Ejemplo de las “virtudes” de la tal “Reforma”, fue la concesión minera sin restricciones que se otorgó a empresas extranjeras. Sí, volvimos a la época previa a la Expropiación Petrolera de 1938, cuando la mayoría de los recursos energéticos y mineros del país, estaban en manos de empresas extranjeras.

Y una de estas es la perteneciente a Fanny Podolky Assus, que al igual que otras empresas similares con nombres y representantes que parecen ser mexicanos, pero que en realidad son filiales de mineras canadienses como la Candelaria Mining, que estaba dispuesta a devastar el cerro La Paila, donde pretendían sacar medio gramo de oro por tonelada hasta juntar un metro cuadrado de oro sólido, a costa de remover aproximadamente 136 millones de toneladas de tierra y devastar 265 hectáreas de bosque. Hasta ese grado operan esas empresas por oro a costa de lo que en verdad tiene valor para el ser humano, como es la vida de sus ríos, lagunas y bosques, y la salud.

Estas concesiones mineras son sinónimo de preocupación, cuando el 13.5% del territorio nacional está prácticamente en manos de empresas mineras, que incluso llegan a sentirse dueños de la tierra y hacen de todo para deshacerse de la intromisión de los pobladores de comunidades cercanas, como es hacer uso de ejércitos privados, hasta la contratación de grupos criminales para ahuyentar a pobladores de la zona por medio de la violencia.

¿Pero cómo llegaron a tener tal cantidad de tierra en su poder? Bueno, en el primer año de gobierno de Peña Nieto, éste, operador de intereses extranjeros y de políticos mexicanos deshonestos, otorgó 190 concesiones mineras, para subir el número a raíz de su Reforma Energética a 1,154 en 2013, 1,129 en 2014, 898 en 2015, 668 en 2016, 687 en 2017 y 617 en su último año de mandato, sumando en total 5 mil 343 concesiones otorgadas.

Cabe mencionar que todas estas empresas fueron protegidas hasta el último día del mandato de Peña Nieto, luego que, a pregunta expresa en su Sexto Informe de Gobierno, se le solicitó entregar la información sobre cada uno de los concesionarios con su respectivo RFC que no hubieran pagado impuestos en su sexenio; éste respondió que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación impone a los servidores públicos la obligación de mantener reserva de las declaraciones fiscales de los contribuyentes, así como la información obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación con las excepciones previstas en el propio artículo.

“En tal virtud, no es posible proporcionar la información fiscal de las empresas mineras que tienen una concesión del Gobierno Federal, toda vez que la misma es obtenida de las declaraciones e información proporcionada por los contribuyentes, así como en el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal y no se ubica en los supuestos de excepción para proporcionarla que señala el citado artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”, respondió.

Buscar información relativa a Fanny Podolky Assus en la red, es un verdadero reto, pero es posible ligar su nombre a un reportaje que habla sobre “Mineras canadienses acaparan concesiones” de AVC Noticias en 2019, y al documento “Respuestas a las preguntas parlamentarias en el contexto del Sexto Informe de gobierno” que dio Enrique Peña Nieto, el 30 de noviembre de 2018.

Pero Fanny Podolky Assus, es solo una de los cuatro propietarios que figuran en la empresa que vino a realizar trabajos en Puerto Morelos. Sus otros socios son: Felipe de Jesús Jacobo García y Bertha Hilda Barba Aguayo, además de Javier Camarena Camarena, quien funge como presidente del Consejo de Administración.

De Felipe de Jesús Jacobo García, fue posible hallar que es una persona que no es capaz de llegar a un acuerdo que favorezca a terceros en poco tiempo, desde que en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Torreón, Coahuila, viene peleando un Juicio Civil Sucesorio Testamentario con sus hermanos Felipe de Jesús, Jesús, y Bernardo Jacobo García y otros; desde el 28 de agosto de 2019.

Por su parte el nombre de Bertha Hilda Barba Aguayo, está ligado de igual manera al documento expedido en 2018 por la Cámara de Senadores en relación al cuestionario hecho a Enrique Peña Nieto, por lo que no se descarta su participación en otra empresa con clara tendencia a la minería.

Cabe mencionar también al representante legal de la empresa Construcciones LMI SA de CV, Daniel David Viskin Bisgaard, quien es uno de los Asociados integrantes de Personas Morales de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC (AMASFAC), con clara ascendencia extranjera.

Y aunque el objeto del contrato otorgado a Constructora LMI, SA de C.V., no esté directamente ligado a la minería en el estado, tan solo ver los nombres de los propietarios y representante de dicha empresa es motivo de preocupación, pues como ya lo han hecho en cada lugar que se han metido, las empresas mineras extranjeras prometen que habrá mejoras para las comunidades, así como empleo a los pobladores.

Sin embargo, la realidad es que estos trabajos serán un peligro inminente al medio ambiente y los habitantes de Puerto Morelos, luego que estas empresas son reconocidas por utilizar un tipo de minería destructiva, y más aún que vienen por el sascab con prácticas poco convencionales.

En este punto es válido recordarle a los morelenses, que una cosa es el aval de la Federación obtenido a través de dádivas como es costumbre en estos casos, y otra que los municipios dejen entrar a sus comunas a estas empresas depredadoras del medio ambiente. Cada municipio es autónomo y sus habitantes son quienes deciden si dejan entrar a sus pueblos a las empresas mineras o no.

Los últimos permisos siempre los da el Ayuntamiento mediante el permiso de cambio de uso de suelo y de construcción. Por lo que es de vital importancia no permitir que las autoridades locales opinen en detrimento de quienes les otorgaron el voto. El pueblo es el que manda y no las decisiones propias de los miembros del cabildo a quienes muchas veces se les olvida que deben de gobernar para el bien del pueblo y no de sus bolsillos.
AM.MX/fm