PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, 13 de mayo (ElMayaMX).- Cuando todavía no digiere haber quedado formalmente notificada por actos de posible corrupción por la compra inflada de carburantes, la presidenta municipal Laura Lynn Fernández Piña volvió a estar en el ojo del “huracán”, y en esta ocasión es investigada por la venta indebida del patrimonio de Puerto Morelos y actos fraudulentos con empresas fantasma.

De acuerdo con investigación realizada por la red de reporteros de Sol Quintana Roo, las Fiscalías General y Anticorrupción del Estado iniciaron una investigación minuciosa sobre el caso de la “repartición” de tierras, en especial en las invasiones realizadas en “Tierra Nueva” y “La Fe”.

Ambos territorios, propiedad del municipio de Puerto Morelos, fueron acaparados por un grupo de invasores, de acuerdo con investigaciones avaladas por la presidenta municipal como pago por el apoyo directo hacia su candidatura (en ambos mandatos) y con la promesa de la regularización de los terrenos.

Es por eso, que Fernández Piña tomó el toro por los cuernos y se colgó la medallita al contratar a una empresa inexistente, con la cual pretendió regularizar las invasiones realizadas en “Tierra Nueva” y “La Fe”, trabajando coordinadamente con la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.

Sus acciones abrieron la puerta a la comercialización de 460 lotes ocupados por familias de paracaidistas; negocio que se fraguó, a final de cuentas, ante los ojos de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía y que ascendió a 73 millones 600 mil pesos.

Como se recordará, en el mes de marzo de 2018, Sol Quintana Roo denunció públicamente con pruebas documentadas como Fernández Piña, con una empresa ficticia pretendió regularizar las invasiones realizadas en “Tierra Nueva” y “La Fe”, trabajando coordinadamente con la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., la cual no cuenta con domicilio fiscal ante el SAT, ni ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El negocio que se pretendió y se fraguó dio como resultado una ganancia de 73 millones 600 mil pesos, tal cual mencionamos líneas arriba.

En ese momento, Sol Quintana Roo se dio a la tarea de entrevistar a empresarios y líderes sociales del joven municipio, quienes dieron a conocer que la empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.”, supuesta administradora de los terrenos irregulares, no cuenta con una dirección fiscal en ninguna parte del país.

Fuentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT), confirmaron que la empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.”, no cuenta con un domicilio fiscal en ninguna parte de país, ni tampoco es una empresa vigente que haga aportaciones tributarias.

Y por si fuera poco, Sol Quintana Roo comprobó que la empresa no aparece en el Registro Público del Comercio, por lo que se estaría cometiendo un gran fraude.

Lo más cercano a la empresa lo dio una búsqueda de Google. Allí se encuentra la “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.” con una dirección en la Privada 10-a #291, fraccionamiento Jardines de Vista Alegre, Mérida, Yucatán, México, CP 97130.

Sin embargo, en ese lugar sólo hay una vivienda con evidentes señas de abandono. Personal del Sol Quintana Roo acudieron al lugar y no encontraron oficinas ni talleres de la supuesta empresa.

Pese a eso, la Presidente Municipal continuó realizando una serie de eventos para realizar la supuesta regularización de los predios de las colonias irregulares “Tierra Nueva” y “La Fe”.

Uno de esos anuncios ocurrió durante la celebración del segundo aniversario de la creación del municipio de Puerto Morelos. Ese día y ante el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Melquiades Vergara, la alcaldesa Fernández Piña presentó a Luis Felipe Campos Castillo como el legítimo dueño de los terrenos en donde se encuentran asentadas las dos colonias irregulares.

Dijo que gracias a la “generosidad” de Campos Castillo los predios les serían vendidos a los posesionarios irregulares a precios accesibles y que a la brevedad se llevarían los servicios básicos como agua, drenaje y luz eléctrica.

En apariencia, con tal hecho también se conjuraba un pleito legal entre Campos Castillo y los invasores, pues las demandas contra los paracaidistas serían retiradas, según palabras de la alcaldesa portomorelense.

Meses después, el 6 de marzo pasado, Fernández Piña firmó un convenio para otorgar certeza patrimonial a los habitantes de las colonias “Tierra Nueva” y “La Fe”.

La firma estuvo a cargo de la presidenta municipal Laura Fernández Piña y el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Carlos Ríos Castellanos.

A la fecha, se sabe que cada invasor debió pagar por su lote 163 mil pesos. Según la misma Presidencia Municipal son 460 las familias que ocupan los predios asentados sobre 99 mil 975.77 metros cuadrados, es decir, cerca de 10 hectáreas.

El convenio firmado señala que a los posesionarios se les “dotará de certeza jurídica a los habitantes que ocupan los asentamientos humanos denominados Tierra Nueva y La Fe los cuales se ubican en la supermanzana 17, manzana 150, lote 08, con una superficie de 99,975.77 metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo, en donde se encuentran asentadas alrededor de 460 familias, sin contar con los servicios básicos de agua potable, drenaje, ni energía eléctrica, pavimentación, banquetas, etcétera”.

La única referencia real a la que pueden acudir los interesados a pagar su lote es en la dirección Avenida Joaquín Zetina Gasca, Región 17, Colonia Joaquín Zetina Gasca en el Municipio de Puerto Morelos.

Empresarios y líderes sociales, en su momento opinaron desde el anonimato expresaron su temor que detrás de esa apasionada intervención de la presidente municipal Laura Fernández se esté fraguando un fraude millonario.

FALSO PATRIMONIO

En un acto por demás violatorio de la ley y con plena conciencia de que los predios donde se encuentran asentadas las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva” han sido embargados y rematados por orden de un juez federal, la presidenta municipal ha firmado compromisos y alianzas para comercializar 460 lotes en 163 mil pesos cada uno.

En complicidad con los supuestos dueños de la empresa virtual “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.”, Fernández Piña pretende consumar el delito de despojo al otorgar un falso patrimonio a cientos de familias del municipio buscando un doble beneficio, pues la supuesta regularización de la tierra representa un jugoso negocio que supera los 73 millones de pesos y la garantía obtener un capital político de más de 500 familias que le deberán expresar su agradecimiento en las urnas en su intento por reelegirse como presidenta municipal.

Documentos en poder de Sol Quintana Roo revelan que derivado de la denuncia laboral interpuesta en 2010 por Francisco Poot Dzib y Patricia Rodríguez Espíndola contra la empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.” se determina que el predio en donde están asentadas las colonias irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva” fue embargado y sometido a remate.

Durante el largo proceso, los quejosos reunieron todas y cada una de las pruebas que acreditaban la existencia de la demandada “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.” y sus propiedades, y pese a estar bien ubicada la dirección de la empresa para oír y recibir notificaciones, los representantes nunca acudieron a los llamados de las autoridades laborales y del Gobierno del Estado para indemnizar a los trabajadores despedidos de manera injustificada.

Y, es precisamente ésta desaparición súbita de los verdaderos dueños de los predios, al presidente de la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje, Javier Ernesto Rosado Sauri, y a la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) del Estado a ordenar el embargo y el remate del predio ubicado en la súpermanzana 17, manzana 150, con una superficie cercana a los 100 mil metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo.

El expediente 610/2010 consistente en más de 150 hojas, cuyas copias obran en poder de este reportero, revela que Francisco Poot Dzib y Patricia Rodríguez Espíndola, junto con su abogado César Amir Rodríguez Delgado, entablaron una denuncia laboral por despido injustificado, en el que solicitaban una indemnización de un millón 700 mil pesos, cifra que se acumuló a lo largo de tres años del proceso.

En uno de los documentos que se muestran en este reportaje, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 3, con sede en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, representada por su presidente Javier Ernesto Rosado Sauri, con fecha de 12 de junio del 2013.

El remate en novena almoneida del inmueble ubicado en el Lote 1-7, manzana 36 supermanzana 17, de la reserva territorial del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) de Quintana Roo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cancún con el folio electrónico número 160761 propiedad de Gustavo Aguilar Grajales.

La misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 3 ordena al Registro Público de la Propiedad y del Comercio la adjudicación del predio a favor de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib.

El documento en el que se solicita adjudicar el predio a los quejosos señala: La Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje del estado de Quintana Roo solicita al abogado César Amir Rodríguez Delgado, apoderado legal de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib solicite que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio inscriba en el mismo que el bien inmueble ubicado en lote 1-7 manzana, 36 supermanzana 17, de la reserva territorial de IPAE que se encuentra inscrito en el folio mercantil 160761 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que ha sido debidamente adjudicado a favor de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib.

Como se observa, la malicia de la presidenta municipal Laura Fernández Piña y de la supuesta empresa “Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.”, modificaron la dirección del predio.

Por un lado, la presidencia municipal de Puerto Morelos afirmó que los predios ‘Tierra Nueva’ y ‘La Fe’ se ubican en la súpermanzana 17, manzana 150, lote 08, y cuentan con una superficie de 99,975.77 metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo, sin embargo, la verdadera dirección del inmueble es Lote 1-7, manzana 36, supermanzana 17, y tiene origen en la reserva territorial del IPAE de Quintana Roo.

Al realizar las consultas respectivas se determinó que se trata del mismo predio inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cancún con el folio electrónico número 160761 y el verdadero propietario es Gustavo Aguilar Grajales y no Luis Felipe Campos Castillo como lo presentó Fernández Piña.

Sol Quintana Roo, informó oportunamente sobre el fraude que se pretendía perpetrar en contra de 500 familias asentadas de manera irregular en los predios “La Fe” y “Tierra Nueva”.

En aquella ocasión, dimos a conocer que con una empresa “fantasma”, la presidente municipal pretendía echar a andar un negocio con una “empresa” suplantada y ficticia ante los ojos de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía.

ACOSO A LOS EJIDATARIOS

Y para no variar. Los vínculos de Fernández Piña con el ex senador Félix González Canto fue denunciada por ejidatarios de Puerto Morelos, quienes se dicen acosados para entregar en donación parte de sus tierras para la creación de una empresa que estaría dedicada a la generación y venta de energía eléctrica.

En una carta que ejidatarios puertomorelenses entregaron al Presidente de la República durante una de sus visitas a Chetumal, solicitaron su ayuda ante los acosos de los que son víctimas por parte de Fernández Piña que insiste en que se le entreguen 10 hectáreas en donación bajo el supuesto de crear una planta de tratamiento y potabilizadora de agua, pero que en realidad lo que pretende es crear un parque eólico para la generación y venta de energía eléctrica.

En la misiva que hicieron llegar hasta esta redacción un grupo de ejidatarios, explican también la presunta relación entre la alcaldesa Fernández Piña y el ex senador Félix González Canto.

El documento está fechado en Puerto Morelos, Quintana Roo, el 24 de febrero de 2019, y dirigido al presidente de la República, el cual aquí reproducimos:

“Preocupados por lo que está pasando en Quintana Roo, pero en especial en el ejido de Puerto Morelos, un grupo de integrantes y familias del ejido de Puerto Morelos solicitamos su valioso apoyo para que nos ayude a rescatar a lo que por derecho nos corresponde, ya que a lo largo de la historia del ejido antes mencionado hemos sido despojados de nuestras tierras por los gobiernos corruptos.

“Hoy en día tampoco es la excepción. Queremos hacer de su conocimiento que la actual presidenta municipal, Laura Lynn Fernández Piña, quien ocupa el cargo por segunda ocasión, ha intentado a toda costa apoderarse de la comisaria ejidal junto con unos cuantos compañeros ejidatarios que están al servicio de la corrupción para apropiarse de las mejores tierras que nos pertenecen.

“En la actualidad la presidenta municipal que es alumna de los ex gobernadores Félix González Canto, y Roberto Borge Angulo preso en el estado de Morelos, está presionado por medio de la policía y del gobierno para que le entreguemos una parte de nuestras tierras, curiosamente las quiere que le regalemos 10 hectáreas que están cercanas donde se supone está una de las estaciones del Tren Maya, esta gran obra que Usted, Sr. Presidente ha proyectado atinadamente para el crecimiento de la Península de Yucatán.

“La presidenta dice que quiere construir una planta de tratamiento y potabilizadora de agua para beneficiar a las colonias de Puerto Morelos, pero esto es falso porque el servicio de agua potable y alcantarillado esta concesionada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún que se le conoce como Aguakan. No dudamos que el municipio tenga autoridad sobre el agua, pero por ahora ese servicio le compete a CAPA y Aguakan.

“Lo que hemos investigado es que la presidenta municipal Laura Aylin Fernández Piña y su actual pareja sentimental, dueño de una empresa a la cual le fue otorgado por el ayuntamiento de Puerto Morelos, le otorgó un contrato millonario y vitalicio para dar mantenimiento al alumbrado público del municipio lo que es corrupción de por sí, pero esto se lo decimos porque lo que en realidad quieren construir es un parque eólico con el supuesto de vender energía eólica.

“Señor Presidente no estamos en contra del progreso de Puerto Morelos lo que estamos en contra es de que se nos quiera engañar la presidenta municipal Laura Fernández Piña y quiera regaladas nuestra tierras y peor todavía resulta que las quiera para un proyecto personal y familiar.

“Y el hecho resulta más preocupante porque nos hemos enterado, incluso tenemos pruebas que le haremos llegar en cuanto nos lo ordene Usted Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador de que detrás de todo está el ex gobernador Félix González Canto, quien junto con unos cuantos de nuestros compañeros.

“Lamentamos decirle que nuestros compañeros ejidatarios Miguel Ángel Cetina Cuevas; los hermanos Alejandro, José Luis, Manuela de Jesús, Pilar y Roque Rubén Montoya Mex, Lucio González y Hernández (primo del ex gobernador Félix González Canto), Gerardo Lorenzo Yauffmann Barroso, José Julio Asencio Reynoso, entre otros, se han venido beneficiando durante hace muchos años con la complicidad con los ex gobernadores de Quintana Roo, en especial con Félix González Canto y más aún porque su primo es Lucio González y Hernández quien también es ejidatario del ex gobernador.

“Señor Presidente sabemos que hay investigaciones contra el ex gobernador Félix González Canto, le queremos decir que él es uno de los principales promotores del despojo que sistemáticamente se nos ha venido haciendo, y en esta ocasión la pareja sentimental de la presidenta municipal Laura Fernández Piña es también prestanombres de Félix González Canto y la construcción de un parque eólico para la venta de energía eléctrica sería la mejor empresa para lavar dinero ilícito.

“Una pista está en la reciente muerte de Martín Martínez Javier quien fue delegado del desaparecido Instituto de Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo) para la zona norte. El era propietario de Construcciones Gursa, empresa que compró un amplio terreno originalmente del IPAE en Puerto Morelos, donde desarrolló el fraccionamiento Punta Arenas, pero también era unos de los principales prestanombres del ex gobernador Félix González Canto.

“No queremos saturarlo de información, pero a la hora que lo requiera se la haremos llegar a la brevedad. Nos despedimos de usted con la esperanza de que pueda hacernos justicia e impedir los atropellos que se vienen cometiendo en todo Quintana Roo pero en especial en el Ejido de Puerto Morelos.

Concluyen señalando que “LE DESEAMOS EL MEJOR DE LOS ÉXITOS DURANTE TODO SU MANDATO, Y ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA CONTRIBUIR EN SU LUCHA POR UN MÉXICO MEJOR”. Fin del documento.

En la misiva destacan dos temas. Que la presidenta y su esposo por medio de la empresa Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas (GIISESA), SA de CV, quieren construir un parque eólico con el fin de blanquear el dinero que obtuvo por medio de negocios sucios el ex senador Félix González Canto, quien es investigado por la Fiscalía General de la República.

Asimismo, destaca la complicidad de los mismos ejidatarios traicioneros para siempre favorecer al grupo político de Laura Fernández y Félix González Canto, como lo hicieron en la expropiación les arrebató a los ejidatarios más de mil 464 millones de pesos. La expropiación se registró en entre 2010 y 2011 que está ampliamente documentada y en la que participio como cómplice el comisariado ejidal de entonces Miguel Ángel Zetina Cuevas y que ahora es el secretario general del ayuntamiento Puerto Morelos.

Y resulta que este personaje, Miguel Ángel Zetina Cuevas, es quien empuja que les quiten terrenos a los ejidatarios para que Laura y su esposo hagan sus negocios a costa del despojo a los ejidatarios de Puerto Morelos.

Otro de los puntos a destacar es la relación que hacen es el asesinato de Martín Isauro Martínez Javier, delegado en la zona norte de la extinta Inviqroo, quien fue señalado como uno de los prestanombres de Félix González Canto en la compra terrenos en Puerto Morelos a un costo menor a su valor.

El crimen se registró mientras caminaba por la Supermanzana 15, cuando el ex funcionario estatal, donde fue atacado a balazos por dos sicarios quienes se transportaban a bordo de una moto negra.

Minutos después, mientras las autoridades recopilaban las evidencias fueron notificados de que el sujeto identificado como Martín Isauro Martínez Javier, de 56 años de edad, había fallecido debido los impactos de bala en la cabeza.

Los ejidatarios sugieren al presidente investigar el crimen y la relación entre el ex senador Félix González Canto, ya que durante muchos años se le consideró su prestanombres.

En la actualidad, los ejidatarios han denunciado a la presidenta municipal de Puerto Morelos Fernández Piña pretender a toda costa arrebatarle a los ejidatarios un cotizado predio de 10 hectáreas para instalar un parque eólico que le generaría una fortuna con la venta de energía eléctrica.

Sin embargo, la mayoría de las 150 personas que cuentan con derechos en el ejido advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias para impedir que les sea arrebatado lo que por derecho les pertenece y acusaron de traidores a sus compañeros que siempre se han vendido a las autoridades para sacar beneficios personales.

Y es que para alcanzar su ambicioso plan personal y empresarial, la alcaldesa que vive en Cancún, pero que gobierna Puerto Morelos, ha desplegado a grupo de funcionarios al servicio del Ayuntamiento para presionar a los ejidatarios con el fin de que cedan ante sus caprichosos planes.

Los emisarios de Fernández Piña, los cuales son señalados de traidores son funcionarios y ejidatarios Miguel Ángel Cetina Cuevas (actual secretario general del ayuntamiento); los hermanos Alejandro, José Luis, Manuela de Jesús (seguridad pública), Pilar y Roque Rubén Montoya Mex, Lucio González y Hernández (primo del ex gobernador Félix González Canto), Gerardo Lorenzo Yauffmann Barroso (asesor del ayuntamiento).

La reelecta alcaldesa ha lanzado diversas estrategias para seducir o doblegar (según sea el caso), a los ejidatarios que se resisten a entregarle en donación 10 hectáreas en la una zona de alta plusvalía del municipio de Puerto Morelos en donde bajo el pretexto de construir una planta de tratamiento de aguas residuales, en realidad lo que pretende es la creación de un parque eólico que construiría Grupo Internacional de Ingeniería y Consultores de Empresas en Construcciones Electromecánicas (GIISESA), SA de CV, del cual es socio su actual pareja sentimental.

SIEMPRE HA ESTADO BAJO LA LUPA

Durante años han hecho del erario público su negocio privado o familiar. Motivo por el cual la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, que preside Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, ante diversas denuncias públicas y en proceso inició una minuciosa investigación en contra del Ayuntamiento por posibles “inconsistencias”, desvíos económicos y fraude, entre otros posibles delitos.

Hay que recordar que en su primera fase de Presidenta municipal hizo dos grandes robos y farsas bien montadas: Contrató en 22 millones de pesos a la empresa Transportes Especializados Ruga S.A. de C.V., para encargarse de la recolección, transportación y disposición final de los residuos sólidos. Aunque el municipio siempre estuvo sucio y pestilente.

Contrató suministro, administración y control de combustibles a través del Sistema de Tarjetas Electrónicas a la empresa Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V., a quien le compró 5 millones 300 mil pesos para el suministro de un municipio que apenas cuenta con un parque vehicular minoritario.

Y para rematar, basta con mencionar que su administración erogó más de 20 millones de pesos en la construcción de domos deportivos, cuando en todo el municipio sólo existen TRES, y cada uno, según el “Gobierno del Cambio” tiene un costo superior a los 2 millones de pesos… ¿Y los demás 14 millones?

Todo lo anterior denunciado públicamente por Sol Quintana Roo con documentos y pruebas fehacientes de las informaciones plasmadas en nuestras páginas digitales y nuestro periódico impreso.

Dicho contrato lo celebró con la empresa Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V., mejor conocida en Quintana Roo como Grupo Gas, a quien le adquirió Tarjetas Electrónicas, de acuerdo con el MPM/OM/LRP/ADQ/001/2018 para el óptimo desempeño de las labores que se realizan en las diversas áreas del ayuntamiento de Puerto Morelos.

El contrato destacaba por la forma en que fue formulado, que en las cláusulas sólo se menciona la cantidad de combustible adquirido, pero en ninguna de ellas plasmadas en el contrato, así como tampoco se menciona cada cuando se pagará dicha cantidad.

Es decir, Laura Fernández Piña gobierna con un comportamiento similar al realizado en la administración de Roberto Borge Angulo, donde el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, realizó contratos similares (chuecos), de los cuales salieron beneficiados.

La desesperación y falta de empatía para con los puerto-morelenses está causando desesperación y temor a la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, porque ahora sí siente pasos en la azotea y sabe que pronto podría terminar su reinado de perversidad, despojo e ignominia.

EM.MX/fm